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Full text of "Hacia Un Politica De Estado En Privacion De Libertad"

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Hacia una política de Estado 
en privación de libertad 

Diálogo, recomendaciones y propuestas 



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Ana Juanche - Javier Palummo 

coordinadores 


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Este es un proyecto financiado por la Unión Europea 
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Hacia una política de Estado en privación de libertad 

Diálogo, recomendaciones y propuestas 


Ana Juanche - Javier Palummo 
coordinadores 


Hacia una política de Estado en privación de libertad 

Diálogo, recomendaciones y propuestas 


r— ■■ V 

serpaj 

SERPAJ Uruguay 

Observatorio del Sistema Judicial 
©SERPAJ y OSJ 
Edición: agosto de 2012 




Impreso en Uruguay 
ISBN: 978-9974-564-37-4 


Fotografía de tapa: Nicolás Celaya 


Las opiniones vertidas en este informe son de absoluta responsabilidad de los autores y no 
reflejan en ningún caso el punto de vista de la Unión Europea. 

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos, siempre que sea citada la fuente. 



Este es un proyecto financiado por la Unión Europea 
EIDHR/127929/2009/214-106 


Coordinadores 

Ana Juanche 
Javier Palummo 

Equipo técnico 

Coordinación Ejecutiva 
Ana Juanche 
Javier Palummo 

Recopilación Normativa 
Laura Bálsamo 

Investigación y evaluación del sistema penitenciario 

Lena Barahona 

Gabriela Horn 

Mariana Labastie 

Mariana Mosteiro 

Natalia Reyes 

Andrea Sorondo 

Mauro Tomasini 

Guillermo Zoppolo 

Investigación del gasto público destinado al sistema penitenciario 
Oscar Mañán 

Litigio estratégico y análisis del sistema penitenciario 
de niños/as y adolescentes 
Gianina Podestá (Coordinadora) 

Dora González 
María Macagno 
Daniel Piedra 
Paula Rodríguez Medalla 

Estudio de trayectorias de institucionalización 

Alfredo Falero 

Karem Farías 

Mariana Mosteiro 

Natalia Reyes 

Bettina Salas 

Colaboradoras y colaboradores 

Ana Magdalena Aguerre 
Alvaro González 
María Elena Laucero 
Martín Peralta 
Adriana Vaselli 



Este informe es producto del trabajo colectivo del equipo del proyecto 
Hacia una política de Estado para la privación de libertad. Diálogo , recomenda¬ 
ciones y propuestas, que el Servicio Paz y Justicia y el Observatorio del Sistema 
Judicial, desarrollaron entre marzo de 2010 y agosto de 2012 con el apoyo 
financiero de la Unión Europea. 

Deseamos expresar nuestro especial reconocimiento al Estado urugua¬ 
yo, a través de múltiples dependencias, especialmente vinculadas al Ministerio 
del Interior y al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, así como a los 
organismos Internacionales y a las organizaciones sociales Implicadas en el apoyo 
a la reforma penitenciarla, por la coordinación y colaboración en el aporte de 
información, materiales, sugerencias y opiniones; a sus representantes y a to¬ 
dos y todas quienes desde distintos lugares, roles y funciones trabajan por la 
vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad. 

Agradecemos profundamente a las personas privadas de libertad en cár¬ 
celes de adultos, comisarías y centros para adolescentes, y a sus familiares, por 
la disposición al diálogo y el valioso aporte de información. 





Este informe es el resultado del trabajo de investigación y evaluación que el Ser¬ 
vicio Paz y Justicia (en adelante SERPAJ) y el Observatorio del Sistema Judicial de la 
Fundación Justicia y Derecho (en adelante OSJ) realizaron sobre el sistema peniten¬ 
ciario nacional, con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

Entre el I o de marzo de 2010 y el 31 de agosto de 2012, estas organizaciones 
desarrollaron el proyecto Hacia una política de Estado para la privación de libertad. 
Diálogo, recomendaciones)/propuestas, cuyo objetivo fue "Promover el pleno respe¬ 
to de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el Uruguay para 
contribuir al sustancial mejoramiento de sus condiciones de vida". Esta acción se plan¬ 
teó además, "Visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas dentro de 
los establecimientos de reclusión para intentar revertir conductas que vulneran y me¬ 
noscaban la dignidad de las personas privadas de libertad" y "contribuir 
participativamente, mediante un conjunto de acciones integradas a la creación de 
una política de Estado para el sistema carcelario, respetuosa de los derechos huma¬ 
nos y acorde a la normativa internacional". 

La investigación consistió en el estudio y relevamiento de la normativa vigente 
para la privación de libertad, la infraestructura y servicios penitenciarios, los recur¬ 
sos humanos, el gasto público dedicado al sistema y el perfil, las condiciones de vida 
y trayectorias de institucionalización de la población reclusa. Con la información re¬ 
cogida y elaborada, se estructuró un informe que intenta reflejar el análisis sobre el 
complejo tejido de las diferentes dimensiones del sistema y describe las distintas 
formas en que unas y otras se vinculan. Creemos que este abordaje posibilita la com¬ 
prensión del fenómeno ya que permite identificar las causas del problema y plantear 
soluciones hacia la estructuración de una reforma integral, a nuestro entender indis¬ 
pensable. 

El proyecto desarrolló además un área de litigio estratégico cuyo objetivo fue 
visibilizar de manera ejemplar la violación sistémica de los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad, así como identificar claramente las responsabilidades 
en cada instancia. El uso del litigio para este sector, constituye una práctica innovadora 
que se entiende en tanto aporte a la generación de la cultura de exigibilidad y 
justiciabilidad, a través de la incorporación de la perspectiva de los derechos huma¬ 
nos en el debate judicial. Asimismo ofrece fundamentos sobre la necesidad de una 


9 



política de Estado sobre sistema carcelario. Consideramos que al Poder Judicial le 
corresponde una importante función en la promoción de la ejecución, el desarrollo y 
la aplicación coercitiva de la legislación nacional e internacional en materia de dere¬ 
chos humanos. Mientras que en otros países los tribunales han tomado decisiones 
pioneras en materia de políticas públicas y derechos humanos que influyeron de 
manera relevante en los cambios legislativos y las prácticas de la administración, el 
Poder Judicial uruguayo no es visualizado como un actor de especial relevancia; son 
escasos los ejemplos de casos paradigmáticos con un importante impacto en las po¬ 
líticas carcelarias. 

Siendo Uruguay un país formalmente respetuoso de los derechos humanos, la 
concreción de una institucionalidad en materia de derechos humanos ha sido lenta y 
tardía respecto de otros países de la región y del mundo, concretándose 
legislativamente con la aprobación de la Ley 18.446 de 24 de diciembre de 2008, que 
crea la Institución Nacional de Derechos Humanos, así como la posterior Ley 18.806, 
de 14 de setiembre de 2011, que entre otras cosas modifica su nominación por Ins¬ 
titución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. 

Dicha institución, según lo establecido en el artículo 83 de la Ley 18.446, deberá 
cumplir entre otras muchas funciones, con la de Mecanismo Nacional de Prevención 
(MNP), conforme al deber del Estado luego de haber ratificado en 2005, el Protocolo 
Facultativo a la Convención contra la Tortura. La finalidad de este instrumento es 
reafirmar que el derecho a no ser sometido a torturas, tratos cueles, inhumanos o 
degradantes, debe estar protegido en toda circunstancia, por cuanto es necesario 
establecer un mecanismo eficiente para prevenir esta práctica y no sólo reaccionar 
después que ésta haya ocurrido. Este enfoque preventivo consiste en realizar visitas 
periódicas a los lugares de detención, para examinar el trato que se da a las personas 
privadas de la libertad y evaluar las condiciones de detención. La estrategia de las 
visitas se basa en la idea de que cuanto más abiertos y transparentes sean los lugares 
de detención, menores serán los abusos que ahí se cometan. Los lugares de deten¬ 
ción, en tanto instituciones totales, son por definición espacios cerrados y a veces 
herméticos al mundo exterior, por cuanto las personas privadas de libertad se en¬ 
cuentran en una situación de vulnerabilidad y de indefensión ante los abusos de toda 
índole de los que pueden ser objeto, incluyendo la tortura, los tratos crueles inhuma¬ 
nos o degradantes y otras violaciones a derechos humanos. 

Por ello, el tercer componente del proyecto tuvo como eje la incidencia para la 
concreción del Mecanismo Nacional de Prevención, ya que esta instancia es funda¬ 
mental para garantizar la protección de los derechos de las personas privadas de li¬ 
bertad; porque el Protocolo además de otorgarle al MNP la función de visitar los 
lugares de privación de libertad, como forma de prevención de la tortura y tratos 
similares, le faculta para observar el trato que reciben las personas privadas de liber¬ 
tad, formular recomendaciones y hacer propuestas de cambios normativos. 

SERPAJ y el OSJ esperan que el trabajo realizado contribuya al proceso de 
humanización y dignificación de la privación de libertad en Uruguay. 


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I Un breve contexto de la situación 
de privación de libertad en Uruguay 


AnoJuanche* 

La población privada de libertad en Uruguay, ha sido y sigue siendo objeto de violacio¬ 
nes sistémicas a los derechos humanos. La gravedad de la situación actual del sistema 
penitenciario está determinada por múltiples factores, entre los cuales vale destacar la 
ausencia de una política de Estado en materia de privación de libertad, que asegure un 
rumbo integral al abordaje de la problemática, trascendiendo las voluntades y/o sensibi¬ 
lidades políticas de los gobiernos de turno; la obsolescencia de las normas para atender la 
complejidad actual, por ejemplo, un Código Penal y un Código de Proceso Penal que ge¬ 
neran una justicia lenta, selectiva, discriminadora y altamente punitiva; una cultura 
institucional atravesada por la lógica de la segundad policial, preeminentemente pasiva; 
también el gasto público inadecuado que determina una infraestructura aún insuficiente 
y ruinosa, donde al menos dos tercios de la población vive en condiciones inhumanas; 
también recursos humanos insuficientes, en su abrumadora mayoría provenientes de la 
Policía y escasa o nulamente preparados para su rol. 

La actual política penitenciaria nacional no se inscribe dentro de los principios 
rectores que promueven la protección de derechos en los ámbitos nacional e inter¬ 
nacional como lo expresan entre otros, el art. 26 de la Constitución Nacional que 
dispone "En ningún coso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar ; sino 
para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud 
para el trabajo y la profilaxis del delito" y el Decreto Ley 14.470 que estipula que "...el 
régimen de reclusión procurará desarrollar la aptitud para el trabajo, lo readaptación 
social y la prevención del delito". A nivel internacional, las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas, advierten en sus principios rec¬ 
tores 57 a 59 que "La prisión y las demás medidos cuyo efecto es separar a un delin¬ 
cuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan al indi¬ 
viduo de su derecho o disponer de su persona ai privarle de su libertad. Por lo tanto, a 
reserva de las medidas de separación justificadas o del mantenimiento de lo discipli¬ 
na, el sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situa¬ 
ción", que "El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en 
definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se 
aprovecha el período de privación de libertad para lograr; en lo posible, que el delin¬ 
cuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesida- 

* Lingüista, Mag. en Derechos Humanos, Coordinadora del Área de Seguridad Ciudadana y Sistema 
Carcelario de SERPAJ. Co-coordinadora del Proyecto Hado uno político de estado en privación de libertad. 
Diálogo, recomendaciones y propuesta. 


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des, sino también que sea capaz de hacerlo" y que "Para lograr este propósito, el 
régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesida¬ 
des del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educa¬ 
tivos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de 
que puede disponer". 

Entre los principales problemas largamente observados en los establecimientos 
penitenciarlos persisten la superpoblación, que en algunos centros llega a hacina¬ 
miento en índices sustantivos; deficientes condiciones edllicias y de servicios que 
generan condiciones Inaceptables de habitabilidad; graves carencias en la alimenta¬ 
ción y la atención de salud; un régimen disciplinario autoritario y discrecional que 
privilegia el encierro como medida de seguridad y mal trata a las personas privadas 
de libertad y a sus familiares; ocio compulsivo, producto de la escasez o inexistencia 
de programas y oportunidades educativas, laborales o recreativas; insuficiencia de 
medidas alternativas y de programas de reinserción que brinden a la persona la opor¬ 
tunidad de redefinir su trayectoria de vida; inexistencia de equipos técnicos en el 
Interior del país e insuficiencia en el área metropolitana, para el abordaje Integral de 
la privación de libertad y el 65% de la población privada de libertad en prisión preven¬ 
tiva, es decir, sin condena. 

La privación de libertad debe ser analizada también desde una perspectiva de 
género ya que una misma situación se expresa, según esta categoría, en condicio¬ 
nes diferentes de reclusión. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancio¬ 
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, advierte sobre la vulnerabilidad a la 
que están expuestas las mujeres privadas de libertad e invita a definir los deberes 
del Estado al respecto. Asimismo, las Reglas de las Naciones Unidas para el trata¬ 
miento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 
delincuentes (Reglas de Bangkok), establecen que las mujeres privadas de liber¬ 
tad son un grupo vulnerable con necesidades y requisitos específicos, especial¬ 
mente a partir de la conciencia de que esta población crece considerablemente y 
es recluida en establecimientos penitenciarios que han sido creados para varo¬ 
nes; por ello invita a los Estados a considerar estas necesidades y circunstancias 
específicas a la hora de elaborar legislación, políticas y planes, a la vez que alienta 
a la aprobación de legislación que estipule medidas sustitutivas a la prisión, así 
como su financiación. 

La realidad en Uruguay es que ley penal vigente no contempla las diferencias de 
género. Subsumir a las mujeres privadas de libertad bajo el término "reclusos", ade¬ 
más de invisibilizar a la persona-mujer y sus particulares necesidades, produce discri¬ 
minación. La normativa, de corte androcentrista, sólo contempla las diferencias de 
género respecto a su rol reproductor, de madres, pero ignora otras especificidades 
produciendo una doble vulneración. Además, en algunos de los establecimientos para 
mujeres privadas de libertad, se registran algunas de las situaciones más graves del 
sistema carcelario, sumando a las malas condiciones de detención, la total inexisten¬ 
cia de oportunidades educativas, laborales o recreativas. 


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El número de mujeres privadas de libertad en Uruguay, crece a ritmo sostenido. 
Según cifras del I Censo Nacional de Reclusos 1 , constituyen el 8.4% de la población 
privada de libertad. Para entender este fenómeno es absolutamente necesario aten¬ 
der al componente sociodemográfico general, lo cual implica tomar en cuenta que 
la pobreza impacta diferencialmente en las mujeres. Según datos del Instituto Na¬ 
cional de Estadística 2 , en el quintil 1 (de más bajos ingresos), el hogar monoparental 
femenino representa el 15.1%. Las mujeres jóvenes son además quienes viven en 
mayor proporción en condiciones de pobreza. Entre los 30 y 60 años, 1 de cada 4 
mujeres reside en hogares pobres, mientras que 1 de cada 7 varones atraviesa esa 
situación. También se debe tomar en cuenta el dato sobre los hogares por debajo 
de la línea de pobreza, conformados por madre jefa de hogar con hijos a cargo. El 
19.4% son hogares en etapa de expansión familiar, es decir con presencia de hijos 
entre 6 y 12 años y el 42.1% son hogares en etapa de consolidación familiar, es 
decir con presencia de hijos entre 13 y 18 años. La tasa de desempleo femenino es 
prácticamente el doble de la tasa masculina y la situación más crítica se presenta 
en las más jóvenes (31.5%). Una aproximación al perfil sociodemográfico de las 
mujeres privadas de libertad permite comprender que, más allá de los distintos 
arreglos familiares, en ella suele estar la responsabilidad social y económica de la 
familia en su conjunto. La realidad es que hay un sector de mujeres uruguayas que, 
en contextos de seria fragilidad socio-económica, se ven en la necesidad de procu¬ 
rarse medios de sobrevivencia para ella y para su familia; "trabajos" que implican 
infracciones a la ley, o -no en pocos casos- autoinculpaciones por hechos delictivos 
cometidos por sus parejas, para salvarle y por temor a perder a su familia. En el 
ejercicio de este rol de "sostén", el encarcelamiento de las mujeres suele estar acom¬ 
pañado por el encierro de sus hijos/as menores. 

La población adulta privada de libertad se triplicó en los últimos 20 años y crece 
actualmente a razón de 1.7 personas por día. Según datos del Ministerio del Interior, 
la cifra actual es del entorno de las 9.500, determinando una tasa de prisionización 
de 279 personas cada 100.000 habitantes. Esto coloca a Uruguay en el lugar 45 del 
ranking de 220 países liderado por Estados Unidos, con una tasa de 730/000. En la 
región, sólo es superado por Chile, con una tasa de 295/D00 3 . 

El sistema dispone a la fecha de un total de 7.879 plazas por cuanto el índice de 
ocupación es del 120%, es decir, un quinto por encima de su capacidad; aunque esta 
medición promedio oculta la gravedad de algunas situaciones, como el caso del Comear, 
el centro más grande del país, con una población actual de 3.200 personas, es decir, 


1 1 Censo Nacional de Reclusos. Ministerio del Interiory Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República. Montevideo, diciembre de 2010. Disponible en: http://www.minterior.gub.uy/images/ 
stories/informe_censo_reclusos_dic.pdf 

2 Estimación de la pobreza por el método del Ingreso. Año 2011. INE. 

Disponible en: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/pobreza/lnforme%20Pobreza%202011.pdf 

3 Datos disponibles en el World Prison Brief del International Centre for Prison Studies de la 
Universidad de Essex: http://www.prisonstudies.org/¡nfo/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category 
=wb_poprate 


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un tercio de la población total privada de libertad. La tendencia indica que en 2013 la 
cifra superará las 10.000 personas y sin embargo la reforma del sistema, como pro¬ 
ducto de una política integral, aún no llega. 

Respecto a los/as adolescentes, si bien la promulgación del nuevo Código de la 
Niñez y la Adolescencia (CNA) disminuyó el número total de quienes están sujetos a 
medidas de control socio-penal (libertad asistida, medidas alternativas y prisión), 
aumentó la proporción de privados/as de libertad sobre el total de intervenidos/as. 
Según las cifras oficiales del Poder Judicial 4 , en 2011, en Montevideo, se inició un 
19.5% más de asuntos respecto del año anterior, consolidando la tendencia de ascen¬ 
so ya que en 2010 se registró un aumento de 9.5% respecto de 2009 y en 2009 un 
16.6% más que en 2008. Del total de procesos iniciados, el 66% fue de carácter 
infraccional mientras que en el interior fue el 43%. Para el caso del interior, los asun¬ 
tos iniciados durante 2011, registran una variación del 22.5% respecto de 2010 y en 
lo relativo a los procesos infraccionales la variación es del 11.7%. 

A partir de 2005 comenzó un proceso de cambios en el Instituto Nacional del 
Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para dar respuestas a la crisis del sistema 
de privación de libertad de niños y adolescentes infractores de ley. A pesar de ello, el 
deterioro persistente motivó que en 2008 el Comité de Derechos del Niño en Uru¬ 
guay, conjuntamente con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) expresa¬ 
ran: « ...los Centros que no tienen una propuesta socioeducativa seria y efectiva y en 
los que las prácticas cotidianas se centran en el sometimiento y el castigo ; bajo la 
excusa de la seguridad (más de 20 horas de encierro en celda) provocan procesos de 
deterioro incompatibles con la dignidad humana y contrario a los objetivos de la me¬ 
dida judicial de promover responsabilización por el daño causado a un tercero y am¬ 
pliar y robustecer los vínculos sociales y familiares». El sumario de la reciente visita de 
la OMCT a los centros para adolescentes infractores, en agosto de 2012, no difiere 
demasiado de lo expresado 4 años atrás 5 . Ya en 2007, el Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas en sus observaciones al Estado uruguayo, señaló claramen¬ 
te la situación: "las condiciones en los centros de detención, los largos períodos de 
detención previa al juicio, la ausencia de un sistema especializado de justicia juvenil, 
la falta de profesionales especializados y que la privación de libertad de delincuentes 
juveniles sea utilizada para la protección del público y no como medida de último 
recurso. El Comité toma nota de la falta de medidas socio-educativas alternativas y 
asimismo lamenta que no se les proporcione [...] la oportunidad de expresar sus opi¬ 
niones en todos los procedimientos que los afectan". 


4 Adolescentes Infractores. Año 2011. Informe Final ; División Planeamiento y Presupuesto, Depar¬ 
tamento de Estadísticas, Poder Judicial. Disponible en: https://www.box.eom/s/ 
5992d8888f0a7f724e87 

5 Ver: http://www.lr21.com.uy/comunidad/1052367-colonia-berro-observador-denuncia-condi- 
ciones-%E2%80%9Cafricanas%E2%80%9D-en-hogares ; http://www.lr21.com.uy/comunidad/1052367- 
colonia-berro-observador-denuncia-condic¡ones-%E2%80%9Cafricanas%E2%80%9D-en-hogares; http:/ 
/www.vozyvos.org.uy/index.php/noticias/3235-informe-de-fjd-muestra-la-realidad-de-los-adolescen- 
te-privados-de-libertad. 


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La segmentada administración del sistema -sin un orden administrativo formal- 
enfrenta el agravante de una jerarquía institucional lenta e inoperante que tiene como 
consecuencia que los hogares sean dirigidos en la práctica cotidiana por funcionarios 
administrativos no competentes para ello. Cada centro es una unidad en sí misma, 
separada del resto. Cada una de estas unidades autoconstruye prácticas, discursos y 
formas de relacionamiento que convergen en modos institucionales particulares. Esta 
dispersión dificulta la toma de decisiones políticas-técnicas-planificadas-integradas, 
concretándose en la cotidianeidad una gestión de tipo política-partidaria-situacional 
que imposibilita la creación y la sostenibilidad de un proyecto institucional. Además a 
todo esto se suma la poca idoneidad de la mayoría del funcionariado que trabaja en 
cada centro. Los funcionarios de trato directo son personal con escasísimo nivel edu¬ 
cativo y nula formación específica para la tarea de "educadores" de una niñez y ado¬ 
lescencia con creciente grado de complejidad. 

A pesar de los reiterados informes realizados tanto en el ámbito nacional como 
internacional, sobre la inminente necesidad de contratar personal técnico especiali¬ 
zado y con formación profesional específica para la tarea, los procesos de selección 
continúan reproduciendo la lógica sociogenética de la institución bajo la ¡dea que 
para «controlar» a los «incontrolables» se debe utilizar los mismos códigos identitarios 
que practican los jóvenes en sus subculturas. Se trata de un proceso de iumpenización 
del funcionariado que junto al caos institucional genera la adyacente estigmatización 
del escaso personal técnico, excluyéndolo dentro del sistema o subordinándolo al 
mando del funcionario tipo. En este contexto, se da que funcionarios poco 
escolarizados, «educan» a adolescentes tan poco escolarizados como ellos, o en el 
peor de los casos, más escolarizados que ellos. 

El proceso de deterioro institucional que comenzó hace años ha generado un 
mundo «carcelario juvenil» que nada se acerca al nuevo paradigma aprobado en la 
normativa nacional (CNA) o internacional (CDN). El lenguaje y las prácticas acorde a 
derechos que deben estar presentes en todas las áreas del sistema, son sustituidos 
por el abandono y la cosificación que prevalecen en él, configurando un universo- 
tutelar-perverso, que reproduce espacios altamente cargados de punitividad y vio¬ 
lencia. Los dispositivos custodíales en el encierro juvenil, responden a la lógica del 
currículum oculto, con pautas conductistas premio-castigo, según el grado de "con¬ 
ducta" y el nivel de acatamiento de los jóvenes a las reglas de juego de los funciona¬ 
rios. Los episodios de violencia hacia los jóvenes (malos tratos, abusos, coimas, etc.) 
que logran trascender el hermetismo y la complicidad corporativa, suelen ser 
relativizados, deslegitimados o directamente negados, apelando siempre al argumento 
de que los jóvenes «vienen peores ahora», «no tienen códigos», mienten, manipulan 
o "se persiguen porque están bajo el efecto de la medicación". En este sentido, debe¬ 
mos recordar como Baratía que «los adultos son quienes definen-protegen-vulne- 
ran-castigan a la otra parte de la relación aludida [niñas, niños y adolescentes]» 6 . 


6 BARATTA, A.; "Infancia y democracia", en GARCÍA MÉNDEZ, E. y BELOFF, M. (Comps.); Infancia, ley y 
democracia en América Latina; Ed. Tennis, Ed. Desalma, Santa Fe de Bogotá - Buenos Aires, 1998; págs. 31-57. 


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En síntesis la privación de libertad juvenil, carece aún de recursos materiales y 
humanos suficientes para su funcionamiento, además de un proyecto institucional 
común a todos sus actores. Por último, la palabra derecho, se limita -en el mejor de 
los casos- a educación y trabajo. Todos los demás derechos de los adolescentes son 
discursos de ficción en medio de una realidad de predominante encierro, castigo y 
autoritarismo. 

En cuanto a la nueva institucionalidad, en julio de 2011, por Ley 18.771 se crea el 
Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. En la misma ley se mandata la crea¬ 
ción transitoria de un órgano desconcentrado, el Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SIRPA), bajo la órbita del INAU. Dicho órgano tiene como función la 
ejecución de las medidas socioeducativas dispuestas en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia (CNA). A un año de su creación formal, aún no es público el proyecto 
institucional; sin él resulta difícil evaluar si las medidas de reforma impulsadas ten¬ 
drán buen impacto en el sistema. 

La esperada reforma 

En su visita al Uruguay entre el 20 y el 28 de marzo de 2009, quien fuera el Rela¬ 
tor Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y otras Penas o Tratos crueles, Inhu¬ 
manos o Degradantes, Profesor Manfred Nowak, expresó: "Algunos, si no todos, los 
problemas que enfrenta el sistema penitenciario y el sistema de justicia juvenil, son el 
resultado de la falta de una política penal o penitenciaria integral. Los reclusos tienen 
pocas oportunidades de rehabilitación y preparación para su reinserción en la socie¬ 
dad. En algunos casos, sólo salen de sus celdas durante dos horas por semana. Esta 
falta de actividad, aunada a las condiciones de detención, sólo perpetúa el problema 
y conlleva a un índice más alto de criminalidad" 7 . La crisis estructural del sistema 
carcelario cobró relevancia en la agenda política del país, como consecuencia su lapi¬ 
dario informe, producido a partir de los insumos recabados en las visitas in situ a los 
centros de reclusión y las múltiples entrevistas mantenidas con distintos actores 
involucrados en el sistema. La actual administración de gobierno colocó el tema en el 
centro de su gestión y desde el Ministerio del Interior ha liderado diversas iniciativas 
para atender las recomendaciones del Relator. 

En la anterior administración, el Estado había dado señales de su preocupación 
ante la grave situación del sistema carcelario. El I o de marzo de 2005, en el acto de 
asunción de la Presidencia de la República, el Dr. Tabaré Vázquez decretó el estado de 
emergencia humanitaria en todos los establecimientos carcelarios del país. 

En ese marco, el entonces Ministro del Interior, Dr. José Díaz, resolvió "¡mplementar 
una serie de medidas de urgencia, así como también promover medidas legislativas 


7 Ver Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Manfred Nowak. Misión al Uruguay. Disponible en http://acnudh.org/wp-content/uploads/ 
2010/12/G0917658-2.pdf 


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tendientes a la descongestión de los establecimientos de reclusión y a la efectivización 
de los derechos humanos de las personas privadas de libertad'' 8 . Entre las medidas 
planificadas figuraban la realización de un censo nacional de la población privada de 
libertad y la constitución de comisiones asesoras para: la infraestructura carcelaria y 
la definición de un plan de obras de refacción, reciclaje y construcción de futuros 
establecimientos; la atención de salud, las posibles soluciones a las urgencias sanita¬ 
rias; el trabajo penitenciario, su carácter formativo y de creador de destrezas y hábi¬ 
tos laborales; la educación, la ¡mplementación de programas de enseñanza primaria 
y secundaria así como la viabilidad de la técnica y terciaria; el tratamiento, para 
efectivizar el régimen progresivo en procura de la rehabilitación. También una parti¬ 
da presupuestal para el mejoramiento de la alimentación y el control de los recursos 
asignados a este servicio, el fortalecimiento del Patronato Nacional de Encarcelados 
y Liberados para ampliar la cobertura hacia los futuros liberados y la creación de 
comisiones de reclusos para fortalecer el diálogo entre ella y las autoridades. Las 
medidas legislativas anunciadas, se concretaron en la Ley 17.897 de Humanización y 
Modernización del Sistema Carcelario, de 14 de setiembre de 2005, que entre otras 
medidas estableció un régimen progresivo de excarcelaciones, como forma de redu¬ 
cir el gran hacinamiento de los establecimientos. Es de destacar que su aplicación no 
se acercó a los objetivos establecidos ya que la población privada de libertad se redu¬ 
jo menos del 4 %. También previo un régimen de prisión domiciliaria que facultaba al 
Juez Penal su otorgamiento para aquellas personas gravemente enfermas así como 
mujeres en su último trimestre de embarazo y primer trimestre de lactancia, y perso¬ 
nas mayores de 70 años (exceptuando aquellas condenadas por delitos de homicidio, 
violación o lesa humanidad). Asimismo modificó el art. 328 del Código de Proceso 
Penal, estableciendo el precepto de la libertad anticipada cumplidos los dos tercios 
de la pena impuesta; la Suprema Corte de Justicia sólo podrá negarla mediante reso¬ 
lución fundada en aquellos casos en que los signos de rehabilitación de la persona 
condenada no sean manifiestos. La ¡mplementación de la ley implicó que por Decre¬ 
tos 225/Ü6 y 102/39 se reglamentara la redención de la pena por trabajo y estudio y la 
reglamentación de la inserción laboral de las personas liberadas, vía Decreto 226/06. 

Durante ese período también se aprobó el Reglamento de Mesas Representativas 
de Personas Privadas de Libertad, destinado a elecciones de delegados de módulos y 
se firmó el convenio entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
y el Ministerio de Salud Pública (MSP), para la atención de salud de las personas pri¬ 
vadas de libertad en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez, COMCAR, lo cual inclu¬ 
yó además la construcción de una policlínica en el predio del establecimiento. Fue 
también durante esa administración que se firmó el convenio entre el Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Defensa para la creación del Centro de Reclusión No.8 "Do¬ 
mingo Arena", destinado a militares y policías privados de libertad por delitos de lesa 


8 Carta del Ministro Díaz en respuesta a las demandas de los reclusos en Comear y sus familiares; 
marzo de 2005; http://www.lr21.com.uy/justicia/179548-ministro-diaz-al-director-de-carceles- 
detractores-mienten-descaradamente 


17 


humanidad y se formuló el plan de obras de edificación y reestructura de estableci¬ 
mientos penitenciarios, inaugurándose el Centro Medio Camino para mujeres priva¬ 
das de libertad próximas al egreso, se comenzó la ampliación de los centros COMCAR 
y Penal de Libertad y se comenzó la construcción de la cárcel espejo "Las Rosas" en 
Maldonado y la nueva cárcel departamental de Rivera en paraje Cerro Carancho. 

Según sistematiza el documento Informe sobre buenas prácticas en materia peni¬ 
tenciaria en la República Oriental del Uruguay 9 , por Ley 18.489 de Personas Inscriptas 
en la Bolsa Laboral del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados o de los Pa¬ 
tronatos Departamentales, de mayo de 2009, se autoriza su contratación bajo régi¬ 
men especial. Vía Resolución Ministerial se aprobaron el Régimen de Disciplina y Con¬ 
vivencia para las personas privadas de libertad, el Manual Básico Informativo para 
personas privadas de libertad, el Instructivo Nacional para el uso de teléfonos celula¬ 
res o tecnología de similar naturaleza en Establecimientos Carcelarios y los Regla¬ 
mentos de la Dirección Nacional de Cárceles para Inspecciones y Requisas, Uso de 
medios coercitivos en el ámbito penitenciario y Régimen de visitas. 

Los primeros pasos del gobierno del Presidente José Mujica fueron hacia la cele¬ 
bración de un acuerdo político en materia de seguridad, luego de una campaña elec¬ 
toral fuertemente marcada por el debate sobre la inseguridad y las supuestas medi¬ 
das y soluciones que desde los distintos sectores se pretendían impulsar. La Comisión 
Interpartidaria de Seguridad Pública, integrada por el Partido Colorado, el Partido 
Nacional, el Partido Independiente y el Frente Amplio, en agosto de 2010, definía la 
necesidad de encarar a la seguridad pública como una política de Estado entendien¬ 
do que "nuestra nación, en esta materia debe afrontar y realizar reformas estructura¬ 
les. Esta reforma obedece a un interés general que debe conservarse en forma per¬ 
manente, ya que reviste una importancia crucial que afecta al futuro como país. Es 
entre todos que debemos responder al desafío de trabajar seriamente para mejorar 
la seguridad pública (...) En síntesis, debemos enfrentar los problemas de inseguridad 
con una concepción integral, con una eficaz política en prevención, represión y san¬ 
ción, y seguir in virtiendo en políticas sociales para enfrentar factores determinantes 
de la marginalidad y la delincuencia" 10 . 

En dicho documento, aparecen algunos acuerdos -con desigual profundidad en 
su desarrollo- relativos a: la asignación presupuestaria para la construcción de nueva 
infraestructura carcelaria y la profesionalización del personal penitenciario; "moder¬ 
nizar y actualizar" el Código Penal y "reformar" el Código de Proceso Penal para el 
establecimiento de los roles claramente definidos de cada operador y un proceso 
acusatorio, oral, público e inmediato; la reestructura del sistema de privación de li¬ 
bertad de adultos y de adolescentes, contemplando el diseño y la ¡mplementación de 
un sistema que "no funcione como universidad del crimen ni perfeccionamiento de las 

9 Ministerio del Interior; julio de 2011. Disponible en: http://www.nninterior.gub.uy/innages/stories/ 
informefinalcarceles.pdf 

10 Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública. Documento de Consenso. 10 de agosto de 2012. 
Disponible en: http://www.minterior.gub.uy/images/stories/documento_de_consenso.pdf 


18 


redes de morginolidod", proponiendo que las cárceles salgan de la competencia de la 
Policía Nacional; la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como ser¬ 
vicio descentralizado, responsable de la gestión de la privación de libertad a nivel 
nacional, y con especialización en adultos y en adolescentes, independientemente, 
con personal especializado y con estatuto específico para su función; el fortalecimiento 
del Instituto Nacional de Criminología (INACRI); la descentralización territorial de los 
centros de privación de libertad a través de la construcción de establecimientos de 
acuerdo a la densidad poblacional y la accesibilidad comunicacional y de transporte; 
la creación de una cárcel de alta seguridad para personas vinculadas al crimen organi¬ 
zado o que requieran medidas especiales de seguridad; el fortalecimiento del sistema 
de seguridad penitenciaria para lo cual se prevé la implementación de medidas para 
evitar el ingreso de elementos ¡legales o no autorizados, la mejora en el 
relacionamiento del personal penitenciario y la población privada de libertad como 
base para "prevenir conflictos internos y asegurar la convivencia pacífica", el aloja¬ 
miento de las personas de acuerdo a criterios de seguridad fundados en los antece¬ 
dentes y la conducta, el equilibrio entre seguridad, disciplina y programas de reinte¬ 
gración social dentro del régimen de progresividad, el uso excepcional de la fuerza en 
circunstancias extremas y luego de fracasadas las medidas preventivas y disuasivas, 
el perfeccionamiento del sistema sanitario dotándolo del número de técnicos, insta¬ 
laciones y equipamiento adecuados mediante convenios con Salud Pública, el fomen¬ 
to del respeto entre familiares y personal penitenciario y la revisión del régimen de 
visitas y las medidas de seguridad a emplear, el "apoyo y multiplicación de los módu¬ 
los y equipos de tratamiento de drogas en cárceles", "se asegurará que toda persona 
privada de su libertad (...) pueda realizar tareas productivas y remuneradas (...) así 
como formarse, estudiar y culminar sus estudios", la ampliación de la posibilidad de 
aplicación de medidas o penas alternativas a la prisión (multas, trabajos en beneficio 
de la comunidad, arrestos domiciliarios, etc.) a personas no habituales o autoras de 
delitos graves, la profesionalización de los Patronatos y su funcionamiento bajo la 
órbita del INR. 

Para el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el documento expresa 
¡deas aún más generales evidenciando la dificultad de consensuar aspectos nodales en 
este tema. Las propuestas -poco específicas y aplicables a toda la niñez y la adolescen¬ 
cia en situación de riesgo social- parecen querer plasmar más que el acuerdo, la volun¬ 
tad para el mismo "Más allá de los criterios que cada partido sostiene respecto a la 
imputabilidad, responsabilización y lugar de cumplimiento de la privación o limitación 
de la libertad ambulatoria dispuesta judicialmente y las normas sobre tratamiento, re¬ 
habilitación e inserción social de los menores de edad en conflicto con la ley penal, y de 
la determinación del organismo público competente...". El contenido consiste en: el in¬ 
cremento de escuelas de tiempo completo para situaciones de contexto crítico, la posi¬ 
ble existencia de institutos secundarios con similar régimen y la multiplicación de es¬ 
fuerzos para la atención de niños y adolescentes en situación de calle. 

También se prevé el perfeccionamiento del sistema de responsabilidad juvenil (a 
través de medidas de privación de libertad u otras), la creación de un Instituto de 


19 


Rehabilitación de Adolescentes, como organismo especializado y con el más alto gra¬ 
do de autonomía técnica, personal calificado e infraestructura acorde "con el fin de 
garantizar tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, 
como de asegurar un clima de respeto a los derechos humanos compatible con las 
necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes" y finalmente el estu¬ 
dio de modificaciones legislativas para la aplicación de medidas socioeducativas o 
privativas de libertad a las infracciones consumadas o tentativas. 

En los anexos al documento, el Partido Colorado y el Partido Nacional expresan 
algunas puntualizaciones. El Partido Colorado dice haber planteado "mantener los 
antecedentes de los infractores cuando cumplan la mayoría de edad, a fin de que 
sean tomados en cuenta en los procesos sucesivos que pudieran tener lugar" y "dismi¬ 
nuir la edad de imputabilidad de los adolescentes infractores , en casos de ser autores 
de delitos gravísimos", puntos que no fueron compartidos por la delegación del Fren¬ 
te Amplio. Por su parte el Partido Nacional pidió incluir algunas "salvedades"; en lo 
referente a los adolescentes en conflicto con la ley penal "Debería establecerse clara¬ 
mente (...) la necesidad Imperiosa de sacar todo lo referente a la ejecución de medi¬ 
das sancionatorias y privativas de libertad de menores infractores de la competencia 
del INAU, confiriéndose dicha responsabilidad a un organismo creado a tales efectos 
(Instituto de Rehabilitación de los Adolescentes en conflicto con la ley penal)" y "ele¬ 
var los plazos máximos de privación de libertad hasta 10 años en las hipótesis de 
delitos gravísimos cometidos por adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años, 
la penalización de la tentativa y complicidad en otros delitos de menor entidad y la 
conservación de los antecedentes de los delitos cometidos por menores adolescentes, 
para ser considerados a efectos de calificar su responsabilidad penal, cuando alcan¬ 
cen la mayoría de edad". 

Los puntos contenidos en el Documento de Consenso fueron el derrotero del 
gobierno que, a través del Ministerio del Interior, implemento algunas de las medidas 
contempladas. El punto de partida fue la Ley de Emergencia aprobada un mes antes 
de dicho consenso. Con fecha 15 de julio de 2010, la Asamblea General aprobó la ley 
18.667 11 , que autorizaba al Poder Ejecutivo a ejecutar gastos extraordinarios y por 
única vez, de hasta $ 292:192.931, con fecha tope 31 de diciembre de 2010 para la 
implementación de nuevas cárceles o la readecuación de otras y su equipamiento y 
hacer frente a los gastos derivados del traslado de reclusos/as a los nuevos estableci¬ 
mientos. Asimismo, facultaba la creación de 1500 cargos de personal penitenciario 
para la ex Dirección Nacional de Cárceles y las cárceles dependientes de las Jefaturas 
Departamentales de Policía. 

En la Ley de Presupuesto Nacional para el período 2010 - 2014 12 , Inciso 04 "Mi¬ 
nisterio del Interior", Artículo 219, crea el en programa 461 "Gestión de la Privación 
de Libertad", la unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación" (INR), 


20 


11 Ver: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18667&Anchor= 

12 Ver: http://www.parlamento.gub.uy/indexDB/Repartidos/ListarRepartido.asp?ld=6313 


con jurisdicción nacional y dependencia directa del Ministro del Interior, suprimien¬ 
do a la "Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación" 
(DNCPCR). La ley prevé el pasaje de las cárceles dependientes de las Jefaturas Depar¬ 
tamentales de Policía, a la órbita del INR. También estipula que el INR tendrá por 
cometidos la organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias es¬ 
tablecidas o a establecerse en el país, que se encuentren bajo su jurisdicción; la reha¬ 
bilitación de los procesados y los penados y la administración de las medidas 
sustitutivas a la privación de libertad. Asimismo que se le transferirán los recursos 
humanos y materiales de la ex DNCPCR y que será dirigido por un Director, designado 
por el Poder Ejecutivo, que se encargará de "1) Ejecutar la política carcelaria; 2) Rea¬ 
lizar el seguimiento de la gestión; y 3) Ejecutar la planificación, evaluación y control 
del sistema penitenciario" También que bajo su órbita estarán el Patronato Nacional 
de Encarcelados y Liberados y el Centro Nacional de Rehabilitación y que para su 
implementación se creen cien cargos administrativos y se habilite una partida para 
contratos laborales, de carácter zafral para el programa "Gestión de la Privación de 
Libertad". También de acuerdo a la nueva estructura de cargos para "Personal Peni¬ 
tenciario" se crean: 1100 cargos de "Operador Penitenciario" y 20 cargos de "Super¬ 
visor Penitenciario"; 70 cargos de Psicólogo; 70 cargos de Trabajador Social; 20 car¬ 
gos de Abogado; 10 cargos de Médico Psiquiatra; 15 cargos de Contador; 4 cargos de 
Lie. en Sociología; 2 cargos de Lie. en Estadística; 3 cargos de Lie. en Educación; 6 
cargos de Lie. en Informática; 3 cargos de Lie. en Ciencias de la Comunicación; 35 
cargos de Educador Social; 15 cargos de Maestro; 5 cargos de Profesor de Enseñanza 
Media; 12 cargos de Profesor de Educación Física y 20 cargos de Técnico en Psicología 
Social. Estos cargos serían provistos paulatinamente a través del Escalafón Peniten¬ 
ciario "S", de carácter civil. 

La operatividad integral del INR estará dada cuando se apruebe su ley 
reglamentaria. A tales efectos, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley 13 al 
Parlamento, en agosto de 2011, el cual aún no ha tenido tratamiento. Como 
mecanismo intermedio se aprobó el Decreto 093, de febrero de 2011, que regula el 
tratamiento de las personas privadas de libertad con fines de rehabilitación y 
reinserción social en torno a las áreas socio educativa y laboral, los criterios de 
seguridad y de gestión. 

Sin lugar a dudas, la actual gestión de gobierno ha puesto énfasis en el 
mejoramiento de las condiciones materiales de vida de las personas privadas de 
libertad por cuanto, además de proveer más y mejor personal penitenciario -aunque 
aún insuficiente en cantidad y calidad de formación-, ha redoblado las medidas para 
lo que ha llamado "el combate al hacinamiento". Entre 2010 y 2012 en el área 
metropolitana se cerró la cárcel "Cabildo" y las mujeres fueron trasladadas al Centro 
Nacional de Rehabilitación (CNR); se inauguraron los nuevos módulos VIII y IX en 
COMCAR, el nuevo módulo de cemento en el Penal de Libertad, lo que permitió la 
clausura de "las latas"-módulos de acero sin aislar- que durante años constituyeron 

13 Disponible en: http://medios.presidencia.gub.uy/jrn_portal/2011/noticias/NO_B047/ley_inr.pdf 


21 


una de las situaciones de encierro más aberrantes e inhumanas, el establecimiento 
"El Molino" para mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos/as y el 
establecimiento Punta de Rieles exclusivo para penados próximos al egreso. Asimismo 
se construyeron nuevas plazas en el Centro No. 2 - Granja, de Libertad. En el interior 
se cerró el Pabellón Femenino de la cárcel de Canelones y las mujeres allí alojadas 
fueron trasladadas al CNR; se inauguraron la cárcel femenina en la chacra "Campanero" 
en Lavalleja, las nuevas cárceles "Las Rosas" en Maldonado y "Cerro Carancho" en 
Rivera, y se cerró la vieja cárcel departamental de Rocha, que en julio de 2010 sufrió 
un incendio que cobró la vida de 8 personas y dejó gravemente heridas a otras 12. 

Según el gobierno, esta etapa de creación y reacondicionamiento culminará en 
2014 cuando se dispondrá de un total de entre 10.000 y 11.000 plazas 14 , como 
resultado de la inversión estatal y la proveniente del sistema de Participación Público 
Privado 15 ; enmarcada esta última en la Ley 18.786 De contratos de participación público 
privada para la realización de obras de Infraestructura y prestación de servicios 
conexos 16 , de 19 de julio de 2011, que permitirá la construcción de cárceles privadas, 
la primera de las cuales -de unas 1500 plazas- está en proceso de elaboración de 
pliego de licitación, por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo. 

El gobierno dice estar consciente sobre la insuficiencia de la medida de generar 
más plazas, a los efectos de dar respuestas efectivas al problema del hacinamiento 
originado en el crecimiento sostenido de la población carcelaria, debido al uso de la 
detención preventiva como regla y no como excepción, a la duración del proceso 
penal y a la carencia de un sistema adecuado de medidas alternativas 17 . Por tal razón, 
por decreto 180/2010 18 crea la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, bajo 
órbita del Ministerio del Interior (concretamente la ex Dirección Nacional de Cárceles) 
para de acuerdo a lo dispuesto por la Justicia Penal, aplicar medidas alternativas o 
sustitutivas de la privación de libertad; recabar informes para elaborar perfiles y 
efectuar recomendaciones a los magistrados, sugiriendo las distintas medidas de 
posible aplicación, elaborar planes de conducta y los controles referidos a la ejecución 
de la medida, entre otras funciones. 

En cuanto a una de las principales fuentes del problema, la inadecuación de los 
Códigos Penal y de Proceso Penal, en 2009 fueron presentados sendos proyectos de 
reforma. Ambos ingresaron al proceso de tratamiento parlamentario que aún sigue 
postergado, a pesar del deseo del partido de gobierno de aprobarlos durante 2012 19 . El 

14 Ver: http://www.lr21.com.uy/comunidad/474663-solucion-final-para-carceles-en-2014-habra- 
mas-plazas-que-reclusos 

15 Ver: http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/ 
comunicacion/comunicacionnoticias/poder-legislativo-aprueba-ley-contratos-participacion-publica- 
privada; http://www.portalx.com.uy/noticias/nacionales/9222-inversores-de-5-paises-quieren- 
construir-carcel-con-el-estado.html 

16 Ver: http://www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18786&Anchor= 

17 Informe sobre buenos prácticas en materia penitenciaria en la República Oriental del Uruguay. 
Op. Cit. 

18 Disponible en: http://www.elderechodigital.com/accesol/legisla/decretos/dl000180.html 

19 Ver: http://ladiaria.com. uy/articulo/2012/2/una-pena/ 


22 


proyecto de reforma del Código Penal ha sido criticado por diversos expertos, incluyendo 
la consultoría contratada por Naciones Unidas en el marco del Proyecto Conjunto L 
Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad 20 , pues "no 
es una reforma radical del régimen actual" (...) "Si se hace una reforma; hay que hacer 
una reforma profunda; que ponga sobre el tapete un montón de temas y de cuestiones 
que hacen incluso a los valores que se están protegiendo, si queremos, por ejemplo, 
proteger más la vida que la propiedad" 21 . Se suma -entre otras falencias - la no inclusión 
del delito de tortura, ya que a pesar de estar ratificado el Estatuto de Roma por Ley 
18.026 de 2005, la conducta penal de los jueces persiste en figuras clásicas como lesiones. 

La actual administración ha hecho mucho énfasis en su intención de encauzar el 
tiempo de privación de libertad en torno a los ejes educación y trabajo. A través de la 
cooperación del Proyecto Conjunto L, se realizaron estudios relativos a las buenas 
prácticas laborales en el ámbito penitenciario, la legislación del trabajo en las cárceles 22 
y la formación de operadores penitenciarios en el espacio laboral. 

La realidad del trabajo en la de privación de libertad es diversa: hay tareas que se 
desarrollan dentro y fuera de los establecimientos; hay tareas mediadas por vínculos 
de dependencia -pública o privada- y otras autogestionadas, hay tareas remuneradas 
y no remuneradas; pero podemos afirmar que a pesar de los avances logrados, la 
mayoría de la población no accede a este derecho. Según un reciente informe del 
Ministerio del Interior 23 , en la actualidad hay un total de 3.947 personas privadas de 
libertad trabajando dentro o fuera de cárceles. De este total, un cuarto recibe un 
peculio 24 por la tarea desarrollada. A través del Patronato Nacional de Encarcelados y 
Liberados se han celebrado convenios con empresas particulares y con distintas 
agencias del Estado como la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), la 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), la 
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) el Instituto Nacional de 
Colonización, el Sistema Nacional de Emergencia, la Junta Departamental de 
Montevideo, el Plan Juntos del Ministerio de Desarrollo Social y algunas Intendencias 
Departamentales, entre otras. 


20 Disponible en: http://www.google.com. uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 
2&ved=0CEYQFjAB&url=http%3A%2F%2F www 

. undp.org. uy%2FgetFile.asp%3FFile%3DONU1000LA.pdf%26Alias%3D01-06-2011-12-27-48p.rn. 
268.pdf&ei=j7UyUlfvFo089QTIkoGwBQ&usg=AFQjCNGe4bmeYKGR5SMtc4pUqPim8-n-Kg 

21 Ibíd. 

22 PALUMMO, J. (Coord.), MAGARELLI, C. y PODESTÁ, G.; El trabajo dentro de las cárceles y la inserción 
laboral de las personas liberadas del sistema penitenciarlo. Situación legal y reglamentarla. Proyecto 
Conjunto L "Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad"; noviembre de 
2011 . 

Disponible en: http://www.onu.org.uy/files/documentos_publicaciones/ 
EI_trabajo_dentro_de_las_crceles-Situacin_leg_reglamentaria.pdf 

23 Ver: http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/Presidencia/PortalPresidencia/ 
Comunicacion/comunicacionNoticias/rehabilitacion-trabajo 

24 Remuneración con dinero proveniente del presupuesto común del establecimiento según régimen 
establecido por el Decreto-Ley 14.470. 


23 


La heterogeneidad e irregularidad de las situaciones muestra la absoluta necesidad 
de avanzar hacia una legislación del trabajo en la privación de libertad. Como afirman 
los expertos "El trabajo en todas sus formas requiere la protección del ordenamiento 
jurídico. En el caso del trabajo realizado por personas privadas de libertadl la necesidad 
de protección es mayor atendiendo a la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran. El requerimiento de protección refiere no solo a asegurar un núcleo de 
derechos laborales básicos o de condiciones mínimas de trabajo, sino también la 
protección de la remuneración. (...) Los derechos fundamentales laborales tienen 
vigencia aun cuando se trate del trabajo de personas privadas de libertad" 25 . 

En lo relativo a la educación, el citado informe del Ministerio del Interior indica 
que 2.052 personas privadas de libertad "están vinculadas a algún programa educativo 
o cultural". De esa cifra, 1.103 personas, aproximadamente el 11% de la población 
privada de libertad, son atendidas por la Dirección de Educación de Adultos del Consejo 
Directivo Central (CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP). Este programa "prevé dos líneas básicas de acción: el dictado de cursos de 
nivel primario y diversas actividades en la modalidad de taller ; donde se instruye a los 
beneficiarios en conocimientos y saberes útiles para la vida cotidiana y su eventual 
inserción laboral al momento de concretarse la recuperación de la libertad" 26 . 

Asimismo, a través del Programa de Educación en Contextos de Encierro, del 
Consejo de Educación Secundaria (CES), otras 900 personas, en 19 establecimientos 
penitenciarios y a través de 195 profesores, reciben educación secundaria 27 . También 
llegan a los centros una variedad de propuestas no formales, a través de organizaciones 
de la sociedad civil o bien de los/as propios/as reclusos y reclusas que socializan con 
sus pares sus saberes y oficios. Al igual que en el caso del trabajo, la heterogeneidad 
de las experiencias dificulta la evaluación cabal de la efectividad de de las propuestas. 

De todo el espectro de la oferta educativa, cabe destacar la aún acotada cobertura 
del sistema educativo formal para una población caracterizada por el bajísimo nivel 
educacional previo al encierro. Según datos del I Censo Nacional de Reclusos, el 40.4% 
de la población privada de libertad tiene la educación primaria como máximo nivel 
alcanzado y de ese total, solo la ha culminado el 26.6%. La población que ha alcanzado 
educación secundaria es el 33.2%; solo el 7.8% ha completado el ciclo básico, el 9.2% 
ha cursado estudios técnicos (completos o incompletos) y el 2.1% ha cursado educación 
terciaria también en forma completa o incompleta. 

Los cambios más significativos -aunque aún acotados a algunos centros del área 
metropolitana- están vinculados a la atención de salud. A la policlínica de Comear 
asumida por ASSE en el período de gobierno anterior, se han sumado otras en los 
establecimientos El Molino, CNR, Punta de Rieles y Libertad. La próxima será en la 
cárcel de Canelones, luego de la reciente absorción del establecimiento por parte del 


25 Op. c¡t. 

26 Ver: http://www.anep.edu.uy/anepportal/servlet/ampliacion747221 

27 Ver: http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=210958 


24 


INR, el reciente I o de agosto. Según un plan gradual a 2015-que no hemos encontrado 
en carácter de información pública- el Ministerio del Interior prevé el pasaje de todos 
los centros penitenciarios del interior, a la órbita del INR 28 . El Sistema de Atención 
Integral de las Personas Privadas de Libertad 29 (SAI-PPL), tiene como misión "ser el 
servicio que brinde a las personas privadas de libertad, usuarias de A.S.S.E., las 
necesarias acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación para la 
atención de su salud" y como visión "ser un servicio de excelencia que garantice a las 
personas privadas de libertad, una atención integral de salud, de calidad adecuada; 
en un entorno de respeto a sus DD.HH., que contribuya a su reinserción social en las 
mejores condiciones posibles". Sin dudas, todo un desafío para la atención de miles 
de personas, sobre todo del interior del país, que son atendidas por los Servicios 
Médicos Policiales en coordinación con los hospitales locales públicos, y registran el 
déficit en la atención de salud como uno de los problemas más acuciantes durante la 
vida en reclusión. 

En esta apretada síntesis queremos destacar también la aprobación de la Ley 
18.717, de 24 de diciembre de 2010, que faculta al Poder Ejecutivo a encomendarle 
el cumplimiento de funciones transitorias de guardia perimetral y control de acceso a 
cárceles, penitenciarías y centros de recuperación, al personal militar. Con argumentos 
centrados en la insuficiencia y la ineficiencia del personal policial, (luego de reiterados 
hechos violentos acaecidos en los establecimientos penitenciarios, particularmente 
durante el transcurso de 2011 y 2012 30 ), la corrupción, el tráfico de armas y de otros 
elementos ¡legales dentro de las cárceles, las fugas de los hogares para adolescentes 
infractores, el gobierno impulsó la ¡dea de delegar estas tareas a los cuerpos militares, 
bajo el supuesto de una mayor probidad y formación disciplinada. Con detalles dispares 
en cuanto al tenor y alcance de la nueva guardia militar, el Poder Ejecutivo dejó claro 
que esa era la solución para el control del ingreso de personas a las cárceles, así como 
de los/as propios/as reclusos/as luego de las visitas 31 . 

La experiencia comparada ha sido elocuente a propósito de los malos resultados 
registrados cuando los límites entre seguridad y defensa se diluyen. La asignación de 
nuevos roles a los cuerpos militares es una tendencia ciertamente instalada en América 
Latina, probablemente producto de la necesidad de dotar de prestigio a una institución 
fuertemente cuestionada luego de su rol protagónico en los horrores cometidos con¬ 
tra los pueblos en el pasado reciente. Uruguay sabe bien de ello. Ha costado más de 
30 años doblegar a la impunidad y propiciar procesos de búsqueda de verdad y justicia 


28 Ver: www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/ 
comunicación noticias/traslado.carcel-canelones-a-inr y http://www.minterior.gub.uy/images/stories/ 
informefinalcarceles.pdf 

29 Ver: http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/mem_anual/msp/anexol.pdf y http:// 
www.saintbois.com. uy/innovaportal/file/2311/l/sai_ppl.pdf 

30 Muertes en Comear y Libertad, motines en Comear y CNR femenino, entre otros episodios. 

31 Ver: http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_166176_l.html ; http:// 
www.diariolarepublica.net/2012y04/revisan-a-todos-por-igual/;http://www.montevideo.com.uy/ 
notnoticias_165905_l.html 


25 


sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico 
militar. 

Así como no ha habido procesos sostenidos para la depuración, la modernización 
y la profesionalización de los cuerpos policiales, tampoco ha existido para los militares. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos dice que "Tros lo historio reciente de lo región, 
morcado por transiciones de regímenes autoritarios o lo democracia, lo mayoría de 
los instituciones que integran el sistemo estatal de control judicial y policial aun no 
han experimentado procesos de reforma eficaces. A pesar de las transiciones políticas 
y la generación de reformas constitucionales y legales, los aparatos institucionales 
vinculados a las fuerzas de seguridad aun preservan características autoritarias y los 
mecanismos judiciales destinados a asegurarlo transparencia y la rendición de cuentas 
aun muestran debilidades. En suma, las instituciones vinculadas al Poder Judicial, el 
ministerio público, la Policía y el sistema penitenciario, no han desarrollado capacidades 
paro responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítima, 
al crimen y la violencia..." 32 . 

También entendemos que las funciones de un estado moderno son múltiples y 
diferenciadas, razón por la cual se han desarrollado institutos especializados. Toman¬ 
do como base las experiencias de la región, la CIDH dice que: "es fundamental la 
separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la 
defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos institu¬ 
ciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron crea¬ 
das y en cuanto a su entrenamiento y preparación.La historia hemisférica demuestra 
que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en 
general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos 
violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de 
las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de 
violaciones de derechos humanos" 33 . 

Aún más, la reforma penitenciaria se entiende en su horizonte de migración hacia 
un sistema civil, no administrado tampoco por la Policía. No debemos olvidarnos que 
el pasaje de las cárceles a su órbita fue durante el período de la última dictadura. El 
actual sistema es un legado directo del régimen de facto y sus implicancias atraviesan 
aspectos tan duros como la cultura institucional autoritaria, fuertemente arraigada 
en el imaginario social. 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos son rotundamente cla¬ 
ros en el principio que establece que las cárceles deben ser instituciones civiles. La 
reforma tendrá lugar sí y solo sí este rumbo está claro y no se contamina con argu- 


32 CIDH; Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos; FAROPPA FONTANA, Juan 
(Consultor); 31 de diciembre de 2009, pág. 13. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/ 
seguridad/seguridadiv.sp.htm#B5. 

33 Ibíd.; pág. 43. 


26 


mentos instrumentales que en la práctica constituyen marchas y contra marchas, 
avances y retrocesos en el plan de instauración de una nueva institucionalidad con 
este carácter. Creemos que la transferencia del control policial a la órbita civil no es 
más que el primer paso hacia la Instauración de un Instituto Nacional de Rehabilita¬ 
ción administrado por el poder civil y perteneciente a una instancia de gobierno dis¬ 
tinta a la del Ministerio del Interior. Para la consecución de esta meta son imprescin¬ 
dibles -además de de un plan estratégico claro, contrastable y con plazos definidos en 
todas y cada una de sus etapas- una modificación legislativa, una profunda reestruc¬ 
turación del personal penitenciario y un programa serio de formación y 
profesionalización de los nuevos operadores. "En toda sociedad democrática, el tra¬ 
bajo en las prisiones es un servicio público. Las prisiones son lugares que, como las 
escuelas y hospitales , deben ser dirigidos por las autoridades civiles con el objeto de 
contribuir al bienestar público. Las autoridades penitenciarias deben responder de 
algún modo a un parlamento electo y el público debe ser informado acerca de la 
situación y los objetivos de las prisiones. Los ministros y altos cargos gubernamenta¬ 
les deben manifestar con toda claridad que consideran altamente valioso al personal 
penitenciario por la tarea que realiza y debe recordarse con frecuencia a la opinión 
pública que el trabajo penitenciario es un importante servicio público" 34 . 

De aquí en más 

Conjuntamente al abordaje de los aspectos materiales urgentes, deficitarios y 
vulneradores de las condiciones de vida digna, se hace indispensable una ruptura del 
paradigma tradicional. Tal ruptura devendrá del debate ciudadano profundo, sobre 
aspectos como el propósito de la cárcel. El nexo que vincula la ¡dea de más cárcel es 
igual a menos delincuencia y por tanto más seguridad, es absolutamente falaz. Como 
explícita Andrew Coyle 35 el planteo a mayor tasa de prisionización, menor tasa de 
delincuencia, no solo no se ha demostrado en ninguna experiencia a nivel internacio¬ 
nal, sino que un alto índice de encarcelamiento solo dice de la fragmentación de los 
valores comunitarios de una sociedad. 

El modelo eficientista de control de la delincuencia, caló hondo en Uruguay. Es 
que -marcadamente desde los '90- en Uruguay, al igual que en muchos países de la 
región, seguridad y criminalidad son una ecuación discursiva cuya solución dominan¬ 
te se vincula al incremento y endurecimiento de la punitividad. A modo de ejemplo 
puede tomarse la instalada discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, 
que con impulsos pendulares recoge las iniciativas de sectores que depositan en "los 


34 COYLE, Andrew; La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos: 
Manual para el personal penitenciario; Centro Internacional para Estudios Penitenciarios; Londres, 
2002; pág. 13. 

35 COYLE, Andrew; "Seguridad penitenciaria y derechos humanos" en CARRANZA, Elias (Coord.) et 
al; Cárcel y justicia penal en América Latina y El Caribe. Cómo implementar el modelo de derechos y 
obligaciones de las Naciones Unidas; Siglo XXI Editores, ILANUD, Instituto Raoul Wallenberg de Derechos 
Humanos y Derecho Humanitario; México D.F, 2009; págs. 143-162. 


27 


menores" la culpa sobre la creciente criminalidad. "Desde la última recuperación de¬ 
mocrática (1985) hasta la actualidad (2011) se han Impulsado 16 intentos legales (14 
Proyectos de Ley 1 iniciativa plebiscitaria y 1 propuesta por comisión parlamentaria) 
para bajar la edad de imputabilidad (...) Sin embargo<, han transcurrido 26 años sin 
consumarse modificación alguna" 36 . 

Es marcada la ausencia de los contenidos de derechos humanos en el debate 
político y ciudadano sobre seguridad y criminalidad, atravesado de una impronta 
eficientista 37 , en la que impera el populismo punitivo a la hora de dar respuestas e 
impulsar alternativas. Esta estrategia política propone medidas como el aumento de 
las penas y nuevas tipificaciones de delitos, la baja de la edad de imputabilidad penal, 
la ampliación de las facultades policiales, militarización, etc., en la búsqueda de la 
adhesión de la población que se autopercibe insegura. La perspectiva subjetiva y la 
percepción, son la base de un discurso que se apoya en ellas para bregar por el au¬ 
mento de las medidas punitivas. Las respuestas "rápidas" y "eficaces" a los proble¬ 
mas de seguridad, a través de la ampliación del sistema penal y de su funcionamiento 
reactivo y represivo como respuesta primordial, suele venir acompañada del 
maniqueísmo discursivo de los "buenos y los malos", "nosotros, la gente honrada, 
ellos, los delincuentes". Una vez más, resignificada respecto del contexto histórico de 
la última dictadura cívico-militar, la seguridad se plantea en tanto bien garantizado a 
un determinado sector social, marcando claramente la desigualdad en su distribu¬ 
ción. Es una seguridad concebida "siempre y solamente en relación con los lugares 
públicos y de visibilidad pública o con relación a un pequeño número de delitos que 
entran en la así llamada criminalidad tradicional (sobre todo agresiones con violencia 
física a la persona y al patrimonio), que están en el sentido común y son dominantes 
en la alarma social y en el miedo a la criminalidad » 38 . La sociedad uruguaya en este 
discurso se polariza en torno a unos "virtuosos" que son sujetos de derecho del bien 
seguridad, y unos "criminales" que condensan todas las representaciones sobre posi¬ 
bles amenazas y son objeto de las políticas de seguridad represivas; porque es de 
ellos de quienes la sociedad debe protegerse 39 . 

Parece que el resultado natural de tales estrategias no puede seguir pasando in¬ 
advertido: la crisis del sistema penitenciario (atiborrado, violento, corrupto, autorita- 


36 TENEMBAUM, Gabriel; Enlaces de reflexión acerca de la edad de imputabilidad y su relación con la 
dictadura; en Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2011. SERPAJ, 2011. Para una completa lectura 
ver: TENEMBAUM, Gabriel; La normalización política de la Edad de Imputabilidad. Facultad de 
Ciencias Sociales. Universidad de la República, 2011. 

37 En referencia a "la pretensión de hacer más eficiente y más rápida la maquinaria de la justicia 
penal, a expensas de los derechos de los imputados". BARATTA, A.; Seguridad en Criminología y Sistema 
Penal una compilación in memoriam de Alessandro Baratía; Ed. Bdf, Montevideo, 2004. 

38 BARATTA, A.; Política criminal: entre política de seguridad y política social, en Delito y Seguridad 
de los habitantes. CARRANZA, Elias (Coord); Ed. Siglo XXI; México, 1997. 

39 RICO, Alvaro; La sociedad virtuosa y la sociedad criminal. En: Global/Local: democracia, memoria, 
identidades; Ed. Trilce, Montevideo, 2002. También, RICO, ÁLVARO; La ilusión represiva. Delito y política. 
En: RICO, Á. y PATERNAIN, R. (Coord.); Uruguay. Inseguridad, delito y Estado; Ed. Trilce, Montevideo, 
2012. 


28 


rio y escandalosamente ineficiente) que deviene de centrar y reforzar el encierro como 
principal solución al problema de la inseguridad. Las investigaciones señalan que el 
aumento sostenido del uso de la privación de libertad no es proporcional al aumento 
de las tasas de criminalidad 40 , aún reconociendo que esta última también crece - 
aunque en forma sensiblemente menor-. El desmedido crecimiento de la población 
carcelaria no responde solo al hecho fáctico del incremento del número de delitos. 

Un Estado de Derecho, respetuoso de los derechos humanos, más allá de la for¬ 
malidad exige que la criminalidad sea enfrentada con racionalidad y realismo -no con 
pseudo pragmatismos-, a través de una política criminal consensuada democrática¬ 
mente y aplicada sistemáticamente y con transparencia. La cárcel no puede ser sino 
la última opción, luego que muchas otras medidas hayan fracasado o se demuestren 
ineficaces para resolver el conflicto. 


40 CHRISTIE, Nils; Uno sensata cantidad de delito; Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004. 
GARLAND, David; La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad Contemporánea; Edi¬ 
torial Gedisa, Barcelona, 2005. WACQANT, Lóic; Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la 
inseguridad social; Editorial Gedisa, Barcelona, 2009. 


29 


Política pública y sistema carcelario 

en el Uruguay 


Javier Palummo* 


I. Consideraciones preliminares 

Mientras a partir de los últimos años de la década de los ochenta en el resto de 
América Latina, se emprendían importantes reformas a los Códigos Penales y Proce¬ 
sales Penales, en nuestro país se han acumulado los proyectos fracasados en los mis¬ 
mos sentidos. En el caso del Código Procesal Penal que fuera aprobado pero nunca 
implementado, tenemos un fracaso aún más bochornoso. Únicamente -y en forma 
por demás tardía- podemos encontrar en el Código de la Niñez y la Adolescencia una 
adecuación a los estándares garantistas de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
En definitiva nuestro sistema de persecución penal, con la excepción mencionada, no 
ha sufrido una reforma sustancial en las últimas décadas de democracia. 

Las consecuencias de estos fracasos son variadas. En primer lugar y en términos 
generales corresponde mencionar que nuestro sistema penal no ha abandonado su 
carácter inquisitivo. En segundo lugar, nos encontramos un sistema que no ha sido pen¬ 
sado en forma global por décadas. En unos años festejaremos el primer siglo de vida del 
Código Penal vigente, y de nada sirve recorrer los lugares comunes para atacar a esta 
norma jurídica: que fue aprobado a tapas cerradas en la dictadura de Terra en el 34; que 
José Irureta Goyena lo hizo traduciendo con errores al Código fascista de Mussolini; 
entre otros. Lo cierto es que si el Código Penal está vigente y no ha sido sustituido es 
porque es funcional a una política criminal determinada. Lo mismo corresponde decir 
del Código Procesal Penal aprobado por la última dictadura 1 . Estas normas representan 
valiosos instrumentos ideológicos para mantener un determinado status quo; detrás 
de las mismas subyace una estrategia de control y dominación. Esto no es algo oculto. 
Es preciso reconocer la honestidad intelectual de los autores y patrocinadores políticos 
de estas normas que explicitaron claramente su programa de política criminal. 

Pero la consecuencia más importante de esos fracasos tiene que ver con las per¬ 
sonas que son sometidas al sistema penal y la violación de sus derechos, en todos los 
segmentos del mismo. Tampoco la ley penitenciaria, Decreto-Ley 14.470 de 2 de d¡- 


* Abogado, Mag. en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia. Coordinador del Observatorio del 
Sistema Judicial. Co-coordinador del proyecto Hacia uno político de Estado en privación de libertad. 
Diálogo > recomendaciones y propuestas. 

1 Decreto-Ley 15.032 de 7 de julio de 1980. Código del Proceso Penal. 


30 




ciembre de 1975, ha sido sustituida en democracia. No hay casualidades en todo 
esto; existe una inmanente racionalidad del ordenamiento jurídico. Tal como enseña¬ 
ba Robert W. Gordon: toda norma, por el solo hecho de existir, es funcional a una 
política determinada. En Uruguay no puede desconocerse la relación del sistema pe¬ 
nal y la institución policial con el poder político desde los orígenes de nuestro Estado 
y del cuerpo de seguridad. 

II. Contexto de las políticas carcelarias y de seguridad ciudadana 

A los efectos de contextualizar la situación de la política criminal en Uruguay es 
preciso mencionar algunas especificidades. El restablecimiento de la democracia en 
1985, dio lugar a una serie de modificaciones legales e institucionales destinadas a 
revisar algunas características de las políticas de seguridad implementadas durante el 
período dictatorial. Algunas de esas iniciativas estuvieron dirigidas a disminuir el ca¬ 
rácter punitivo de la Doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por el gobierno de 
facto 2 , pero sin que se desarrollara un debate profundo sobre el carácter 
antidemocrático de estas ¡deas -y como he expresado anteriormente- sin que se 
modificaran las normas clave del sistema. Sin perjuicio de esta inicial y coyuntural 
situación, desde el restablecimiento democrático el núcleo duro de las estrategias 
dominantes en el plano de la seguridad ciudadana y la política criminal, ha sido de 
corte punitivo. 

Una segunda especificidad se relaciona con la ausencia de debate antes referida, 
y que está dada por la inexistencia de un plan nacional, con metas a mediano y largo 
plazo, referido a la política criminal y a la de seguridad ciudadana. Esto ha tenido 
como consecuencia la permanencia del modelo positivista punitivo, la inestabilidad 
de las políticas públicas de seguridad ciudadana, y la existencia de diversas orienta¬ 
ciones -o lo que es peor- orientaciones contradictorias sea cual fuera la fuerza política 
en el gobierno. 

Un importante desafío de las sociedades en la actualidad es mantener sistemas 
punitivos respetuosos de los derechos fundamentales. A estos efectos es preciso pen¬ 
sar el sistema en su integralidad, modernizando la legislación, diseñando institucio¬ 
nes eficientes y capacitando a los operadores del mismo. El abordaje integral de tipo 
moderno de las problemática de la seguridad ciudadana desde el punto de vista 
institucional, comienza a desarrollarse en la década de los noventa. Pero no ocurre lo 
mismo con otros aspectos como la política criminal, legislación penal y procesal pe¬ 
nal, así como con la legislación penitenciaria. El desafío mencionado no ha sido abor¬ 
dado ni con la decisión necesaria, ni con la dirección referida. 

En los siguientes apartados se desarrolla una narración fundamentada de los prin¬ 
cipales aspectos de las políticas criminales del Uruguay en las últimas décadas. De 


2 Ley de Amnistía N 9 15.737 y Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, N 9 15.848, de 
1986. 


31 


esta forma, se pretende dar a conocer algunos aspectos del funcionamiento de nues¬ 
tro sistema penal, las políticas de seguridad ciudadana y las políticas penitenciarias. 
Entiendo que éstas últimas son especialmente relevantes: las primeras por permane¬ 
cer generalmente en un limbo ausente de racionalidad alimentado por impulsos ideo¬ 
lógicos que son denominados sensaciones y temores; las segundas además, por ha¬ 
ber permanecido ocultas y desconocidas. 

III. El lenguaje de la seguridad ciudadana 

En lo que refiere a las políticas de seguridad ciudadana, desde el punto de vista 
institucional relativamente reciente es preciso destacar la creación de la Dirección 
Nacional de Prevención del Delito por Decreto N 5 24S/993 de 2 de febrero de 1993, 
como organismo ejecutor de la Comisión Nacional de Prevención del Delito, instancia 
asesora del Poder Ejecutivo con una integración interinstitucional. A partir de este 
momento la ¡dea de seguridad ciudadana, entendida como un reclamo de la pobla¬ 
ción, aparece como una nueva formulación del concepto de defensa social defendido 
por José Irureta Goyena. Esta "nueva idea" determinará una serie de cambios en la 
legislación, dando lugar a una serie de modificaciones especialmente trascendentes 
en el funcionamiento del sistema penal. 

Desde el punto de vista normativo, corresponde mencionar la ley de Seguridad 
Ciudadana N 5 16.707 de 12 de julio de 1995, que introdujo modificaciones al Código 
Penal, Procesal Penal y del Niño (este último en referencia a la responsabilidad penal 
de los adolescentes), también modificó la normativa sobre cárceles, policía, alcoho¬ 
les e inhalantes, sustancias que producen dependencia, apoyo a las víctimas, empre¬ 
sas privadas de seguridad, delitos y faltas ambientales 3 . En líneas generales se trató 
de una norma dirigida a incrementar la cantidad de delitos y aumentar penas. 

En el mismo sentido, por ley N 5 17.243 de 29 de junio de 2000, se dio continuidad 
a esa línea de endurecimiento del sistema penal. El resultado de esta política ha sido 
el aumento de la población carcelaria. Más adelante retomaré el tema de los efectos 
de estas modificaciones en la realidad del sistema penitenciario. Al año siguiente de 
aprobada la última ley nombrada, se desarrolló la primera y única Convocatoria a la 
Comisión Nacional de Prevención del Delito, mientras que en el ámbito parlamenta¬ 
rio se creó una Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, y se reestructuró en el 
marco del Ministerio del Interior (MI) la Dirección Nacional de Prevención del Delito. 

En esta evolución, una pieza clave ha sido la cooperación internacional y el Pro¬ 
grama de Seguridad Ciudadana (en adelante PSC) ¡mplementado por el MI entre 1998 
y 2003. El programa fue impulsado y contó con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). El presupuesto global del PSC fue de 25 millones de dólares, de 


3 Para profundizar ver: DUARTE NOSEI, Eduardo; Ley de Seguridad Ciudadana; FCU, Montevideo, 
2001; 1^ edición. 


32 


los cuales 17.500.000 procedieron del BID. El Programa se desplegó en Montevideo y 
el Área Metropolitana, donde se concentraban el 55% de la población y el 80% de los 
delitos 4 . 

El PSC fue el resultado de un consenso político y estuvo dirigido a "disminuir las 
situaciones de violencia ¡nterpersonal [...] para contribuir a que la percepción de 
inseguridad sea menor", así como fortalecer las capacidades del sector público y 
privado promoviendo la participación de la sociedad civil organizada y de la comu¬ 
nidad 5 . La idea de la existencia de un incremento de la violencia criminal y el consi¬ 
guiente sentimiento de inseguridad por parte de la población fue el fundamento de 
la creación de este programa. Se observa -por tanto- la ¡dea de que la violencia en 
el marco del PSC está asociada con la criminalidad. Esto implica "un sesgo en el 
abordaje de los desarrollos de las violencias en la vida social y, por otra parte, impli¬ 
ca un recorte trascendente tanto de la categoría violencia como de la propia cate¬ 
goría Seguridad Ciudadana. Este enfoque deja afuera otras expresiones de violen¬ 
cia, porque otras formas de la inseguridad humana no registran similar tratamiento 
ni espacio analítico" 6 . 

Los principales componentes del PSC estuvieron dirigidos al fortalecimiento 
institucional, la consolidación de los sistemas de información, la concientización pú¬ 
blica y la reorientación de los servicios policiales. En términos operativos, se desarro¬ 
llaron acciones conjuntas policía-comunidad, se desplegaron importantes esfuerzos 
de readiestramiento y capacitación de recursos humanos, se fortalecieron los servi¬ 
cios de atención y rehabilitación, se desplegaron acciones en los centros educativos, 
se reforzaron los programas de promoción juvenil, se instalaron centros piloto de 
prevención y se instaló un centro de rehabilitación para jóvenes infractores, alterna¬ 
tivo al sistema carcelario 7 . 

La Dirección Nacional referida fue nuevamente reestructurada -esta vez- en con¬ 
cordancia con los postulados programáticos del PSC. De esta forma la Ley N° 17.296 

4 Ver: Guía poro lo Evaluación del Sector de Seguridad Ciudodono BID-REl/SOl, Estudio: Políticos 
Públicos de Seguridad Ciudodono en Argentino, Chile y Uruguay; Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, 2004; Progromo de Seguridad Ciudodono: Prevención de lo Violencia y el Delito (UR-0 118), Resu¬ 
men ejecutivo, s/f.; RODRÍGUEZ, Ernesto, Prevención social del delito y lo violencia juvenil: experiencias 
innovadoras en América Latino, en: Notas presentadas en la Jornada de Trabajo sobre "Experiencias 
Latinoamericanas de Trabajo con Jóvenes", organizada por el Instituto Interamericano de Derechos Hu¬ 
manos (IIDH) y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Ciudad de La Plata, 20 de 
Mayo de 2005). 

5 PSC, Progromo de Seguridad Ciudodono: Estado de ejecución del Progromo; Ministerio del Inte¬ 
rior; Montevideo, 2002, p. 9. La problemática de la violencia doméstica también fue tomada en cuenta 
por la ley de Seguridad Ciudadana la que en su artículo 18 tipificó e incorporó al Código Penal el delito de 
violencia doméstica. Unos años más tarde, con un fuerte acompañamiento de las organizaciones de la 
sociedad civil, por ley N g 17.514 de 2 de julio de 2002, se abordaron aspectos no penales de la violencia 
doméstica. 

6 SANSEVIERO, Rafael y LÓPEZ MACHÍN, Graciela; "Seguridad Ciudadana: la situación en Uruguay", 
en: ESCOBAR, Santiago et. Al; Seguridad Ciudodono: concepciones y políticos; FES, Nueva Sociedad; Ca¬ 
racas, 2005, pp. 187-188. 

7 RODRÍGUEZ, Ernesto; Op. Cit. 


33 


de 21 de febrero de 2001, en su artículo 140 estableció nuevos cometidos para la 
Dirección Nacional, la que quedó establecida en proponer, ejecutar, coordinar y eva¬ 
luar políticas de prevención, sean estas relativas a la violencia y/o el delito, o de pro¬ 
tección de grupos sociales especialmente vulnerables, desarrollando para ello accio¬ 
nes de tipo promocional formativo o asistencial que estimulen la interacción social, la 
movilidad del sector privado y de la sociedad civil, desalentando así la gestación y 
evolución de procesos de exclusión. El 4 de diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo 
aprobó la reestructura organizativa de la Dirección Nacional de Prevención Social del 
Delito (en adelante DNPSPD). 

Posteriormente la ley N 8 9 17.897 de 14 de septiembre de 2005 sustituyó al artícu¬ 
lo 140 de la Ley N 9 17.296 de 21 de febrero de 2001; expresó que la DNPSD debe 
concentrar sus objetivos en la atención y protección a las víctimas del delito y de la 
violencia y a sus familiares, desarrollando para ello acciones de tipo promocional, 
formativo y asistencial. 

IV. La retórica de los derechos humanos 

El Frente Amplio asumió el Gobierno Nacional a partir de marzo de 2005, contan¬ 
do con la mayoría absoluta en el Poder Legislativo (51,5% de los votos). Este gobierno 
se dispuso inicialmente a desarrollar e implementar una estrategia sostenida para 
promover una renovación garantista y basada en derechos, de las políticas, las doctri¬ 
nas, lo simbólico y las instituciones responsables por la seguridad ciudadana. En la 
visión del gobierno ésta constituye "...un sistema normativo, operativo, institucional 
y simbólico [que integra aspectos] tácticos y normativos que hacen posible la efecti¬ 
vidad de los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Esta¬ 
do determinado" 8 . Esta tarea es abordada en el marco de un repetidamente señalado 
déficit teórico de los sectores políticos de izquierda de la región, en temas de seguri¬ 
dad ciudadana 9 . 

Existió por un breve período, un consenso no demasiado explícito en relación a 
que las medidas adoptadas en la década del noventa dirigidas a endurecer el sistema 
penal, no fueron relevantes para disminuir el volumen ni la percepción sobre la crimi¬ 
nalidad. El resultado de aquella política criminal había sido el aumento de la pobla¬ 
ción carcelaria. Para revertir esta situación, propuso y aprobó una ley "de humanización 


8 FAROPPA FONTANA, Juan; (ex Subsecretario del Ministerio del Interior) en Jornadas sobre Seguri¬ 
dad Ciudadana y Derechos Humanos, de la Fundación Vivián Trías; Montevideo, 2004. Por más sobre 
esto ver: Programa del Frente Amplio "Construyamos el Uruguay de la gente. Líneas programáticas 2005- 
2010" en http://www.epfaprensa.org/ apud SANSEVIERO, Rafael; Op. Cit., 2007, p. 97. 

9 GUIMÁES, Luciana, Seguranza cidada, organizando e estratégias de agao política das ONGs de 
Directos Humanos, en: AAVV., Políticas públicas de derechos humanos en el MERCOSUR. Un compromi¬ 
so regional, Observatorio de Políticas públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Montevideo, 
2004, pp. 107 y ss; Escobar, Santiago, et al., La seguridad ciudadana como política de Estado, FES, Santia¬ 
go, 2005, p. 9. 


34 


del sistema carcelario" N 5 17.897 de 14 de setiembre de 2005, dirigida a disminuir la 
cantidad de personas privadas de su libertad en el país 10 . 

El nuevo gobierno comenzó su gestión tomando distancia de las ideas de preven¬ 
ción social del delito desarrolladas en el marco del PSC. El siguiente fragmento de un 
artículo de Juan Faroppa -quien luego se desempeñaría como Subsecretario del Mi¬ 
nisterio del Interior- es significativo en referencia a este punto: 

"En los últimos años, por ejemplo, hemos asistido a una suerte de criminalización 
de las políticas sociales, donde éstas solamente podían jugar un papel en la "preven¬ 
ción de la violencia y el delito" y, por lo tanto, su implementación también ingresaba 
entre los cometidos del Ministerio del Interior. Esta visión se sostiene en la idea de que 
las políticas sociales no son ejecutadas por el Estado para generar un mayor desarro¬ 
llo humano en las personas que habitan en su territorio, sino que se focalizan en "gru¬ 
pos de riesgo" con el único fin de que quienes los integran no ocupen su tiempo en 
atentar contra los bienes ajenos. Por lo tanto, una política de seguridad ciudadana 
progresista debe tomar ; entre sus primeras medidas, la de separar radicalmente las 
Intervenciones del Estado en materia de políticas sociales (que deben ser asumidas 
por las instituciones competentes para ello) de aquellas que le son asignadas al Minis¬ 
terio del Interior; y, a través de éste, a la Policía. Una política de seguridad ciudadana 
progresista debe contribuir a una acción preventiva por parte de la Policía, pero exclu¬ 
sivamente mediante la aplicación de técnicas preventivas policiales (vinculadas a las 
modalidades de despliegue territorial; la disuasión; la recopilación y análisis de infor¬ 
mación relevante; el patrullaje, etcétera). Sin duda que un gobierno que Invierta 
prioritariamente en el desarrollo de políticas sociales contribuirá a minimizar el even¬ 
tual impacto de algunos factores crlmlnógenos y por lo tanto aportará, en términos 
generales, a la prevención de conductas violentas o delictivas. Pero eso ya es harina 
de otro costal: en este punto, nada tiene que hacer el Ministerio del Interior" 11 . 

La prevención del delito y las políticas de seguridad, se confunden con las políti¬ 
cas sociales, con el consiguiente riesgo de criminalizar la política social 12 . Esta confu¬ 
sión es claramente verificable cuando en el marco de las políticas de prevención del 
delito frecuentemente se apela a la ¡dea de llevar a cabo políticas sociales 13 . En rela- 


10 Esta ley establece un régimen excepcional de libertad provisional y anticipada e introduce modifi¬ 
caciones al Código del Proceso Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana y crea además el régimen de 
redención de la pena por trabajo o estudio. Además de crear el Centro Nacional de Atención a Víctimas 
de la Violencia y el Delito, el Instituto Nacional de Rehabilitación y propiciar el fortalecimiento del Patro¬ 
nato Nacional de Encarcelados y Liberados. 

11 FAROPPA FONTANA, Juan, La seguridad ciudadana en un gobierno progresista, en: Brecha, sep¬ 
tiembre, 2004. 

12 Cf. BARATTA, Alessandro; Política criminal: entre la política de seguridad y la política social, en 
Carranza, Elias, (Coord.) Delito y seguridad de los habitantes, Siglo XXI Eds., México, 1997. 

13 Cf. PEGORARO, Juan S., Las políticas de seguridad y la participación comunitaria en el marco de la 
violencia social, en: BRICEÑO LEÓN, Roberto (Coord.); Violencia, sociedad y Justicia en América Latina; 
CLACSO; 2002, p. 39; FAROPPA FONTANA, Juan; Las funciones policiales y la protección de los derechos 
humanos de la niñez y la adolescencia, en Justicia y Derechos del Niño, N° 5, UNICEF, 2003, pp. 97 y 98. 


35 


ción con este fenómeno se ha sostenido que las políticas sociales deben ser propues¬ 
tas, ejecutadas, coordinadas y evaluadas por aquellas instituciones públicas con es- 
pecialización y mandato para ello 14 . 

Paralelamente, en el ámbito de las políticas sociales se aprobó la Ley N 9 17.866, a 
través de la cual se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El Instituto Nacio¬ 
nal de la Juventud (INJU) y el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer se incorpora¬ 
ron al MIDES. El Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) pasó 
a relacionarse con el Poder Ejecutivo a través de este Ministerio. Desde el Ministerio 
del Interior se ha enfatizado que "en materia de prevención social y de integración de 
una sociedad desintegrada y con violencia, el papel del nuevo Ministerio de Desarro¬ 
llo Social es y seguirá siendo fundamental como promotor y articulador de políticas 
sociales que apunten a superar poco a poco las causas sociales de la violencia y la 
criminalidad", agregando que "nuestra relación interinstitucional está presente y se¬ 
guirá estándolo en este trabajo junto al MIDES" 15 . La reorganización y el fortaleci¬ 
miento institucional en esos primeros años se desarrollaron en el marco del Proyecto 
de Fortalecimiento del Ministerio del Interior (PFMI), y tuvo como objetivo explícito 
incrementar la protección al libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar 
la seguridad ciudadana en Uruguay. Este Proyecto se desarrolló por el Ministerio del 
Interior, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 16 . 

La situación en el período de gobierno del Presidente Tabaré Vázquez parecía ser 
la de una tensión entre el modelo anterior (PSC) y la formulación de un modelo alter¬ 
nativo en el cual las políticas de seguridad ciudadana contribuyan a una acción pre¬ 
ventiva, exclusivamente mediante la aplicación de técnicas preventivas policiales. Todo 
sin perjuicio de reconocer la necesidad de actuar en el marco de una estrecha coordi¬ 
nación con las dependencias que desarrollan políticas sociales. 

V. ¿Política carcelaria? 

Las instituciones del sistema penal y especialmente las carcelarias han estado 
sujetas aun régimen diferencial en lo que refiere a su organización, diseño y fiscaliza¬ 
ción, en referencia a otras instituciones del aparato público. A modo de ejemplo, 
hasta la reciente creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, existió una Direc¬ 
ción Nacional de Cárceles que nunca tuvo carácter nacional, así como tampoco existe 
información presupuestaria unificada en referencia al funcionamiento del sistema 
penitenciario nacional. 

14 FAROPPA FONTANA, Juan; Op. Cit., 2003, pp. 98 y 99. 

15 Fuente: www.presidencia.gub.uy/_web/not¡c¡as/200(y05i/2006050305.htm 

16 En marco del acuerdo suscripto entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay en 
noviembre de 2005, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) otorgó fondos en sub¬ 
vención a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para complementar los gastos generados 
en el marco del proyecto. Ver: AECI, Plan de Actuación Especial 2006-2008. Cooperación Española. 
Uruguay, s/f. 


36 


En las últimas décadas, muchos aspectos de las políticas públicas del país se han 
modernizado, incluso dentro del Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Sin embar¬ 
go, no ha ocurrido lo mismo con el sistema penal y las instituciones penitenciarias. En 
lo que refiere a la evolución normativa del sistema penitenciario nacional ya hemos 
expresado su principal característica: la vigencia del Código Penal de 1933 y del De¬ 
creto-Ley 14.470 del 2 de diciembre de 1975. 

Es posible distinguir tres etapas en la evolución de nuestro sistema. La caracterís¬ 
tica de las dos primeras etapas es su cuño autoritario. En efecto, la primera etapa está 
dada por las disposiciones del Código Penal del 33 y Decreto-Ley de 7 de marzo de 
1934 referido al Patronato (modificado y ampliado por Decreto de 4 de agosto de 
1934). La segunda etapa es la que comienza con la aprobación del Decreto-Ley 14.470 
del 2 de diciembre de 1975. Y por último, la Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005 
(Ley de Humanización del sistema carcelario). 

Pero estas distintas etapas no fueron sucesivas. Estas normas aún continúan vi¬ 
gentes aunque con múltiples modificaciones. 

El Decreto-Ley 14.470 establece los principios rectores del régimen de reclusión, las 
normas de trato de los reclusos, regula la educación y trabajo del recluso, la disciplina, 
establece el criterio de progresividad del régimen de reclusión, regula la asistencia previa 
y posterior a la libertad, y algunos aspectos de las funciones del personal penitenciario. 

Pasaron muchos años para que se volviera a legislar sobre el sistema penitencia¬ 
rio. La situación de las cárceles y de los presos por momentos parecieron estar en las 
agendas de políticas y en la opinión pública, pero no fue hasta mediados de la década 
del los noventa cuando encontramos un nuevo aporte legislativo en el marco de las 
políticas de seguridad ciudadana antes referidas. En efecto, la ley 16.707 de 12 de 
julio de 1995 de Seguridad ciudadana, en su artículo 34 creó la Comisión Honoraria 
para el Mejoramiento del Sistema Carcelario. Entre otros cometidos se estableció 
que la misma tendría como primer cometido el promover la actualización de la legis¬ 
lación penitenciaria armonizándola con las normas internacionales aprobadas por el 
país en la materia. Posteriormente, la ley 16.928 de 3 de abril de 1998 en sus artícu¬ 
los 3 y 4 regularía el régimen de salidas transitorias. En el mismo sentido encontra¬ 
mos la más reciente Ley 18.690 de 24 de setiembre de 2010. 

Las restantes leyes aprobadas no han implicado modificar sustancialmente el siste¬ 
ma ni repensarlo. Es el caso de la creación del Comisionado Parlamentario por Ley 
17.684 de 29 de agosto de 2003; la Ley 17.897 de 14 de setiembre de 2005, denomina¬ 
da de Humanización del sistema carcelario y que regulara entre otros aspectos la liber¬ 
tad provisional y anticipada; la Ley 18.446 de 24 de diciembre de 2008 de creación de la 
Institución Nacional de Derechos Humanos la Ley 18.489 de 17 de mayo de 2009 que 
fija un régimen de Becas de trabajo a quienes gocen de salidas transitorias laborales. 17 


17 La Ley 18.315 de 5 de julio de 2008 de procedimientos policiales, también ha sido relevante al 
establecer una serie de principios de actuación policial, regular el uso de la fuerza física, las armas u 
otros medios de coacción, las detenciones y los procedimientos con personas detenidas o conducidas. 

37 


El segundo periodo de gobierno del Frente Amplio volvió a abordar el problema 
del sistema carcelario. En ese marco de elaboraron una serie de documentos de Con¬ 
senso Partidario y una Ley de Emergencia Carcelaria (Ley 18.667) que asignó una 
partida de 15 millones de dólares para el sistema penitenciario. Asimismo, la Ley 
18.719 de diciembre de 2010, creó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), pri¬ 
mer paso para la unificación del sistema a nivel nacional. La iniciativa pretende modi¬ 
ficar la situación de una Dirección Nacional de Cárceles que no tenía a su cargo todos 
los centros penitenciarios del país, puesto que la gran mayoría de los centros estaban 
a cargo de las Jefaturas Departamentales, entre otras particularidades. 

Por otra parte, el uso de Medidas Alternativas o Sustitutivas de la Prisión Preven¬ 
tiva ha sido regulado por la Ley 17.726, pero lamentablemente ha presentado impor¬ 
tantes dificultades en su implementación. Aún pese a la aprobación del decreto 180/ 
2010 que instituye mecanismos de supervisión de Libertad Asistida y crea la Oficina 
de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA). En un contexto de vigencia y consolida¬ 
ción de la normativa de endurecimiento del sistema, es evidente que el futuro de las 
medidas no privativas de libertad no es auspicioso. 

El sistema penal juvenil no ha estado ajeno a los cambios, además de existir mo¬ 
dificaciones normativas tendientes al endurecimiento de las respuestas penales, ha 
sido posible observar múltiples cambios simbólicos. A modo de ejemplo, el Instituto 
Nacional Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ) vigente al momento de la aproba¬ 
ción del CNA fue sucedido por el Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en 
Infracción (SEMEJI), para que luego conforme lo dispuesto en la Ley No. 18.771 
facultara al INAU a crear el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), 
como fase previa a la instalación de un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescen¬ 
te (IRPA) como servicio descentralizado de acuerdo con lo dispuesto en la Sección XI 
de la Constitución de la República. La sucesión de nombres de las instituciones, de 
autoridades, de enfoques teóricos, y de propuestas programáticas y técnicas ha sido 
el común denominador de un sistema que se desarrolla en permanente crisis, desde 
que se ha aprobado el CNA. 

En definitiva, las iniciativas han sido variadas e incompletas. El Instituto Nacional 
de Rehabilitación creado por ley de presupuesto no ha sido aún legislado con detalle; 
el proyecto de ley se encuentra esperando la aprobación parlamentaria, lo que no 
parece que pueda ocurrir rápidamente. En este contexto las interrogantes en torno a 
la política de Estado para la privación de libertad son muchas más que las certezas. 

VI. Privación de libertad y derechos humanos 

La mirada de los derechos humanos sobre la privación de libertad indefectible¬ 
mente se centra en la persona privada de libertad, en la vigencia de sus derechos y en 
el carácter custodial que debe tener la medida. En lo que refiere al primero de estos 
aspectos, corresponde expresar que es sabido que en los centros penitenciarios exis¬ 
te un altísimo riesgo de que se desarrollen prácticas de tortura, trato cruel, inhumano 


38 


o degradante, agresiones físicas e incluso la muerte. Y en lo que refiere al segundo de 
los aspectos, es evidente mencionar que el sistema carcelario debe asegurar la per¬ 
manencia de la persona privada de libertad en la institución, conforme a lo dispuesto 
por la Justicia; de otro modo se estaría amparando la impunidad de quienes han 
violentado los derechos de otros sujetos. Entre ambos aspectos suele predicarse la 
existencia de una tensión. Pero no se trata de otra cosa que de dos direccionamientos 
prioritarios que deben tener las políticas penitenciarias de conformidad con los 
estándares de derechos humanos. 

Pero la posición del Estado en relación a la población recluida no es idéntica a la 
que le corresponde respecto del resto de la población, incluidas las personas víctimas 
de delitos. La persona detenida o privada de libertad se encuentra en una relación de 
sujeción especial y en una situación de vulnerabilidad que obliga al Estado a brindarle 
protección en calidad de garante 18 . Este estándar internacional de derechos huma¬ 
nos no ha sido obviamente la idea fuerza de la legislación penitenciaria ni antigua ni 
reciente. Los derechos humanos han impuesto límites a las autoridades en la gestión 
de la privación de libertad. El Estado en su calidad de garante de los derechos de las 
personas privadas de libertad es por tanto responsable de todo lo que allí ocurra. El 
Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a las personas priva¬ 
das de libertad, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control 
o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. 19 

Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre la personas privada de 
libertad y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particu¬ 
lares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a las primeras, las condi¬ 
ciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aque¬ 
llos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse, o de aquellos cuya 
restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no 
es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la 
persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es po¬ 
sible aceptar. 

La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afecta¬ 
ción del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal. 
Pueden, por ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad y de intimidad 
familiar. Esta restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efec¬ 
to colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa, puesto que 
toda restricción a un derecho humano sólo es justificable ante el derecho internacio- 

18 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 9. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Sentencia del 8 de julio de 2004; Caso Instituto de 
Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia del 2 de septiembre de 2004; Caso Acosta Calderón vs. 
Ecuador, Sentencia del 24 de junio de 2005; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Vene¬ 
zuela, Sentencia del 5 de julio de 2006; Caso Miguel Castro vs. Perú, Sentencia del 25 de noviembre de 
2006; entre otros. 

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) 
vs.Venezuela, Sentencia del 5 de julio de 2006, párrafo 87. 


39 


nal cuando es necesaria en una sociedad democrática. La restricción de otros dere¬ 
chos, por el contrario -como la vida, la integridad personal, la libertad religiosa y el 
debido proceso- no sólo no tiene justificación fundada en la privación de libertad, 
sino que también está prohibida por el derecho internacional. Dichos derechos de¬ 
ben ser efectivamente respetados y garantizados como los de cualquier persona no 
sometida a privación de libertad. 20 

Vil. Consideraciones finales 

En definitiva, tal como se ha expresado, nuestro sistema penal es el producto de 
una persistente cultura autoritaria. Quizá por eso no ha cambiado y es tan difícil que 
lo haga. Esta importante característica se verifica cuando observamos que mientras 
que en el resto de América Latina, luego de la recuperación de las democracias se 
emprendían importantes reformas a los Códigos Penales y Procesales Penales, Uru¬ 
guay se mantuvo ajeno a este proceso de cambios. La vigencia del Código Penal apro¬ 
bado en la dictadura de Gabriel Terra en el 34, de la legislación relativa al Patronato 
de encarcelados y liberados también del 34, así como la vigencia del Decreto Ley 
penitenciario de 1975, o del Código Procesal Penal aprobado en 1980, son algunos 
ejemplos de lo expresado. Existe una notoria dificultad para sustituir democrática¬ 
mente nuestra normativa penal de cuño autoritario. 

Esto no quiere decir que no se hayan aprobado leyes referidas a la temática en 
democracia. Pero no han sido modificadas las normas estructurales del sistema. Cuan¬ 
do se logró aprobar un nuevo Código Procesal Penal en 1997 su vigencia fue suspen¬ 
dida y nunca logró ser implementado. Probablemente la norma reciente más impor¬ 
tante en lo que refiere a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad haya sido la llamada ley de Humanización del 2005 pero no fue una ley que 
haya modificado la estructura del sistema ni que se haya caracterizado por su buen 
nivel de implementación. La única real excepción a esta característica del sistema ha 
sido la tardía aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004 que 
derogó el Código del Niño del 34. Esta es la única norma estructurante del sistema 
penal, obviamente parcial en tanto sólo refiere a la temática juvenil, que fue discuti¬ 
da en el marco de una deliberación democrática y que ha sido aprobada con el obje¬ 
tivo de adecuar la legislación interna a los estándares de derechos humanos. Paradó¬ 
jicamente, no han demorado aprobarse regresiones, contrarias a los derechos huma¬ 
nos pero esta vez con plena justificación democrática. 

El sistema actual es, por tanto, el resultado de un conjunto heterogéneo de leyes 
y decretos, se trata de una normativa anticuada e inflexible, que ha sido parcialmente 
modificada sin que haya habido una auténtica reforma del sistema sino simples re¬ 
miendos tendientes a ir solucionando los problemas que se han suscitado en el correr 
del tiempo. La estabilidad de la normativa ha estado acompañada por la ausencia de 

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Para¬ 
guay, Sentencia del 2 de septiembre de 2004, párrafos 153 -155. 

40 


debate y la inexistencia de un plan nacional con metas a mediano y largo plazo refe¬ 
rido a las políticas de seguridad ciudadana. 

El sistema penal y las políticas de seguridad ciudadana han sido impactados por la 
acción populista de quienes apostaron a incrementar la cantidad de delitos y aumen¬ 
tar penas. El sentimiento de inseguridad se convirtió en un problema político, que 
aparece reiteradamente en los discursos electorales de los líderes, en la guerra con¬ 
tra el delito 21 . El resultado de este endurecimiento fue el colapso del sistema carcela¬ 
rio. Desde entonces hasta ahora la principal característica de las políticas de seguri¬ 
dad ciudadana y prevención del delito ha sido su inestabilidad. Los sucesivos gobier¬ 
nos han variado la impronta, el enfoque y la institucionalidad. Las formas y los conte¬ 
nidos -tal como se ha adelantado- han respondido a diversas orientaciones, o lo que 
es peor, orientaciones contradictorias. 

Es conveniente para facilitar dicha implementación, que en el corto plazo y en el 
marco de un debate nacional que admita una amplia participación de sectores acadé¬ 
micos y de la sociedad civil, se discutan los principales instrumentos normativos que 
han sido proyectados por las autoridades y se formule un plan nacional con cursos de 
acción precisos y metas a mediano y largo plazo. 

Es necesario contar con una institucionalidad que facilite el diálogo 
interinstitucional e intersectorial, buscando resultados efectivos en términos de res¬ 
peto de los derechos humanos, reintegración social y reducción de la reincidencia. En 
medio de un proceso de crecimiento ilimitado de la demanda por plazas en los esta¬ 
blecimientos de privación de libertad y la construcción de nuevas cárceles, las defi¬ 
ciencias del sistema no pueden abordarse únicamente por medio de reformas simbó¬ 
licas, cambios de nombres e inversión en infraestructura. El aumento del gasto públi¬ 
co asignado al sistema no se verá reflejado en resultados como la disminución de la 
reincidencia o de la sobrepoblación, si no es acompañado por un cambio de gestión, 
que implique prioritariamente el desarrollo de programas mensurables dedicados a 
la reinserción de las personas privadas de libertad. 

Pero no es tarde para cambiar de rumbo y algunas iniciativas del Gobierno han 
ido en ese sentido. El primer paso por tanto es el de concebir a la seguridad ciudada¬ 
na como una política pública, en tanto lineamiento o curso de acción orientado a 
obtener determinados objetivos 22 . La consecuencia de ello, es exigirle el cumplimien¬ 
to de una serie de requisitos mínimos. Una política pública debe estar planificada, 
debe ser sustentable con tiempos de ejecución de mediano y largo plazo, debe per¬ 
mitir la racionalización de los recursos disponibles, debe desarrollar acciones 
mensurables sobre la base de fuentes de información transparentes y confiables, debe 
asegurar la participación de los actores involucrados y especialmente del saber ex- 


21 CHRISTIE, Nils; Una sensata cantidad de delito; Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 58. 

22 La prevención, el control, la sanción y la represión de la violencia y la delincuencia constituyen 
una responsabilidad básica e ¡rrenunclable del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que le co¬ 
rresponden a la sociedad civil. 


41 


perto, debe contar con una institucionalidad profesional y una estructura profesional 
adecuada. Buena parte de estas características generales de las políticas públicas se 
encuentran deficientemente desarrolladas en la actualidad y es imprescindible abor¬ 
darlas como un reto en el Uruguay del futuro. La planificación, racionalidad, 
mensurabilidad, debate profundo empírica y metodológicamente sustentado, y la 
profesionalización, son aspectos que deben ser abordados como prioritarios. Lamen¬ 
tablemente, parte del debate actual y algunas de las iniciativas legislativas y regla¬ 
mentarias no parecen estar dirigidas a esta labor. 


42 


I Análisis del gasto público destinado 

al sistema penitenciario 


El gasto público en privación de libertad 
Reformas en curso y aspectos pendientes 


Oscar Mañán* 


Los antecedentes de la reestructura del sistema carcelario: 
gestión 2005 - 2009 

Unos de los grandes problemas que se reconocía ya en el anterior período de 
gobierno del Frente Amplio era, justamente, el que remite a las personas privadas de 
libertad y a las condiciones en las que esperan y/o cumplen sus condenas. Condicio¬ 
nes éstas que, como el propio Presidente Tabaré Vázquez proclamó, constituían una 
verdadera crisis humanitaria y por tanto no confluían a la efectiva rehabilitación y 
posterior reinserción social de las personas en conflicto con la ley penal. El diagnósti¬ 
co fue corroborado y descripto minuciosamente por el Relator Especial sobre Tortu¬ 
ra, el Prof. Manfred Nowak, en su visita a Uruguay, en 2008. 

También en el período 2005-2009 los delitos contra la persona y los procesados 
con prisión mostraron un gran dinamismo y la población carcelaria se vio incrementada 
de forma importante. 

En tales circunstancias la reestructuración del sistema carcelario fue uno de los 
temas del quinquenio. Se creó un Plan para la Reforma del Sistema Carcelario me¬ 
diante una Comisión Asesora Interinstitucional para tales efectos. Tal comisión se 
integraría con: la Junta Nacional de Drogas (que la presidiría); la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; el Ministerio de Educación y Cultura (MEC); el Ministe¬ 
rio de Salud Pública (MSP); el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio 
del Interior (MI). 

A su vez, según lo que fuera el Informe de la Transición 2005-2009 correspondien¬ 
te al Ministerio del Interior y fechado el 31 de diciembre de 2009, se presentaban las 

* Dr. en Estudios del Desarrollo, Prof. e Investigador Agregado, Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, UDELAR; Prof. efectivo del CERP-Centro, ANEP-CODICEN. Asesor de COFE. 


43 





obras en ejecución o planeadas que darían comienzo (Ver Anexos, Cuadro N°l). Allí se 
muestra la intención y los presupuestos correspondientes para dotar al sistema car¬ 
celario de un total de 1.640 plazas por un monto de U$D 518.719.953. Por supuesto, 
tales plazas muy necesarias para atacar el nivel de hacinamiento que registraba el 
país y, con ello, mejorar las condiciones de reclusión, fuente de vulneración integral 
de los derechos humanos básicos. 

Se planearon la ampliación y remodelación de instituciones como el COMCAR, el 
traslado de la Cárcel de Rivera, la adecuación de edificios en Punta de Rieles para 
ampliar su capacidad, instalaciones para visitas conyugales y la conexión a la red de 
saneamiento de los nuevos módulos. La construcción de establecimientos acordes 
para alojar a madres con hijos, la ampliación de las instalaciones correspondientes al 
Penal de Libertad, la construcción de un nuevo centro destinado a los reclusos de 
baja peligrosidad, junto a un proceso paralelo de clasificación y, por último la cons¬ 
trucción de la cárcel espejo en Maldonado. A su vez, se aspiraba a una unificación de 
las múltiples y diferentes formas de gestión de cárceles existentes; para ello era me¬ 
nester mejorar también la tecnología y los paquetes informáticos que son imprescin¬ 
dibles en la actualidad, como otros instrumentos acordes para la prevención y repre¬ 
sión del delito (un resumen puede verse en el Cuadro N° 1 adjunto). 

El Informe de Transición 2005-2009 mostraba diversos grados de avance en tales 
obras; la mayoría modestos, en el orden del 6 al 10% (COMCAR, edificio para madres 
con hijos, Libertad), otro con un 23% construido (Las Rosas) y la más avanzada llevaba el 
50% (la cárcel de Rivera). Asimismo se decía que el 85% de la tecnología se estaba 
adecuando para mejorar la gestión y finalizarían el proceso en los primeros 4 meses de 
2010. En otro orden, las obras respectivas a Punta de Rieles y los módulos de mínima 
seguridad comenzarían en los primeros meses de 2010 (entre enero y abril). Por su 
parte, todas se anunciaban como obras de alta prioridad, pero el mismo Informe alertaba 
sobre las dificultades de cumplir con las fechas preestablecidas de antemano. 

Los primeros análisis de la información arrojan algunas curiosidades sobre los 
costos respectivos de la inversión en infraestructura. Tanto en lo que refiere al costo 
por unidad de plazas respectivas en los nuevos módulos, como a las refacciones y 
reacondicionamiento de los locales penitenciarios ya existentes. A su vez, lo mismo 
ocurre respecto a los costos del metro cuadrado de construcción. En principio, sur¬ 
gen diferencias respectivas a las diversas modalidades de construcción y es posible 
acordar lo difícil que resultan comparaciones de diversas construcciones. Se estima 
que efectivamente existen dificultades y costos extras en la adecuación de edificios 
para las necesidades de alojamiento carcelario, si éstos no fueron pensados original¬ 
mente para esos fines. 

En lo que refiere a la información aportada por el Ministerio del Interior, el con¬ 
junto del rubro inversiones en el período de gobierno 2005-2009 en todas las Unida¬ 
des Penitenciarias de los diferentes departamentos del país es extremadamente exi¬ 
guo. El peso de tal rubro inversiones en el total de gastos de las Unidades Penitencia¬ 
rias en el período 2005-2009 oscila entre el 0 y el 2,17%, este último pico que lo 


44 


registra el departamento de Rio Negro. El promedio de inversiones se encuentra en¬ 
tre el 0 y el 1%, mientras que en los gastos de funcionamiento y de personal se visualiza 
un clivaje mayor. Existen dependencias penitenciarias que tienen un gasto de perso¬ 
nal de más del 90% de su presupuesto y otras que oscila entre el 40 y 60% en el 
período considerado. A su vez, el gasto en funcionamiento también muestra depen¬ 
dencias que éste se encuentra entre el 10 y 20% y otras donde el mismo supera el 40, 
50 o 70% de los gastos totales (Ver Anexos, Cuadro N° 3). 

Respecto a los grandes centros penitenciarios del país se observa una tendencia 
al aumento de la inversión en el período 2005-2009. Los esfuerzos se concentraron 
en el último año y particularmente en los establecimientos de Libertad, COMCAR y el 
ex centro Cabildo. En lo que refiere a los gastos respectivos a personal y funciona¬ 
miento, las diferencias son menores que en las cárceles del interior; no obstante 
también existen diferencias de un centro a otro. La tendencia del período refleja la 
mantención del gasto respectivo al personal y la leve baja del correspondiente al 
funcionamiento. 

Como corolario y para el período 2005-2009 se podría concluir que lo anterior 
habla sin duda de modelos de gestión muy dispares, a su vez de una concentración de 
la población carcelaria en el área metropolitana y, por tanto, de una jerarquización 
intrínseca de las unidades penitencias en el sistema carcelario nacional. De ahí que se 
justifica una racionalización de los recursos, a través de una unificación de los mode¬ 
los de gestión, un fuerte nivel de inversiones en infraestructura repensando el tipo de 
edificios y servicios necesarios para poner en el centro el respeto a los derechos fun¬ 
damentales de la persona humana. Además, si la reforma del sistema carcelario aspi¬ 
ra a ser integral, también deberá incorporar una fuerte inversión en programas socia¬ 
les que apuntalen, formando y acompañando el proceso de rehabilitación y posterior 
inserción en la sociedad 1 . 

La reestructura en la actual administración 

En agosto de 2010 se publica un Documento de Consenso, producto de una Comi¬ 
sión Interpartidaria de Seguridad Pública, la cual buscó avanzar hacia una política de 
Estado con compromiso amplio de los representantes nacionales en este tema tan 
sensible para los uruguayos y las uruguayas. Allí se fijaron objetivos en especial, defi¬ 
niendo la seguridad pública como un "derecho humano que comprende a todos los 
instrumentos con que cuenta el Estado para evitar que se vulneren los derechos de 
las personas". En el mismo sentido se apuntaba a una "concepción integral, con una 
eficaz política en prevención, represión y sanción, y seguir invirtiendo en políticas 
sociales para enfrentar factores determinantes de la marginalidad y la delincuencia" 2 . 

1 Por razones de espacio no nos explayamos en los diferentes programas planeados para estos efec¬ 
tos pero pueden verse en el respectivo anexo 3. 

2 Documento de Consenso de la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública, 2010; páginas 1 y 2. 
Disponible en: http://www.mlnterlor.gub.uy/index.php/es/documentos-importantes/499-documento-de- 
consenso 


45 


El Documento de Consenso también se proponía la conformación del Instituto 
Nacional de Rehabilitación con la expresa responsabilidad de gestionar las medidas 
respectivas a las personas privadas de libertad en todo el país, y debería integrarse 
con personal especializado para tales efectos y regido por un estatuto particular. Así 
se comienza a pensar en un sistema nacional, en principio con las vacantes respecti¬ 
vas de la Dirección Nacional de Cárceles pero que se fortalecería con nuevos ingresos 
y un nuevo escalafón 'S', propio para el personal penitenciario y regido por un código 
ad hoc que regule la función específica. Este Instituto de Rehabilitación tendría dos 
ramas, una de adultos y otra de adolecentes. 

En otro orden, también el consenso imponía el fortalecimiento del Instituto Na¬ 
cional de Criminología (INACRI), la descentralización geográfica de los centros de pri¬ 
vación de libertad, la creación de una cárcel de alta seguridad (para delincuentes 
peligrosos o con mucho poder) y fortalecimiento del sistema de seguridad peniten¬ 
ciaria. 

En 2010 se comenzaron a materializar algunos objetivos que luego vendrá a re¬ 
forzar el Presupuesto 2011-2014. En particular, en lo que hace a los objetivos acorda¬ 
dos de seguridad pública, se buscó avanzar en la mejora de la gestión, en la separa¬ 
ción de las funciones de custodia y seguridad, de aquellas de trato directo con la 
población penitenciaria. Para ello se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, una 
nueva institucionalidad que a través de un proceso de tránsito hacia el pleno ámbito 
civil, se organizara como un órgano desconcentrado del Ministerio del Interior 3 . 

Otro aspecto que se encara es la unificación del sistema carcelario para pasar las 
cárceles del interior de la órbita de las Jefaturas Departamentales, al Instituto Nacio¬ 
nal de Rehabilitación. A su vez, se creó la Guardia Republicana con jurisdicción nacio¬ 
nal con la misión de prevención y represión del delito, el orden público y la formación 
de los cuerpos especiales de las jefaturas departamentales. 

Uno de los aspectos más controversiales de la agenda, tanto en lo que hace al 
debate público como al político, lo constituyó el relativo a la minoridad infractora. 


Enero-Diciembre 



2009 

Hurtos 

94.508 

Copamientos 

141 

Rapiñas 

11.391 

Homicidios 

226 


2010 DIFERENCIA % VARIACIÓN 

95.269 761 0,8 

133 -8 -5,7 

13.829 2.438 21,4 

205 -21 -9,3 


3 Ver Informe de gestión y Memoria Anual del Ministerio del Interior 2010, página 8. Disponible en: 
http://www.minterior.gub.uy/index.php/es/documentos-importantes/678-informe-de-gestion-y-memo- 
ria-anual-del-ministerio-del-interior-2010 


46 


Enero-Noviembre 


2009 

54.318 

72.934 

6.574 

3.735 


2010 

52.125 

70.553 

6.368 

3.416 


DIFERENCIA % VARIACIÓN 


Denuncias aclaradas 
Detenidos 

Procesados con prisión 
Procesados sin prisión 


-2.193 -4,0 

-2.381 -3,3 

-206 -3,1 

-319 -8,5 


El Ministerio del Interior plantea que los delitos llevados a cabo por adolescentes 
aumentan. Los datos que sostienen tal información han sido cuestionados desde la 
academia, la sociedad civil organizada e incluso los organismos internacionales como 
UNICEF. Esta retórica curiosamente empuja una visión cercana a la planteada por la 
oposición, en tanto, si bien el oficialismo rechaza expresamente la iniciativa hacia la 
baja de la edad de imputabilidad penal, promueve reformas hacia el endurecimiento 
y la creación de nuevas penas para los adolescentes infractores. A su vez, a pesar de 
que expresamente se señala la necesidad de incorporar una agenda política, social, 
legislativa y judicial, en el mencionado informe de gestión también se apunta: "Es un 
dato de la realidad que los delitos que más atormentan a la ciudadanía cuentan con la 
participación de una minoridad infractora que es imperioso contener primero para 
rehabilitar después" 4 . 

El informe ministerial sostiene que hubo un interés de mejorar la comunicación 
con la población y en especial con los medios, la transparencia respecto a la informa¬ 
ción ya que muchas veces las formas en que se presentaron los datos, generaron 
cierta controversia. 

Se destaca también desde la óptica de las autoridades que en 2010 se trabajó en 
mejorar y planear ciertos aspectos que hacen a la rehabilitación de las personas pri¬ 
vadas de libertad, por ejemplo, oportunidades de educación, formación y/o trabajo. 
Se reconoce la participación de la Facultad de Ciencias Sociales en el relevamiento de 
la población carcelaria, información que está siendo analizada para lograr caracteri¬ 
zar a las personas privadas de libertad a los efectos de buscar opciones alternativas a 
la prisión. 

Asimismo se informó sobre el avance de las obras de nuevas plazas (300 en 
COMCAR y LIBERTAD respectivamente y también las correspondientes a Maldonado 
y Rivera) que, junto con las medidas alternativas podrían estar bajando radicalmente 
el hacinamiento existente en las cárceles. A su vez, según manifestaciones del Minis¬ 
tro del Interior, se estaría muy cerca de llegar a los estándares internacionales que 
determinan el número de plazas y las condiciones necesarias contra el hacinamiento, 
que reclamaban los informes críticos de los organismos internacionales. 

Con la creación de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida se da atención 
a personas en modalidad alternativa a la privación de libertad. Se trata de casos de 
arresto domiciliario, hospitalario o bien tareas comunitarias. Se buscó también la 

4 Ibídem; pág. 12. 


47 


descentralización del sistema carcelario promoviendo el traslado de personas a las 
cárceles del interior, así como a las chacras policiales, donde se combina un ambiente 
diferente con actividades productivas o de trabajo que se estima coadyuven a una 
rehabilitación más rápida e integral. 

El Ministerio informa que se ha priorizado el equipamiento y la tecnificación, 
tanto para el apoyo al cumplimiento más seguro de las funciones de los efectivos 
policiales, como para proteger los ambientes carcelarios de la entrada de productos 
¡lícitos o de herramientas que pudieran servir para la violencia. 

Los datos 

Una primera constatación, a partir del rastreo de información pública y luego de 
las múltiples y diferentes comunicaciones mantenidas por el equipo del proyecto con 
el Ministerio del Interior, tiene que ver con la dificultad para obtener información 
fidedigna en diferentes Unidades Ejecutoras y Jefaturas del interior, en lo que hace al 
gasto específico en la privación de libertad. Esto se debe a la falta de registro en tales 
reparticiones, o también a que ese registro se hace con cargo a otras actividades, sin 
discriminar las especificidades determinadas, cuestión que viene siendo una preocu¬ 
pación en las últimas dos administraciones. En este sentido, se vienen procurando 
diferentes formas para el mejoramiento de tales registros, el resumen y el manejo 
correspondiente de la información, con el fin de tomar mejores decisiones para la 
gestión. 

De la información remitida por el Ministerio del Interior (MI) es posible trabajar 
con tres grandes conceptos del gasto, los que resultan coherentes con los registrados 
por la Contaduría General de la Nación (CGN) y que se encuentran online en el pro¬ 
grama que integra los distintos componentes de la política fiscal de recursos, gastos y 
financiamiento (SIIF). 

Son estos el gasto de personal asignado a las tareas respectivas de los centros 
carcelarios, los gastos ejecutados para el funcionamiento de los mismos y las inver¬ 
siones realizadas. 

En el año 2011 se buscó integrar todos los objetos del gasto en el Programa 461 
"Gestión de la privación de libertad". Este registro implicará en el futuro, contar con 
información de todas aquellas Unidades Ejecutoras (UE) que participan en la gestión 
de la privación de libertad y distinguir los objetos del gasto y sus fuentes de 
financiamiento que aportan para esta tarea de rehabilitación. A pesar de que se 
instrumentó en el pasado año, algunas UE que contaron con financiamiento para 
dicho rubro no lo utilizaron; tal es el caso de la UE 001 Dirección General de Secreta¬ 
ría de Estado del Inciso 03 Ministerio de Defensa Nacional. A su vez, la UE 068 Admi¬ 
nistración de Servicios de Salud del Estado del Inciso 29 (ASSE) no registró informa¬ 
ción en el Programa 461, a pesar que se encarga de la atención de salud de las perso¬ 
nas privadas de libertad. 


48 


Se espera que en la medida que se generalicen y sistematicen los registros corres¬ 
pondientes de información, se pueda mejorar la transparencia de la gestión de políti¬ 
cas públicas, como también la evaluación de las mismas respecto a aquellos aspectos 
fuertemente cuestionados desde hace tiempo. La falta de registro en varias UE difi¬ 
culta las conclusiones de cualquier informe que busque tener un panorama fidedigno 
de los gastos respectivos y se corren riesgos altos de subestimar aspectos centrales. 
Sin embargo, con la información disponible se opta por presentar algunos indicadores 
que ayuden a describir la realidad de la gestión de la privación de libertad. 


El gasto y su distribución 

Se parte de la constatación del nulo nivel de inversión, en particular en los años 
2002-2003, en los centros carcelarios, cosa quizás entendióle dada la realidad de la 
crisis que sumió al país en este período. No obstante, es más difícil de entender cómo 
a nivel de las Jefaturas Departamentales de Policía esto no cambia incluso hasta el 
presente. Si bien es altamente probable que las inversiones no estén discriminadas 
específicamente atendiendo al presupuesto de cárceles, igual es posible suponer que 
—más allá del sub-registro— la inversión mantuvo niveles extremadamente bajos y 
seguramente muy insuficientes (Ver cuadro infra). 


CUADRO N° 2 gasto ejecutado en unidades penitenciarias de la dncpcr 


UE 026 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CÁRCELES, PENITENCIARÍAS Y CENTROS DE RECUPERACIÓN 


AÑO 

UNIDAD PENITENCIARIA 

PERSONAL 

FUNCIONA 

MIENTO 

INVERSION 

TOTAL 

GP / GF/ Inv/ 
GT GT GT 

02 

CENTROS DE RECUPERACIÓN 
CARCELARIA (C1 YC2) 

680.042 

1.070.420 

290 

1.750.752 

39% 61% 0% 

COMPLEJO CARCELARIO 
"SANTIAGO VÁZQUEZ" 

328.423 

17.777.295 

581 

18.106.299 

2% 98% 0% 


1.008.465 

18.847.715 

871 

19.857.051 

5% 95% 0% 

03 

CENTROS DE RECUPERACIÓN 
CARCELARIA (C1 Y C2) 

667.781 

1.997.487 

116.435 

2.781.703 

24% 72% 4% 

COMPLEJO CARCELARIO 
"SANTIAGO VÁZQUEZ" 

858.239 

44.022.347 

81.808 

44.962.394 

2% 98% 0% 


1.526.020 

46.019.834 

198.243 

47.744.097 

3% 96% 0% 

04 

CENTROS DE RECUPERACIÓN 
CARCELARIA (C1 Y C2) 

755.206 

1.840.650 

1.149.548 

3.745.404 

20% 49% 31% 

COMPLEJO CARCELARIO 
"SANTIAGO VÁZQUEZ" 

2.307.672 

48.709.446 

31.376.853 

82.393.971 

3% 59% 38% 


3.062.878 

50.550.096 

32.526.401 

86.139.375 

4% 59% 38% 


Nota: El Gasto Ejecutado de la ex DNCPCR es mayor, la información que se presenta refiere solo a las unidades 
penitenciarias reseñadas. La denominación que aparece en la tabla es la que se utiliza en el SDG-SIIF. GP= gasto 
personal; GT= gasto total; GF= gasto funcionamiento; lnv= Inversión. 

Fuente : Elaboración propia en base a la División de Estadística y Análisis Estratégico, Ministerio del Interior. 


No obstante, en el caso de los grandes centros de detención que, dado el hacina¬ 
miento y las constantes denuncias de los organismos nacionales de defensa de los 


49 
























derechos humanos y las mismas observaciones internacionales, el nivel de la inver¬ 
sión comenzó a tener otra dinámica en los últimos años. 

En 2004, los centros carcelarios de los que se tiene información discriminada, por 
ejemplo los Centros de Recuperación N°1 y N°2, elevan ya fuertemente el papel de la 
inversión respecto al gasto total, pasando del 4% al 31% del total del gasto. En el caso 
del Complejo Carcelario "Santiago Vázquez" (COMCAR) la inversión se ubicó ya en 
2004 en un 38% de su presupuesto de funcionamiento. Por lo tanto, los demás gastos 
de funcionamiento y personal (servicios personales) se relativizan respecto al total, si 
bien en pesos corrientes tuvieron una variación importante. Recuérdese que la crisis 
de 2002 tuvo un proceso devaluatorio de la moneda nacional respecto al dólar, que 
implicó variaciones nominales muy bruscas del tipo de cambio (en el entorno del 
100%). Y, a su vez, el proceso inflacionario del período 2002-2004 también fue impor¬ 
tante, ubicándose en 25,9%, 10,4% y 7,59% respectivamente. 

Con respecto a los centros carcelarios correspondientes a las Jefaturas del inte¬ 
rior hay realidades muy diversas, pero como se señaló, el bajo nivel de inversiones es 
lo que ¡guala a todas. Las diferencias son atendibles tanto en lo que destinan a los 
servicios personales (costos de personal) como al funcionamiento. En algunos casos 
los gastos en personal se vieron reforzados en los últimos años, así como otras de¬ 
pendencias destinaron mayores recursos a los gastos de funcionamiento (que atien¬ 
de a bienes de consumo, servicios no personales que incluyen viáticos, servicios de 
electricidad, gas, agua, etc.). 

En el período 2005-2009 la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Cen¬ 
tros de Recuperación destinó importantes recursos para la inversión, pasando del 
17% del gasto total a ubicarse en el 28% a final del período. Los que concentraron la 
inversión son los establecimientos "Libertad", "Santiago Vázquez" (COMCAR) y el es¬ 
tablecimiento de reclusión femenino (ex Cabildo). En especial, se reforzó la inversión 
desde 2008. También se reforzó el gasto en personal, si bien su ratio respecto al gasto 
total retrocede algún punto en términos porcentuales, explicado fundamentalmente 
porque la inversión creció de forma más rápida. 

Las cárceles departamentales por su parte, también presentan diferencias impor¬ 
tantes; en Cárcel Central (departamento de Montevideo) la mayoría de su presupues¬ 
to se asigna a personal, mientras que otras del interior como la de Rio Negro o Treinta 
y Tres el peso es mucho menor. No obstante, la tendencia del período es a reforzar los 
gastos de personal en las diferentes cárceles departamentales. 

Como fuera dicho en la introducción, en el período 2005-2009 los delitos contra 
la persona y los procesados con prisión mostraron un gran dinamismo. 


50 


Cuadro 2. Delitos contra la persona y la propiedad: denuncias y procesados por años. 



2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Variación 
2005-2009 (%) 

Delitos contra la Persona 

17.092 

15.392 

16.650 

18.439 

18.846 

10,3 

Delitos contra la Propiedad 

110.892 

105.434 

102.710 

110.339 

98.920 

-10,8 

Denuncias Aclaradas 

30.573 

30.431 

32.810 

36.049 

36.997 

21,0 

Procesados con prisión 

3.905 

4.532 

4.451 

4.999 

5.337 

36,7 

Procesados sin prisión 

2.626 

2.607 

2.923 

3.086 

2.951 

12,4 


Fuente: MI. Elaborado por AGEV-OPP. 
Nota: todos los años son de 9 meses 


A su vez, la población carcelaria se vio incrementada de forma importante. 
Cuadro 3. Evolución de población carcelaria 2005-2009 (promedios anuales). 


AÑO 

POBLACIÓN CARCELARIA 

2005 

7004 

2006 

6789 

2007 

7213 

2008 

7739 

2009* 

8318 


Fuente: MI. Elaborado por AGEV-OPP. 
Nota: ^promedio ene-oct 


De aquí se imponen algunas estimaciones que permitan ver la evolución, ya sea 
en números índices respecto al principio del período, como la evolución real luego de 
descontada la inflación. A su vez, es posible ver el gasto total per cápita del sistema 
carcelario. 


CUADRO N°3 

Año 

Evolución base 

Pob. Carc* GT/pc** $ 100/2005 Inflación (IPC) s/inflación 

2005 

7004 

36.731 

100 


100 

2006 

6789 

38.694 

105 

6,5 

98 

2007 

7213 

49.406 

135 

8,1 

124 

2008 

7739 

54.202 

148 

7,9 

136 

2009 

8318 

73.119 

199 

7,1 

185 


*) La población carcelaria se tomó como promedios anuales tal como aparece en el cuadro N°3. **) El gasto total se tomó a fin del ejercicio 
como lo ofrece el programa SIIF de la CGN. 

Fuente: Elaboración propia en base a la División Estadísticas y Análisis Estratégico, Ministerio del Interior. 


Como muestra el cuadro, el gasto per cápita casi se duplica en el período, y en 
términos reales creció un 85% entre el inicio y el final del quinquenio. 


51 























CUADRO N°4 


Programa 

009 


Administración del Sistema Penitenciario Nacional 
GASTO TOTAL/FUNCIONAMIENTO = % 







Año 

Servicios 

Personales/Func. 

Bienes de 
Consumo/Func. 

Servicios 

Personales/GT 

Funcionamiento 

/gt 

2005 

59% 

16% 

51% 

86% 

2006 

55% 

20% 

48% 

87% 

2007 

57% 

16% 

48% 

84% 

2008 

57% 

16% 

48% 

84% 

2009 

64% 

15% 

49% 

77% 

Fuente: CGN-SIIF. 


Al abrir el gasto se observa que el funcionamiento baja levemente sobre el gasto 
total, los servicios personales se ubican en la mitad del gasto total, mientras que los 
bienes de consumo oscilan en torno al 15-16% de los gastos totales. 


Gestión de la privación de la libertad: nuevo registro 

En 2011, se unifican todos los registros de gastos correspondientes a la gestión de 
libertad en el Programa 461 "Gestión de la privación de libertad". Con este nuevo 
registro, el ítem 461 nombrado, aporta información concentrada en todos aquellos 
Incisos y Unidades Ejecutoras respectivas donde existen gastos afectados a la Gestión 
de la Privación de Libertad. Esto permite avanzar en lo que refiere a construir algunos 
indicadores de gasto público per cápita e incluso diarios, a partir de la información 
pública que reside en la página de la Contaduría General de la Nación. 

El cuadro infra detalla el gasto obligado en todas aquellas Unidades Ejecutoras en 
que se asigna el Programa 461 para la gestión de la privación de libertad. Dentro del 
Inciso 03 Ministerio de Defensa Nacional (MDN) encontramos tres UE que registran 
el Programa 461: son éstas la 001 Dirección General de Secretaría de Estado, 004 
Comando General del Ejército, 018 Comando General de la Armada y 019 Comando 
General de la fuerza Aérea. Estas UE del MDN tienen obligaciones de resguardo en los 
perímetros de los centros carcelarios y en las posibles fugas de reclusos. El Inciso 04, 
Ministerio del Interior, cuenta con el Programa en la UE 001 Secretaría del Ministerio 
del Interior, 18 Jefaturas Departamentales (con la excepción de la Jefatura Departa¬ 
mental de San José) y la UE 026 Instituto Nacional de Rehabilitación. El Inciso 27 
Instituto del Niño y Adolescente (INAU) cuenta con dicho programa para atender a 
los adolescentes con conflictos con la ley que son privados de libertad; y el Inciso 29, 
Administración de Servicios de Salud del Estado, que se encarga de la salud de las 
personas privadas de libertad. 


52 
















CUADRO N° 5 


Inciso 

Unidad Ejecutora 

Programa 

Gestión 

de la 
privación 
de libertad 

Ejecución 
Presupuestal 
obligado 2011 

03 MDN 

001 Dirección General de Secretaría de Estado 


0* 


004 Comando General del Ejército 


68,020,611 


018 Comando General de la Armada 


5,478,645 


023 Comando General de la Fuerza Aérea 


2,659,626 


04 MI 

001 Secretaría del Ministerio del Interior 


288,822,699 


004 Jefatura de Policía de Montevideo 


21,956,540 


005 Jefatura de Policía de Artigas 


15,770,695 


006 Jefatura de Policía de Canelones 


70,309,766 


007 Jefatura de Policía de Cerro Largo 

/ 

9,349,934 


008 Jefatura de Policía de Colonia 

/ 

19,888,804 


009 Jefatura de Policía de Durazno 

/ 

13,740,601 


010 Jefatura de Policía de Flores 

/ 

5,888,233 


011 Jefatura de Policía de Florida 

/ 

12,151,749 


012 Jefatura de Policía de Lavalleja 

/ 

21,189,274 


013 Jefatura de Policía de Maldonado 

/ 

42,032,086 


014 Jefatura de Policía de Paysandú 

/ 

19,091,247 


015 Jefatura de Policía de Rio Negro 

/ 

9,760,287 


016 Jefatura de Policía de Rivera 


20,152,091 


017 Jefatura de Policía de Rocha 


14,189,391 


018 Jefatura de Policía de Salto 


18,399,594 


020 Jefatura de Policía de Soriano 

/ 

10,522,187 


021 Jefatura de Policía de Tacuarembó 

/ 

22,311,049 


022 Jefatura de Policía de Treinta y Tres 

Y 

4,626,291 


026 Instituto Nacional de Rehabilitación 


980,623,735 


27 INAU 

001 Instituto del niño y adolescente INAU 


327,768,577 


29 A. S. S. E. 

068 Administración de Servicios de Salud del 

Estado 

✓ 

No aparece en 
2011 

Total del Presupuesto Ejecutado (obligado), Programa 461 año 2011 


2.024,703,712 


Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas/ Contaduría General de la Nación / Programas de las Unidades 
Ejecutoras - 30/11/2011. La UE 001 del MDN tuvo asignado $ 4,154,000 de los cuales no hizo uso. 


53 





















































INCISO 03 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 461 (GPL) 

La Unidad Ejecutora (UE) 001 (Dirección General de Secretaría del Estado) tiene 
un crédito vigente de $ 4,154, 000 que no fue ejecutado en el año 2011. 

En lo que respecta a la UE 003 (Comando General del Ejército) su presupuesto se 
asignó a funcionamiento, siendo el rubro 0 (Servicios Personales que contabiliza las 
compensaciones del personal, sueldo anual complementarlo, los aportes patronales 
a la seguridad social y los otros aportes patronales sobre retribuciones al FNV) el que 
significó el 81,59% de lo desembolsado, mientras que el resto se dedicó a bienes de 
consumo. Dentro de los bienes de consumo destacan los alimentos para las personas 
que explican un 88,4% mientras que el combustible es el gasto remanente. 

La UE 018 (Comando General de la Armada) utilizó el Programa 461 (Gestión de 
la Privación de Libertad) básicamente para pagar los servicios personales (94,5%) 
mientras que el restante 5,5% del presupuesto se destinó a transferencias (explicado 
en su totalidad por el objeto de gasto 578: Canasta de Fin de Año). 

La UE 023 (Comando General de la Fuerza Aérea) utilizó sólo el 22,89% del presu¬ 
puesto asignado al Programa de Gestión de la Privación de Libertad, mismo que bási¬ 
camente se utilizó en Servicios Personales (85%) mientras que el resto estuvo divido 
en bienes de consumo (alimentos que cubrieron el 5%) y transferencias (canasta de 
fin de año, el restante 10% de lo ejecutado). 

INCISO 04 MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMA 461 (GPL) 

La UE 001 (Secretaría del Ministerio del Interior) empleó para su funcionamiento 
solo el 0,7%, explicado en su totalidad por el rubro bienes de consumo y dentro del 
mismo por el subrubro alimentos de las personas. El restante 99,3% se utilizó en el 
rubro 893 (Complejo Carcelario y Equipamiento) y dentro del mismo el grueso del 
gasto estuvo destinado a los bienes de uso, explicado fundamentalmente por las edi¬ 
ficaciones construidas con fondo presupuestarlo y sus respectivas Instalaciones eléc¬ 
tricas, sanitarias y equipamiento de oficinas. Los gastos en bienes de consumo repre¬ 
sentan 1,7% del presupuesto del complejo carcelario y dentro de ellos los más repre¬ 
sentativos son materiales de construcción, útiles de cocina, comedor, baño, artículos 
textiles, de caucho y de hierro y acero. Los servicios no personales explican el 5,5% 
del gasto del Complejo Carcelario y Equipamiento, siendo los servicios de Inmuebles 
e Instalaciones, de otras máquinas y equipos, de máquinas de oficinas y fletes los 
subrubros más representativos. 

El Programa 461 asignado a la UE 004 (Jefatura de Policía de Montevideo) se 
ejecutó en su totalidad en el rubro funcionamiento, mientras que dentro del mismo 
encontramos a los servicios personales con un peso del 84% respecto al total. El res¬ 
tante 16% se reparte en los rubros bienes de consumo (13%) donde destacan los 
alimentos de las personas (aquí puede verse que dos tercios del gasto en alimentos 
es proporcionado por rubros de afectación especial (fuente de financlamlento 12 para 
la CGN) y los servicios no personales (3%) explicados por los gastos de agua, teléfono 


54 


y similares, más los servicios correspondiente a las máquinas y equipos industriales; 
y las de oficina y computación. 

La UE 005 (Jefatura de Policía de Artigas) gasta el 81,78% del Programa 461 en 
Servicios Personales (sueldos y compensaciones). El 11% se distribuye en bienes de 
consumo (fundamentalmente alimentos de las personas 91,9% del mismo y con un 
porcentaje importante financiado con fondos especiales) y servicios no personales 
explicado por los gastos de teléfono, agua, electricidad, viáticos dentro del país y 
comisiones bancarias. 

La UE 006 correspondiente a la Jefatura de Policía de Canelones, concentra sus 
gastos en los servicios personales (66,67%), mientras que completa los mismos con 
cargo a los bienes de consumo (19,3%) y servicios no personales (el restante 14%). 
Los bienes de consumo por excelencia son los alimentos de las personas, seguido 
muy lejos por los gastos de gas, prendas de vestir, materiales de oficina y otros mate¬ 
riales de mantenimiento edilicio. Los servicios no personales que concentran los gas¬ 
tos son los respectivos a agua, electricidad, teléfono, mientras que otros que en me¬ 
nor medida igual resaltan son las retribuciones al trabajo de los reclusos. 

La UE 007, Jefatura de Policía de Cerro Largo, explica el 69,68% por el pago de los 
servicios personales, mientras que el restante 30% se divide (de forma bastante equi¬ 
tativa) en los gastos de bienes de consumo y servicios no personales. La preponde¬ 
rancia es también importante de los alimentos de las personas en el gasto total de 
bienes de consumo, completando algunos gastos de materiales de oficina. En lo refe¬ 
rente a los gastos no personales, igualmente resaltan: agua, electricidad, teléfono, 
viáticos dentro del país, algunos servicios a máquinas y equipos industriales como a 
comisiones bancarias. 

La Jefatura de Policía de Colonia (UE 008) utiliza el 75,47% del presupuesto en 
pago a los servicios personales, mientras el restante 25% se distribuyen en dos ter¬ 
cios para bienes y consumo (alimentos de las personas de forma dominante) y el 
tercio restante en servicios no personales (donde otra vez los gastos de agua, electri¬ 
cidad y teléfono, junto con viáticos y pasajes dentro del país explican en buena medi¬ 
da tales erogaciones). 

La Jefatura de Policía de Durazno (UE 009) empleó un 84,57% de su presupues¬ 
to para gestión de privación de libertad en servicios personales, un 9,47% en bienes 
de consumo que fueron utilizados en su totalidad para alimento de las personas y el 
restante 6% en servicios no personales (exclusivamente: agua, electricidad y telé¬ 
fono). 

La UE 010, Jefatura de Policía de Flores, dividió sus gastos en un 91,9% en servi¬ 
cios personales, mientras el restante 8% se dividió de forma equitativa entre bienes 
de consumo (alimentos de las personas, supergas, elementos de limpieza y útiles de 
cocina) y servicios no personales dedicados exclusivamente al pago de la electricidad. 

La Jefatura de Policía de Florida, UE 011, utilizó un 77,4% en pago a servicios 
personales, 12,76% en bienes de consumo (básicamente alimentos de las personas y 


55 


gastos de mantenimiento edilicio) y el restante 10% en servicios no personales (resal¬ 
tando agua, electricidad, viáticos y el mantenimiento de máquinas y equipos). 

La UE 012, Jefatura de Policía de Lavalleja, utilizó el ítem de Gestión de la priva¬ 
ción de libertad en un 91,1% en servicios personales, 6,8% en bienes de consumo 
(exclusivamente alimentos de las personas) y el restante 3% en servicios no persona¬ 
les (únicamente se pagaron gastos de electricidad). 

La UE 013, Jefatura de Policía de Paysandú, empleó un 75,7% de su presupuesto 
para la gestión de la privación de libertad en servicios personales, un 11,3% en bienes 
de consumo (alimentos de las personas, estanterías metálicas, artículos de caucho, 
productos de vidrio, repuestos y accesorios) y el 13% restante en servicios no perso¬ 
nales (agua, electricidad, teléfono, pasajes y viáticos dentro del país, comisiones ban¬ 
cadas y repuestos de automóviles). 

La Jefatura de Policía de Rio Negro (UE 014), utiliza el 81% de lo estipulado para la 
gestión de la privación de la libertad en servicios personales, 12% en bienes de consu¬ 
mo (alimento de las personas y alimento de animales, productos agropecuarios, re¬ 
puestos y accesorios, artículos de caucho, prendas de vestir, etc.) y 7% en servicios no 
personales (el mayor gasto es la electricidad, seguida por comisiones bancadas, im¬ 
presiones y encuadernaciones y luego una serie de rubros como pasajes, viáticos e 
encomiendas dentro del país, repuestos de automóviles, mantenimiento de máqui¬ 
nas y equipos, equipos de oficina, instalaciones de inmuebles). Con la descripción 
más detallada, cuando lo amerita, queremos significar la diversidad de registro en el 
tipo de gasto en que incurren las diferentes Jefaturas. Esto, lleva a pensar que más 
allá de la diversidad de funcionamientos y estilos de gestión, existen también diver¬ 
sas formas de atender a los registros exigidos. 

La Jefatura de Policía de Rivera (UE 015), gastó en 201173% de lo asignado a este 
programa en servicios personales, 19,3% en bienes de consumo (donde resaltan los 
alimentos de las personas pero hay una larga lista de otros gastos, productos veteri¬ 
narios, artículos agropecuarios, productos químicos, alimentos de animales, repues¬ 
tos y mantenimiento de máquinas y equipos) y el restante en servicios no personales 
(electricidad, agua, pasajes, viáticos y correspondencia, equipos de audio y servicios 
de máquinas y equipos). 

La Jefatura de Policía de Rocha (UE 016) empleó en el ejercicio el 69% del presu¬ 
puesto para la gestión de la privación de la libertad a los servicios personales, 17,6% 
en bienes de consumo (alimentos para las personas básicamente) y algo más del 12% 
en servicios no personales (destacando los gastos de electricidad, agua, comisiones 
bancarias, multas y mantenimiento de automóviles y otras maquinarias). 

La UE 017 correspondiente a la Jefatura de Policía de Salto dividió su ejecución 
presupuestal en la privación de libertad con un 83,6% para los servicios personales, 
mientras que el restante 16 % estuvo dividido en un poco más del 10% para bienes de 
consumo y un 5% para los servicios no personales. Los bienes de consumo que desta¬ 
can son, como siempre, los alimentos de las personas, no obstante también útiles de 


56 


oficina, supergas, productos metálicos, alimentos de animales y repuestos y acceso¬ 
rios son entre otros los gastos registrados. En el rubro de servicios no personales 
destacan electricidad y agua, también pasajes, viáticos y comisiones bancarias, servi¬ 
cios de inmuebles e instalaciones, de automóviles, etc. 

La UE 020, Jefatura de Policía de Sonano, destinó 56,5% del presupuesto del pro¬ 
grama 461 a Servicios Personales, el 24,2% en bienes de consumo y el restante 20% 
(aproximadamente) lo utilizó en los servicios no personales. Los bienes de consumo 
que registran las erogaciones son los alimentos de las personas y el gasto de supergas. 
Los servicios no personales que arrojan registro son electricidad, agua y teléfono. 

La Jefatura de Policía de Tacuarembó (UE 021) ocupa 87,8% del Programa aquí 
detallado en Servicios Personales, mientras que el 7,8% se gasta en bienes de consu¬ 
mo y poco más del 4% en Servicios no Personales. Entre los bienes de consumo des¬ 
tacan los alimentos de las personas, repuestos y accesorios, materiales de oficina, 
artículos eléctricos y de informática, estructuras metálicas, productos pecuarios, etc. 

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres (UE 022) utilizó un 64,6% del presupuesto 
para la gestión de la privación de libertad en Servicios Personales, 28,5% en bienes de 
consumo y el restante 7% tuvo el destino de los Servicios no Personales. Los bienes 
de consumo fueron estrictamente los alimentos para las personas, financiados en 
una relación de 2 a 1 entro los fondos de rentas generales y fondos especiales. Los 
Servicios no Personales se remitieron a gastos de electricidad, pasajes y viáticos. 

Por último, en este Inciso (04) tenemos el recientemente fundado Instituto Nacio¬ 
nal de Rehabilitación (UE 026) en cuyo presupuesto el funcionamiento ocupa el 98,9% 
del fondo, mientras que el 1% restante se gastó en equipamiento y mobiliario de oficina 
(máquinas de escribir y calcular, equipos eléctricos de uso doméstico, equipos de im¬ 
prenta y fotocopias, equipos de telefonía y similares, equipos deportivos y de recrea¬ 
ción) y en maquinaria y equipos especiales (herramientas menores, equipos y acceso¬ 
rios eléctricos). En particular, si abrimos el presupuesto de funcionamiento, encontra¬ 
mos que los gastos de los servicios personales explican 70,1% y el restante 30% se 
dividirá en bienes de consumo (12,7%), servicios no personales (16%) y transferencias 
(0,7%). Los bienes de consumo centrales para el funcionamiento son los alimentos para 
personas, hilados, telas y prendas de vestir, materiales de oficina, papel, impresos, re¬ 
puestos y accesorios, artículos de limpieza y de cocina, productos y estructuras metáli¬ 
cas, material eléctrico, herramientas menores, como también productos agropecuarios, 
etc. En los servicios no personales tenemos los gastos de agua, electricidad, teléfono, 
gas, pasajes, viáticos y servicio de mudanzas, equipos de oficina, aparatos de audio, 
servicios de máquinas y equipos de construcción, de equipos de transporte y similares, 
de edificios contratados, correspondencia, encomiendas, etc. La lista es abundante, tanto 
para los bienes de consumo como para los servicios no personales, sin embargo, se 
advierte alguna dualidad de criterios a la hora del registro de tales gastos. 

En cuanto a las transferencias, éstas se distribuyen en partes ¡guales aproximada¬ 
mente para el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y los gastos que 
insumieron las canastas de fin de año. 


57 


CUADRO N° 6 

2011 Capacidad locativa por establecimiento y población; hacinamiento, gasto total obligado y per cápita 

Establecimiento 

Cap. 

locativa 

Pob. 

total 

Den. x 

100 

Gasto Total 
obligado 2011 

Gasto 

per 

cápita 

Gasto 

per 

cápita 

diario 

Alimento de 

personas 

diario 

Cárcel Departamental Artigas 

94 

149 

159 

15770695 

105844 

290 

32,28 

Centro de Reclusión Canelones 

910 

1192 

131 

70309766 

58985 

162 

27,01 

Establecimiento Reclusión Cerro Largo 

80 

112 

140 

9349934 

83482 

229 

37,38 

Establecimiento Reclusión Departamental 
Colonia 

90 

127 

141 

19888804 

156605 

429 

51,71 

Centro de Reclusión Departamental 

Durazno 

78 

77 

99 

13740601 

178449 

489 

46,32 

Centro de Reclusión Departamental Flores 

26 

36 

138 

5888233 

163562 

448 

12,87 

Centro de Reclusión Departamental Florida 

77 

80 

104 

12151749 

151897 

416 

49,39 

Centro de Reclusión de Lavalleja 

80 

163 

204 

21189274 

129996 

356 

24,12 

Establecimiento Carcelario Maldonado 

213 

452 

212 

42032086 

92991 

255 

35,90 

Cárcel Central - Montevideo 

100 

84 

84 

21956540 

261387 

716 

87,33 

Cárcel Departamental Paysandú 

208 

218 

105 

19091247 

87575 

240 

26,04 

Cárcel Departamental Río Negro 

91 

111 

122 

9760287 

87931 

241 

27,79 

Cárcel Departamental Rivera 

152 

244 

161 

20152091 

82591 

226 

41,72 

Cárcel Departamental Rocha 

45 

149 

331 

14189391 

95231 

261 

45,89 

Cárcel Departamental Salto 

136 

186 

137 

18399594 

98923 

271 

27,53 

Cárcel Departamental Soriano 

125 

154 

123 

10522187 

68326 

187 

45,13 

Cárcel Departamental Tacuarembó 

70 

80 

114 

22311049 

167752 

460 

g§;,tl 

TACUAREMBO P.de los Toros 

46 

53 

115 

—- 

.... 

.... 

... 

Establecimiento Carcelario Treinta y Tres 

63 

61 

97 

4626291 

75841 

208 

59,24 

TOTAL CARCELES INTERIOR 

2684 

3728 

139 

351329819 

94241 

258 

26,06 

* Número de reclusos cada lOO.OOOhabitantes, 

Fuente: Elaboración Propia en base a MI, División Estadística y Análisis Estratégico. 


Como surge del cuadro, los gastos diarios no son grandes, y se mantienen algunas 
diferencias importantes entre Montevideo e interior por ejemplo, como también entre 
unos y otros centros carcelarios del interior mismo. A su vez, llama la atención cuan¬ 
do se abren los bienes de consumo y se mira en particular los gastos en alimentos, los 
niveles muy bajos destinados a ese tipo de gasto per cápita, incluso si éstos estuvie¬ 
ran limitados solo a las personas privadas de libertad. Por ejemplo, en Montevideo se 
destinan $ 87 para la alimentación diaria mientras que Flores sólo cuenta con un 
presupuesto de $ 12. 

No se cuenta con información adicional que pudiera aportar a la lectura de ta¬ 
les indicadores; por ejemplo los alimentos no cuantificables a nivel del presupuesto 
oficial y que llegan por otras vías como los Patronatos y las propias familias. De la 
investigación realizada surge que, en buena medida, la gestión material de la super¬ 
vivencia cotidiana en las cárceles es costeada por las familias de las personas priva¬ 
das de libertad 5 . Sin embargo, la CGN no solo registra las fuentes presupuestarias 


5 Ver datos de la Encuesta a personas privadas de libertad; módulo IV Derechos Humanos, bloque de 
preguntas IV.l Alimentación. 


58 


































(rubro 11, proveniente de rentas generales) sino también otras fuentes como re¬ 
cursos con afectación especial (rubro 12), fondos de terceros declarados por ley 
(rubro 18) o incluso podrían registrarse, si fuera el caso, donaciones o fondos de 
terceros fuera del Estado. 

Por su parte, en lo que hace a los otros establecimientos mayores solo es posible 
tener una estimación sobre los números agregados. El Instituto Nacional de Rehabili¬ 
tación tampoco arroja una diferencia abultada, se gastan 52 pesos por persona y por 
día en alimentos. El gasto promedio para todo el sistema penitenciario se aproxima a 
los $ 30 (treinta pesos m/n) por persona y por día. 


CUADRO N°7 

2011 Capacidad locativa por establecimiento y población; densidad de población, gasto total 
obligado y per cápita 


Establecimiento 

Capacidad 

locativa 

Total 

Densidad 

x 100 

Gasto total 
obligado 
2011 

Gasto 

per 

cápita 

Gasto 

per 

cápita 

diario 

Alimento 

diario 

COMCAR 

1636 

3133 

192 





Libertad 

1458 

1234 

85 





La Tablada 

134 

152 

113 





Establecimiento 

Juan Soler (San 
José) 

112 

133 

119 





Cárcel de Mujeres 
- CNR 

150 

321 

214 





Centro de 
Recuperación 
Carcelario N° 2 

65 

56 

86 





Casa Medio 

Camino 

20 

13 

65 





Unidad 

Penitenciaria N° 8 

18 

16 

89 





"El Molino" 

30 

26 

87 





Unidad 

Penitenciaria 

Punta de Rieles 

170 

171 

101 





Centro Nacional 
de Rehabilitación 

270 

157 

58 





Total Instituto 
Nacional de 
Rehabilitación 

3793 

5255 

139 

980623735 

186608 

511 

52,12 

Total del 

Sistema 

Penitenciario 

6747 

9140 

135 

1422154157 

155597 

426 

29,97 

* Número de reclusos cada lOO.OOOhabitantes. 

Fuente: Elaboración Propia en base a MI, División Estadística y Análisis Estratégico. 


De todos modos, parece que aquí también hay espacio para mejorar, si bien se 
sabe del interés existente que la alimentación sea digna. Cabe plantearse si lo que 
presentamos como un ejercicio estimativo que busca saldar las dificultades de la falta 
de estudios específicos, no está subestimando la realidad. Creemos sin embargo, 
podría ser un incentivo para redoblar la búsqueda de mayores indicios. 


59 



























INCISO 29 A.S.S.E. (Administración de Servicios de Salud del Estado) 

Por último, la Unidad Ejecutora 068 (Administración de Servicios de Salud del 
Estado) no registró información en el Programa 461 (Gestión de la Privación de Liber¬ 
tad) para el 2011. Esto también preocupa, porque efectivamente A.S.S.E. se encarga 
de la salud de todas las personas privadas de libertad. Por lo tanto, sí existen impor¬ 
tantes erogaciones para cumplir con dicha tarea, pero el registro no se está realizan¬ 
do de acuerdo a este programa como debería hacerse desde 2011. 

INCISO 27 INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) 

Adolescentes en conflicto con la ley 

En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, el Documento de Consenso 
emanado de la Comisión Interpartidaria que buscó allanar caminos para "políticas de 
Estado" respecto a la seguridad pública, tuvo sin duda menos acuerdos que en lo que 
hace a la gestión de cárceles. Entre los escollos estuvieron las diferentes visiones que 
los partidos sostienen sobre la "minoridad infractora" y la medida de bajar la edad de 
imputabilidad penal como estrategia para revertir el fenómeno, sobre los organis¬ 
mos que deberían efectivizar la privación o limitación de libertad decretada por el 
Juez, sobre las normas que atienden al tratamiento, a la rehabilitación y la posterior 
reinserción social; tampoco hubo acuerdos sobre las instituciones que deberían cum¬ 
plir tales funciones. 

Los acuerdos fundamentales estuvieron en: "Llevar adelante políticas que colo¬ 
quen a la niñez y adolescencia como interés superior de la nación, entendiendo que 
no son solamente el futuro de nuestra sociedad, sino también la base del desarrollo 
actual" 6 . 

En el sentido anterior el compromiso fue fortalecer el "sistema de responsabili¬ 
dad penal juvenil" para lo cual se apunta a dotar al Estado de instrumentos y recursos 
para cumplir con lo que disponga la Justicia, ya sea en cuanto a medidas de privación 
de libertad u otras. Un primer instrumento se relaciona a la creación de un Instituto 
de Rehabilitación que cuente con recursos y autonomía técnica suficiente para la 
misión que se le encomienda. Dicho instituto, creado en 2011 y operativo desde abril 
de 2012, es el SIRPA, que en proceso similar al INR, se ha creado en el ámbito del 
INAU y se espera salga de su órbita cuando se constituya en el Instituto Nacional de 
Responsabilidad Penal Adolescente (IRPA), como servicio descentralizado. 

Se espera que tal Instituto de Rehabilitación cuente con personal capacitado y 
una infraestructura adecuada para garantizar los derechos humanos fundamentales 
de los y las adolescentes privados/as de libertad, como así con un conjunto de servi¬ 
cios para cubrir las necesidades propias del proceso de reinserción social de los jóve¬ 
nes tras cumplir con sus penas. Se intenta coordinar un conjunto de medidas alterna¬ 
tivas a la privación de libertad, ya sea convivencia familiar y comunitaria, y un segui- 

6 Ibídem; pág. 9. 


60 


miento de las mismas que garantice una rutina socioeducativa con hincapié en la 
responsabilidad del/la adolecente ante la infracción a la ley penal ocurrida. 

Según el Sistema de Información para la Infancia, el INAU atendía en 2010 una 
población de 68.942 niños, niñas y adolescentes en todo el país. Dicha atención, llama¬ 
da integral, se lleva a cabo tanto en modalidad de tiempo completo o parcial, en entornos 
institucionales, comunitarios y/o familiares ya sea de manera oficial por parte de la 
institución, o a través de convenios con otras instituciones públicas o no gubernamen¬ 
tales. Se le reconoce un papel central en los problemas propios de la infancia y de la 
adolescencia, tanto en situación de abandono o carencias varias. No obstante, mucho 
de su trabajo y su aporte a tales problemas -cruciales para la sociedad- se ve opacado 
por uno de los "cuellos de botella" más grande que presenta la institución desde hace 
ya varios años: el tratamiento a los y las adolescentes privados/as de libertad. 

Efectivamente, se viene poniendo en tela de juicio su capacidad por un lado 
para la contención de los adolecentes privados de libertad y, por otro, para garanti¬ 
zar sus derechos fundamentales, como así su papel en el proceso de reinserción 
luego de cumplida la reclusión imputada. Se viene cuestionando las locaciones donde 
los y las adolescentes cumplen sus penas, los recursos humanos y la adecuación de 
sus capacidades para lidiar con esta población, y fundamentalmente, las condicio¬ 
nes de seguridad. 


CUADRO N° 8 

Adolescentes infractores atendidos por SEMEJI según Programa de 

atención 



PROGRAMAS ATENCIÓN 

SEMEJI 

TOTAL 

Internados con privación de libertad 

254 

254 

Centros de internación transitoria 

26 

26 

Régimen de Semi-libertad 

13 

13 

Libertad vigilada oficial 

12 

12 

Libertad Asistida oficial 

81 

81 

Total 

386 

386 

Fuente: INAU - SIPI Sistema de Información para la Infancia, junio 2010 


Como surge de la tabla, el número de adolescentes infractores, atendidos en sus 
diversos programas, es extremadamente exiguo respecto a la cantidad de niños, ni¬ 
ñas y adolescentes a las que la institución llega con sus servicios. 

En 2010 se hicieron algunos avances en cuanto a edificios y personal. Según el 
mismo informe del INAU sostiene: "El Departamento de Arquitectura durante el año 
2010, ha realizado en SEMEJI, 20 obras de mantenimiento en Hogares, con un costo 
de $3.772.500, 2 obras nuevas para Centros con un monto de $18.190.500, y el 
reacondicionamiento de 2 Centros por un monto de $1.794.500" (p.36). En el mismo 
SEMEJI se incorporaron en el 2010 127 nuevos funcionarios, lo que muestra un es¬ 
fuerzo importante fortaleciendo los recursos humanos en un 20% (p.136). 


61 














El presupuesto 2010-2014 realiza un esfuerzo por seguir fortaleciendo las necesi¬ 
dades de personal, la profesionalización de los mismos y de mejorar las capacidades 
locativas e incrementar los centros disponibles para la atención de los adolecentes 
privados de libertad. 

El esfuerzo al mejoramiento salarial, la incorporación de personal, el refuerzo 
presupuestal a los compromisos de la institución y a la profesionalización por la vía se 
detalla en el cuadro que sigue. 


CUADRO N° 9 PRESUPUESTO INAU 2010-2014 


CONCEPTO 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Complemento compromisos 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

Incorporación personal 


42.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

Complemento 

profesionales 


15.930.690 

21.240.920 

21.240.920 

21.240.920 

Prima por presentismo 


29.602.128 

39.469.504 

49.336.880 

49.336.880 

Prima por productividad 



8.000.000 

20.000.000 

32.000.000 

Complemento partidas 

variables 


6.000.000 

12.000.000 

25.000.000 

51.000.000 

Incremento Salarial 


40.824.113 

65.287.274 

90.239.698 

115.027.324 

TOTAL 

20.000.000 

154.356.931 

235.997.698 

295.817.498 

358.605.124 


Fuente: Presupuesto Nacional 2010-2014. 


El rubro respectivo a "Servicios Personales" se refuerza con cargo a rentas gene¬ 
rales como lo indica el artículo 684 del presupuesto, con 20 millones de pesos que se 
destinarían a contratos a término, a la vez que se prevén 56 millones más para el 
ingreso de personal al Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (ex 
SEMEJI). 

Se ve reforzado en el mismo sentido la disponibilidad de dineros para los conve¬ 
nios con que cuenta la institución y también para aumentar tales convenios. La asig¬ 
nación presupuestal es de 55,7 millones de pesos en 2011, mientras se elevará a 
101,4 los años subsiguientes hasta el 2014. Asimismo se faculta al INAU a incremen¬ 
tar las partidas hasta 6 UR (unidades reajustables) por niño o adolescente atendido 
por la institución. 

Por su parte, también se autoriza la regularización y presupuestación de personal 
en relación laboral precaria, cuestión que busca ganar la estabilidad laboral (un dere¬ 
cho básico de los trabajadores), pero a su vez, mejorar el compromiso de los mismos 
con la institución y sus funciones. No obstante, se autoriza igualmente a realizar con¬ 
tratos de función pública a aquellos funcionarios eventuales que pasaron por los pro¬ 
cesos de selección respectivos y tienen un informe positivo de la institución. 


62 






















El artículo 692 autoriza al INAU a: 

adquirir en forma directa vestimenta, calzado, implementos de aseo personal, 
artículos recreativos y educacionales, por hasta el 60% (sesenta por ciento) 
del grupo 1 «Bienes de Consumo», a efectos de profundizar el proceso de 
cambio del modelo tutelar al modelo donde los niños, niñas y adolescentes 
son sujetos de derechos. 

El artículo 693 establece que: 

Los organismos públicos o privados, nacionales, departamentales o interna¬ 
cionales, sindicatos con personería jurídica y cooperativas debidamente cons¬ 
tituidas que brindan servicios de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes en convenio con el Instituto del Niño y Adolescen¬ 
te del Uruguay (INAU), deben ser seleccionados a través de llamados públicos 
y abiertos conforme a las normas vigentes y procedimientos aprobados por el 
Tribunal de Cuentas y financiados con cargo al objeto del gasto 289.001. 

En el próximo artículo se reglamenta la duración de los convenios que podrán 
extenderse hasta dos años con opción a dos períodos más, y obliga a mantener los 
servicios que brindan estas instituciones que en contrapartida tienen derecho a co¬ 
brar los haberes correspondientes por tales servicios. El INAU, por su parte, podrá 
tomar decisiones de dejar sin efecto tales convenios basado en el interés de los niños 
o adolecentes atendidos. 

Por último, el artículo 696, autoriza al INAU a celebrar convenios con institu¬ 
ciones de la sociedad civil y a traspasar fondos para su financiamiento basado en 
los proyectos respectivos y no sólo en el número de niños o adolescentes atendi¬ 
dos, siempre especificando las poblaciones máximas y mínimas objetivo y los 
indicadores que permitan un seguimiento acorde y la evaluación de los compro¬ 
misos del programa. 

El programa 461 de Gestión de la Privación de la Libertad en el Inciso 27 (INAU) 
para el año 2011 registra tres proyectos: a) 000 General integrado por los servicios 
personales, los bienes de consumo y los servicios no personales; b) 701 Equipamiento 
y mobiliario de centros con medidas especiales (básicamente los equipamientos eléc¬ 
tricos domésticos, equipos de oficina y equipos deportivos y recreativos); c) 702 
Inmuebles para centros con medidas especiales (se gastó sólo en inmuebles e instala¬ 
ciones); y d) 972 Informática, este último no utilizó nada del crédito vigente para el 
2011 que fue de $ 1,511,088. 

El INAU emplea el 93,4% de tales fondos para Servicios Personales. El programa 
000 General está constituido por servicios personales que también explican en el 
orden del 93,8% de la ejecución presupuestal, mientras que el 6% restante se ocupa 
en dos grandes rubros: servicios no personales y bienes de consumo. Por orden de 
importancia los servicios no personales, ocuparon el 6% mientas un ínfimo porcenta¬ 
je lo constituyeron los bienes de consumo, que no llegan al 0.02%. En los servicios no 


63 


personales están incluidos los gastos correspondientes al cuidado de los/as niños y 
niñas, lo que representa un 89,3% de tales gastos, mientras el servicio de alimenta¬ 
ción ocupa un 8% del mismo, 2,5% los profesionales y técnicos; y completa, los servi¬ 
cios de inmuebles e instalaciones y limpieza. Los bienes de consumo, son básicamen¬ 
te accesorios metálicos, herramientas menores, tintas, pinturas, hilados y telas y pro¬ 
ductos agroforestales manufacturados. 

En su Memoria Anual 2011, el INAU expresa que "...SEMEJI/SIRPA atendió men¬ 
sualmente un promedio de 447 adolescentes, en entorno institucional 24 horas, en 
tanto en entorno comunitario Libertad asistida, atendió promedialmente 593 ado¬ 
lescentes. La total cobertura de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (MAPL), 
se realizó a través de 20 Proyectos en 11 departamentos" y que "La cobertura con 
privación de libertad fue llevada adelante a través de 18 Centros: 8 Centros en Berro, 
9 Centros en Montevideo con privación de libertad, más un centro con régimen de 
semi libertad en Montevideo. Este año se obtuvieron 35 plazas nuevas que fueron 
destinadas al Centro de Medidas Cautelares" 7 . 

Asimismo informa que el Programa de Medidas Socio Educativas de Base 
Comunitaria (PROMESEC) atendió a su población en tres modalidades: apoyo al egreso, 
proyectos de libertad asistida y libertad vigilada. También desarrolló 6 convenios de 
"Atención a la comunidad", uno de ellos en Salto y otro en Las Piedras. 

En 2011SEMEJI /SIRPA contó con 838 funcionarios, de los cuales 50 son parte del 
personal técnico y 788 son funcionarios de "trato directo". Del total de funcionarios 
mencionado, 145 corresponden a ingresos realizados durante 2011. 

En cuanto a la infraestructura se realizaron dos nuevas obras en la Colonia Berro 
por valor de $ 12.600.000, otra en el local de PROMESEC, por $ 2.311.448, y otra en 
un centro de Montevideo, por un total de $ 4.800.000. También se refaccionaron 
locales en algunos centros de la Colonia Berro, por un monto de $ 300.000 y dos en 
sendos centros de Montevideo por un total de $ 1.806.020. Por concepto de 
mantenimiento en Hogares se gastó un total de $ 806.280. 

A continuación se detalla la atención de INAU, según sus diferentes modalidades 
a niños, niñas y adolescentes de 13 a 18 años y más. 


7 INAU; Memoria Anual 2011, pág.24. 


64 


CUADRO N° 10 Cantidad de niños, niñas y adolescentes por tramo de edad según 

Modalidad de Atención. 


Modalidad de atención 

Tramo de edad 

13 a 17 

Tramo de edad 
18 y más 

Total 

Atención 
integral de 
tiempo 
completo 

En entorno 

institucional 

24 horas 

1307 

685 

1992 

SEMEJI 

347 

100 

447 

DED transitorio 

82 

4 

86 

Total Entorno Instit. 

1736 

789 

2525 

En entorno 

familiar 


401 

80 

481 

Subtotal 


2137 

869 

3006 

Atención 
integral de 
tiempo 
parcial 

En Entorno 

Instit. 


5745 

304 

6049 

En entorno 

comunitario 

Atenc. en comunidad 

371 

263 

634 

Libertad asistida 

426 

167 

593 

DED (Niño y Familia 

Línea Ciudadana) 

924 

133 

1057 

Regionales 

86 

9 

95 

Total Entorno 

Comunitario 

1807 

876 

2683 

Subtotal 


7552 

1180 

8732 

Total 

9689 

2049 

11738 


Fuente: Elaboración propia en base a "Rendición de cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 2011. 
Inciso 27. INAU" / Cuadro 1.4 POBLACIÓN CON COBERTURA. NOVIEMBRE 2011 - Cantidad de niños, niñas y 
adolescentes por tramo de edad según Modalidad de Atención. 


En el caso del INAU un estimativo del gasto per cáplta en los y las adolescentes 
privados/as de libertad resulta un tanto arduo. De todos modos, como ejercicio, si se 
suman los y las adolescentes atendidos/as por el SEMEJI (447 según el último dato 
disponible a noviembre de 2011), los que están en calidad de transitorios (86 para el 
mismo año) y los que son beneficiarios de las medidas de libertad asistida (593) 
totalizan 1.126 jóvenes. Todo el Programa 461 de "Gestión de la Privación de Libertad" 
ejecutó en 2011 $ 327.768.577 (aproximadamente la mitad del crédito vigente para 
el año $ 643.228.324), si se descuenta de ello lo gastado en los Inmuebles para centros 
de medidas especiales ($ 464.505), sus respectivos equipamiento y mobiliario ($ 
988.819) y lo destinado al pago de los servicios personales ($ 306.152.169) más los $ 
6.510 gastados en prendas de vestir, se llega a las erogaciones de los servicios no 
personales. En este rubro se encuentra el tipo de gasto 294 que refiere a "las 
erogaciones por pago de los servicios de alimentación", los cuales para el año 2011 
fueron de $1.623.807. Si esta cifra -que es la única erogación que refiere a gastos de 
alimentos dentro del Programa 461 (GPL- INAU)-, se dividiera por el total de 
adolescentes que están atendidos/as por la Institución debido a sus conflictos con la 
ley, se llega a un gasto de alimentación per cáplta de $ 1.439,67 (un mil cuatrocientos 
treinta y nueve con sesenta y siete centésimos m/n) al año. Visto esto en términos 
diarios, se estaría en la menguada suma de $ 3,92. 


65 





























Se entiende que no todos/as quienes son atendidos/as reciben alimentación por 
parte de INAU. Supóngase que de los 1.126 jóvenes, solo los 447 alojados en centros 
de SEMEJI son quienes realizan sus comidas en la institución; igualmente se estaría 
en una cifra menor a los $ 10 diarios para proveer dicha alimentación. Quizás existan 
otras explicaciones, fondos no registrados o no monetarizables, etc. que corrijan este 
ejercicio. Con la información pública disponible, no se logra corregir el cálculo realizado. 

A modo de cierre 

Los esfuerzos presupuestarios prometen cambios importantes al igual que el 
conjunto de objetivos al que se aspira. No obstante, hay condiciones objetivas de 
retraso en la implementación de los planes propuestos. También debe tenerse presente 
la existencia de una cultura institucional que hasta hoy da muestras elocuentes de no 
ser el mejor modelo para cumplir con los objetivos sociales del tratamiento, contención 
y rehabilitación de los y las personas privadas de libertad. 

En el país se debaten teorías e ideologías, muchas veces encontradas, sobre cuál 
sería el mejor abordaje de los indicadores de criminalidad. La política pública respecto 
a la seguridad atiende de forma central la problemática de los delitos contra la 
propiedad y muy especialmente aquellos cometidos por adolescentes. 
Lamentablemente, en no pocas ocasiones, prima el abordaje represor, o con interés 
de criminalizar a un sector de población por demás vulnerado en estos tiempos. El 
enfoque de derechos humanos lleva, inevitablemente a una visión integral que también 
está en los discursos, pero dominantemente, allí se queda. 

Cuando el debate se concentra en la criminalización o en el aumento de la 
represión, las salidas se angostan, el problema se mantiene en el tiempo y se 
multiplican riesgos de perder en la exclusión total, a generaciones completas. A su 
vez, la discusión sobre los enfoques comunitarios, las penas alternativas que remplazan 
el cautiverio, los incentivos a estudiar y a utilizar el ocio de forma productiva son 
aportes en el sentido de reconstruir la red social de contención y solidaridad que es 
menester para la defensa y el ejercicio de los derechos humanos básicos. 

Se valora el intento decidido de abordaje de estos temas y el presupuesto destinado 
a la ampliación locativa, y en especial, al aumento de la dotación como a la capacitación 
del personal necesario para cumplir las funciones que la ley establece. 

El presupuesto 2011-2014 vino a financiar las medidas que comenzaron en 2010 
y que buscaban un cambio en la gestión ministerial y en particular de la relativa a las 
cárceles de adultos y los "hogares" de adolescentes en conflicto con la ley. Si bien es 
claro que este presupuesto es más "generoso" con los aspectos de seguridad pública 
que con otros que también son parte de una agenda social añeja, puntualizamos que 
muchas de las medidas comienzan recién a contar con recursos materiales y costará 
aún más completar la formación y las capacidades de los recursos humanos, que 
permitan operar un sistema carcelario cualitativamente diferente al anterior. Sin duda, 
esto es condición necesaria, pero tampoco será suficiente y habrá que complementar 
tales medidas con algunos cambios civilizatorios más profundos y todavía lejanos. 


66 


ANEXOS 



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69 

















CUADRO N° 1 A ALGUNOS INDICADORES de costos de construcción 



70 






















La infraestructura penitenciaria en Uruguay 


AnoJuonche 


De todas las dimensiones que componen la crisis del sistema penitenciario, la 
infraestructura es quizás una de las más connotadas. Edificios variopintos, algunos 
de ellos del siglo XIX y principios del XX, ni siquiera diseñados originalmente para ser 
cárceles -además de vetustos y ruinosos-; moles de cemento características de la 
última dictadura cívico militar; casas-dormitorio de tipo rural en el contexto de las 
unidades penitenciarias situadas en las chacras policiales, y edificios recientemente 
construidos -a nuestro criterio- desde una perspectiva de seguridad pasiva que privi¬ 
legia el control y el encierro, conforman el catálogo de locaciones que albergan a las 
personas privadas de libertad en nuestro país. 

De toda la gama de modelos edilicios existentes en otros países de la región y del 
mundo, a Uruguay solo le resta explorar el concesionado. En el marco de la Ley 18.786 
De contratos de participación público privada para la realización de obras de infraes¬ 
tructura y prestación de servicios conexos 1 de 19 de julio de 2011, se está preparando 
la concesión para la construcción de la primera cárcel privada. Se levantará en Punta 
de Rieles, en el predio donde funciona el actual establecimiento penitenciario, ten¬ 
drá una capacidad de 1960 plazas y exigirá una inversión de aproximadamente 84 
millones de dólares. Esta concesión será uno de los dos proyectos piloto con los que 
se estrenará la puesta en práctica de dicha normativa, para lo cual el gobierno fue 
asesorado por la Corporación Nacional para el Desarrollo 2 . 

La coexistencia de esta variada y deficitaria infraestructura responde también a la 
coexistencia -no siempre armónica- de diferentes concepciones sobre la cárcel, deri¬ 
vadas estas últimas de la ausencia de debate político profundo sobre política crimi¬ 
nal, al menos durante los últimos cuarenta años 3 . 


1 http://www0. parla mentó.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18786&Anchor= 

2 http://elobservador.com.uy/notida/218215/primeros-dos-proyectos-por-ppp-dennandaran-us- 
180-millones/ 

3 Para profundizar sobre el punto ver el Cap. Xx de este trabajo. 


71 



Evaluar la adecuación o no de determinada infraestructura implica atender no 
solo al uso de la forma, el espacio y la función de la construcción destinada a la 
cárcel, sino también en igual rango de importancia, la administración, la seguridad, el 
régimen de trabajo y estudio, la higiene, la atención sanitaria y los dispositivos de 
contacto extramuros. Nótese que hacemos énfasis en que la seguridad es tan solo 
uno de los aspectos a tomar en cuenta a la hora de tal evaluación, de donde se des¬ 
prende que, cualquier modelo centrado en ella como eje vertebrador no podrá sino 
desarrollar una infraestructura deficiente desde la perspectiva de los derechos hu¬ 
manos. De ahí en más, todos los "efectos colaterales" derivados del encierro compul¬ 
sivo (deterioro natural y/u ocasionado de los edificios y sus servicios conexos -sanea¬ 
miento, electricidad, agua potable, sanitaria, entre otros-) vendrán a agravar una si¬ 
tuación que de origen ya es inaceptable. 

Con diferentes grados de gravedad, los datos recogidos en el relevamiento edilicio 
reflejan elocuentemente las diferentes aristas de un modelo que hace de la infraes¬ 
tructura, además de una herramienta de control pasivo, un elemento que vulnera 
integralmente los derechos de las personas privadas de libertad. 

Las celdas, servicios y equipamiento 

En establecimientos donde la actividad cotidiana se desarrolla predominantemente 
en la celda -desde el descanso a todas las demás actividades (alimentación, recrea¬ 
ción, higiene, etc.)-, el número de personas recluidas por metro cuadrado así como el 
equipamiento de la misma, dan cuenta de las condiciones de vida más allá de la 
superpoblación. Como razonamiento obvio, la convivencia es más compleja en aque¬ 
llos lugares donde al encierro durante la mayor parte del día se suma que el número 
de personas por celda excede el cupo previsto y además las condiciones de 
habitabilidad están seriamente deterioradas. 

A continuación se presenta un conjunto de datos vinculados a esta premisa. 


Nro. de 
personas por 
celda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1 

9,2 

9,4 

2 

12,4 

21,8 

3 

9,1 

30,9 

4 

10,7 

41,6 

5 

9,1 

50,7 

6 y más 

49,4 

100,0 

Total 

100,0 



Nro. de camas 
por celda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

2,4 

2,4 

1 

7,5 

9,9 

2 

18,5 

28,4 

3 

15,5 

43,9 

4 

10,4 

54,4 

5 

4,4 

58,8 

6 y más 

41,2 

100,0 

Total 

100,0 



72 










Tiene sábanas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

86,6 

86,6 

NO 

12,5 

99,2 

SD 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



Nro.de 

colchones por 
celda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

,8 

,8 

1 

7,9 

8,7 

2 

15,7 

24,3 

3 

9,4 

33,8 

4 

97 

43,5 

5 

8,3 

51,8 

6 y más 

48,2 

100,0 

Total 

100,0 



Tiene frazadas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Valid SI 

93,1 

93,1 

NO 

6,1 

99,2 

SD 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



Al respecto los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Perso¬ 
nas Privadas de Libertad en las Américas (en adelante los Principios y Buenas 
Prácticas) disponen que (Principio XII. Albergue, condiciones de higiene y vestido. 1. 
Albergue): 

"Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición 
diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas 
del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama 
apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las 
instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas enfermas, 
las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres 
lactantes, y los adultos mayores, entre otras." 


Y por su parte las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, de las 
Naciones Unidas (en adelante las Reglas Mínimas), son claras al expresar que (Primera 
parte. Reglas de aplicación general. Locales destinados a los reclusos y Ropas y cama): 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados 
más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de 
población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central 
hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda 
o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por 
reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en 
estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al 
tipo de establecimiento de que se trate. 


73 














"19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una 
cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y 
mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza" 


Tiene 

electricidad en 
la celda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

96,9 

96,9 

NO 

2,0 

98,9 

SD 

1,1 

100,0 

Total 

100,0 



Tiene conexión 
eléctrica 
adecuada (no 
precaria) 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

57,2 

57,2 

NO 

39,6 

96,8 

NC 

2,0 

98,8 

SD 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



Calefacciona la 
celda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

68,7 

68,7 

NO 

28,5 

97,2 

NC 

1,9 

99,1 

SD 

,9 

100,0 

Total 

100,0 



Con aparato 
casero 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

60,6 

60,6 

NO 

8,1 

68,6 

NC 

30,2 

98,8 

SD 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



Con estufa 
eléctrica 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

9,3 

9,3 

NO 

59,2 

68,4 

NC 

30,4 

98,8 

SD 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



El servicio de electricidad es uno de los aspectos seriamente deficitario por causa 
de la inadecuación de las conexiones, los bajos niveles de potencia contratada, la 
manipulación artesanal de los tendidos eléctricos, entre otras razones. Tómese en 
cuenta que la electricidad es la fuente energética exclusiva disponible para el uso de 
las personas privadas de libertad en los establecimientos; el uso de gas o supergas 
está habilitado en unos pocos de ellos y exclusivamente para lo relativo a la preparación 
de los alimentos. 


74 






















El uso de la electricidad está asociado al desarrollo más básico de las actividades 
cotidianas, la higiene personal, la preparación de alimentos y la calefacción de las 
celdas. A la precariedad de las instalaciones se suma el uso de artefactos "caseros" 
que funcionan con una resistencia colocada sobre un ladrillo, y directamente conectada 
a la línea de alimentación de electricidad. Vale recordar que el uso de este tipo de 
dispositivo, conjuntamente con el de elementos inflamables (acolchados, frazadas, 
etc.) para improvisar cerramientos que aseguren privacidad en grandes pabellones o 
módulos (conocidos en el ambiente carcelario como "ranchadas") fue el que ocasionó 
el incendio de la cárcel departamental de Rocha 4 . 

Otro de los elementos esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana en 
condiciones de salubridad es la provisión de agua potable tanto para la ingesta como 
para la preparación de alimentos, el aseo personal y la higiene de la celda. Cabe 
destacar que durante el relevamiento se ha constatado que este servicio es otro de 
los aspectos deficitarios. En múltiples establecimientos las personas, quienes 
permanecen encerradas en la celda la mayor parte del día -cuando no todo el día, 
como en el caso de los establecimientos de máxima seguridad-, no tienen suministro 
de agua potable en las celdas. Según los datos recabados, un tercio de la población 
carcelaria no tiene suministro de agua en la celda y sólo el 45.4% dispone del servicio 
ininterrumpidamente, las 24 horas del día. Para paliar el déficit las personas desarrollan 
múltiples estrategias de acopio (el 56% almacena agua en recipientes cerrados y de 
ese porcentaje, un 28.4% dice que no es suficiente) y turnos para el desarrollo de las 
actividades cotidianas. El déficit se hace aún más insostenible en la temporada estival. 

En este sentido destacamos que la Organización Mundial de la Salud ha definido 
una serie de requisitos mínimos sobre el nivel de servicio de agua como forma de 
promover la salud: "El cuadro SI indica la cantidad de agua que se usa en los diferentes 
niveles del servicio. Las cantidades estimadas de agua en cada nivel pueden ser 
menores si el abastecimiento de agua es intermitente, lo que incrementará el riesgo 
de que ingrese agua contaminada a los sistemas de abastecimiento de agua. Si el 
acceso es óptimo pero el abastecimiento es intermitente, la operación de los sistemas 
de saneamiento relacionados con el abastecimiento de agua podría verse afectada y 
generar mayores riesgos de salud" 5 . 


4 El incendio se produjo en la madrugada del 8 de julio de 2010, en la Cuadra No. 2 que alojaba a 20 
reclusos; como consecuencia de la tragedia, 12 de ellos fallecieron y los restantes 8 resultaron gravemente 
heridos. 

5 HOWARD, Guy y BARTRAM, Jamie; Domestic water quantity. Service Level and Health. OMS, Ginebra, 
2003. 


75 


Necesidades atendidas 


Nivel del servicio 


Medición del acceso 


Nivel del 
efecto en la 
salud 


Sin acceso (cantidad 
recolectada generalmente 
menor de 5 l/r/d) 


Más de 1.000 m ó 30 minutos 
de tiempo total de recolección 


Consumo - no se puede garantizar 
Higiene - no es posible (a no ser que 
se practique en la fuente) 


Acceso básico (la 
cantidad promedio no 
puede superar 201/r/d) 


Entre 100 y 1.000 m ó de 5 a 20 
minutos de tiempo total de 
recolección 


Consumo - se debe asegurar Higiene 
- el lavado de manos y la higiene 
básica de la alimentación es posible; 
es difícil garantizar la lavandería y el 
baño a no ser que se practique en la 
fuente 


Acceso intermedio 
(cantidad promedio de 
aproximadamente 50 
l/r/d) 


Agua abastecida a través de un 
grifo público (o dentro de 100 m 
ó 5 minutos del tiempo total de 
recolección) 


Consumo - asegurado Higiene - la 
higiene básica personal y de los 
alimentos está asegurada; se debe 
asegurar también la lavandería y el 
baño 


Acceso óptimo (cantidad 
promedia de 100 l/r/d y 
más) 


Agua abastecida de manera 
continua a través de varios 
grifos 


Consumo - se atienden todas las 
necesidades Higiene - se deben 
atender todas las necesidades 


Muy alto 


Alto 


Bajo 


Muy bajo 


Del cuadro se desprende que las condiciones en que las personas privadas de 
libertad procuran el suministro tienen un efecto "muy alto" en la salud. 


Respecto del uso del agua para la higiene personal las Reglas Mínimas disponen: 

"15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los 
artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza". 

Y los Principios y Buenas Prácticas por su parte estipulan: 

"Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y 
suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos 
básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones 
climáticas." 


En la celda hay 
canilla 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

65,8 

65,8 

NO 

32,9 

98,7 

SD 

1,3 

100,0 

Total 

100,0 



76 

















Horas diarias de 
suministro de 
agua en la celda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

32,9 

32,9 

1 

1,1 

34,0 

2 

2,0 

35,9 

3 

,6 

36,6 

5 

,4 

37,0 

6 

1,0 

38,0 

8 

1,5 

39,5 

9 

,3 

39,7 

10 

,9 

40,6 

11 

,4 

41,0 

12 

5,0 

46,0 

18 

,1 

46,2 

20 

,8 

47,0 

22 

,2 

47,3 

24 

45,4 

92,7 

Sin dato 

7,3 

100,0 

Total 

100,0 



Almacena agua 
en recipientes 
cerrados 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

56,8 

56,8 

NO 

40,3 

97,1 

SD 

2,9 

100,0 

Total 

100,0 



Es suficiente 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

28,4 

28,4 

NO 

22,6 

51,0 

NC 

40,4 

91,4 

Sin dato 

8,6 

100,0 

Total 

100,0 



El desarrollo de la vida en condiciones mínimas de higiene, además del agua como 
insumo indispensable, necesita de otros elementos y dispositivos adecuados para 
ello: baños y gabinetes higiénicos suficientes, limpios y en condiciones operativas, 
artículos y productos de aseo personal y de limpieza. 

A la carencia de instalaciones sanitarias higiénicas y operativas, se suma que en 
múltiples establecimientos la taza está adosada a la estructura de la celda, sin cerramiento 
alguno que aísle dicho espacio del resto del ambiente y que asegure la privacidad 
necesaria para su uso. El espacio disponible para pernoctar, alimentarse y desarrollar 
actividades es el mismo que debe utilizarse para evacuar las necesidades fisiológicas. 


En la celda hay 
WC o letrina 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

SI 

69,0 

69,0 

NO 

29,9 

98,8 

Sin dato 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



77 


















En la celda hay 
pileta 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

68,4 

68,4 

NO 

30,3 

98,7 

SD 

1,3 

100,0 

Total 

100,0 



En lo que respecta a los espacios y dispositivos para el aseo personal, solo el 
26.9% dijo disponer de una ducha en la celda. A su vez, solo el 19.5% dispone de agua 
caliente en ella. La mitad de la población accede a una ducha con una frecuencia 
semanal. 


En la celda hay 
ducha 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

26,9 

26,9 

NO 

71,7 

98,5 

Sin dato 

1,5 

100,0 

Total 

100,0 



Con agua 
caliente 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

19,5 

19,5 

NO 

6,4 

25,9 

N/C 

71,5 

97,5 

Sin dato 

2,5 

100,0 

Total 

100,0 



Frecuencia 
de acceso a 
una ducha 
fuera de la 
celda (en 
días) 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

24,4 

24,4 

1 

,3 

24,7 

2 

1,0 

25,7 

3 

1,1 

26,8 

4 

,5 

27,3 

7 

47,0 

74,3 

Entre 8 y 15 

1,7 

76,0 

Más de 15 

,6 

76,6 

Sin dato 

23,4 

100,0 

Total 

100,0 



78 


















Al respecto las Reglas Mínimas establecen: 

"12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer 
sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. 

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso 
pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y 
con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, 
pero por lo menos una vez por semana en clima templado." 


Los Principios y Buenas Prácticas estipulan: 

"Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y 
suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos 
básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones 
climáticas." 


Para el desarrollo saludable también es indispensable la presencia de la luz solar, 
así como una ventilación adecuada. En el encierro prolongado la carencia de estos 
dos elementos repercute directamente en la pigmentación de la piel, incide en la 
probabilidad de diseminación de gérmenes y bacterias que acarrean enfermedades 
infectocontagiosas y también en la ocurrencia de cuadros depresivos. Los estándares 
definidos por las Reglas Mínimas establecen: 

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán 
que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; 
y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación 
artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y 
trabajar sin perjuicio de su vista. 


En la celda hay 
ventanas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

90,4 

90,4 

NO 

8,6 

99,0 

Sin dato 

1,0 

100,0 

Total 

100,0 



La ventana 
tiene vidrio 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

27,7 

27,7 

NO 

62,7 

90,4 

N/C 

8,6 

99,0 

Sin dato 

1,0 

100,0 

Total 

100,0 



79 










Permite la 
entrada de 
suficiente luz 
natural 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

67,1 

67,1 

NO 

23,2 

90,2 

N/C 

8,6 

98,8 

Sin dato 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



Según los datos recabados, el 62,7% de las ventanas carece de vidrios y el 
23.2% no permite una adecuada presencia de luz natural. 

En condiciones de encierro prolongado, el equipamiento de la celda es funda¬ 
mental ya que en dicho espacio se desarrolla toda la vida. Además del mobiliario 
Indispensable para el descanso, es fundamental la presencia de mesa, sillas, muebles 
para guardar la ropa y estanterías para el almacenamiento de alimentos y objetos 
personales. Durante el relevamiento, el 68,3% de las personas dijo disponer de un 
televisor en la celda, el 53,7% una radio, el 17,8% un reproductor de DVD, el 14,2% 
una heladera, el 22,8% una cocinilla eléctrica. En cuanto al mobiliario el 52,3% dijo 
disponer de alguna silla, el 52,1% dijo tener mesa y solo el 35,7% dijo tener un mueble 
para guardar su ropa y objetos personales. 

Las celdas de castigo, servicios y equipamiento 

Todos los establecimientos penitenciarios tienen algún lugar destinado al castigo: 
calabozo , celda de castigo, celda propia, aislamiento, Isla, palomar, son algunas de las 
denominaciones referentes al mismo. El uso de dicho espacio está vinculado al castigo 
por haber cometido alguna falta grave o gravísima. 

El Reglamento de Disciplina y Convivencia vigente en su Capítulo II, Artículo 16° 
estipula que: 

"Se considera falta disciplinaria el incumplimiento por acción y/u omisión de las 
obligaciones establecidas expresamente en las leyes y reglamentos referidas al Sistema 
Penitenciario en general y al régimen disciplinario en particular. Las faltas se clasifican 
en leves, graves y gravísimas". 

Y en su Capítulo III, Artículos 28° y 29° que: 


80 


Artículo 282; Son faltas graves las siguientes: 

a) Difamar, injuriar, insultar o faltar el respeto a cualquier persona con la que se vincule 
dentro del establecimiento o fuera del mismo en uso de salidas transitorias. 






b) Presionar a las autoridades ejerciendo o amenazando con ejercer medidas tales como 
actos de auto-agresión y/o daños. 

c) Protagonizar colectivamente demostraciones escandalosas acompañadas de griteríos 
o golpeteos. 

d) Introducirse indebidamente en la celda de otra persona o permitir que otra se introduz¬ 
ca en la suya, o negarse a ingresar a la propia por cualquier causa. 

e) Abusar de la superioridad física o psicológica para conseguir beneficios de otras per¬ 
sonas. 

f) Introducir ; facilitar ; hacer salir o poseer objetos prohibidos o no autorizados expresa¬ 
mente por la reglamentación vigente siempre que esto pongan en riesgo la segundad del 
la Unidad de Internación, del personal o de otras personas. 

g) Poseer medicamentos no recetados o autorizados por el servicio médico del Estableci¬ 
miento, o traficar medicamentos cualquiera sea su origen. 

h) Cometer actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, siempre que no se trate 
de delitos de naturaleza sexual. 

i) Inutilizar deliberadamente instalaciones o dependencias; materiales o equipos del la Uni¬ 
dad de Internación para Personas Privadas de Libertad o pertenencias de otras personas. 

j) Sustraer efectos de otras personas. 

k) Establecer comunicación clandestina, por cualquier medio, con otras personas, que 
distorsionen la seguridad del Establecimiento. 

l) No someterse a las prescripciones o tratamientos médicos, siempre y cuando la enfer¬ 
medad o dolencia que se trate ponga en riesgo de contagio a terceros. 

m) Circular por áreas no autorizadas a su régimen de reclusión. 

n) Causar daño por negligencia o descuido al vestuario y a los objetos entregados para su 
uso personal, o a los materiales y bienes muebles entregados para su trabajo, estudio o 
enseñanza. 

Por incurrir en faltas graves se podrá aplicar una sanción consistente en amonestación o 
internación en celda propia con o sin restricción de derechos según lo enunciado en el 
Artículo 31 de este Reglamento, por un término de 20 a 40 días, o el traslado a otro sector 
de la Unidad u otra Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad. 

Se fijará en tal caso un período de sesiones de apoyo para la revisión de la inconducta 
(motivo, forma de expresarse, su consecuencia a nivel personal y del entorno de conviven¬ 
cia, y aprendizaje de alternativas para evitar su repetición)- El número de horas a cumplir 
serán fijadas por el terapeuta o consejero. Las sesiones podrán ser individuales o grupa les. 
Estarán a cargo del área de la Sub Dirección Técnica del Establecimiento. El programa de 
tratamiento determinará un número de acciones de carácter reparatorio que se diseña¬ 
rán en acuerdo con la persona privada de libertad. 

Artículo 29 g : Son faltas gravísimas las siguientes: 

a) Participar en motines, acciones de violencia o desordenes colectivos o instigar a los 
mismos. Iniciar o promover o facilitar el inicio de incendios. 


81 


b) Agredir en forma física a cualquier persona dentro del Establecimiento o fuera del mis¬ 
mo en uso de salidas transitorias. 

c) Amenazar o coaccionar a cualquier persona con la que mantenga contacto. 

d) Intentar o facilitar una evasión 

e) Introducir ; fabricar ; facilitar o poseer cualquier tipo de arma propia o impropia. 

f) Introducir, facilitar, poseer o consumir bebidas alcohólicas o fermentadas, así como nar¬ 
cóticos o drogas. 

g) Intentar someter o facilitar el sometimiento a vejámenes sexuales a otra persona. 

h) Destruir instalaciones, materiales o efectos de la Unidad de Internación para Personas 
Privadas de Libertad cuando se cause daños de relevancia, (por ejemplo: obstruir cañe¬ 
rías, romper vidrios, ventanas, aparatos de electricidad, alterar el cableado eléctrico, li¬ 
mar barrotes) 

i) Sustraer prendas o equipamiento que pertenezcan, al personal penitenciario, militar o 
médico. 


Por incurrir en faltas gravísimas, se podrá aplicar una sanción consistente en internación 
en celda propia con restricción de derechos, según lo enunciado en el Artículo 31 g del 
presente Reglamento, de 40 a 60 días o el traslado a otra Unidad de Internación para 
Personas Privadas de Libertad de mayor seguridad. 

Se fijará en tal caso un período de sesiones de apoyo para la revisión de la inconducta 
(motivo, forma de expresarse, su consecuencia a nivel personal y del entorno de conviven¬ 
cia, y aprendizaje de alternativas para evitar su repetición)- El número de horas a cumplir 
serán fijadas por el terapeuta o consejero. Las sesiones podrán ser individuales o grupa les. 
Estarán a cargo del área de la Sub Dirección Técnica del Establecimiento. El programa de 
tratamiento determinará un número de acciones de carácter reparatorio que se diseña¬ 
rán en acuerdo con la persona privada de libertad. 


En situaciones excepcionales se podrá aplicar una sanción consistente en internación en 
celda propia con restricción de derechos, según lo enunciado en el Artículo 31 g del presen¬ 
te Reglamento, de hasta 90 días o alojamiento en celda de aislamiento por hasta 10 días 
con supervisión médica en forma diaria. Estas sanciones deberán ser sometidas a la consi¬ 
deración de la Junta de Tratamiento de la Unidad de Internación, disponiendo éstos de 48 
horas para expedirse. 


Al respecto las Reglas Mínimas afirman: 

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhuma¬ 
na o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. 


82 


32. 1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán cuando el 
médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por escrito que éste 
puede soportarlas. 2) Esto mismo será aplicable a cualquier otra sanción que pueda per- 


judicar la salud física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca 
ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del mismo. 3) El médico 
visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e 
informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por 
razones de salud física o mental. 

Por su parte los Principios y Buenas Prácticas estipulan: 

El aislamiento sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y 
como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar inte¬ 
reses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos, y para proteger 
derechos fundamentales, como la vida e integridad de las mismas personas privadas de 
libertad o del personal de dichas instituciones. 

En todo caso, las órdenes de aislamiento serán autorizadas por autoridad competente y 
estarán sujetas al control judicial, ya que su prolongación y aplicación inadecuada e 
innecesaria constituiría actos de tortura, o tratos o penas crueles, inhumanos o degra¬ 
dantes. 


El período de tiempo en aislamiento que, según la falta puede ser hasta de 90 
días, con restricción de derechos, exige unas condiciones de habitabilidad que de acuer¬ 
do a nuestro relevamiento muy pocos establecimientos cumplen. Durante el mismo 
constatamos una de las situaciones más flagrantes de violación a los derechos huma¬ 
nos de las personas privadas de libertad: los calabozos de la cárcel departamental de 
Canelones donde en una celda de castigo construida para una persona se alojaban 
14, sin gabinete higiénico, sin cama, colchón, ropa de dormir ni ventanas. A la fecha 
podemos dar fe que dichas instalaciones que constituían un verdadero caso de trato 
cruel, inhumano o degradante, han sido definitivamente clausuradas. De todas for¬ 
mas queremos dejar constancia que no fue el mencionado el único caso preocupan¬ 
te; por regla general los calabozos son lugares que vulneran permanentemente la 
dignidad de las personas. Más allá de la gravedad de la falta cometida, el Estado tiene 
el deber de asegurar las condiciones de habitabilidad e higiene, así como los servicios 
de salud y alimentación dignos durante el aislamiento. El castigo no puede agravarse 
con condiciones inhumanas de detención. 

El uso del calabozo también está asociado a motivos de "seguridad" cuando la 
integridad física de alguna persona está en juego. Durante las entrevistas, tanto las 
autoridades, los funcionarios, como las personas privadas de libertad, afirmaron dis¬ 
poner del espacio de aislamiento a requerimiento expreso de la persona interesada. 
El fenómeno del pedido y concesión de la protección especial, en la jerga carcelaria 
es denominado "embagayar", y la persona protegida es conocida como "bagayo" 6 . 


6 El término empleado en el sociolecto hace referencia al hecho de estar oculto, fuera de la vista 
de los otros; "de contrabando". 


83 


En algunos casos, también suele ser usado en carácter de "adaptación" los prime¬ 
ros días posteriores al ingreso al establecimiento. El período de adaptación debe cum¬ 
plirse despojado de toda pertenencia y en general sin colchón y/o ropa de cama. La 
persona que es integrada recientemente al módulo o pabellón asignado, en la jerga 
carcelaria es conocida como "ingreso", justamente porque es reconocido por su as¬ 
pecto desaseado y sin cordones en los zapatos. 


Existen celdas de 
castigo 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

74,2 

74,2 

NO 

25,1 

99,3 

Sin dato 

,7 

100,0 

Total 

100,0 



Durante el 
último año 
estuvo alguna 
vez en una 
celda de castigo 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

17,5 

17,5 

NO 

56,6 

74,1 

N/C 

25,1 

99,2 

Sin dato 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



Compartió la 
celda con otras 
personas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

12,7 

12,7 

NO 

4,6 

17,3 

Sin dato 

,3 

17,5 

N/C 

82,5 

100,0 

Total 

100,0 



Al ser preguntadas sobre la infraestructura y equipamiento del calabozo el 10,5% 
de las personas encuestadas afirmó que no tenía ventana; el 11,9% dijo que carecía 
de luz natural; el 10,6% que carecía de luz artificial; el 10,1% dijo no tener cama; el 
11,4% que carecía de fuente de suministro de agua; el 8,7% dijo tampoco tener WC o 
letrina y el 16,2% no acceder a una ducha. 


84 














Con respecto a los servidos suministrados durante el castigo se relevaron los 
siguientes datos. 


Durante el 
período de 
castigo 
necesitó 
consultar al 
médico 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

7,1 

7,1 

NO 

10,4 

17,5 

N/C 

82,4 

99,9 

Sin dato 

,1 

100,0 

Total 

100,0 



Fue atendido 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

4,3 

4,3 

NO 

2,8 

7,1 

N/C 

92,8 

99,9 

Sin dato 

,1 

100,0 

Total 

100,0 



Nro. de veces por 
día que le 
proporcionaron 
alimento 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

1,2 

1,2 

1 

1,4 

2,7 

2 

11,8 

14,5 

3 

1,4 

15,9 

4 

26,6 

42,4 

N/C 

57,6 

100,0 

Total 

100,0 



En síntesis, el uso del aislamiento reviste características de deprivación integral. 
Como estipulan los estándares internacionales de protección, el encierro en 
condiciones extremas además de ser utilizado en circunstancias excepcionales, debiera 
ser supervisado por personal técnico que garantice que tal castigo no vulnera la salud 
física o mental de la persona castigada. 


Espacios de uso común: una nueva cultura penitenciaria 

Sin lugar a dudas, otra implicancia del modelo de seguridad pasiva es la escasez, 
precariedad y hasta inexistencia de espacios destinados al uso común de la población 
privada de libertad. Salones multiuso, comedores, bibliotecas, aulas, talleres, espacios 
religiosos, salas para ejercicio físico y canchas para practicar deportes, son espacios 
prácticamente inexistentes en la mayoría de los establecimientos de nuestro país. En 
otros casos en los que sí existe alguno de ellos, el uso es marginal y siempre reservado 
a las personas alojadas en los niveles de seguridad menos rigurosos. Una vez más y 


85 














respecto de lo comunitario, el criterio de la seguridad como "bien primordial" 
estructura la dinámica cotidiana desde una lógica perversa en la cual cualquier 
circulación de las personas fuera de la celda es un elemento de "distorsión". 

El gobierno pasado comenzó el proceso de reforma penitenciaria, el que ha sido 
retomado por la actual administración. En el marco de dicho proceso, como estrategia 
para acabar con el hacinamiento, se viene haciendo una fuerte inversión en 
infraestructura. La retórica del gobierno pone énfasis en la humanización del sistema 
y la dignificación de las personas que en él están recluidas. Asimismo, se ha hecho 
hincapié en el trabajo y la educación como elementos indispensables para la 
rehabilitación de las personas, toda vez que, además de promover el empleo 
productivo del tiempo en reclusión, incorporan saberes, habilidades y capacidades 
para la incorporación social luego del egreso 7 . 

Ante estos postulados llama la atención que varias de las construcciones 
recientemente inauguradas tengan características propias de un modelo custodial y 
securitizador. 

Un modelo de rehabilitación no puede sino partir de la imprescindible restauración 
de derechos. Dichos derechos deben materializarse en un ejercicio real y cotidiano. La 
experiencia de la cárcel de Punta de Rieles parece ir en esa dirección, a través de un 
modelo más abierto que ofrece oportunidades para estudiar y trabajar, incorporando 
así saberes y destrezas para la reinserción social. En cambio, en establecimientos como 
Cerro Carancho en Rivera, la nueva cárcel de Maldonado "Las Rosas", el nuevo módulo 
VIII en COMCAR y el nuevo módulo en el Penal de Libertad, pareciera subyacer otra 
concepción. Si bien las construcciones son nuevas, prima en ellas el carácter cerrado y 
celular. Salvo los patios de cemento, sin plantas, sin elementos para la recreación y el 
ejercicio, no están previstos otros espacios para el uso comunitario. Creemos que se ha 
perdido una importante oportunidad para invertir recursos que han sido cuantiosos, en 
función de un nuevo paradigma sobre la privación de libertad. 

El sistema penitenciario forma parte de otro sistema mayor integrado por la 
legislación penal, la Policía, la Justicia, además de las cárceles y el conjunto de medidas 
alternativas a la prisión. Por ende, la crisis penitenciaria no puede ser resuelta 
únicamente por el sistema penitenciario y las autoridades políticas vinculadas a él. La 
cárcel no es sino otra función del Estado integrante de un proceso más amplio y 
complejo, que procura la protección de todas las personas integrantes de una sociedad. 

Por tal razón insistimos en el necesario debate que se debe la sociedad uruguaya 
no solo a los efectos de sensibilizar sobre la actual crisis del sistema, sino también y 
fundamentalmente, para comprender que resulta fundamental cambiar el enfoque 
de encierro, castigo y restricción de derechos por el de la seguridad de los derechos 8 . 


7 La propuesta concreta puede consultarse en el proyecto de Ley de Reglamentación del INR, 
disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/sc¡/proyectos/2011/D§/min_390.pdf 

8 PEGORARO, Juan; "Derecha criminológica, neoliberalismo y política penal". En: Delito y Sociedad; 
15/16; págs. 141-160. 

86 


Esta concepción se refleja en todos los servicios, ofertas educativas y laborales, 
vínculos internos y con el exterior, y por supuesto también, indefectiblemente, en los 
espacios físicos. 

La construcción de establecimientos humanizadores que se ajusten a las 
normativas y tratados internacionales, promuevan los vínculos sociales y un trato 
próximo y digno redundará en perspectivas más auspiciosas sobre la posibilidad de 
habilitación de quienes han transitado por ellos. Se trata de generar ambientes -y no 
solo espacios- que faciliten la producción integral de la vida en condiciones de dignidad. 

La política penitenciaria debe estar para ello estrechamente entramada con la 
arquitectura penitenciaria, ya que son necesarios los espacios y ambientes adecuados 
para el desarrollo de todas las dimensiones mencionadas. 

Sin lugar a dudas, como lo atestiguan diversas experiencias internacionales, las 
cárceles pequeñas, con capacidad no superior a 250 personas, permiten una gestión 
más humana de la privación de libertad. Por oposición, los mega establecimientos 
(claro caso de COMCAR, Penal de Libertad, cárcel departamental de Canelones) tienden 
al desarrollo de un modelo despersonalizador, donde la persona es un ser "ajeno" 
sujeto a una normativa disciplinados (explícita y oculta) rígida, que es el factor esencial 
para que "la pequeña villa" se regule con escasos presupuesto, recursos humanos y 
propuesta socioeducativa. 

Las experiencias de modernización y humanización del sistema penitenciario en 
otros países han ¡mplementado la construcción de establecimientos de baja densidad 
demográfica, con un máximo de 300 plazas, alojamientos individuales o hasta un 
máximo de 4 personas en una superficie adecuada, con un máximo de 50 celdas sin 
rejas y un diseño armonizado con la perspectiva de derechos humanos. Estos 
establecimientos incorporan la noción de compus , generalmente alejados de los 
núcleos urbanos; están libres de muros perimetrales que lo aíslen, para lo cual están 
dotados de cercos transparentes a la vez que la gestión de la seguridad se desarrolla 
desde una perspectiva dinámica 9 ; integran espacios verdes, salones multiuso, capillas, 
aulas, bibliotecas, talleres y en el caso de los establecimientos para mujeres con hijos, 
también espacios destinados al desarrollo saludable de los niños y las niñas. 

Dicho modelo destaca el concepto de progresividad de la pena, lo cual posibilita 
a la persona privada de libertad, acceder a oportunidades de trabajo y educación 
desde el inicio de la pena a la vez que progresivamente, a mejores condiciones y 
oportunidades dentro del sistema. Generalmente dichos establecimientos contemplan 

9 En antagonismo a la seguridad pasiva de los barrotes, rejas, muros, cercas y guardias perimetrales. 
La perspectiva considera que la vigilancia y la seguridad en las prisiones dependen de la existencia de un 
ambiente positivo que propicie la colaboración de las personas privadas de libertad. La seguridad externa 
(para evitar fugas) y la vigilancia interna (para evitar incidentes) estarán mejor garantizadas cuando se 
fomente una buena relación entre las personas privadas de libertad y el personal. Ver: OHCHR; Los 
Derechos Humanos y las Prisiones, Manual de derechos humanos para funcionarios de instituciones 
penitenciarias; Ginebra, 2005, pág. 53. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/trainingllAdd3sp.pdf 


87 


las diversas etapas y prevén sectores cerrados, semiabiertos y abiertos. Una vez 
cumplidas las etapas de mayor seguridad las personas privadas de libertad permanecen 
en sus celdas solo a los efectos del descanso. 

Cabe desatacar que este modelo solo funciona si la nueva cultura sobre la 
privación de libertad se ha hecho carne en el sistema político que toma las decisiones, 
en los operadores que las gestionan y en la sociedad toda, abierta a la reinserción de 
quienes han estado recluidos/as. Por ello, además de unas cárceles modernas y 
adecuadas a la normativa internacional de protección de los derechos humanos, es 
absolutamente necesario un sistema que prevea dispositivos eficientes de reinserción 
y seguimiento al egreso. En este sentido, la familia y la comunidad deben ser incluidos 
en tanto agentes proactivos. 


88 



Ana Juanche 


I. Introducción 

El Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y el Observatorio del Sistema Judicial, OSJ, desa¬ 
rrollaron durante 2010, el primer relevamiento cuantitativo de población privada de 
libertad, estructurado desde la perspectiva de derechos humanos. 

El mismo se inscribe en el Componente I del proyecto Hacia una política de Esta¬ 
do en Privación de Libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas que ambas orga¬ 
nizaciones desarrollaron con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

El relevamiento cuantitativo se complementa con otros estudios que intentan 
abordar la integralidad del sistema de privación de libertad en sus múltiples dimen¬ 
siones: a) un relevamiento exhaustivo de la normativa vigente para la privación de 
libertad en el país; b) una investigación sobre el gasto público dedicado al sistema; c) 
un relevamiento sobre la infraestructura y la ingeniería organizacional; d) un 
relevamiento sobre los recursos humanos afectados al mismo y e) un estudio cualita¬ 
tivo sobre las trayectorias de institucionalización de 30 casos seleccionados. 

Este informe corresponde a una interpretación de los datos estadísticos produci¬ 
dos sobre la población adulta privada de libertad (hombres y mujeres). No se incluye 
aquí la información recabada sobre adolescentes privados/as de libertad, ni la corres¬ 
pondiente al módulo sobre derechos sexuales y reproductivos aplicado a las mujeres 
privadas de libertad que al momento de ser encuestadas estaban embarazadas (o lo 
habían estado durante la reclusión) o vivían con sus hijos/as en reclusión. La informa¬ 
ción relativa a estos dos cortes mencionados (mujeres y adolescentes) se abordará 
en capítulos específicos. 

II. El relevamiento del sistema carcelario 

Para el relevamiento del sistema carcelario se diseñaron instrumentos diferen¬ 
ciados: 

a) un formulario guía para la observación y el registro de información durante la 
recorrida exhaustiva in situ a cada uno de los establecimientos de reclusión, 
que permitió relevar la infraestructura y los servicios; 


89 



b) una pauta para entrevista a autoridades de los establecimientos, destinada a 
recoger información sobre la gestión, los servicios, los recursos humanos y 
las normas institucionales; 

c) un formulario de encuesta, destinado a obtener información directa sobre 
aspectos sociodemográficos, biográficos, de condiciones de vida y de acceso a 
derechos, de las personas privadas de libertad 1 . 

A continuación se detallan aspectos relativos a la información recogida a través 
de la encuesta nacional aplicada a personas privadas de libertad. 

III. Metodología 

La encuesta a personas privadas de libertad se realizó entre los meses de mayo y 
octubre de 2010, con una muestra de población estadísticamente representativa. Se 
aplicó un formulario estructurado, cerrado, dividido en 4 módulos (identificación, 
características de la persona, infraestructura y servicios, derechos humanos). Se in¬ 
cluyó una cantidad limitada de preguntas abiertas, destinadas a ampliar información, 
que se rotuló bajo el código especificar. 

En el caso de las mujeres que al momento de la aplicación de la encuesta estaban 
embarazadas (o lo habían estado durante su reclusión), y aquellas que vivían con sus 
hijos/as en el encierro, se aplicaron además otros dos módulos complementarios: i) 
uno sobre salud sexual y reproductiva y ii) otro sobre las condiciones de vida y el 
acceso a derechos de los/as niños/as 2 . 

El formulario encuesta fue aplicado presencialmente, bajo el formato un/a 
encuestador/a - un/a encuestado/a y la duración promedio de dicha aplicación 
promedió los 40 minutos por persona encuestada. 

El equipo de doce encuestadores/as fue capacitado especialmente para esta la¬ 
bor a través de reuniones grupales y con el apoyo de un manual elaborado a tales 
fines. Asimismo fue articulado y supervisado por una coordinación de campo y una 
coordinación ejecutiva. 

Un aspecto adicional a destacar es la alta profesionalización del equipo encarga¬ 
do del relevamiento. Todos/as los/as integrantes tenían experiencia previa de trabajo 
con personas privadas de libertad y manejaban fluidamente todos los aspectos refe¬ 
ridos al cuestionario ya que participaron en los procesos de creación y definición de 
los formularios. 


1 Ver instrumentos anexos. 

2 Ver formularios anexos. Cabe destacar que como fuera expresado en el cuerpo del texto, la infor¬ 
mación relativa a los módulos diferenciales será abordada en informes específicos. 

90 


El relevamiento comenzó con una instancia de pre-test realizada en la Cárcel Cen¬ 
tral de Montevideo y la estrategia posterior consistió en movilizar al equipo comple¬ 
to a los establecimientos de gran cantidad de población (COMCAR, Cabildo, Libertad, 
Las Rosas y Canelones). En los restantes, se optó por una estrategia de simultaneidad, 
dividiendo al equipo en dos subgrupos, articulados cada uno de ellos por una coordi¬ 
nación de campo. 

IV. Muestra de población adulta privada de libertad 3 
La población 

La población de interés está constituida por las personas mayores de edad, priva¬ 
das de libertad en establecimientos penitenciarios de todo el territorio nacional. 

Como cualquier población de personas, es dinámica: ingresos y egresos modifi¬ 
can constantemente su composición. 

En muestreo de poblaciones finitas -como es el caso-, es necesario definir un 
conjunto fijo del cual se extrae la muestra. 

Para respetar este requerimiento podrían ensayarse dos soluciones, una vez con¬ 
feccionada una lista con todas las personas pertenecientes a la población en un mo¬ 
mento fijo en el tiempo (marco muestral) y seleccionada la muestra de dicha lista 
para luego realizar las entrevistas: 

i) localizar a todas las personas seleccionadas en algún momento pos¬ 
terior a la confección de la lista, aún en los casos que hayan sido 
trasladadas o liberadas; 

¡i) realizar el operativo de campo en el menor tiempo posible, e inme¬ 
diatamente después de haber confeccionado la lista. 

Ninguna de éstas era practicable debido a los costos que implicaría el relevamiento, 
por cuanto en su lugar se optó por ¡mplementar la estrategia ¡i) pero aplicada a nivel 
de establecimientos penitenciarios. De esta manera se tienen muestras por estable¬ 
cimiento pero que, en sentido estricto, no son agregables ya que corresponden a 
distintos momentos del tiempo. Para salvar esta dificultad los resultados son corregi¬ 
dos de manera que den cuenta de una población de referencia que es estimada a 
partir de datos del Ministerio del Interior, del Comisionado Parlamentario para el 
Sistema Penitenciario y de los datos relevados en cada establecimiento por los y las 
encuestadores/as. 


3 El trabajo técnico estadístico estuvo desarrollado por el Economista y Lie. en Estadística Guillermo 
Zoppolo. 


91 


Otra característica de esta población es que está organizada por establecimien¬ 
tos. En cada uno de ellos la información disponible para la construcción de un marco 
muestral es distinta, y en un rango muy amplio. 

En algunos establecimientos solamente se contó con el número de reclusos/as y 
su distribución por sexo. 

En los casos que se dispuso de mayor información, los datos proporcionados 
incluían sexo, edad, fecha de ingreso al establecimiento, situación procesal, lugar de 
alojamiento y tipo de delito. En todos los casos la información disponible era incom¬ 
pleta, con distintos grados de desactualización, y en varios establecimientos solo fue 
posible disponer de ella al momento mismo del relevamiento, a pesar de haberla 
solicitado con antelación. 


El diseño 


Desde el punto de vista teórico se trata de un muestreo estratificado por estable¬ 
cimiento y el diseño en cada estrato fue sistemático con el marco ordenado, en fun¬ 
ción de la información auxiliar disponible. 

Respecto a este punto caben dos aclaraciones: i) la población es la de referencia 
estimada que se mencionó anteriormente y ¡i) no todos los establecimientos existen¬ 
tes durante el período de relevamiento fueron visitados con lo que, en sentido estric¬ 
to, la población representada por la muestra es la alojada en los 26 establecimientos 
visitados 4 . 


4 Cabe acotar que al momento de la publicación de este informe, algunos de los establecimientos 
visitados han sido clausurados y la población que los alojaba fue trasladada a otros edificios. Se trata 
concretamente del Pabellón Femenino de la Cárcel de Canelones cuya población fue trasladada al Centro 
Nacional de Recuperación (CNR); el antiguo Establecimiento Carcelario "Las Rosas" en Maldonado, cuya 
población fue trasladada a la nueva cárcel "espejo"; la Cárcel Departamental de Rocha, cuya población 
fue trasladada en el caso de los hombres, a los nuevos módulos construidos en la chacra policial y, en el 
caso de las mujeres, a un nuevo edificio en la ciudad; la Cárcel Departamental de Rivera, cuya población 
masculina fue trasladada al nuevo establecimiento construido en paraje Cerro Carancho (no así las muje¬ 
res que permanecen en un anexo de la vieja cárcel) y el Establecimiento Correccional de Mujeres "Cabil¬ 
do", cuya población fue trasladada al Centro Nacional de Recuperación (CNR). Asimismo, se han inaugu¬ 
rado otros edificios como el Establecimiento "El Molino" para madres que viven con sus hijos/as y el 
Establecimiento "Punta de Rieles". Todos los nuevos establecimientos mencionados, incluidos también 
los nuevos módulos en el Penal de Libertad y en el COMCAR fueron visitados por el equipo de SERPAJ y 
el OSJ. 


92 


Cuadro No.l 


Muestra y Población de Referencia por Establecimiento 


Establecimiento 

Muestra 

Población 

Cárcel Departamental Artigas 

29 

145 

Centro de Reclusión Canelones 

67 

1083 

Centro de Reclusión Canelones Femenino 

36 

77 

Cárcel Central - Montevideo 

12 

82 

Establecimiento Reclusión Cerro Largo 

30 

109 

Establecimiento Reclusión Deptal. "Piedra del Indio" - Colonia 

41 

124 

Centro de Reclusión Departamental Durazno 

23 

75 

Centro de Reclusión Departamental Flores 

11 

35 

Centro de Reclusión Departamental Florida 

23 

78 

Centro de Reclusión de Lavalleja (incluido "Campanero") 

26 

158 

Establecimiento Carcelario "Las Rosas" - Maldonado 

57 

455 

Cárcel Departamental Paysandú 

26 

212 

Cárcel Departamental Río Negro 

24 

107 

Cárcel Departamental Rivera 

32 

237 

Cárcel Departamental Rocha 

31 

145 

Cárcel Departamental Salto 

38 

181 

Cárcel Departamental Soriano 

29 

149 

Cárcel Departamental Tacuarembó 

14 

78 

Establecimiento Carcelario Treinta y Tres 

19 

59 

COMCAR - Santigo Vázquez 

195 

3197 

Penal de Libertad - San José 

64 

1201 

Establecimiento "La Tablada" - Montevideo 

21 

148 

Establecimiento carcelario de Juan Soler - San José 

15 

129 

Establecimiento Correccional de Mujeres "Cabildo" - Montevideo 

62 

313 

Casa Medio Camino - Montevideo 

17 

17 

Centro Nacional de Rehabilitación - Montevideo 

30 

183 

Total 

972 

8777 


Trabajo de campo 

De 30 establecimientos existentes al momento de realización de la encuesta, se 
visitaron 27 5 . En los establecimientos más numerosos, COMCAR, Canelones y Liber¬ 
tad, las tasas de muestreo fueron de 6%, 6% y 5% respectivamente; en el resto de los 
establecimientos las tasas de muestreo superan el 10% y en los establecimientos 
femeninos superan el 50%. 


5 Por razones logísticas no se visitaron la cárcel de Paso de los Toros, en Tacuarembó; el Centro de 
Reclusión No. 8 "Domingo Arena" y el Centro de Reclusión No. 2 de Santiago Vázquez. 


93 







Se planificaron 1100 encuestas; se aplicaron 1164, de las que efectivamente se 
completaron 972. Estos 972 casos estiman un total de 8777 reclusos (estimados para 
la población de referencia). De los 972 casos, 725 son varones y 247 mujeres, entre 
las cuales están incluidas 66 madres. 

La estrategia para las mujeres embarazadas y compartiendo la vida en reclusión 
con sus hijos fue el censo. Durante el período de realización del mismo se relevaron 
20 mujeres embarazadas, 46 conviviendo con sus hijos/as y 47 niños/as 6 . 

La diferencia entre la muestra planificada y la efectivamente obtenida se explica 
por problemas operativos: no contacto (debido a ausencias momentáneas), contacto 
interrumpido y no respuesta. La tasa de casos efectivos es de 88.4%. Respecto a esta 
cifra caben dos comentarios: i) en todas las encuestas existe diferencia entre los ca¬ 
sos relevados y los planificados y ¡i) dependiendo del tipo de encuesta, la tasa de 
casos efectivos varía; por ejemplo, en las encuestas de hogares suele ubicarse entre 
el 65% y 80%. Respecto a este tipo de población, en nuestro país, hasta el momento 
de aplicación de la encuesta, no había antecedentes. 

Estimadores 

Para corregir posibles sesgos por el efecto de la no respuesta se utilizaron 
estimadores calibrados. Estos estimadores para el total de una variable y, i , son de la 
forma 



donde la suma es en s, la muestra seleccionada; a k , es el inverso de la probabilidad de 
que el individuo k pertenezca a la muestra y y k , es el valor de la variable de interés 
para el individuo k. Por último, g k , es un ponderador calculado de manera que se 
cumpla la ecuación de calibración 




donde t xi es el total poblacional conocido de la variable x.. 

Los totales utilizados en la ecuación de calibración fueron el sexo, grupos de 
edad (18 a 24, 25 a 35 y más de 35), un indicador para la condición de reincidente y 
otro para la condición de penado/a. 

En general las modificaciones introducidas por los ponderadores g k son menores 
excepto para el indicador de la condición de "penado/a" donde se detectó cierto 
sesgo en la muestra, posiblemente debido a que se entrevistaron reclusos con un 

6 Encontramos solamente un caso (en la cárcel femenina de Durazno) de una madre conviviendo 
con dos hijos; una varón y una niña. 

94 


mínimo de tiempo en el establecimiento (variable, entre 15 y 60 días, aproximada¬ 
mente) 7 . 


Precisión 

En la mayoría de los casos las cantidades estimadas son proporciones 
poblacionales. Si supusiéramos, como aproximación, un diseño aleatorio simple so¬ 
bre la población de referencia, el uso de estimadores de Horvitz-Thompson y que la 
verdadera proporción poblacional es de 50% (el caso menos favorable) se tiene un 
error de +/- 2,96% para una confianza del 95%. 

Los resultados para la muestra obtenida con el diseño efectivamente utilizado y 
el uso de los estimadores calibrados confirman que la aproximación anterior es 
apropiada e incluso conservadora, cuando la proporción estimada es cercana a cero 
o a uno. 


Referencias 

• El ingreso de los formularios se realizó en EpiData. (Lauritsen JM & Bruus M. EpiData (versión 
3). A comprehensive tool for validated entry and documentaron of data. The EpiData 
Association, Odense Denmark, 2003-2004. 

• Los cálculos de los ponderadores calibrados se realizaron usando la biblioteca survey del R. 
(R Development Core Team 2011). R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R- 
project.org/). 

• DEVILLE, J.C. y SÁRNDAL, C.E. (1992). Calibration Estimators ¡n Survey Sampling. Journal of 
the American Statical Association 87 , 376-382. 

• SÁRNDAL, C.E., SWENSSON. B. y WRETMAN, J.H. (1992). Model Assisted Survey Sampling. 
New York: Springer - Verlag. 

• SÁRNDAL, C.E. (2007). The calibration approach ¡n survey theory and practice. Survey Meth- 
odology 33, 99-119. 


7 La encuesta buscó recoger la percepción integral de las personas a propósito de las condiciones 
del encierro. Por tal razón se estipuló que las personas encuestadas debían tener un mínimo de 15 días 
de haber ingresado al establecimiento, tiempo necesario para incorporar los elementos centrales de la 
cotidianidad del encierro. 


95 


V. Análisis de la información 

Un breve marco para la interpretación de los datos 

El diseño del instrumento de encuesta se estructuró en algunos supuestos recogi¬ 
dos de la experiencia en el monitoreo a lugares de detención que SERPAJ y el OSJ han 
realizado durante muchos años. 

Entre ellos cabe destacar que las condiciones de vida en reclusión, están directa¬ 
mente afectadas por aspectos como: a) la región geográfica donde está establecida la 
cárcel; b) el tamaño de la población carcelaria; c) la cantidad de población en relación 
al número de plazas disponibles lo cual determina el índice de superpoblación y si 
éste es crítico, el hacinamiento 8 ; d) el estado de la infraestructura edilicia y la calidad 
de los servicios suministrados (salud, educación, alimentación, etc.); e) el régimen de 
encierro: máxima seguridad, media cerrada, media abierta o mínima; entre otros. 

A los efectos de georeferenciar los datos, la distribución de los 27 establecimien¬ 
tos visitados, se estableció en dos regiones 9 : a) Metropolitana, que concentra las cár¬ 
celes del departamento de Montevideo y localidades aledañas, incluyendo las del 
departamento de San José y b) Departamental, que incluye a todos aquellos estable¬ 
cimientos de los departamentos del interior del país (excepto San José), en sus va¬ 
riantes de cárceles departamentales -en su mayoría urbanas- y chacras o estableci¬ 
mientos con modalidad de encierro semiabierto o abierto, vinculados a 
emprendimientos productivos policiales. Cabe destacar que en esta última categoría, 


8 El hacinamiento puede medirse desde distintas alternativas. Se considera hacinamiento una tasa 
de población superior a 120, según lo estipulado por el Consejo de Europa. Pero también tomando en 
consideración los metros cuadrados destinados al encierro, en relación al tiempo que la persona 
permanece en la celda. "El Comité Europeo poro lo Prevención de lo Torturo y de los Peños o Tratos 
Inhumanos o Degradantes (CPT) ho recomendado usar un espacio de 4 metros cuadrados por persona 
como una medida útil cuando se tenga como objetivo mejorar niveles de hacinamiento totalmente 
inaceptables. Sin embargo, ha descrito una celda individual de 4,5 metros cuadrados como 'muy pequeña' 
e inadecuada para períodos de detención que excedan de uno o dos días; una celda de 6 metros cuadrados, 
como 'bastante pequeña'; y una de 10 metros cuadrados, como 'de buen tamaño para ser ocupada por 
un solo individuo', pero 'bastante pequeña' para dos. Ha considerado que las celdas para un único 
ocupante de 8 metros cuadrados y 9 metros cuadrados brindan condiciones de detención 'completamente 
satisfactorias' y 'razonables'": en "Notas orientativas sobre reforma penitenciaria"; No. 4, Centro 
Internacional para Estudios Penitenciarios; King's College London. http://www.procuraduria.gov.do/ 
PGR.NET/Dependencias/ENAP/Documentos/no4-hacinamiento-prisiones.pdf 

9 La división territorial de los establecimientos es la determinada por el Ministerio del Interior. Has¬ 
ta la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) las cárceles dependientes de la Dirección 
Nacional de Cárceles correspondían al área metropolitana (con excepción de la Cárcel Central que está 
bajo la órbita de la Jefatura Departamental de Montevideo); las restantes dependen de las Jefaturas de 
Policía correspondientes a cada departamento (con la excepción de la cárcel Juan Soler que se construyó 
luego del cierre de la ex Cárcel Departamental de San José y pasó al organigrama del área metropolita¬ 
na). Actualmente, tal como se hiciera referencia en la introducción de este informe, hay un plan de 
pasaje de las cárceles del interior a la órbita del INR. El I o de agosto de 2012, se produjo el de la Cárcel 
Departamental de Canelones. 


96 


hay dos centros que, por su cantidad de población, el nivel de hacinamiento y la pre¬ 
cariedad de la infraestructura 10 , comportan una caracterización más similar a los es¬ 
tablecimientos del área metropolitana: "Las Rosas" en el departamento de Maldonado 
y la Cárcel Departamental de Canelones. 


Cuadro No.2 


Distribución de establecimientos por región geográfica 


Área Metropolitana 

Cá rcel Centra I 

Establecimiento Correccional de Mujeres "Cabildo" 

Centro "Medio Camino" 

Establecimiento "La Tablada" 

Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) 

Complejo Ca rcelario Santiago Vázquez (COMCAR) 

Penal de Libertad 

Establecimiento carcelario Juan Soler 

Área Departamental 

Cárcel Departamental Artigas 

Centro de Reclusión Canelones 

Centro de Reclusión Canelones Femenino 

Establecimiento Reclusión Cerro Largo 

Establecimiento Reclusión Depta I. “Piedra del Indio" - Colonia 

Centro de Reclusión Departamental Durazno 

Centro de Reclusión Departamental Flores 

Centro de Reclusión Departamental Florida 

Centro de Reclusión de Lavalleja (incluido “Campanero") 

Esta bl e cimiento Ca rcel a rio “La s Rosas" - Ma I dona do 

Cárcel Departamental Paysandú 

Cárcel Departamental Río Negro 

Cárcel Departamental Rivera 

Cárcel Departamental Rocha 

Cárcel Departamental Salto 

Cárcel Departamental Soria no 

Cárcel Depa rta menta I Tacuarembó 

Establecimiento Carcelario Treinta y Tres 


10 Cabe destacar que en el momento en que se hizo el re leva miento, la nueva cárcel de Maldonado, 
“Las Rosas", aún no había sido inaugurada. Los datos recogidos corresponden al contexto de la vieja 
cárcel, la que registraba uno de los más altos índices de hacinamiento sumado a las pésimas condiciones 
de infraestructura. 


97 







Cuadro No.3 


Distribución de la población por zona geográfica 


Región Porcentaje 

Metropol ita na 

58,0 

Depa rta menta 1 

42,0 

Total 

100,0 


Como se desprende del cuadro anterior, de cada 10 personas privadas de libertad, 
6 están recluidas en establecimientos de la región metropolitana y 4 en el interior. 

Se debe tener en cuenta también que en el área metropolitana están situados los 
mayores establecimientos: COMCAR que aloja a 3.200 personas, el Penal de Libertad 
a 1.200, CNR a 410, Punta de Rieles 460 11 . 

Población 


Cuadro No.4 


Cantidad de población por establecimiento 


Establecimiento 



11 Las cifras actuales, al 30 de julio de 2012 son las siguientes: COMCAR, 2535; Libertad, 1385; La 
Tablada, 170; Juan Soler, 144; CNR Varones (ex Cabildo), 49; Centro No. 2, 83; El Molino, 30; Punta de 
Rieles, 663; CNR Femenino, 420 y la Unidad No. 8, 13 (aloja a personas procesadas por delitos de lesa 
humanidad). 


98 



















La encuesta buscó recoger la percepción de las personas respecto de sus condi¬ 
ciones de vida y acceso a derechos durante la reclusión; por cuanto el tiempo de 
encierro a partir de la fecha de ingreso al establecimiento, es una de las variables que 
permite analizar el grado de conocimiento de la cotidianeidad, en todas las dimensio¬ 
nes de la institucionalidad. 


Cuadro No.5 


Población distribuida por año de ingreso al establecimiento 


Año de Ingreso 

Porcentaje 

Porcentaje acumulado 

1987 

,2 

,2 

1990 

,1 

,4 

1991 

,0 

,4 

1992 

,0 

,4 

1993 

,1 


1994 

, 1 

,6 

1995 

,1 

,7 

1996 

,1 

,8 

1997 

,4 

1,2 

1998 

,3 

1,5 

1999 

,4 

2,0 

2000 

,1 

2,1 

2001 

,4 

2,5 

2002 

,5 

3,1 

2003 

1,8 

4,8 

2004 

1,8 

6,6 

2005 

2,7 

9,3 

2006 

4,4 

13,7 

2007 

8,5 

22,2 

2008 

16,2 

38,4 

2009 

30,1 

68,5 

2010 

31,5 

100,0 

Total 

100,0 



El cuadro muestra que el 77.8 % de la población ingresó al establecimiento en el 
que se encuentra recluida durante el último trienio y un 31.5 % lo ha hecho durante el 
último año. 

Comparativamente, el cuadro siguiente muestra que casi la mitad de la población 
ingresó el último año y el 78.8% lleva un tiempo de reclusión no superior a 3 años. 


99 










Cuadro No.6 


Tiempo de reclusión por tramos 


Años de reclusión 

Porcentaje 

Porcentaje acumulado 

0 - 1 

44,7 

44,7 

1-2 

22,0 

66,7 

2 - 3 

12,1 

78,8 

3 - 4 

7,1 

85,9 

4 - 5 

3,4 

89,2 

5 - 6 

2,6 

91,8 

6 - 7 

1,3 

93,1 

7 - 8 

1,4 

94,5 

8 - 9 

1,2 

95,7 

9 - 10 

,7 

96,5 

10 - 11 

,4 

96,9 

11 - 12 

,2 

97,1 

12 - 13 

,6 

97,7 

13 - 14 

,4 

98,1 

14 - 15 

,4 

98,5 

15 - 16 

,1 

98,6 

16 - 17 

,4 

99,0 

17-18 

,2 

99,2 

18-19 

,1 

99,4 

19 - 20 

,1 

99,5 

21 - 22 

,1 

99,7 

22 - 23 

,3 

100,0 

Total 

100,0 



Como se mencionó, la percepción integral sobre el fenómeno de la reclusión re¬ 
quiere del tiempo concreto vivido en tal circunstancia, a los efectos de poder infor¬ 
mar cabalmente tanto sobre aspectos formales, como sobre detalles vinculados a las 
normas institucionales explícitas o tácitas -entendidas estas últimas como aquellas 
herramientas disciplinadoras que forman parte de la cultura del centro aun no estan¬ 
do formalmente planteadas- 

En este sentido, un primer dato se relaciona a la "movilidad" de la población 
carcelaria. El fenómeno se vincula a causas como el número de ingresos y egresos al 
sistema, el número de plazas disponibles, la progresividad en el régimen de seguri¬ 
dad, las estrategias de autorregulación a través de traslados a modo de "intercam¬ 
bio" -que incluyen desde solicitudes por aproximación familiar, motivaciones de se¬ 
guridad ante eventuales riesgos a la integridad física y también la aplicación de casti¬ 
gos ante incumplimientos disciplinarios-, aspectos que serán analizados independien¬ 
temente. 


100 











Características sociodemográficas 

La población privada de libertad, además de dinámica, comporta otras caracte¬ 
rísticas sobre las que vale detenerse, a la hora de intentar caracterizarla cabalmente. 
Así por ejemplo, podemos determinar que en Uruguay, al igual que en el resto de los 
países de la región, la población reclusa es predominantemente masculina, ya que de 
cada 10 personas privadas de libertad, menos de 1 es mujer 12 . 


Cuadro No.7 


Distribución de la población por sexo 


Sexo 

Porcentaje 

Hombre 

92,5 

Mujer 

7,5 

Total 

100,0 


Sin embargo, cabe atender especialmente la evolución que ha tenido la población 
femenina durante los últimos años. En su informe 2009, el Comisionado Parlamentario 
para el Sistema Penitenciario afirmaba que "El crecimiento de la población reclusa en el 
último semestre no ha sido uniforme: la cantidad de mujeres privadas de libertad se 
incrementó 15%, mientras que el total de varones encarcelados aumentó 8,5%, es decir, 
casi la mitad (en términos relativos) (...) A pesar del desbalance señalado, las mujeres 
privadas de libertad continúan siendo alrededor de un 7% del total de la población 
encarcelada (...) En comparación con años anteriores la cantidad de mujeres privadas 
de libertad registra un importante incremento: en 2006 se encontraban privadas de 
libertad 380 mujeres, sobre un total de 6.694 personas recluidas (5.6%). En tres años 
(2006 a 2009) el aumento en la población reclusa femenina ha sido de un 59%" 13 . 

Los factores explicativos de tal aumento responden a un entramado causal del 
cual dan cuenta algunos de los aspectos sociodemográflcos relevados en la encuesta 
aplicada, que serán abordados oportunamente en el capítulo específico sobre mujeres 
privadas de libertad. 

El porcentaje de personas extranjeras privadas de libertad es del orden del 4.6% y 
sus nacionalidades corresponden mayoritariamente a países de la región (Argentina, 
Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia y Colombia), seguidas por aquellas provenientes 
de países europeos y de los Estados Unidos de Norte América. 


12 Los datos estimados por esta investigación difieren en un 0.9% de los relevados por el I Censo 
Nacional de Reclusos. Dicho relevamiento constató que el 8.4% de la población carcelaria son mujeres. 
Disponible en: http://www.minterior.gub.uy/images/stories/informe_censo_reclusos_dic.pdf (pág. 7). 

13 COMISIONADO PARLAMENTARIO; Informe de actuación y evaluación del Sistema Penitenciario 
Nacional (avance). Enero - junio 2009. Disponible en: http://wwwO.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/ 
otrosdocumentos/comis¡onadoparlamentario/lnforme2009-01.pdf 


101 










Cuadro No.8 


Distribución de la población por nacionalidad 


Nacionalidad 

según país de 

origen 

Porcentaje 

Porcentaje acumulado 

Argentina 

1,9 

1,9 

Boliviana 

,0 

1,9 

Brasileña 

,8 

2,7 

Chilena 

,1 

2,8 

Colombiana 

,6 

3,4 

Española 

,2 

3,6 

Estadounidense 

,3 

3,8 

Holandesa 

,1 

3,9 

No corresponde 

94,3 

98,2 

Paraguaya 

,6 

98,9 

Peruana 

,0 

98,9 

Portuguesa 

,0 

98,9 

Sin dato 

1,1 

100,0 

Total 

100,0 



Cuadro No.9 


Distribución de la población por nacionalidad según país de origen 


Nacionalidad 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Uruguaya 

94,3 

94,3 

Extranjera 

4,6 

98,9 

Sin dato 

1,1 

100,0 

Total 

100,0 



102 
















La información sobre la autopercepción étnico racial de la población privada de 
libertad arrojó un dato preocupante: el 27,3% cree tener ascendencia afro o negra y 
el 13,6% considera que esa es su principal ascendencia. Comparativamente a la 
incidencia de la población afro en la composición demográfica uruguaya, que según 
el censo del año 2011 arroja un 7.84% con ascendencia afro entre otras y un 4.6% con 
ascendencia afro como principal ascendencia 14 . 


Cuadro No.10 


Autopercepción sobre presencia de ascendencia étnico racial afro 


Cree tener 
ascendencia 
afro o negra 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

27,3 

27,3 

NO 

66,4 

93,7 

Sin dato 

6,3 

100,0 

Total 

100,0 



Cuadro No.11 


Autopercepción sobre ascendencia afro como principal componente étnico racial 


Considera principal 
la ascendencia... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Afro 

13,6 

13,6 

Asiática 

,8 

14,4 

Blanca 

65,7 

80,1 

Indígena 

3,8 

83,9 

Otra 

10,4 

94,4 

Sin dato 

5,6 

100,0 

Total 

100,0 



Este dato viene a reforzar el fenómeno de discriminación que envuelve a la 
población afrodescendiente en nuestro país, considerando además que el 28,1% 
pertenece a hogares pobres. 


14 INE. Disponible en: http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/ 
pais%20poblac¡on.html#asc 


103 
















Según el INE "Lo incidencia de lo pobreza muestro diferencias cloros según lo 
ascendencia étnico rodo!. Lo situación de pobreza poro los personas que declaran ser 
ofrodescendientes más que duplico lo constatado poro lo población blanco. Lo mayor 
diferencio en situación de pobreza entre ofrodescendientes y personas con ascendencia 
blanco se registra en la capital del país, donde la brecha es de casi 21 puntos 
porcentuales" 1S . 

La discriminación de la que es objeto la población afrodescendiente, producto de 
la criminalización y prisionalización, viene a componer una triple selectividad 
configurada por la clase, la raza y el territorio, dilema político del Siglo XXI 16 . 

Los datos socio demográficos recogidos en este relevamiento dan cuenta de las 
tres dimensiones, como quedará explícito durante el desarrollo de la información. 

Además, la población privada de libertad es joven. Según los datos relevados por 
este proyecto el 62.5% es menor de 33 años. En una distribución diferente por tramos 
de edad, el I Censo Nacional de Reclusos constató que "entre los reclusos hay un peso 
importante de los jóvenes: el 35% tiene entre 18 y 25 años y el 34.5% tiene entre 26 
y 35 años de edad" (pág. 7). 


Cuadro No.12 


Distribución de la población por tramos de edad 


58-62 

3,2 

97,3 

63-67 

1,1 

98,4 

68-72 

,9 

99,2 

73-77 

,5 

99,8 

78 y + 

,2 

100,0 

Total 

100,0 



Edad 

Porcentaje 

Porcentaje acumulado 

18-22 

18,7 

18,7 

23-27 

23,5 

42,1 

28-32 

19,4 

61,5 

33-37 

12,0 

73,5 

38-42 

8,5 

82,0 

43-47 

7,7 

89,7 

48-52 

2,4 

92,1 

53-57 

2,1 

94,2 

58-62 

3,2 

97,3 

63-67 

1,1 

98,4 


15 GONZÁLEZ, Franco, HORJALES, Rodrigo y MACARI, Andrea; Estimación de lo pobreza por el método 
del ingreso; INE, 2011; pág. 25. 

16 WACQUANT, Lóic; Racial stlgma ¡n the maklng of America's punltive State; University of Califonia 
Berkley Sociology Department; 2005. Disponible en: http://sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/ 
wacquant_pdf/RACI ALSTIGMAINMAKINGPUNITIVESTATE.pdf 


104 


























Residencia 


Cuadro No.13 

Distribución de la población por departamento de residencia inmediatamente 


antes de la reclusión 


Código 17 

Departamento 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1 

Montevideo 

55,9 

55,9 

10 

Maldonado 

5,2 

61,1 

11 

Paysandú 

3,4 

64,6 

12 

Río Negro 

1,6 

66,1 

13 

Rivera 

2,8 

68,9 

14 

Rocha 

1,9 

70,8 

15 

Salto 

2,4 

73,3 

16 

San José 

2,3 

75,6 

17 

Soriano 

1,4 

77,0 

18 

Tacuarembó 

,7 

77,7 

19 

Treinta y Tres 

1,0 

78,7 

2 

Artigas 

2,3 

81,0 

3 

Canelones 

9,7 

90,7 

4 

Cerro Largo 

1,5 

92,2 

5 

Colonia 

2,1 

94,3 

6 

Durazno 

,7 

95,0 

7 

Flores 

,3 

95,3 

8 

Florida 

,6 

95,9 

9 

Lavalleja 

1,4 

97,3 

N/C 


2,7 

100,0 

Sin dato 


,0 

100,0 

Total 


100,0 



17 Se codificó de acuerdo al Codificador por Departamentos del Instituto Nacional de Estadística. 


105 










Cuadro No.14 


Distribución de la población según residencia o no en asentamiento 


Residía en 
asentamiento 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

17,5 

17,5 

NO 

82,2 

99,7 

Sin dato 

,3 

100,0 

Total 

100,0 



Cabe destacar que la pregunta formulada recogió respuestas con un potente grado 
de subjetividad. Sobre el punto, barrios y organizaciones espacio-territoriales 
oficialmente consideradas asentamientos, no fueron así declaradas por los y las 
encuestados/as. El equipo considera que este dato está sub-representado en la 
encuesta 18 . 


Familia 


Cuadro No.15 


Distribución de la población según tenencia o no de hijos menores de edad 


Tiene hijos 
menores de 
edad 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

61,4 

61,4 

NO 

38,5 

99,8 

Sin dato 

,2 

100,0 

Total 

100,0 



18 Por más detalles ver en este mismo informe, Relevamiento de las trayectorias de institucionalización 
de las personas privadas de libertad. Estudio de casos. 

106 
















Cuadro No.16 


Distribución de la población por tramos de edad y según tenencia o no de 
hijos menores de edad 


Edad en tramos 

Tiene hi 

os menores de edad 

Total 

SI 

NO 

Sin dato 

18-22 

37,4% 

62,6% 


100,0% 

23-27 

61,7% 

38,3% 


100,0% 

28-32 

73,8% 

26,2% 


100,0% 

33-37 

78,6% 

21,4% 


100,0% 

38-42 

85,0% 

13,9% 

1,1% 

100,0% 

43-47 

61,0% 

39,0% 


100,0% 

48-52 

73,3% 

26,7% 


100,0% 

53-57 

32,0% 

68,0% 


100,0% 

58-62 

36,6% 

63,4% 


100,0% 

63-67 

25,5% 

74,5% 


100,0% 

68-72 

27,6% 

67,1% 

5,3% 

100,0% 

73-77 


100,0% 


100,0% 

78 y + 

88,9% 


11,1% 

100,0% 

Total 

61,4% 

38,5% 

,2% 

100,0% 


Cuadro No.17 


Distribución de la población por sexo y según tenencia o no de hijos menores 
de edad 


Sexo 

Tiene hi. 

os menores de edad 

Total 

SI 

NO 

Sjn dato 

Hombre 

60,1% 

39,7% 

,2% 

100,0% 

Mujer 

77,5% 

22,5% 


100,0% 

Total 

61,4% 

38,5% 

,2% 

100,0% 


Los datos recogidos indican que la mayoría de las personas privadas de libertad 
tienen hijos/as menores. Así como se observan porcentajes elevados en los tramos 
de edad que van entre los 23 y 52 años (el mayor, 85% lo registra el tramo 38 - 42), 


107 






















cabe también resaltar que más de un tercio de la población más joven (18 - 22) 
también los tiene. Este dato habla de la prematura maternidad - paternidad de los 
sectores sociales más vulnerables. 

En la distribución por sexo es mayor el porcentaje de mujeres que tienen hijos 
menores de edad. 


Educación 

El escaso nivel educativo es otra característica relevante. Como muestra el cuadro 
siguiente el 50.7% de la población carcelaria tiene educación primaria como máximo 
nivel alcanzado. Solo el 10% tiene el Ciclo Básico de educación secundaria completo y 
el 2.7% finalizó el bachillerato. El 2.8% alcanzó la educación universitaria. 


Cuadro No.18 


Distribución de la población según máximo nivel educativo alcanzado 


Nivel educativo más alto 

alcanzado 

Porcentaje 

Porcentaje acumulado 

Sin Educación 

2,2 

2,2 

Primaria sin Terminar 

18,5 

20,8 

Primaria Completa 

29,8 

50,7 

Ciclo Básico sin Terminar 

23,4 

74,3 

Ciclo Básico Completo 

10,0 

84,4 

Nivel Secundario sin terminar 

10,0 

94,4 

Nivel Secundario Completo 

2,7 

97,1 

Terciaria 

2,8 

100,0 

Total 

99,4 



108 

















Cuadro No.l8a 


Distribución de la población según alfabetización 


Sabe leer y 
escribir 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

93,3 

93,3 

NO 

6,6 

99,9 

Sin dato 

,1 

100,0 

Total 

100,0 



Cómo es su nivel de 
lectoescritura 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bueno 

64,9 

64,9 

Regular 

25,7 

90,6 

Deficiente 

2,3 

92,9 

N/C 

6,6 

99,4 

Sin dato 

,6 

100,0 

Total 

100,0 



El 93,3% de la población dice saber leer y escribir; sin embargo, un cuarto 
manifiesta hacerlo regularmente. El escaso nivel educativo de la población privada 
de libertad se caracteriza además por la dificultad para desarrollar la competencia 
verbal - lingüística. Esto queda evidenciado en la dificultad para la comprensión, la 
producción de textos escritos y la argumentación discursiva. 

Salud 


Cuadro No.19 


Distribución de la población según cobertura médica antes de la reclusión 


Tenía cobertura de médica antes 
de la reclusión 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ninguna 

3,0 

3,0 

MSP 

58,2 

61,2 

Mutualista 

25,2 

86,4 

Seguro Médico 

1,0 

87,3 

Hospital Policial / Miitar 

2,4 

89,7 

Policlínica del BPS 

,4 

90,1 

Policlínica municipal 

7,7 

97,8 

Sin dato 

2,2 

100,0 

Total 

100,0 



En cuanto a la cobertura de salud, la población privada de libertad en su mayoría 
(más de dos tercios sumados todos los servicios públicos) acudía a la atención de 
salud pública, previamente a la privación de libertad. Un 3% declara no haber tenido 
asistencia de salud y un 25,2% haberse atendido en el servicio mutual. 


109 


























Con respecto a la salud odontológica, menos del 50% tenía cobertura previo a la 
reclusión. 


Cuadro No. 20 


Distribución de la población según cobertura odontológica antes de la reclusión 


Tenía cobertura de 
salud odontológica 
antes de la 
reclusión 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

46,7 

46,7 

NO 

51,0 

97,7 

Sin Dato 

2,3 

100,0 

Total 

100,0 



Ocupación 


Cuadro No. 21 


Distribución de la población según ocupación previa a la reclusión 


Ocupación previa a la reclusión 

Porcentaje 

Porcentaje acumulado 

Ninguna 

21,2 

21,2 

Asalariado privado 

34,6 

55,7 

Fuñe, del Min. de Defensa 

,3 

56,1 

Fuñe, del Min. del Interior 

1,5 

57,6 

Otros funcionarios públicos 

2,8 

60,4 

Patrón 

,4 

60,8 

Profesional independiente 

,8 

61,5 

Cuenta propia sin local 

26,8 

88,3 

Cuenta propia con local 

8,4 

96,8 

Ama de casa 

,9 

97,7 

Estudiante 

1,1 

98,8 

Jubilado / pensionista 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



110 
















Los datos arrojan que un quinto de la población (21,2%) no tenía ocupación alguna 
previo a la reclusión; un tercio era asalariado/a privado y casi otro tercio desempeñaba 
tareas por cuenta propia, sin local. Casi un 2% son personas que habían estado vinculadas 
a funciones en el Ministerio del Interior o de Defensa Nacional, mientras que un 2,8% 
eran funcionario/as de otra índole. Los profesionales y las amas de casa no alcanzan al 
1% de la población, los estudiantes, jubilados y/o pensionistas, apenas lo superan. 


Cuadro No. 22 


Distribución de la población según ocupación y tramos de edad 


Edad en 
tramos 

Ocupación 

Total 

Ninguna 

Asalariado 

privado 

Fuñe. Min. 

Defensa 

Fuñe. Min. 

Interior 

Otros fuñe. 

públicos 

Patrón 

Prof. 

Indep. 

Cuenta 

propia 

s/local 

Cuenta 

propia 

c/local 

Ama 

de casa 

Estudiante 

Jubilado / 

pensionista 

18-22 

29,5% 

17,6% 


3,7% 

10,3% 


17,1% 

15,0% 

10,0% 

35,4% 

63,0% 


18,6% 

23-27 

25,5% 

29,2% 

23,3% 

17,0% 

17,3% 

17,6% 

15,7% 

21,8% 

9,2% 

8,5% 

19,6% 

7,4% 

23,5% 

28-32 

27,5% 

18,9% 

36,7% 

28,1 % 

11,5% 



15,9% 

13,5% 

19,5% 

17,4% 

31,5% 

19,4% 

33-37 

8,9% 

11,1% 


16,3% 

9,1% 

50,0% 


16,0% 

14,5% 

11,0% 



12,0% 

38-42 

2,4% 

7,7% 



23,0% 

17,6% 

10,0% 

8,8% 

23,8% 

14,6% 


1,9% 

8,5% 

43-47 

5,1% 

8,6% 

40,0% 

6,7% 

9,1% 


2,9% 

7,5% 

13,2% 

1,2% 



7,7% 

48-52 

,5% 

2,7% 


4,4% 

7,8% 

14,7% 


2,3% 

4,3% 

3,7% 



2,4% 

53-57 


1,2% 



6,2% 



4,3% 

3,9% 




2,1% 

58-62 

,7% 

2,8% 



,4% 


54,3% 

5,3% 


6,1% 


10,2% 

3,2% 

63-67 


,2% 


11,9% 




1,5% 

5,1% 




1,1% 

68-72 





5,3% 



1,1% 

2,4% 



18,5% 

,9% 

73-77 




11,9% 








28,7% 

,5% 

78 y + 








,7% 




1,9% 

,2% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


La distribución de la población según ocupación y tramos de edad refleja que las 
personas sin ocupación alguna previo a la reclusión se concentran entre los 18 y 32 
años; los asalariados privados, mayoritariamente entre los 18 y los 37 años; los ex 
funcionarios del Ministerio de Defensa se agrupan en torno a algunos tramos de edad: 
23 a 32 y luego saltan al tramo 43-47; el mayor porcentaje de ex funcionarios del 
interior se concentra en el tramo 28-32; los ex funcionarios públicos se sitúan 
mayoritariamente en el tramo 38-42 y entre los; la mitad de quienes se desempeñaban 
como patrones se ubican en el tramo 33-37 y la mitad de los profesionales 
independientes en el tramo 58-62; la distribución de quienes se ocupaban por cuenta 
propia sin local es bastante homogénea entre los 18 y los 47 años 19 . 


19 El equipo tiene indicios que en "cuenta propia sin local" se incluyeron respuestas vinculadas a 
actividades delictivas. Como la pregunta se formuló como "ocupación" y no trabajo, la interpretación de los 
y las encuestados/as asoció ese tipo de actividad con "cuenta propia". También cabe destacar que durante 
el desarrollo de la pregunta, los/as encuestadores fueron expresamente preguntados sobre si la actividad 
delictiva podía ser incluida, ya que para muchos era considerada un trabajo. Para evitar un sesgo no deseado, 
se optó por contestar que la respuesta debía remitir al estricto criterio del encuestado/a. 


111 





















Cuadro No. 23 


Distribución de la población por sexo y ocupación 


Ocupación 

Sexo 

Total 

Hombre 

Mujer 

Ninguna 

21,3% 

19,1% 

21,2% 

Asalariado privado 

35,0% 

29,8% 

34,6% 

Fuñe. Min. Defensa 

,4% 


,3% 

Fuñe. Min. Interior 

1,5% 

1,4% 

1,5% 

Otros fuñe, públicos 

2,7% 

3,9% 

2,8% 

Patrón 

,4% 

,8% 

,4% 

Prof. independiente 

,7% 

1,2% 

,8% 

Cuenta propia s/local 

27,1% 

23,0% 

26,8% 

Cuenta propia c/local 

8,6% 

6,4% 

8,4% 

Ama de casa 


12,6% 

,9% 

Estudiante 

1,1% 

,5% 

1,0% 

Jubilado / pensionista 

1,2% 

1,5% 

1,2% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


La distribución de las diferentes ocupaciones según el sexo tiene sus mayores 
brechas en la categoría "asalariado privado" (un 5,2% más en los hombres), "cuenta 
propia sin local" (un 4,1% más en los hombres). Nótese que en el promedio general la 
ocupación "ama de casa" representaba el 0,9% mientras que en la distribución por 
sexo asciende al 12,6%. 

La ocupación más desarrollada tanto por hombres como por mujeres, antes de la 
reclusión corresponde a "asalariado privado", seguida de "cuenta propia sin local" y 
"ninguna". 


112 











Cuadro No. 24 


Distribución de la población según cobertura de previsión social 


Aportaba a 
alguna caja de 
previsión social 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

31,7 

31,7 

NO 

63,4 

95,1 

Sin dato 

4,9 

100,0 

Total 

100,0 



Respecto al grado de formalidad del empleo, destaca que dos tercios de quienes 
trabajaban lo hacían "en negro". 


Trayectoria delictiva 


Cuadro No. 24 


Distribución de la población según delito por el cual está recluido 


Delito que motiva la reclusión 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Atentado Violento al Pudor 

2,4 

2,4 

Autoevasión 

,2 

2,6 

Contrabando 

,0 

2,6 

Copamiento 

3,3 

6,0 

Desacato 

,6 

6,6 

Encubrimiento 

,1 

6,7 

Estafa 

1,1 

7,8 

Estupefacientes 20 

15,3 

23,1 

Explotación de Menores 

,2 

23,3 

Falsificación 

,1 

23,4 

Homicidio 

14,2 

37,6 


20 Tenencia, tráfico, comercialización, suministro, tenencia para no consumo, preparación de 
suministro, narcotráfico. 


113 


















Homicidio Agravado 
Homicidio Culposo 
Homicidio esp. agravado 
Hurto 

Hurto Agravado 

Lesiones 

Lesiones Graves 
Otros 

Pornografía 

Proxenetismo 

Rapiña 

Rapiña Agravada 
Receptación 
Saldo de Pena 
Sin dato 

Tentativa de Estafa 
Tentativa de Homicidio 
Tentativa de Hurto 
Tentativa de Rapiña 
Tentativa de Violación 
Violación 

Violencia Doméstica 

Total 


1,9 

39,5 

,8 

40,2 

,0 

40,3 

7,4 

47,7 

2,6 

50,3 

,8 

51,1 

1,9 

53,0 

1,7 

54,8 

,0 

54,8 

,2 

54,9 

26,2 

81,2 

7,0 

88,1 

,8 

88,9 

,3 

89,2 

,1 

89,3 

,4 

89,7 

1,9 

91,6 

2,2 

93,8 

2,9 

96,7 

,1 

96,9 

2,5 

99,4 

,6 

100,0 


100,0 


La información recabada alude a que más de la mitad de la población está reclui¬ 
da por delitos vinculados a la propiedad (52,4%), seguido por aquellos/as que lo es¬ 
tán por haber cometido delitos contra la persona (Incluidos los delitos de violencia 
doméstica y los delitos sexuales). 


114 







Primarios y reincidentes 


Cuadro No. 25 


Distribución de la población según reclusión previa 


Ha estado 
recluido 
anteriormente 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

57,8 

57,8 

NO 

41,1 

98,9 

Sin dato 

1,1 

100,0 

Total 

100,0 



Cuadro No. 26 


Distribución de la población según número de reclusiones previas 


Cantidad de veces 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

41,8 

41,8 

1 

20,6 

62,3 

2 

10,8 

73,1 

3 

6,7 

79,8 

4 

5,5 

85,3 

5 

3,7 

89,0 

6 

3,3 

92,3 

7 

1,9 

94,2 

8 

2,3 

96,5 

9 

3,5 

100,0 

Total 

100,0 



De la información recabada se desprende que 6 de cada 10 personas privadas de 
libertad han estado recluidas anteriormente; 2 de ellas una vez y 1 de ellas, dos veces. 


115 
















Cuadro No. 27 


Distribución de la población por sexo y reclusión previa 


Sexo 

Ha estado recluido anteriormente 

Total 

SI 

NO 

Sin dato 

Hombre 

59,7% 

39,2% 

1,1% 

100,0% 

Mujer 

33,7% 

65,2% 

1,1% 

100,0% 

Total 

57,8% 

41,1% 

1,1% 

100,0% 


Al discriminar la población por sexo y reclusión previa se constata que 6 de cada 
10 hombres han estado presos anteriormente, frente a 3 de cada 10 mujeres. 


Trayectoria de institucionalización previa en hogares de INAU 


Cuadro No. 28 


Distribución de la población según trayectoria en hogares de INAU 


Estuvo 

en hogares de 
INAU 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

27,8 

27,8 

NO 

71,6 

99,4 

Sin dato 

,6 

100,0 

Total 

100,0 



Hogares de 
protección 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

9,2 

9,2 

NO 

18,4 

27,6 

N/C 

71,6 

99,2 

Sin dato 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



Hogares de 
infracción 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

22,9 

22,9 

NO 

4,9 

27,9 

N/C 

71,5 

99,4 

Sin dato 

,6 

100,0 

Total 

100,0 



116 



























Casi 3 de 10 personas tienen trayectoria de institucionalización en hogares de 
INAU; 1 de ellas vinculada a hogares de protección y 2 de ellas vinculada a hogares de 
infracción. 


Cuadro No. 29 


Distribución de la población por sexo y según trayectoria en hogares de INAU 


Sexo 

Estuvo en hogares del INAU 

Total 

Sí 

NO 

Sin Dato 

Hombre 

28,7% 

70,7% 

,6% 

100,0% 

Mujer 

16,9% 

82,3% 

,8% 

100,0% 

Total 

27,8% 

71,6% 

,6% 

100,0% 


Sexo 

De protección 

Total 

Sí 

NO 

N/C 

Sin dato 

Hombre 

9,0% 

19,5% 

70,7% 

,8% 

100,0% 

Mujer 

11,4% 

5,5% 

82,4% 

,8% 

100,0% 

Total 

9,2% 

18,4% 

71,6% 

nP 

O n 

OD 

100,0% 


Sexo 

De infracción 

Total 

SI 

NO 

N/C 

Sin dato 

Hombre 

24,1% 

4,7% 

70,6% 

,6% 

100,0% 

Mujer 

8,8% 

8,2% 

82,3% 

sP 

o'' 

00 

100,0% 

Total 

22,9% 

4,9% 

71,5% 

,6% 

100,0% 


Cuando los datos se discriminan por sexo, las mujeres tienen mayor trayectoria 
en hogares de protección, que los hombres. En lo relativo a los hogares de infracción, 
el caso es inverso: son más los varones que han transitado por hogares para niños y 
adolescentes infractores de ley. 


117 




























Cuadro No. 30 


Distribución de la población según tiempo de permanencia en hogares de INAU 


Tiempo total que estuvo en 
hogares de infracción 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 a 6 meses 

9,3 

9,3 

6 meses a 1 año 

5,9 

15,3 

Más de un año 

7,7 

22,9 

No corresponde 

76,4 

99,4 

Sin dato 

,6 

100,0 

Total 

100,0 



Tiempo total que estuvo en 
hogares de protección 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 a 6 meses 

1,8 

1,8 

6 meses a 1 año 

1,4 

3,2 

Más de un año 

6,2 

9,3 

No corresponde 

89,9 

99,2 

Sin dato 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



La mayoría de la población que ha transitado por hogares de protección lo ha 
hecho por más de un año, mientras que la mayoría de quienes han pasado por hoga¬ 
res de infracción lo han hecho por períodos no mayores a 6 meses. 


118 













Trayectorias de institucionalización previa 


A los efectos de construir el cuadro de trayectorias de institucionalización se crea¬ 
ron 5 categorías: 


CUADRO No. 31 | Categorías de institucionalización 


PA 

Primarios absolutos 

La persona no tiene antecedente de 

institucionalización alguno: ni en hogares de INAU 
(protección y/o infracción) ni en el sistema carcelario 
de adultos. 

CAA 

Con antecedentes de adulto 

La persona tiene trayectoria previa (uno o más 
antecedentes) en el sistema carcelario de adultos. 

SAA 

Sin antecedentes de adulto 

La persona no tiene trayectoria previa en el sistema 
carcelario de adulto, pero tiene trayectoria en 
hogares de protección o de infracción de INAU 

CAP 

Con antecedentes en hogares de 
protección 

La persona tiene trayectoria (uno o más ingresos) en 
hogares de protección de INAU. 

CAI 

Con antecedentes en hogares para 
adolescentes infractores 

La persona tiene trayectoria (uno o más ingresos) a 
hogares para adolescentes infractores. 

H 

Habituales 

La persona tiene trayectoria en hogares de 
infracción de INAU (también puede tener ingresos en 
hogares de protección) y en el sistema carcelario de 
adultos. 


Las 5 categorías pueden combinarse de la siguiente forma arrojando las siguien¬ 
tes trayectorias: 


CUADRO No. 32 


Trayectorias de institucionalización 


Trayectorias 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sin dato 

1,6 

1,6 

PA 

34,2 

35,7 

SAA CAI 

4,6 

40,4 

SAA CAP SAI 

1,9 

42,3 

CAA CAI 

14,2 

56,5 

CAA SAI 

39,6 

96,1 

H 

3,9 

100,0 

Total 

100,0 



119 



















1) Las personas primarias absolutas, son un tercio de la población total privada 
de libertad. Estas personas que ingresan por primera vez al sistema penal, 
son infractores de ley puntuales. El sistema tiene aquí un nicho de población 
específica con la que debería trabajar focalizada, diferenciada y eficientemente 
a los efectos de garantizar (hasta el máximo de sus posibilidades) la no conso¬ 
lidación de la trayectoria delictiva. 

Cuando la retórica del sentido común afirma que "salen peores de lo que 
entraron", no hace sino reconocer pasivamente que el sistema no sólo no es 
capaz de rehabilitar, sino que tampoco lo es de disuadir a quienes puntual¬ 
mente infligieron la ley 21 . 


2) La segunda trayectoria está constituida por quienes no tienen antecedentes 
en el sistema penal de adultos pero sí los tienen como adolescentes infractores. 

Si complementamos la información proporcionada en el cuadro anterior con 
los datos del próximo, veremos que en esta trayectoria están ubicadas las 
personas jóvenes, fundamentalmente entre 18 y 27 años. Si se incluyen los 
tres primeros tramos de edad (abarcando el período de 18 a 32 años) queda¬ 
rá comprendido el 83,2% de la población que, habiendo tenido antecedentes 
como adolescentes infractores, ingresa al sistema carcelario de adultos por 
primera vez. 


Cabe especular (dada la distancia entre 18 y 32) que si bien en esta trayecto¬ 
ria puede haber personas que han pasado casi inmediatamente del sistema 
penal de adolescentes al sistema penal de adultos (los incluidos en el tramo 
18-22), hay otros tantos (apenas 0.9% menos, los del tramo siguiente 23-27 y 
13,7% menos los del tramo 28-32) que lo han hecho más tardíamente. Sobre 
estos últimos y los que integran los tramos siguientes (con antecedentes ju¬ 
veniles aún más lejanos) se debe reflexionar sobre los factores explicativos 
que han llevado a "retomar" el delito, así como sobre las estrategias 
disuasorias, al igual que para quienes integran la trayectoria anterior. 


21 Al respecto el Ministro del Interior, Sr. Eduardo Bonomi, en diciembre de 2011 -y a propósito de 
que la causa del aumento del delito habría sido la liberación de 400 personas que habían cumplido 2/3 
de su pena- decía: «Lo que pasa es que está aumentando la cantidad de gente que delinque; en las 
cárceles hoy se hacen posgrados de delincuencia y eso lo tenemos que cambiar». En: "Liberación de 400 
presos explica suba del delito, según Policía"; disponible en: 
http://www.subrayado.com. uy/Site/News.aspx?Nid=6951 


120 


CUADRO No. 33 


Distribución de la población por tramos de edad según trayectoria de 
institucionalización exclusiva en hogares para adolescentes infractores 


Edad en tramos 

Trayectoria en hogares de infracción 

Total 

SI 

NO 

N/C 

Sin dato 

18-22 

32,6% 

24,7% 

13,9% 


18,6% 

23-27 

31,7% 

13,1% 

21,6% 

19,3% 

23,5% 

28-32 

18,9% 

24,4% 

19,1% 

28,1% 

19,4% 

33-37 

9,1% 

14,3% 

12,6% 

29,8% 

12,0% 

38-42 

2,5% 

10,1% 

10,1% 

22,8% 

8,5% 

43-47 

2,8% 

,7% 

9,8% 


7,7% 

48-52 

1,2% 

1,8% 

2,8% 


2,4% 

53-57 


8,8% 

2,3% 


2,1% 

58-62 



4,4% 


3,2% 

63-67 

1,2% 


1,1% 


1,1% 

68-72 


2,1% 

1,1% 


,9% 

73-77 



,7% 


,5% 

78 y + 



,3% 


,2% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


3) Las personas que integran la tercera trayectoria también podrían ser 
ubicadas en la categoría primarios absolutos puesto que, estrictamente 
en términos de infracción, no tienen antecedente alguno ni como 
adolescentes, ni como adultos. Su antecedente está vinculado a su(s) 
¡ngreso(s) a hogares de protección del INAU. La decisión de haber 
discriminado a este conjunto respecto de la primera trayectoria se basó 
en la intención de visibilizar su trayectoria de institucionalización previa, 
aunque no fuera de carácter infractora. Extendemos a este grupo las 
mismas consideraciones sobre la necesidad de un abordaje específico. 


121 













CUADRO No. 34 


Distribución de la población por tramos de edad según trayectoria de 
institucionalización exclusiva en hogares de protección 


Edad en tramos 

Trayectoria en hogares de protección 

Total 

SI 

NO 

N/C 

Sin dato 

18-22 

32,5% 

30,9% 

13,9% 


18,6% 

23-27 

22,3% 

31,8% 

21,6% 

15,5% 

23,5% 

28-32 

20,7% 

19,2% 

19,2% 

22,5% 

19,4% 

33-37 

10,3% 

9,2% 

12,6% 

43,7% 

12,0% 

38-42 

5,5% 

3,2% 

10,1% 

18,3% 

8,5% 

43-47 

,4% 

3,5% 

9,8% 


7,7% 

48-52 

2,6% 

,7% 

2,8% 


2,4% 

53-57 

4,7% 


2,3% 


2,1% 

58-62 



4,4% 


3,2% 

63-67 


1,5% 

1,1% 


1,1% 

68-72 

1,1% 


1,1% 


,9% 

73-77 



,7% 


,5% 

78 y + 



,3% 


,2% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


Nótese que el porcentaje de casos concentrados en el primer tramo de 
edad (18-22) es casi idéntico al porcentaje de casos concentrados en el 
tramo 18-22 del cuadro anterior. Al igual que los casos con trayectoria en 
hogares de infracción, la población con trayectoria en hogares de 
protección y sin antecedentes de adultos, es predominantemente joven 
(entre 18 y 37 años suman el 75,5% de los casos). 


4) La cuarta trayectoria la conforman los casos de personas que tienen tra¬ 
yectoria previa en el sistema penal de adolescentes y que también tienen 
antecedentes en el sistema penal de adultos. 


122 













CUADRO No. 35 


Distribución de la población según cantidad de reclusiones previas en el 
sistema penal de adultos y trayectoria previa en hogares de infracción 


Cantidad de reclusiones 
previas en el sistema penal 
de adultos 

Trayectoria previa en hogares de infracción 

Total 

SI 

NO 

NC/ 

Sin dato 

0 

21,3% 

39,7% 

48,4% 

43,1% 

41,8% 

1 

16,4% 

34,6% 

21,1% 


20,6% 

2 

12,7% 

16,2% 

9,8% 


10,8% 

3 

9,7% 


6,3% 


6,7% 

4 

7,5% 

3,9% 

4,9% 


5,4% 

5 

6,7% 

2,5% 

2,9% 


3,7% 

6 

10,0% 


1,4% 


3,3% 

7 

4,6% 


1,2% 


1,9% 

8 

7,8% 


,7% 


2,3% 

9 y + 

3,3% 

3,0% 

3,2% 

56,9% 

3,5% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


Entre quienes tienen trayectorias con antecedentes tanto en el sistema 
penal de adolescentes como en el sistema penal de adultos, el grupo más 
numeroso lo conforman quienes tienen sólo 1 antecedente en este últi¬ 
mo, seguido de quienes tienen 2, quienes tienen 6, quienes tienen 3, 
quienes tienen 8, quienes tienen 4, quienes tienen 5, quienes tienen 7 y 
finalmente quienes tienen 9 o más. 


5) En la quinta trayectoria se ubican quienes sólo tienen antecedentes como 
adultos. Son el grupo más numeroso, ubicándose aquí el 39,6% de la po¬ 
blación adulta privada de libertad. Los "reincidentes", caracterizados por 
la reiteración de entradas al sistema carcelario de adultos, pueden tener 
trayectorias más o menos consolidadas, en relación al número de ante¬ 
cedentes. 

Según cifras del Ministerio del Interior, casi 6 de cada 10 personas priva¬ 
das de libertad es reincidente. 


123 













Población carcelaria por categoría 
Julio 2012 {Todo el país) 



Fuente: Ministerio del Interior. División Estadística y Análisis Estratégico. 

Población Reclusa a nivel nacional según situación jurídica y sexo al 31 de julio de 2012 


Según los datos recogidos en el relevamlento de SERPAJ y el OSJ, el 57,8% 
de la población es reincidente y el 41,1% es primaria. El porcentaje sin 
dato corresponde al 1,1 del total. 


6) La sexta y última trayectoria construida la conforman los casos que tie¬ 
nen antecedentes de trayectoria en todas las instituciones involucradas: 
hogares de protección, hogares para adolescentes infractores, cárceles 
de adultos. A estos casos los denominamos los habituales, ya que su tra¬ 
yectoria da cuenta de una profusa institucionalización. Son apenas el 3,9% 
de la población adulta privada de libertad: 372 personas. Cabe puntuali¬ 
zar aquí que se impone una imperiosa reflexión sobre cuáles serán -en el 
marco de la reforma del sistema carcelario- las estrategias de abordaje y 
tratamiento que el Estado debiera diseñar y desarrollar para el trabajo 
con los contumaces. Encierro compulsivo, máxima seguridad y aislamiento 
parecen no haber conseguido persuadir del desistimiento en la trayecto¬ 
ria delictiva. 

Derechos humanos 

Este relevamiento buscó expresamente recoger datos a propósito del acceso o 
no a los derechos. La alimentación, la higiene, la salud, la educación, el trabajo, la 
sexualidad, la cultura, el ocio y el tiempo libre, el contacto con el exterior, así como 
las garantías y las medidas de protección han sido analizados desde la perspectiva de 
derechos y no desde el enfoque de la cultura institucional policial que los considera 
beneficios. 


124 




Para la formulación de las preguntas y de los distintos componentes a indagar se 
utilizaron los estándares internacionales en materia de protección a los derechos 
humanos y en especial las disposiciones de los instrumentos específicos relacionados 
a las personas privadas de libertad. 

El Estado tiene la obligación de respetar y velar por el pleno ejercicio de los dere¬ 
chos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin ninguna discriminación 22 . Las obli¬ 
gaciones vinculantes de respeto y garantía que el Estado tiene para la generalidad de 
su población, constituyen un mayor compromiso en los casos de grupos vulnerables, 
como lo es el de las personas privadas de libertad, ya que por estar recluidas en una 
institución total 23 , están sujetas al control del Estado mientras allí permanezcan. 

Los Principios y Buenas Prácticas estipulan respecto del trato humano: 

"Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de 
cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dig¬ 
nidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estric¬ 
to apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante 
de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará 
y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones 
mínimas que sean compatibles con su dignidad. 

Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, 
ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, 
intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como 
finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental 
de la persona. 

No se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, 
estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política 
interna, u otra emergencia nacional o internacional, para evadir el cum¬ 
plimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a 
todas las personas privadas de libertad/' 

En el Principio II, Igualdad y no-discriminación se expresa: 

"Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá 
derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá 


22 Según artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

23 "Lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados 
de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, admi¬ 
nistrada formalmente. Las cárceles sirven como ejemplo notorio (...)". GOFFMAN, Erving; Internados. 
Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1973; pág. 13. 


125 


derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus 
derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restrin¬ 
gido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a 
su condición de personas privadas de libertad. 

Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas 
de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, 
sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, 
mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condi¬ 
ción social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión 
o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente 
reconocidos a las personas privadas de libertad (...)". 

Y en el Principio VIII, Derechos y Restricciones que: 

"Las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos 
reconocidos a toda persona en los instrumentos nacionales e internacio¬ 
nales sobre derechos humanos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio 
esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley y 
por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad." 

A su vez, el artículo 26 de la Constitución de la República mandata que: 

"...En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí 
sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su 
reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito." 


El Estado debe extender sus garantías de protección también hacia quienes han 
cometido delitos. Esto implica, entre otras cosas, limitar su poder punitivo. Por ello 
es vital que se ocupe especialmente de las condiciones en que se cumple la privación 
de libertad, puesto que así lo establecen los instrumentos internacionales de dere¬ 
chos humanos que el Estado uruguayo ha suscrito y también la normativa interna. Y 
la obligación de velar por los derechos implica a su vez la de responder por su incum¬ 
plimiento. 

El Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en 
las Américas señala que "...el Estado se encuentra en una posición especial de 
garante frente a las personas privadas de libertad, y que como tal, asume deberes 
específicos de respeto y garantía de los derechos fundamentales de estas personas; 
en particular, de los derechos a la vida y a la integridad personal, cuya realización es 
condición indispensable para el logro de los fines esenciales de la pena privativa de 
libertad: la reforma y la readaptación social de los condenados. Así, el ejercicio del 
poder de custodia lleva consigo la responsabilidad especial de asegurar que la pri- 


126 


vación de la libertad sirva a su propósito y que no conduzca a la violación de otros 
derechos básicos/' 24 

Hemos explicitado este marco a los efectos de enfatizar que la efectivización de 
los derechos humanos debe llegar también a las cárceles. La reforma no puede ser de 
forma sino de fondo y para ello es absolutamente indispensable atender a las causas 
estructurales que generan un sistema vulnerado r per se. La realidad da cuenta de una 
violencia sistémica que arroja muertes anónimas o por "ajuste de cuentas", tortura 25 
y malos tratos, prisión preventiva más allá del plazo razonable 26 , altísimos niveles de 
reincidencia a pesar del pretendido afán resocializador, motines y disturbios en de¬ 
manda de mejores condiciones o en reacción a respuestas vulneradoras por parte del 
Estado, hacinamiento persistente porque el sistema se autoprovee constantemente, 
rigor y castigo, ocio compulsivo, entre otros. La alternativa no puede ser otra que la 
dignificación, alejándose del "tratamiento" como proceso despersonalizador y 
"cosif ¡cante". 

La decisión de recluir a un conjunto de personas por razones de orden social, 
debe ir acompañada del resguardo indispensable de proveer un espacio y unos servi¬ 
cios dignos para la vida durante dicho período. Se debe asegurar que las personas 
privadas de libertad puedan desarrollar actividades intelectuales, físicas, relaciónales 
(tanto familiares, como íntimas y comunitarias) y espirituales. 

Pensar la cárcel con enfoque de derechos humanos implica estructurarla desde la 
integralidad, la interdependencia y la complementariedad de los mismos, a la vez que 
se da constante seguimiento a su materialización a través de políticas públicas idó¬ 
neas. El enfoque de derechos debe ser la perspectiva que guíe la acción y la interven¬ 
ción de las autoridades penitenciarias, a través de diferentes planes y programas. 


24 CIDH; 31 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ 
PPL2011esp.pdf 

25 Ver denuncias presentadas por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario a 
propósito de episodios en la Cárcel de Canelones en 2011: http://www.elpais.com.uy/111202/pnacio- 
610087/nacional/Reyerta-de-tres-dias-entre-presos-derivo-en-actos-de-tortura-policial/ y http:// 
www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q = &esrc=s&source=web&cd=4&ved = 0CDQQFjAD&u 
rl = http%3A%2F%2 Fwww.su brayado.com. uy%2FSite%2FNews.aspx%3FNid%3D6775&e¡ = 
R3NUUMOYkqj2BOvMglAH&usg=AFQjCNFCx-sslnPJeXWpQJyzpg8CUayOAw 

Dichas denuncias han sido recogidas también en el Informe del Estado uruguayo ante el Comité 
contra la Tortura: "En efecto, en 2012, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario presentó 
una denuncia ante el Poder Judicial uruguayo por la comisión del delito de tortura de dos funcionarios 
policiales que prestaban funciones en la cárcel de Canelones. En junio de 2012 la Jueza Penal de Primer 
Turno de Canelones determinó el procesamiento con prisión de los dos efectivos policiales por el delito 
de tortura establecido en el artículo 22 de la Ley 18026." (pág. 6). 

Asimismo en marzo de 2012, funcionarios policiales de la cárcel de Maldonado, "Las Rosas", fueron 
procesados por abuso y malos tratos: http://www.elpais.com.uy/120307/pciuda-629041/ciudades/En- 
2-dias-enviaron-a-5-policias-a-la-carcel-por-abusos/ 

26 Según datos de la Asesoría en Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, al 30 de agosto 
de 2012 hay más de 1.100 personas cuya prisión preventiva supera los dos años. 


127 


Por tal motivo creemos que, más allá de los notorios avances hacia la concreción 
de la vida digna dentro de los recintos penitenciarios, es necesario diseñar, ejecutar, 
monitorear y evaluar un plan estratégico de la reforma, que permita dar cuenta de la 
progresividad del cumplimiento del Estado en materia de los derechos humanos de 
las personas privadas de libertad. 

Los datos que informamos a continuación dan cuenta de las materias pendientes 
del Estado en este sentido. 

Alimentación 


CUADRO No. 36 | Distribución de la población según frecuencia de ingestas alimenticias 


Frecuencia ingesta 
desayuno 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 


Frecuencia ingesta 
almuerzo 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Diario 

58,2 

58,2 


Diario 

70,9 

70,9 

Semanal 

6,5 

64,7 


Semanal 

7,6 

78,5 

Mensual 

1,3 

66,0 


Mensual 

,5 

79,0 

Nunca 

33,6 

99,5 


Nunca 

20,5 

99,6 

Sin dato 

,5 

100,0 


Sin dato 

,4 

100,0 

Total 

100,0 



Total 

100,0 



Frecuencia ingesta 
merienda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 


Frecuencia ingesta 
cena 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Diaria 

32,7 

32,7 


Diaria 

91,4 

91,4 

Semanal 

7,2 

40,0 


Semanal 

4,2 

95,6 

Mensual 

2,2 

42,1 


Mensual 

,2 

95,8 

Nunca 

57,4 

99,5 


Nunca 

3,8 

99,5 

Sin dato 

,5 

100,0 


Sin dato 

,5 

100,0 

Total 

100,0 



Total 

100,0 



Como puede observarse, la mayoría de la población realiza 3 Ingestas 
diarias: el 91% realiza la cena, el 70,9% el desayuno y el 58,2%. 


128 






















CUADRO No. 37 | Distribución de la población según procedencia de la provisión de alimentos 


El desayuno lo provee 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

24,2 

24,2 

Por su cuenta 

37,6 

61,8 

Otros 

2,8 

64,6 

No corresponde 

32,4 

97,1 

Sin dato 

2,9 

100,0 

Total 

100,0 



El almuerzo lo provee 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

34,5 

34,5 

Por su cuenta 

39,6 

74,2 

Otros 

3,7 

77,9 

No corresponde 

19,2 

97,1 

Sin dato 

2,9 

100,0 

Total 

100,0 



La merienda la provee 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

9,8 

9,8 

Por su cuenta 

29,8 

39,6 

Otros 

2,3 

41,9 

No corresponde 

55,0 

96,9 

Sin dato 

3,1 

100,0 

Total 

100,0 



La cena la provee 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

35,9 

35,9 

Por su cuenta 

53,6 

89,6 

Otros 

4,6 

94,2 

No corresponde 

3,3 

97,5 

Sin dato 

2,5 

100,0 

Total 

100,0 



Cuando se pregunta sobre el origen de los alimentos que se ingieren 
cotidianamente, la información da cuenta que en todos los casos, es decir, 
en lo correspondiente a las 4 ingestas, la provisión corresponde a la propia 
persona y/o su entorno social próximo (familia, conocidos, ongs, iglesias, 
etc.)- Para el caso de la cena -la comida preponderante en la población 
privada de libertad-, más de la mitad de quienes la ingieren respondieron 
hacerlo por sus propios medios; en lo relativo al alumerzo el establecimiento 
provee al 35% y en el caso del desayuno, tan sólo al 25%. Se desprende 
que, en el mejor de los casos, el Estado está garantizando el alimento a un 
tercio de la población privada de libertad. 

Pero el derecho a la alimentación excede la cantidad de ingestas; una 
alimentación saludable requiere además que ésta tenga buenos niveles 
nutricionales. Este último aspecto es el que registra el mayor déficit puesto 
que, como se desprende de la información recogida la ingestas diarias están 
lejos de ser balanceadas y por tanto de asegurar las sustancias que el 
organismo necesita para realizar sus funciones y mantener un buen estado 
de salud. 

Las Reglas Mínimas estipulan que: 

"20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas 
acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y 
servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su 
salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de 
proveerse de agua potable cuando la necesite." 


129 





















Y los Principios y Buenas Prácticas (XI) dictaminan: 


"1. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una 
alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, 
a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las 
cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las 
necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha 
alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o 
limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. 

2. Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a 
agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o 
limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley/' 


CUADRO No. 38 | Distribución de la población según ingesta diaria por tipo de alimento 


Alimento 

Porcentaje 

Pan 

87,6 

Fruta 

12,3 

Verdura 

59,8 

Arroz 

44,7 

Fideos 

47,5 

Polenta 

24,1 

Leche 

63,7 

Huevos 

7,6 

Carne vacuna 

44,6 

Carne de pollo 

5,2 

Pescado 

1,6 


CUADRO No. 39 | Distribución de la población según acceso al agua potable para la alimentación 


Tiene acceso al 
agua potable 
para la 
alimentación 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

92,0 

92,0 

NO 

7,2 

99,2 

Sin dato 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 40 | Distribución de la población según satisfacción a partir de las ingestas alimenticias 


A su criterio la 
comida que ingiere 
es... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Suficiente 

50,4 

50,4 

Insuficiente 

48,7 

99,1 

Sin dato 

,9 

100,0 

Total 

100,0 



130 



















El último dato complementa las afirmaciones formuladas más arriba puesto 
que, además de nutricionalmente deficiente, la alimentación de las personas 
privadas de libertad es suficiente sólo a criterio de la mitad de ellas. 


Higiene personal 

Las Reglas Mínimas establecen que: 

"15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de 
agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 

16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la 
barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el 
respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con 
regularidad." 

Y los Principios y Buenas Prácticas que: 

"Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones 
sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. 
Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a 
agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas." 

| CUADRO No. 41 | Distribución de la población según acceso a artículos de higiene personal 


Dispone de los 
siguientes artículos 
de higiene personal 

Sí 

NO 

Sin dato 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Jabón 

91,1 

8,3 

0,6 

Papel higiénico 

83,5 

13,0 

0,6 

Pasta de dientes 

87,4 

12,0 

0,6 

Cepillo de dientes 

91,4 

7,9 

0,7 


CUADRO No. 42 


Distribución de la población según tipo de proveedor de los artículos de higiene 
personal 


Los artículos de higiene 
personal los provee... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

3,1 

3,1 

Por su cuenta 

79,4 

82,5 

Otros 

9,6 

92,1 

No corresponde 

3,5 

95,6 

Sin dato 

4,4 

100,0 

Total 

100,0 



Si bien la mayoría de la población privada de libertad dispone de los artículos 
mínimos para su higiene personal, la información evidencia que el acceso a los mismos 
se por parte de las propias personas y/o su entorno propio. Sólo en un escasísimo 
3,1%, el Estado se encarga de tal provisión. 


131 




















CUADRO No. 43 


Distribución de la población según acceso a productos y/o utensilios para la higiene 
de la celda 


Dispone de los siguientes 
productos y/o utensilios 
para la higiene de la 
celda 

Sí 

NO 

Sin dato 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Creolina 

47,2 

51,7 

1,0 

Hipoclorito 

72,4 

27,0 

0,6 

Escoba 

71,6 

27,7 

0,7 


CUADRO No. 44 


Distribución de la población según tipo de proveedor de los productos y/o utensilios 
para la higiene de la celda 


Los productos y/o utensilios 
para la higiene de la celda los 
provee... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

34,4 

34,4 

Por su cuenta 

42,9 

77,2 

Otros 

6,1 

83,4 

No corresponde 

12,5 

95,8 

Sin dato 

4,2 

100,0 

Total 

100,0 



En cuanto a los productos e implementos básicos para la mantención de la higie¬ 
ne de la celda, la mayoría de la población dispone de al menos alguno de ellos, los 
que son dispuestos por el establecimiento sólo en un tercio de los casos. 


CUADRO No. 45 | Distribución de la población según acceso al lavado de ropa personal 


Puede lavar su ropa... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Diariamente 

80,9 

80,9 

Ocasionalmente 

15,6 

96,5 

Nunca 

,8 

97,3 

Sin dato 

2,7 

100,0 

Total 

100,0 



132 


























Salud 


Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
disponen: 

22.1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los 
servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos 
conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse 
íntimamente vinculados con la administración general del servicio 
sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio 
psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento 
de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de 
los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos 
penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el 
establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán 
provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos 
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el 
tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente 
preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios 
de un dentista calificado. 

23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones 
especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que 
acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se 
tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el 
niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho 
en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas 
conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una 
guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando 
no se hallen atendidos por sus madres. 

24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible 
después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, 
en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o 
mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento 
de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o 
contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan 
constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad 
física de cada recluso para el trabajo. 

25.1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. 
Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que 
se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame 
su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que 
estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser 
afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la 
reclusión. 

26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director 
respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los 


133 


alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; 
c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación 
del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de 
los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física 
y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 
2) El Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico 
según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, 
tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas 
recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su 
competencia, trasmitirá inmediatamente a la autoridad superior el 
informe médico y sus propias observaciones. 

A su vez, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas disponen: 

"Toda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le 
practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial, 
practicado por personal de salud idóneo inmediatamente después de su 
ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento, con el fin de 
constatar su estado de salud físico o mental, y la existencia de cualquier 
herida, daño corporal o mental; asegurar la identificación y tratamiento 
de cualquier problema significativo de salud; o para verificar quejas sobre 
posibles malos tratos o torturas o determinar la necesidad de atención y 
tratamiento. 

La información médica o psicológica será incorporada en el registro 
oficial respectivo, y cuando sea necesario, en razón de la gravedad del 
resultado, será trasladada de manera inmediata a la autoridad 
competente. 


CUADRO No. 46 | Distribución de la población según acceso a exámenes de salud al ingreso 


Le hicieron 
exámenes de 
salud al 
ingresar 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

26,5 

26,5 

NO 

70,8 

97,3 

Sin dato 

2,7 

100,0 

Total 

100,0 



Este dato es uno de los datos más preocupantes en cuanto a la omisión 
del Estado respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos de 
las personas privadas de libertad. Sólo a un poco más de un cuarto de la 
población carcelaria se le han practicado exámenes de salud a su ingreso. 


134 








CUADRO No. 47 | Distribución de la población según tipo/s de examen/es practicados al ingreso 


Tipo de examen 
practicado 

S¡ 

Porcentaje 

Sangre 

23,9 

Orina 

14,0 

Presión arterial 

14,3 


Cuando se les pregunta detalladamente por el tipo de examen practica¬ 
do, a aquellas personas que respondieron positivamente a la pregunta an¬ 
terior, menos de un cuarto responde que se le practicó una prueba sanguí¬ 
nea; un 14% dice habérsele tomado muestras de sangre y una cantidad 
similar habérsele controlado la presión arterial. 27 

En cuanto al acceso a la atención de salud durante la reclusión los Prin¬ 
cipios y Buenas Prácticas determinan que: 

"Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y 
social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y 
odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médi¬ 
co idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropia¬ 
dos y gratuitos; la implementación de programas de educación y promo¬ 
ción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades 
infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para 
satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas 
de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales 
como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las 
personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuber¬ 
culosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento 
deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. 

En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar 
los principios siguientes: confidencialidad de la información médica; au¬ 
tonomía de los pacientes respecto de su propia salud; y consentimiento 
informado en la relación médico-paciente. 

El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados 
en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordina¬ 
ción con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prác¬ 
ticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de 
libertad..." 


27 Cabe destacar que al momento de la recolección de datos a través de las encuestas realizadas, 
ASSE sólo se había instalado en COMCAR y aún no estaba dando cobertura a la totalidad de la población 
allí alojada. A la fecha, las policlínicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado se han 
hecho cargo de los establecimientos de COMCAR, Libertad, Punta de Rieles, CNR y El Molino. 


135 










CUADRO No. 48 


Distribución de la población según tipo de afección de salud 


En el caso 
anterior pudo 
consultar al 
médico 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

37,9 

37,9 

NO 

23,5 

61,4 

N/C 

37,8 

99,3 

Sin dato 

,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 49 


Distribución de la población según posibilidad de acceso al médico en caso 
de dolencia puntual 


Ha necesitado atención de salud 
debido a las siguientes dolencias 

Sí 

Porcentaje 

Dolor de muelas 

28,4 

Dolor de oídos 

6,5 

Diarrea 

13,9 

Infecciones cutáneas 

8,4 

Heridas cortantes 

13,2 

Fracturas 

4,2 

Enfermedades infectocontagiosas 

3,5 

Enfermedades respiratorias 

14,0 

Quemaduras 

2,9 


Como puede observarse, del 61% de la población que necesitó consultar al médico 
ante una dolencia específica, dos tercios puedo efectivamente hacerlo. 


136 
























CUADRO No. 50 


Distribución de la población según acceso a la atención médica por 
dolencias puntuales 


Acceso a la 
atención 
médica por 
dolencia 
puntual en días 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

,6 

,6 

1 -3 

24,1 

24,7 

4-7 

1,2 

25,8 

8 y + 

11,4 

37,2 

Sin dato 

,0 

37,2 

N/C 

62,8 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 51 | Distribución de la población según tipo de enfermedad padecida 


Padece alguna enfermedad que 
necesita tratamiento 28 

SI 

Porcentaje 

Cardíaca 

5,2 

Respiratoria 

14,0 

Diabetes 

1,3 

Hipertensión 

6,3 

Infectocontagiosa 

0,5 

Gástricas - hepáticas 

8,6 

De transmisión sexual 

0,4 

VIH 

1,1 

Psiquiátrica 

7,7 

Óseas-musculares 

6,0 

Otras (Especificar) 

7,3 


28 Cabe destacar la diferencia de los datos respecto de los recogidos por el I Censo Nacional de 
Reclusos: 4,8 declara tener alguna ETS, y el 1,7 estar enfermo/a o ser portador/a de VIH - SIDA (págs. 30 
Y 31). 


137 

























CUADRO No. 51 


Distribución de la población según otro tipo de enfermedades crónicas 
padecidas (Especificar) 


Tipo de enfermedad crónica 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Cardiovascular 

,0 

,1 

Circulatoria 

,6 

,7 

Consumo problemático de sustancias 

,1 

,8 

Dermatológica 

1,1 

1,9 

Dermatológica, y Neurológica 

,0 

1,9 

Discapacidad Física 

,4 

2,3 

Endocrina 

,0 

2,3 

Gastroenterológica 

,1 

2,4 

Ginecológica 

,1 

2,5 

Ginecológica, Renal 

,0 

2,5 

Hematológica 

,4 

2,9 

Infecciosa 

,3 

3,2 

Metabólica 

,4 

3,6 

No corresponde 

92,0 

95,6 

Neurológica 

1,6 

97,2 

Odontológica 

,3 

97,5 

Oftalmológica 

,2 

97,7 

Oncológica 

,1 

97,8 

Oncológica, Neurológica 

,1 

97,9 

Óseo/Articular 

,2 

98,1 

Renal 

,4 

98,5 

Sin dato 

1,0 

99,5 

Urológica 

,5 

100,0 

Total 

100,0 



138 









CUADRO No. 52 


Distribución de la población según acceso a tratamiento para 
enfermedades crónicas 


Recibe 
tratamiento 
para su 
enfermedad 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

18,2 

18,2 

NO 

20,4 

38,7 

N/C 

60,6 

99,3 

Sin dato 

,7 

100,0 

Total 

100,0 



Recibe tratamiento para la enfermedad padecida (crónica o puntual) la mitad de 
la población que dice padecerlas. 


CUADRO No. 54 


Distribución de la población según consumo de psicofármacos 


Consume algún 
psicofármaco 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

17,7 

17,7 

NO 

77,2 

94,9 

Sin dato 

5,1 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 54a 


Distribución de la población por sexo y según consumo de psicofármacos 


Consume algún psicofármaco 

Sexo 

Total 

Hombre 

Mujer 

Sí 

16,1% 

38,0% 

17,7% 

NO 

78,7% 

58,7% 

77,2% 

Sin dato 

5,2% 

3,3% 

5,1% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


Mientras que el promedio de la población que consume psicofármacos 
se coloca en el 17,7% (casi 2 de cada 10 personas), cuando se investiga el 
dato discriminado por sexo, las mujeres lo hacen más: casi 4 de cada 10. 


139 

























CUADRO No. 54b 


Distribución de la población según consumo detallado por tipo de 
psicofármaco 


Tipo de psicofármaco (Especificar) 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Alucinan 

,3 

,6 

Alucinan, Clonazepam 

,2 

,8 

Ansiolíticos 

,2 

1,0 

Antidepresivo 

,0 

1,0 

Antidepresivo, Ansiolítico 

,2 

1,2 

Bromazepam 

,3 

1,5 

Carbamazepina, Clonazepam 

,0 

1,5 

Carbamazepina, Clonoten, 

Nozinan 

,0 

1,5 

Clonazepam 

,8 

2,3 

Clonazepam, Risperidona 

,3 

2,6 

Clonoten 

1,1 

3,7 

Clonoten, “Antidepresivos” 

,1 

3,8 

Clonoten, Diazepam, Ondil 

,0 

3,8 

Clonoten, E-Talpram 

,0 

3,9 

Clonoten, Foxetin 

,0 

3,9 

Clonoten, Largactil 

,1 

4,0 

Clonoten, Nidrane 

,0 

4,0 

Clonozepam, Fluoxetina 

,0 

4,0 

Clozapina 

,1 

4,1 

Diazepam 

3,7 

7,8 

Diazepam, Clonazempam 

,4 

8,2 

Diazepam, Largactil 

,1 

8,3 

Diazepam, Lorazepam 

,1 

8,4 

Diazepam, Ondil 

,0 

8,4 

Diazepam, Sertralina 

,0 

8,5 

Domus 

,1 

8,6 

Fluoxetina 

,0 

8,6 

Klonopin 

,3 

8,9 

Lorazepam 

,0 

8,9 

No corresponde 

77,1 

86,0 

No sabe 

,4 

86,4 


140 











Nozinan 

,1 

86,5 

Nozinan, Parcidol 

,0 

86,5 

Ondil 

,4 

86,9 

Parcidol 

,1 

87,0 

Parnox 

1,3 

88,3 

Parnox, Alucinan 

,0 

88,3 

Parnox, Clonazempam, 

,4 

88,7 

Diazepam 



Parnox, Clonazepam 

,0 

88,7 

Parnox, Clonoten 

1,3 

90,0 

Parnox, Clonoten, Alucinan 

,1 

90,2 

Parnox, Clonoten, Diazepam 

,3 

90,5 

Parnox, Clonoten, Diazepam, 

,0 

90,5 

Nozinan 



Parnox, Clonoten, Nozinan 

,1 

90,6 

Parnox, Clonoten, 

,1 

90,7 

Risperidona, Ondil 



Parnox, Clozapina 

,1 

90,8 

Parnox, Diazepam 

1,3 

92,1 

Parnox, Diazepam, 

,1 

92,2 

Bromazepam 



Parnox, Diazepam, 

,1 

92,3 

Clonazepam 



Parnox, Diazepam, Clonoten 

,1 

92,4 

Parnox, Diazepam, Nozinan 

,5 

92,9 

Parnox, Diazepam, Sertralina 

,2 

93,1 

Parnox, Nozinan, Clonoten 

,0 

93,2 

Parnox, Nozinan, Clonoten, 

,0 

93,2 

Sertralina 



Parnox, Parcidol, Clonoten, 

,0 

93,2 

Nozinan 



Parnox, Ritalina, Alucinan, 

,4 

93,6 

Clonoten 



Parnox, Sertralina 

,0 

93,6 

Parnox, Sertralina, Clonoten 

,0 

93,6 

Parnox, Sertralina, Clonoten, 

,1 

93,7 

Rivotril 



SD 

6,2 

99,9 


141 








Sertalina, Bromazepam 

,0 

99,9 

Sertralina 

,1 

100,0 

Sertralina, Clonazepam 

,0 

100,0 

Sertralina, Diazepam, 

,0 

100,0 

Clonoten 



Total 

100,0 



El cuadro desagrega detalladamente el tipo de droga consumido; nótese también 
los casos de combinaciones declarados. 

Lo más inquietante de esta información es el desfasaje entre el dato relativo a las 
personas que declaran tener alguna enfermedad psiquiátrica y el relativo al consumo 
de psicofármacos. Mientras en el total general un 17,7% dice consumir psicofármacos, 
solo un 7,7% dice padecer una enfermedad psiquiátrica. 


CUADRO No. 55 


Distribución de la población según voluntad de acceso a un tratamiento 
para adicciones 


Durante el 
último año 
quiso accede a 
un tratamiento 
para adicciones 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

14,3 

14,3 

NO 

83,4 

97,7 

Sin dato 

2,3 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 55a 


Distribución de la población según voluntad de acceso a un tratamiento 
para adicciones 


Accedió 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

2,1 

2,1 

NO 

12,1 

14,2 

N/C 

83,4 

97,7 

Sin dato 

2,3 

100,0 

Total 

100,0 



142 






















CUADRO No. 56 


Distribución de la población según padecimiento o no de déficit visual 


Tiene algún 
déficit visual 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

32,1 

32,1 

NO 

66,2 

98,4 

Sin dato 

1,6 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 56a 


Distribución de la población según acceso a controles oftalmológicos 


Recibe 

controles 

oftalmológicos 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

3,2 

3,2 

NO 

28,5 

31,7 

N/C 

65,6 

97,3 

Sin dato 

2,7 

100,0 

Total 

100,0 



Mientras el 32,1% de la población declaró padecer algún déficit visual, sólo el 
3,2% recibe controles oftalmológicos. 


CUADRO No. 57 


Distribución de la población según padecimiento de problemas 
odontológicos 


Tiene caries o 
problemas de 
salud bucal 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

56,1 

56,1 

NO 

42,5 

98,6 

Sin dato 

1,4 

100,0 

Total 

100,0 



143 























CUADRO No. 57a 


Distribución de la población según acceso a tratamiento odontológico 


Recibe 

tratamiento 

odontológico 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

8,0 

8,0 

NO 

48,5 

56,4 

N/C 

42,2 

98,6 

Sin dato 

1,4 

100,0 

Total 

100,0 



Mientras que más de la mitad de la población privada de libertad dice tener 
problemas odontológicos (el 56,1%), solo un 8% recibe atención especializada. 

Derechos sexuales y reproductivos 

No existe en Uruguay normativa específica que regule los aspectos relativos a los 
derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de libertad. 

El derecho a la sexualidad en tanto dimensión de la persona humana debe poder 
desarrollarse también en la privación de libertad de acuerdo a parámetros que ase¬ 
guren dicha vivencia en clave de dignidad. 

Las Importantes restricciones que el sistema históricamente ha impuesto (por su 
Inspiración moralista, higienista) repercuten directamente en el deterioro de las con¬ 
diciones para el desarrollo de tales derechos. Tales déficits abarcan desde el escaso 
acceso a las visitas íntimas - sumado a los ostensibles niveles de precariedad de las 
mismas -, a la profilaxis y la educación sexual, y también a la protección frente a 
fenómenos intracarcelarlos como el acoso, el abuso y el comercio sexual, entre otros. 
La repercusión de tal cercenamiento afecta directamente la subjetividad de las per¬ 
sonas, quienes además de encontrarse alejadas de sus familiares y sus núcleos afectivos 
próximos, son obligados a asumir una restricción casi perversa de su afectividad. 

Las visitas íntimas ("conyugales" como son denominadas en el ambiente peniten¬ 
ciarlo) tienen el carácter de beneficio. La posibilidad de acceder a él está en la órbita 
de decisión de la autoridad carcelaria. Pero se debe desatacar que de acuerdo a lo 
constatado en el relevamlento edlllclo realizado en el marco de esta Investigación, el 
nivel de precariedad de las Instalaciones especialmente prevista para tales fines en la 
mayoría de los establecimientos (sin mobiliario, ventilación o gabinetes higiénicos 
adecuados) se suma a la o Improvisación de espacios en patios comunes, salones de 
visitas o pasillos. Las "carpas" artesanalmente construidas con frazadas suplen la Inexis¬ 
tencia o Insuficiencia de espacios formalmente habilitados. 


144 









CUADRO No. 58 | Distribución de la población según recepción de visitas íntimas 


Recibe visitas 
íntimas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

30,3 

30,3 

NO 

69,2 

99,6 

Sin dato 

,4 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 58a 

Hay un espacio 
específico para 
recibirlas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

27,8 

27,8 

NO 

2,1 

29,8 

N/C 

69,2 

99,1 

Sin dato 

,9 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 58b 

Con qué frecuencia están 
autorizadas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Semanal 

18,7 

18,7 

Quincenal 

8,7 

27,3 

Mensual 

2,1 

29,4 

Otra frecuencia 

,7 

30,1 

N/C 

69,2 

99,3 

Sin dato 

,7 

100,0 

Total 

100,0 



| CUADRO No. 59 | Distribución de la población según utilización de métodos anticonceptivos 


CUADRO No. 59a 

Los prove... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

2,8 

2,8 

Por su cuenta 

11,1 

13,9 

Otros 

,7 

14,6 

N/C 

82,8 

97,4 

Sin dato 

2,6 

100,0 

Total 

100,0 



Utiliza métodos 
anticonceptivos 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

16,8 

16,8 

NO 

13,4 

30,3 

N/C 

69,2 

99,5 

Sin dato 

,5 

100,0 

Total 

100,0 



145 





























CUADRO No. 60 | Distribución de la población según utilización de métodos profilácticos 


Utiliza métodos 


Porcentaje 


CUADRO No. 60a 

profilácticos 

Porcentaje 

acumulado 




Pnrrpntaip 

Sí 

10,3 

10,3 


Los prove... 

Porcentaje 

1 U1 vC 1 1IQJ C 

acumulado 

NO 

18,2 

28,5 


El establecimiento 

2,7 

2,7 

N/C 

69,2 

97,7 


Por su cuenta 

6,0 

8,7 

Sin dato 

2,3 

100,0 


Otros 

1,0 

9,8 

Total 

100,0 



No corresponde 

87,6 

97,4 




Sin dato 

2,6 

100,0 




Total 

100,0 



CUADRO No. 61 


Distribución de la población según acceso a control de enfermedades de 
transmisión sexual 


Recibe control 
para ETS 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

14,7 

14,7 

NO 

71,8 

86,6 

Sin dato 

13,4 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 62 


Distribución de la población según mantenimiento de relaciones sexuales 
dentro de la cárcel 


Mantiene 
relaciones 
dentro de la 
cárcel 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

3,0 

3,0 

NO 

89,9 

92,9 

Sin dato 

7,1 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 62a 

Usa métodos 
profilácticos 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

1,4 

1,4 

NO 

1,7 

3,1 

N/C 

90,9 

94,0 

Sin dato 

6,0 

100,0 

Total 

100,0 



146 
































Como se desprende de los datos recogidos, solo un tercio de la población recibe 
visitas íntimas. De ese total de personas (30,3%), el 16,8% usa métodos anticonceptivos 
y el 10,3% usa métodos profilácticos (en el caso del condón, ambos coinciden). 

Un 3,0% respondió que mantenía relaciones en el ámbito carcelario. Cabe aclarar 
que al momento de formular la pregunta los/as encuestadores/as especificaban que 
la información que se buscaba relevar se refería a vínculos que exceptuaran a perso¬ 
nas que ingresaran desde fuera del establecimiento. La respuesta incluye, obviamente, 
casos de relacionamiento sexual con personas del mismo sexo o con personas del 
sexo opuesto. Del total de personas que respondió afirmativamente a esta pregunta, 
un 1,4% afirmó utilizar métodos profilácticos. 

Educación 

La educación es un derecho humano a la vez que un poderoso instrumento para 
la promoción de la dignidad humana, toda vez que a través de ella se construye la 
identidad que vincula a la persona con la comunidad de la que forma parte, a través 
de su lengua, sus códigos, valores y tradiciones. La educación es entonces transmisión 
y recreación de las raíces culturales de una sociedad. 

El no acceso - o el acceso restringido y deficitario a este derecho- no hace sino 
excluir a la persona de la posibilidad de participar proactivamente en la construcción 
ciudadana de dicha sociedad, ejercitando y promoviendo sus derechos a la vez que 
cumpliendo sus deberes. 

Los datos sociodemográficos ya analizados sobre la población privada de libertad 
en Uruguay permiten caracterizar las escasas, interrumpidas y frustradas trayectorias 
educativas de éstas personas, como elementos simbólicos que predisponen también 
a asumir posiciones de exclusión 29 . 

La educación en tanto acción social es obligación del Estado; es "... un componente 
insoslayable de la construcción social y co-producción de subjetividad, ya que ella 
tramita el abordaje de conocimientos, distribuye el capital cultural, socializa y asocia 
saberes, incorpora actores, recuerda mitos, teje vínculos con lo desconocido, con el 
conocimiento, con los otros, con el mundo. La educación así entendida se hace un 
imperativo de inscripción, construcción de identidad, pertenencia y lazo en las 
sociedades humanas 30 . La educación puede ser entonces una herramienta para 
promover oportunidades de producir la vida dignamente. 

"La privación de libertad como expresión punitiva del delito se justifica 
esencialmente en la función reeducadora de la persona privada de libertad, más que 
en sus capacidades reparadoras del orden social violentado. La rehabilitación de la 


29 FALERO, A. (2012): ver en este mismo trabajo el análisis realizado sobre un conjunto de casos de 
trayectorias delictivas. 

30 (Apud NÚÑEZ, V.); SCARFÓ, Francisco; El derecho a la educación en las cárceles como garantía de 
la educación en derechos humanos. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06835-ll.pdf 


147 


persona privada de libertad es pues, un deber y un derecho del interno y del Estado 
que ostenta la capacidad legitima del uso de la fuerza. (...) En las sociedades modernas 
y como expresión de la conciencia de los derechos humanos, sabemos que los derechos 
fundamentales no quedan cancelados frente al poder estatal, ni siquiera en tiempos 
especiales, o en situación de reclusión. Derechos fundamentales y derechos 
ciudadanos no coinciden totalmente porque los primeros están asociados a la propia 
dignidad de la persona, que no necesita el reconocimiento explícito del Estado o de la 
sociedad, porque los mismos emanan del hecho de ser persona/' 31 


Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas 
establecen que: 

"77.1) Se tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos 
los reclusos capaces de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en 
los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y la 
de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración deberá 
prestarle particular atención. 2) La instrucción de los reclusos deberá 
coordinarse, en cuanto sea posible, con el sistema de instrucción pública 
a fin de que al ser puesto en libertad puedan continuar sin dificultad su 
preparación/' 

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, en su Principio XIII estipulan: 

"Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, 
la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, 
y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. 

La enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas 
privadas de libertad, en particular, para los niños y niñas, y para los adultos 
que no hubieren recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 
primaria. 

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera progresiva 
y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la enseñanza secundaria, 
técnica, profesional y superior, igualmente accesible para todos, según 
sus capacidades y aptitudes. 

Los Estados Miembros deberán garantizar que los servicios de 
educación proporcionados en los lugares de privación de libertad 
funcionen en estrecha coordinación e integración con el sistema de 

31 ORDÓÑEZ, Fernando y TECHERA, José; Educación Formal en cárceles: diálogos técnico- políticos. 
Documento de trabajo. ONU, Proyecto L "Apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas 
de libertad"; Montevideo, setiembre de 2011. 


148 


educación pública; y fomentarán la cooperación de la sociedad a través 
de la participación de las asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones privadas de educación. 

Los lugares de privación de libertad dispondrán de bibliotecas, con 
suficientes libros, periódicos y revistas educativas, con equipos y 
tecnología apropiada, según los recursos disponibles. 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a participar en 
actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener oportunidades de 
esparcimiento sano y constructivo. Los Estados Miembros alentarán la 
participación de la familia, de la comunidad y de las organizaciones no 
gubernamentales, en dichas actividades, a fin de promover la reforma, la 
readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de libertad/' 

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su Artículo 1 establece que: 

"1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por 
"discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o preferencia 
fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir 
o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: 

a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y 
tipos de enseñanza; 

b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; 

c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, 
instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados 
para personas o grupos; o 

d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación 
incompatible con la dignidad humana; 

2. A los efectos de la presente Convención, la palabra "enseñanza" se 
refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el 
acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en 
que se da. 

Por su parte, la legislación uruguaya también ampara y garantiza el derecho a la 
educación. 

La Ley General de Educación en su Artículo I o establece: 

"Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo 
ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano funda- 


149 


mental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para 
todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad 
educativa" 


Asimismo, en su Artículo 8 o establece el deber de: 

"asegurar los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial 
situación de vulnerabilidad...el pleno ejercicio del derecho a la educación 
y su efectiva inclusión social". 

Y en su artículo 35 que: 

"la educación formal de jóvenes y adultos debe asegurar como mínimo el 
cumplimiento de la educación obligatoria de las personas mayores de 
quince años". 

Asegurar el acceso al derecho a la educación en circunstancias de privación de 
libertad es un deber del Estado, además de una nueva oportunidad para subsanar los 
déficits y omisiones para con este sector de población vulnerable, al que sus políticas 
públicas no atendieron eficientemente. La educación para estas personas, antes de 
estar privadas de libertad, no fue sino otro elemento reproductor y multiplicador de 
discriminaciones. 

Incorporar oportunidades, competencias y saberes para la vida digna y la 
convivencia pacífica, exige esfuerzos de planificación, recursos técnicos, humanos y 
presupuéstales. La educación que llegue a las cárceles no puede ser una oferta 
devaluada, marginal e inútil para la vida real. Lejos de querer impregnar el enfoque 
de un pragmatismo utilitarista, se pretende reflexionar sobre la necesidad de ofrecer 
educación de calidad. Educar es pues, un acto político. 32 

Parafraseando a Luis Pérez Aguirre, " Educar es modificar las actitudes y las 
conductas. Es afectarlos corazones, los estilos de vida, las convicciones. Y es evidente 
que esto no puede hacerse sino en el sentido de las actitudes profundas del propio 
educador. No podemos concebir el proceso educativo más que como una especie de 
empatia, de mimesis de actitudes entre ambos sujetos del proceso educativo" 33 . El 
Estado tiene la enorme responsabilidad de desarrollar a cabalidad su rol de educador 
con la población privada de libertad. 

La ex Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, 
Katarina Tomasevski, construyó 4 indicadores 34 a partir de los cuales evaluar el grado 

32 FRIGERIO, Graciela y DIKER, Graciela (Comps.); Educar ese acto político; Ed. Del Estante; Buenos 
Aires, 2005. 

33 PÉREZ AGUIRRE, Luis Ma.; Si digo educar para los derechos humanos. IIDH, Estudios Básicos, 
Tomo IX; San José de Costa Rica, 1997. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24458.pdf 

34 TOMASEVSKI, Katarina; Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, Volumen 40, 
disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/prl8.pdf 


150 


d esignificatividod 35 del derecho a la educación. Dichos indicadores son absolutamente 
adecuados para medir el grado de cumplimiento del Estado en la materialización del 
derecho a la educación de las personas privadas de liberad: 

Asequibilidad: la enseñanza debe ser gratuita y financiada por el Estado; debe existir 
una infraestructura adecuada y docentes formados, capaces de sostener la prestación 
de educación. 

Accesibilidad: el sistema no debe discriminar y por tanto debe ser accesible a todos 
y todas, lo cual incluye el desarrollo de medidas de inclusión para las poblaciones 
vulnerables. 

Aceptabilidad: el contenido de la enseñanza debe ser relevante, no discriminatorio, 
culturalmente apropiado y de calidad; el ámbito educativo debe ser un espacio seguro 
(desde la perspectiva de derechos humanos) y los docentes deben ser profesionales 
de la educación. 

Adaptabilidad: la educación debe evolucionar a medida que cambian las necesidades 
de la sociedad y debe contribuir a superar las desigualdades, adaptándose a los 
contextos específicos. 


CUADRO No. 63 | Distribución de la población según acceso a instancias de educación formal 


Actualmente 
realiza estudios 
formales 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

14,7 

14,7 

NO 

84,6 

99,3 

Sin dato 

,7 

100,0 

Total 

100,0 



35 El término es utilizado aquí en relación a la conceptualización de David Ausubel sobre aprendizaje 
significativo (en contraposición al aprendizaje mecánico - memorístico, de la escuela tradicional). El ser 
humano tiene disposición a aprehender solo aquello que le produce sentido. El aprendizaje significativo 
es el proceso por el cual la persona elabora e internaliza conocimientos, habilidades y destrezas, en base 
a experiencias previas relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 


151 








CUADRO No. 63a 


Distribución de la población por sexo, según acceso a instancias de educación 
formal 


Actualmente realiza 
estudios formales 

Sexo 

Total 

Hombre 

Mujer 

Sí 

13,7% 

27,7% 

14,7% 

NO 

85,8% 

70,3% 

84,6% 

Sin dato 

,6% 

2,0% 

,7% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


CUADRO No. 63b | Distribución de la población según instancia de educación formal en curso 


Instancia educativa 
formal en curso 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Primaria 

7,3 

7,3 

Ciclo Básico 

4,4 

11,7 

Bachillerato 

2,5 

14,3 

UTU 

,2 

14,5 

Otros 

,2 

14,7 

No corresponde 

84,6 

99,3 

Sin dato 

,7 

100,0 

Total 

100,0 



| CUADRO No. 64 | Distribución de la población según acceso a instancias de educación no formal 


Actualmente 
realiza estudios 
no formales 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

6,3 

6,3 

NO 

92,8 

99,1 

Sin dato 

,9 

100,0 

Total 

100,0 



152 























CUADRO No. 64a 


Distribución de la población por sexo, según acceso a instancias de educación no 
formal 


Actualmente realiza estudios 
no formales 

Sexo 

Total 

Hombre 

Mujer 

Sí 

4,7% 

26,3% 

6,3% 

NO 

94,5% 

71,4% 

92,8% 

Sin dato 

,8% 

2,3% 

,9% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


CUADRO No. 65 

Las clases son dictadas en... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Aula 

13,0 

13,0 

Salón multiuso 

1,4 

14,3 

Biblioteca 

,0 

14,4 

Comedor 

,0 

14,4 

Fuera del establecimiento 

,2 

14,6 

No corresponde 

84,6 

99,2 

Sin dato 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 65a 

Las clases son 
dictadas por... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Maestro/a 

6,9 

6,9 

Profesor/a 

7,5 

14,4 

N/C 

84,6 

99,0 

Sin dato 

1,0 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 66 

Ha obtenido certificados de 
suficiencia de educación 

Porcentaje 

Primaria 

1,8 

Ciclo Básico 

1,6 

Bachillerato 

0,5 

UTU 

1,1 

Total 

5,0 


CUADRO No. 67 

Se capacita en 
oficios 

Sexo 


Hombre 

Mujer 

Total 

Oficios SI 

4,0% 

14,4% 

4,8% 

NO 

,7% 

11,2% 

1,5% 

N/C 

94,5% 

71,7% 

92,8% 

Sin 

00 

2,7% 

,9% 

datos 




Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


CUADRO No. 67a 

Se capacita en 
manualidades o 
artesanías 

Sexo 

Total 

Hombre 

Mujer 

SI 

1,0% 

12,9% 

1,9% 

NO 

3,7% 

12,7% 

4,3% 

N/C 

94,5% 

71,7% 

92,8% 

Sin dato 

,8% 

2,7% 

,9% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


153 

















































CUADRO No. 69 

Ha obtenido 
certificados 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SÍ 

1,0 

1,0 

NO 

3,4 

4,4 

N/C 

92,8 

97,2 

Sin dato 

2,8 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 68 

Recibe las clases en... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Aula 

3,1 

3,1 

Salón multiuso 

1,3 

4,4 

Biblioteca 

,0 

4,4 

Comedor 

,8 

5,2 

Patio 

,3 

5,5 

Fuera delestablecimiento 

,3 

5,8 

No corresponde 

92,8 

98,6 

Sin dato 

1,4 

100,0 

Total 

100,0 



La cárcel parece ofrecer el acceso a la educación a un porcentaje muy reducido 
de la población que en ella se aloja. Solo un 14,7% accede a alguna instancia de 
educación formal y un 6,3% a alguna instancia de educación no formal. 

Si además se mide el grado de formalidad en cuanto a la posibilidad de acreditar 
los estudios cursados, constatamos que solo un 5,0% ha recibido certificación por sus 
estudios formales y un 1,0% por sus estudios no formales. 

Debido a las características de la población privada de libertad, se impone un 
cambio de paradigma en cuanto a la cantidad, la calidad y la variedad de la oferta 
educativa. Según la información actualizada la mayor cobertura proviene por parte 
del Programa de Educación en Contextos de Encierro, de Educación Secundaria. Es 
fundamental un compromiso activo por parte de la Educación Técnico Profesional, 
así como por parte de la Universidad, a través de Extensión. Sin dudas hay un catálogo 
diverso de propuestas formativas, así como de metodologías para vehiculizar el 
derecho a la educación en contexto de privación de libertad. 


Acceso o la cultura 

Las Reglas Mínimas establecen que: 

"40. Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el 
uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros 
instructivos y recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan 
de la biblioteca lo más posible." 


154 













Estipulan los Principios y Buenas Prácticas que: 

"Las personas privadas de libertad tendrán derecho a participar 
en actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener oportunidades 
de esparcimiento sano y constructivo. Los Estados Miembros alentarán 
la participación de la familia, de la comunidad y de las organizaciones no 
gubernamentales, en dichas actividades, a fin de promover la reforma, la 
readaptación social y la rehabilitación de las personas privadas de 
libertad" 


CUADRO No. 70a 

Tipo de actividad 
en la que 
participa 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Deportes y 

gimnasia 

6,7 

6,7 

Música 

1,5 

8,2 

Manualidades 
y/o artesanías 

3,4 

11,6 

Teatro y/o 
murga 

2,3 

13,9 

Cocina 

1,2 

15,1 

Taller literario 

0,3 

15,4 

Huerta 

1,2 

16,6 


CUADRO No. 70 

Existen 
actividades 
organizadas por 
el 

establecimiento 
para ocupar el 
tiempo íibre 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

17,3 

17,3 

NO 

82,1 

99,3 

Sin dato 

,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 71 

Presentó ante el 
delegado y/o 
autoridades 
alguna 
propuesta 
cultural y/o 
recreativa 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

21,9 

21,9 

NO 

75,8 

97,7 

Sin dato 

2,3 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 71a 

La propuesta 
fue puesta en 
práctica 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

4,7 

4,7 

NO 

17,2 

21,9 

N/C 

75,9 

97,8 

Sin dato 

2,2 

100,0 

Total 

100,0 



155 




























Como se desprende de la información relevada, el derecho a la cultura tampoco 
es desarrollado en el contexto del encierro. Menos de un quinto de la población 
reconoce que existen actividades culturales y/o recreativas impulsadas por el 
establecimiento. Un porcentaje aún menor desarrolla alguna de las actividades 
ofrecidas. 

En cuanto a la posibilidad de materializar propuestas y/o actividades concebidas 
por parte de la población privada de libertad, un quinto dice haber presentado algún 
tipo de ¡dea. De las personas que han presentado iniciativas, menos de un 5% logró 
concretarlas. 

Religión 

Las Reglas Mínimas establecen que: 

"41. 1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de 
reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá 
un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos 
lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá 
prestar servicio con carácter continuo. 2) El representante autorizado 
nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para 
organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que 
corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión. 

3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el 
representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso 
se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá 
respetar en absoluto su actitud. 

42. Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir 
los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios 
organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y 
de instrucción religiosa de su confesión." 

Los Principios y Buenas Prácticas estipulan la libertad de 
conciencia y religión: 

"Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la libertad de 
conciencia y religión, que incluye el derecho de profesar, manifestar, 
practicar, conservar y cambiar su religión, según sus creencias; el derecho 
de participar en actividades religiosas y espirituales, y ejercer sus prácticas 
tradicionales; así como el derecho de recibir visitas de sus representantes 
religiosos o espirituales. 

En los lugares de privación de libertad se reconocerá la diversidad y la 
pluralidad religiosa y espiritual, y se respetarán los límites estrictamente 
necesarios para respetar los derechos de los demás o para proteger la 
salud o la moral públicas, y para preservar el orden público, la segundad 
y la disciplina interna, así como los demás límites permitidos en las leyes 
y en el derecho internacional de los derechos humanos". 


156 


En la normativa uruguaya, el Reglamento de Visitas y Comunicaciones, en su 
Capítulo Vil De Representantes y Organizaciones Religiosas establece que: 

Art. 60: Toda persona privada de libertad tiene derecho a recibir 
asistencia espiritual mediante la visita de miembros de las organizacio¬ 
nes religiosas que representen el credo que profesen. 


Art. 61: Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejerci¬ 
cio de este derecho, salvo el aislamiento. 


Las personas privadas de libertad tienen derecho a desarrollar su libertad de cul¬ 
to, incluyendo sus ritos y celebraciones colectivas. Por tal razón deben poder: 


"o)... manifestar plenamente la fe que profesan a través de la participación en los ritos y 
celebraciones que las mismas les imponen, 

b) tener la oportunidad de acercarse y compartir momentos de reflexión religiosa y de 
espiritualidad con aquellos Agentes Pastorales que organizadamente se acerquen a 
los centros de reclusión ." 36 


CUADRO No. 72 | Distribución de la población según práctica de religión 


Practica alguna 
religión 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

26,1 

26,1 

NO 

71,6 

97,7 

Sin dato 

2,3 

100,0 

Total 

100,0 



36 Protocolo de lo vida y atención religiosa en las cárceles, elaborado por la Pastoral Penitenciaria de 
la Iglesia Católica; marzo de 2011; versión preliminar. 


157 








CUADRO No. 72a 

Religión 37 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Budismo 

,2 

,2 

Católica 

6,9 

7,2 

Cristiana 

2,6 

9,7 

“Dios” 

,5 

10,3 

Evangélica 

8,6 

18,9 

“Iglesia” 

,4 

19,3 

Islamismo 

,1 

19,4 

Judaismo 

,1 

19,4 

Metafísica 

,2 

19,6 

N/C 

71,9 

91,5 

No recuerda 

,1 

91,6 

Sin dato 

7,3 

98,9 

Umbandista 

1,1 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 72b 

Puede practicar 
sus ritos y 
celebraciones 
colectivas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

18,9 

18,9 

NO 

5,3 

24,3 

N/C 

71,6 

95,8 

Sin dato 

4,2 

100,0 

Total 

100,0 



Del 26,1% que dice profesar alguna religión, el 18,9% puede practicar sus ritos y 
celebraciones colectivas. Dentro de las diferentes expresiones de fe, la mayoría 
manifestó ser miembro de distintas iglesias evangélicas (8,6%). Un 6,9% dice practicar 
la religión católica. Hay otras respuestas no específicas, que fueron categorizadas de 
acuerdo a las respuestas literales. 


Trabajo 

Asistimos en las últimas décadas a profundas transformaciones sociales, tanto 
materiales como subjetivas, que tienen un indudable carácter planetario. Dichas 
transformaciones son consecuencia de la crisis del capitalismo y, tanto el 
neoliberalismo como la reestructuración productiva de la era de la acumulación 
flexible, son la respuesta que ha encontrado el capital para enfrentar la crisis. Esto 
ha traído profundas transformaciones en el mundo del trabajo generando como 
consecuencia lo que Robert Castel ha definido como la metamorfosis de la cuestión 
social 38 , en referencia a la incertidumbre, inquietud o enigma de una sociedad acerca 


37 La categorizadón entrecomillada responde a las respuestas textuales de los y las encuestados/as 
que no definieron ninguna fe específica. 

38 CASTEL, Robert; La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado; Paldós, Buenos 
Aires, 1997. 

158 












de sus aptitudes para mantener la cohesión entre sus miembros; el desafío que 
interroga su capacidad para existir como un conjunto vinculado por relaciones de 
interdependencia. 

El trabajo, antes absolutamente central en tanto soporte privilegiado de inscrip¬ 
ción en la estructura social, ya no responde desde los viejos métodos de gestión de lo 
social, toda vez que el Estado atraviesa un consecuente agotamiento de los mecanis¬ 
mos claves de mediación entre política económica y política social. 

Los procesos de racionalización del trabajo se profundizan en el marco de la 
globalización de la producción, dando lugar a formas de organización productiva que 
implican métodos de contratación desregulada de mano de obra y formas precarias 
de empleo. 

Ante la dificultad de asegurar el "pleno empleo" aparece la consecuente desocu¬ 
pación acompañada de una amplia gama de figuras que dan cuenta de los procesos 
de "flexibilización" impulsados por el modelo neoliberal: subocupación, inestabili¬ 
dad, precariedad laboral, bajos salarios, pobreza estructural y la exclusión de amplios 
sectores de la población del sistema productivo. 

La falta de demanda de trabajo, tanto asalariada como no asalariada, frente a la 
magnitud actual de la oferta de mano de obra, está dejando un importante sector de 
la población económicamente activa, excluida del mercado laboral y en muchos de 
los casos, quienes según el tiempo en situación de desocupado/a, el nivel de capaci¬ 
tación que detente o su edad, entran a la categoría de "prescindibles", por cuanto no 
responden a las exigencias actuales del mercado laboral. 

A modo de ejemplo podemos citar que el 62 % de la población privada de liber¬ 
tad en Uruguay es menor de 32 años, es decir, personas en plena vida económica¬ 
mente activa. Del total de personas privadas de libertad, el 35 % declara no tener 
ocupación alguna al momento de ingresar al sistema penitenciario y, quienes sí man¬ 
tenían alguna, lo hacían informalmente (un 64.5 %); esto es, sin acceso alguno a la 
seguridad y a las prestaciones sociales 39 . 

En este contexto la ocupación informal, los contratos de tiempo determinado, el 
trabajo a prueba, los bajos salarios, como así también el multiempleo para alcanzar 
un ingreso que les permita a las personas satisfacer sus necesidades básicas de sub¬ 
sistencia, da lugar a una ciudadanía de "baja intensidad". 

Estas condiciones objetivas de la problemática laboral, repercuten en el sistema 
de relaciones sociales. Ante la ausencia de trabajo, se pierde una de las funciones 
sociales primordiales que éste cumple: la de integrar. Quienes forman parte de nú¬ 
cleos familiares o sociales cuya situación es el desempleo estructural, paulatinamen- 


39 Encuesta a personas privadas de libertad en el marco del proyecto "Hacia una política de Estado 
para el sistema carcelario: diálogo recomendaciones y propuestas"; SERPAJ y OSJ; Montevideo, 2010. 


159 


te pierden todo contacto con la red o el entramado social que les da sostén y les 
amortigua ante situaciones adversas. 

Este proceso de desafinación comienza con la pérdida del trabajo y con él la 
adscripción a distintas instituciones: salud, educación, incluso a la conformación de 
núcleos afectivos o de redes familiares. Cuando desaparece el trabajo, se produce la 
incertidumbre laboral, inestabilidad en la familia y el debilitamiento en las estructu¬ 
ras comunitarias. Surge la vulnerabilidad social en su sentido más integral, ya que a 
los niveles de pobreza se suma la desesperanza. 

No hay cuestión social que no esté vinculada al proceso de construcción del mer¬ 
cado de trabajo. Por lo tanto el tratamiento de la pobreza también está asociado a las 
transformaciones en el mundo del trabajo. Las relaciones de trabajo son la base de 
las relaciones sociales, por tanto, el desempleo, la precariedad, la informalidad, han 
tenido como consecuencia la consolidación de la de la pobreza y del aumento en la 
concentración de la riqueza. 

Las políticas sociales, en la fase actual, se orientan hacia un desempeño altamen¬ 
te funcional al régimen de acumulación capitalista. El Estado orienta su intervención 
sobre los problemas sociales que la estrategia de reconversión productiva plantea. 

En este sentido, complementariamente al dato citado, el 18 % de la población 
privada de libertad en Uruguay ha recibido el Ingreso Ciudadano y un 27.3 % ha sido 
beneficiario del Plan de Equidad según datos del I Censo Nacional de Reclusos 40 . 

La tendencia regional hacia la instauración de sociedades vigiladas, bajo el sustrato 
de tejidos sociales fragmentados, consolida el modelo hacia la eficiencia funcional de 
los mercados. En él las sociedades avanzan en grados crecientes de polarización, toda 
vez que la brecha entre quienes acceden al universo de bienes y servicios y quienes 
no, es cada vez más profunda. 

Uruguay registra en la actualidad el más bajo índice histórico de desempleo: 6,5% 
(5,0% para los hombres y 8,2% para las mujeres) 41 . El dato sin embargo contrasta con 
la realidad de los datos citados respecto de la población privada de libertad. Modifi¬ 
car la percepción de dichas personas en cuanto a la centralidad del trabajo para ma¬ 
terializar la vida digna requiere de planes, estrategias, dispositivos y oportunidades 
diversas y de calidad, además de una sólida formación para el empleo. 

El trabajo es un derecho fundamental en la vida de las personas; en el caso de 
quienes están privados/as de libertad, puede constituirse además en una herramien¬ 
ta que permita mitigar la sobrecarga económica que las familias asumen ante la au¬ 
sencia de uno de sus miembros; tanto para el presupuesto familiar como para cubrir 
los gastos que genera la persona recluida. Sin lugar a dudas, un elemento innovador 


40 Ver: http://www.minterior.gub.uy/index.php/es/documentos-importantes/777-censo-nacional- 
de-reclusos 

41 Según cifras del Instituto Nacional de Estadística para julio de 2012. 


160 


será cuantificar la incidencia de la contribución de las familias en el costo per cápita 
de la privación de libertad. Un conjunto considerable de alimentos y artículos son 
provistos por el núcleo familiar, ante la omisión o bien la no suficiencia de lo suminis¬ 
trado por el Estado. 

La actual administración de gobierno hace un importante énfasis en el trabajo 
como uno de los pilares que promueven la reforma integral del sistema penitencia¬ 
rio, conjuntamente con la educación. Por tal razón promueve un proyecto de ley so¬ 
bre la obligatoriedad del trabajo en las cárceles 42 . 

Pero Uruguay cuenta con un marco normativo sobre el trabajo. Así por ejemplo, 
la Constitución de la República reconoce y garantiza el derecho al trabajo. En su 
Artículo 7 establece que: 

"Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el 
goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie 
puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se 
establecieron por razones de interés general." 

En el Artículo 26 que: 

"A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá 
que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los proce¬ 
sados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo 
y la profilaxis del delito." 

También en los Artículos 53 y 54 estipula: 

"El trabajo está bajo la protección especial de la ley. 

Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el de¬ 
ber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que re¬ 
dunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con pre¬ 
ferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante 
el desarrollo de una actividad económica." 

"La ley ha de reconocer a quien se hallaré en una relación de trabajo o 
servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia 
moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el des¬ 
canso semanal y la higiene física y moral. 

El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será espe¬ 
cialmente reglamentado y limitado." 


42 Ver: www.elobservador.com.uy/noticia/232444/rninisterio-del-interior-presento-ley-que-obliga- 
a-presos-a-trabajar/ 


161 


Con respecto a las personas penadas el Código Penal lo regula a través de los 
siguientes artículos: 

"70. (De la pena de penitenciaría) 

La pena de penitenciaría se sufrirá en una cárcel celular urbana o rural. 

Los condenados permanecerán en las celdas durante las horas del sueño 
y de las comidas, reuniéndose por clases, durante el día, bajo la regla del 
silencio, para el trabajo y la instrucción. 

El trabajo será obligatorio y se efectuará en talleres apropiados, dentro 
del recinto en las cárceles urbanas y al aire libre en las cárceles rurales. 

En las cárceles urbanas el trabajo abarcará los oficios que mejor se adap¬ 
ten al orden interno del establecimiento y a las aptitudes de los conde¬ 
nados. 

En las cárceles rurales el trabajo será,, preferentemente agrícola, pero sin 
perjuicio de tal preferencia, podrán los condenados ser empleados en la 
construcción de caminos, desecación de pantanos, explotación de cante¬ 
ras y en otras tareas análogas. 

Cuando los condenados hubieran de trabajar a cierta distancia de la cár¬ 
cel, se suspenderá la reclusión celular durante las horas del sueño y de 
las comidas/' 

" 72 . (Peculio) 

Tanto los condenados a penitenciaría como los condenados a prisión 
percibirán una remuneración por su trabajo. 

La remuneración les pertenecerá íntegramente, pero no podrán dispo¬ 
ner de ella, hasta su salida de la cárcel, salvo en pequeñas partidas para 
remediar necesidades de familia." 

A su vez, el Decreto-Ley N° 14.470 regula el derecho al trabajo en sus 
artículos 40 al 47: 

"Artículo 40.- El trabajo es un deber y un derecho de todo recluso y será 
utilizado como medio de tratamiento profiláctico y reeducativo y no como 
castigo adicional. 

Artículo 41.- El trabajo de los reclusos será obligatorio y estará organiza¬ 
do siguiendo criterios pedagógicos y psicotécnicos. Se tendrá en cuenta 
preferentemente la exigencia del tratamiento procurándose promover, 
mantener y perfeccionar las aptitudes laborales de los reclusos y sus ca¬ 
pacidades individuales. A tal fin podrá el recluso solicitar el género de 
trabajo a realizar elevando el correspondiente pedido, el cual será con¬ 
templado en lo posible, atendiendo a su proyección sobre la vida en li¬ 
bertad del recluso y a los medios con que cuente el establecimiento. 


162 


Artículo 42.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, la autoridad carcelaria deberá procurarle ocupación adecuada, 
con fines profilácticos tendientes a prevenir las consecuencias negativas 
del ocio. El recluso que rehusara someterse a dicho régimen, sin justo 
motivo, será disciplinariamente sancionado. 

Artículo 43.- En cuanto a la organización del trabajo, su métodos, moda¬ 
lidades, jornadas de labor, accidentes, horarios y medidas preventivas de 
higiene y seguridad, se respetarán las exigencias técnicas y las normas 
establecidas en la legislación del trabajo, en todo lo que sea pertinente. 

Artículo 44.- El trabajo será organizado y dirigido por la autoridad 
carcelaria con la debida asistencia técnica. 

Dicha autoridad, en casos especiales, podrá celebrar, con organismos 
públicos o privados, convenios relacionados con la utilización de mano 
de obra de reclusos, así como de los talleres de los establecimientos. 

Artículo 45.- El trabajo del recluso deberá ser remunerado. Dicha remu¬ 
neración se ajustará teniendo en cuenta la naturaleza perfección y rendi¬ 
miento del mismo. 

Los reglamentos determinarán la proporción que deberá guardar la paga 
del recluso con el salario común. En ningún caso la remuneración del 
recluso podrá ser inferior al tercio del salario común. 

El hecho de que el recluso trabaje, no le exime de ejecutar las demás 
prestaciones personales para labores generales del establecimiento o para 
el desempeño de comisiones que se le encarguen de acuerdo con los 
reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas, salvo que se con¬ 
sideren como la única actividad laboral del recluso. 

Artículo 46.- De la remuneración del recluso podrá destinarse, por la au¬ 
toridad carcelaria, hasta el 30% (treinta por ciento) para atender sus gas¬ 
tos personales y hasta otro 30 por ciento (treinta por ciento) para asistir 
al presupuesto de su familia si ésta lo pidiere y fuere necesario. Los sal¬ 
dos líquidos deberán ser depositados en cuentas de ahorro en un orga¬ 
nismo oficial o invertidos previa autorización carcelaria, en la adquisición 
de bienes. Las cuentas y los bienes estarán a nombre del recluso y no 
podrán ser cedidos ni embargados. 

Artículo 47.- Del producto total del trabajo del recluso podrán descontar¬ 
se, en una proporción no mayor del 20% (veinte por ciento), los gastos 
que por concepto de reparación de daños causados en los bienes, útiles, 
instalaciones o efectos del establecimiento sean probados y determina¬ 
dos administrativamente/' 

Según nuestro ordenamiento jurídico, el trabajo también posibilita la reden¬ 
ción de la pena. La Ley N° 17.897 establece: 

Artículo 13. (Redención de pena por trabajo o estudio).- El Juez concede¬ 
rá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de 
libertad. A los procesados y condenados se les conmutará un día de re- 


163 


clusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán compu¬ 
tar más de ocho horas diarias de trabajo. 

La autoridad carcelaria determinará los trabajos que deban organizarse 
en cada centro penitenciario, los que junto con los trabajos realizados 
durante las salidas transitorias autorizadas por el Juez competente, serán 
los únicos válidos para redimir pena. 

También procurará los medios necesarios para crear fuentes de trabajo, 
industriales, agropecuarias o artesanales según las circunstancias y las 
posibilidades presupuéstales. 

Para los efectos de la evaluación del trabajo en cada centro de reclusión 
habrá una Junta Asesora formada por personal designado por la autori¬ 
dad carcelaria. 

El Juez concederá la redención de pena por estudio a los condenados a 
pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará 
un día de reclusión por dos días de estudio. 

Se computará como un día de estudio la dedicación a dicha actividad 
durante seis horas semanales, así sea en días diferentes. Para esos efec¬ 
tos, no se podrán computar más de seis horas dianas de estudio. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo no 
mayor de ciento cincuenta días desde la promulgación de la presente ley. 

La fecha de aprobación de la reglamentación determinará la fecha de 
entrada en vigencia del presente artículo. 

Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las personas 
que se encuentren en régimen de salidas transitorias. 

Asimismo, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad dan un marco de protección al derecho al trabajo. 

Por su parte las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Nacio¬ 
nes Unidas establecen: 

"65. El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa 
de libertad debe tener por objeto, en tanto que la duración de la conde¬ 
na lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mante¬ 
nerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para ha¬ 
cerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respe¬ 
to de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. 

En lo que refiere a las personas condenadas establecen: 

71. 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) 

Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida 
cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se 
proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocu¬ 
parlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la 
medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a 


164 


mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamen¬ 
te su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en 
algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, 
particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con 
una selección profesional racional y con las exigencias de la administra¬ 
ción y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de 
trabajo que deseen realizar. 

72. 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario debe¬ 
rán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar 
fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condi¬ 
ciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos 
y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo 
de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria. 

73.1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente 
ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 2) Los 
reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la administra¬ 
ción estarán siempre bajo la vigilancia del personal penitenciario. A menos 
que el trabajo se haga para otras dependencias del gobierno, las personas 
para las cuales se efectúe pagarán a la administración el salario normal 
exigióle por dicho trabajo teniendo en cuenta el rendimiento del recluso. 

74.1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas 
precauciones prescritas para proteger la seguridad y la salud de los tra¬ 
bajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los 
reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 
condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres. 

75.1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo 
de horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en 
cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al empleo 
de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar un día de 
descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y otras activi¬ 
dades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso. 

76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una ma¬ 
nera equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, 
por lo menos, una parte de su remuneración para adquirir objetos desti¬ 
nados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El regla¬ 
mento deberá igualmente prever que la administración reserve una par¬ 
te de la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al 
recluso al ser puesto en libertad. 

Y los Principios y Buenas Prácticas que: 

"Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener 
oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración ade¬ 
cuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y men¬ 
tales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social 


165 


de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y comba¬ 
tir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el traba¬ 
jo tendrá carácter aflictivo. (...) 

Los Estados Miembros promoverán en los lugares de privación de li¬ 
bertad, de manera progresiva y según la máxima disponibilidad de sus re¬ 
cursos, la orientación vocacional y el desarrollo de proyectos de capacita¬ 
ción técnico-profesional; y garantizarán el establecimiento de talleres la¬ 
borales permanentes, suficientes y adecuados, para lo cual fomentarán la 
participación y cooperación de la sociedad y de la empresa privada/' 

El trabajo en el ámbito penitenciario cumple un rol esencial en el desarrollo eficaz 
de la seguridad dinámica, toda vez que las personas que ocupan su tiempo en forma 
productiva y voluntaria son proclives al mantenimiento de un determinado orden 
con importantes niveles de autorregulación, lo cual permite prescindir de recursos 
humanos y físicos para el control pasivo. 

La potenciación del trabajo como elemento positivo permitiría por ende, además 
de promover posibilidades "resocializadoras", desarrollar un ámbito de convivencia 
intracarcelario en mejores condiciones de vinculación entre pares y entre personas 
privadas de libertad y funcionarios/as. 


CUADRO No. 73 | Distribución de la población según acceso al trabajo 


Actualmente 
está trabajando 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

33,9 

33,9 

NO 

65,2 

99,1 

Sin dato 

,9 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 73a | Distribución de la población por sexo, según acceso al trabajo 


Actualmente, está trabajando 

Sexo 

Total 

Hombre 

Mujer 

Sí 

34,5% 

26,6% 

33,9% 

NO 

64,7% 

71,5% 

65,2% 

Sin dato 

,8% 

2,0% 

,9% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


166 
















CUADRO No. 73b 

Trabaja en... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

En el establecimiento 

32,2 

32,2 

Fuera del establecimiento 

1,6 

33,8 

No corresponde 

65,2 

99,0 

Sin dato 

1,0 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 73c 


Sexo 


Trabaja en... 

Hombre 

Mujer 

Total 

En el establecimiento 

33,0% 

22,7% 

32,2% 

Fuera del establecimiento 

1,5% 

2,1% 

1,6% 

No corresponde 

64,7% 

71,5% 

65,2% 

Sin dato 

,8% 

3,8% 

1,0% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


Del total de población privada de libertad, accede al trabajo un 33,9%. En la 
distribución por sexo, el porcentaje es menor en las mujeres, un 26,6% frente a un 
34,5% de hombres que trabajan. 

La mayoría de quienes trabajan lo hacen dentro de los establecimientos 
penitenciarios. El porcentaje de personas que desarrollan sus labores fuera de la cárcel 
es un porcentaje marginal: 1,6%. En este último caso, las mujeres acceden en mayor 
cantidad al trabajo extramuros: un 2,1% frente al 1,6% de los hombres. 


CUADRO No. 74 

Tipo de trabajo que realiza 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Administrativo 

,3 

,4 

Alambrador 

,1 

,5 

Albañilería 

1,0 

1,5 

Albañilería, Carpintería, 

,1 

1,6 

Sanitaria 



Albañilería, Pintura 

,2 

1,8 

Artesanías 

1,2 

3,0 

Ayudante de campo - Fútbol 

,1 

3,1 

Ayudante de Cocina 

,1 

3,2 

Ayudante de Depósito 

,1 

3,3 

Ayudante de Economato 

,1 

3,4 

Bachero 

,1 

3,5 

Barrido Intendencia Colonia 

,0 

3,6 

Basurero 

,1 

3,7 

Bibliotecario 

,8 

4,5 

Bloquera 

,5 

5,0 

Bloquera, Chiquero 

,0 

5,1 


167 




























Bloquera, Chiquero, Quinta 

,0 

5,1 

Bloquera, Quinta 

,0 

5,1 

Carnicero 

,1 

5,2 

Carpintería 

,6 

5,8 

Carpintería, Informática 

,1 

5,9 

Chacra 

,6 

6,5 

Chacra, Tambo 

,0 

6,6 

Changas 

,0 

6,6 

Chiquero 

,3 

6,9 

Chofer 

,0 

7,0 

Cocina 

2,1 

9,1 

Cocina, Biblioteca 

,2 

9,3 

Cocina, Fajina 

,1 

9,4 

Conejera 

,1 

9,5 

Control de Agua 

,1 

9,5 

Corral de aves, Kiosko 

,0 

9,6 

Correo 

,0 

9,6 

Costura 

,0 

9,6 

Costuras 

,1 

9,6 

Cuadrilla 

,3 

10,0 

Descarga de alimentos 

,2 

10,1 

Distribución de Rancho 

2,9 

13,0 

Docencia 

,2 

13,2 

Electricista 

,1 

13,3 

Empleado de Barraca, 

Pintura 

,1 

13,4 

Fábrica de Pastas 

,1 

13,5 

Fajina 

8,2 

21,7 

Fajina / Mantenimiento 

,2 

21,9 

Fajina Casino de Oficiales 

,1 

22,0 

Fajina, Quinta 

,1 

22,1 

Fajina, Reciclaje plásticos 

,0 

22,1 

Fajina, Reparto del pan 

,2 

22,2 

Fajinero 

,1 

22,4 

Guarda bultos 

,1 

22,4 

Herrería 

,2 

22,6 


168 








Hornero 

Huerta 

Huerta, Invernáculo 

Huerta, Lavado de 
automotores 

Invernáculo 

Jardinería 

Kiosko 

Lavado de automotores 

Leñador 

Mantenimiento 

Mantenimiento, Kiosko 

Mecánica 

No corresponde 

Niñera 

Oficina de Gestiones 
Panadería 
Peluquería 
Pintura 

Pintura, Albañilería 
Pintura, Herrería 
Quinta 

Quinta, Cocina, Panadería 

Quinta, Fajina 

Quinta, Tambo 

Repostería 

Sanitaria 

Sin dato 

Talabartería 

Taller de Computación 

Talleres 

Tambo 

Tapicería 

Total 


,0 

22,7 

1,3 

24,0 

,1 

24,0 

,1 

24,1 

1,2 

25,3 

,8 

26,0 

,0 

26,1 

,1 

26,2 

,1 

26,3 

1,8 

28,1 

,0 

28,1 

,1 

28,1 

65,1 

93,2 

,0 

93,2 

,1 

93,3 

1,2 

94,5 

,2 

94,8 

,3 

95,0 

,2 

95,2 

,1 

95,3 

1,5 

96,8 

,1 

96,9 

,0 

96,9 

,1 

97,0 

,1 

97,1 

1,0 

98,1 

1,6 

99,7 

,0 

99,7 

,1 

99,8 

,0 

99,8 

,1 

99,9 

,1 

100,0 

100,0 



169 








CUADRO No. 74b 

Cantidad de 
horas diarias 
que trabaja 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

65,1 

65,1 

1 

,8 

65,9 

2 

2,3 

68,2 

3 

1,6 

69,8 

4 

3,6 

73,4 

5 

2,0 

75,5 

6 

3,5 

78,9 

7 

2,2 

81,1 

8 

13,1 

94,2 

9 

1,9 

96,1 

10 

1,3 

97,5 

11 

,1 

97,6 

12 

,7 

98,3 

14 

,2 

98,4 

16 

,3 

98,7 

Sin dato 

1,3 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 74a 

Cantidad de 
días semanales 
que trabaja 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

65,1 

65,1 

1 

,0 

65,1 

2 

,3 

65,5 

3 

1,8 

67,2 

4 

,4 

67,6 

5 

6,2 

73,8 

6 

5,6 

79,4 

7 

19,6 

99,1 

9 

,9 

100,0 

Total 

100,0 



La información sistematiza el amplio catálogo de tareas desarrolladas, algunas de 
las cuales no son de carácter único. Puede apreciarse que hay respuestas que enumeran 
dos y tres actividades. 

La mayoría de las personas que trabajan lo hacen diariamente, sin días de descanso, 
seguido de quienes trabajan 5 y 6 días semanales (6,2% y 5,6%, respectivamente). 
Asimismo, la mayoría de quienes trabajan lo hacen 8 horas diarias. Según lo relevado, 
aquellas cargas horarias de más de 8 horas, son desarrolladas por personas que están 
recluidas en establecimientos rurales. 


170 












CUADRO No. 75 


Recibe 

remuneración 
por su tarea 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SÍ 

17,9 

17,9 

NO 

16,1 

33,9 

N/C 

65,1 

99,0 

Sin dato 

1,0 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 75a 


Sexo 


Recibe algún tipo de 
remuneración por 
esa tarea 

Hombre 

Mujer 

Total 

SI 

18,1% 

15,6% 

17,9% 

NO 

16,5% 

10,9% 

16,1% 

NC 

64,6% 

71,6% 

65,1% 

SD 

,9% 

2,0% 

1,0% 

Total 

100,0% 

100,0% 

100,0% 


CUADRO No. 76 

No trabaja porque... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No le interesa 

8,4 

8,4 

No tiene cupo 

49,9 

58,3 

N/C 

32,0 

90,3 

Sin dato 

9,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 75b 

La remuneración 

es... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Salario 

3,0 

3,0 

Peculio 

14,9 

17,9 

N/C 

81,2 

99,0 

Sin dato 

1,0 

100,0 

Total 

100,0 



Del 33,9% de personas que dicen estar trabajando, sólo el 17,9% recibe algún 
tipo de remuneración por su tarea. Los varones que reciben remuneración son un 
2,3% más que las mujeres. 

La discriminación de la remuneración según tipo de Ingreso refleja que el 14,9% 
de quienes la reciben, lo hacen por concepto de peculio, mientras que apenas un 3% 
recibe salarlo. 

Un 65,2% de la población dijo no trabajar. Cuando dichas personas fueron 
preguntadas sobre la razón por la cual no trabajaban, un 49,9% respondió no hacerlo 
porque "no tiene cupo", mientras que un 8,4% respondió porque "no le interesa". 


171 
























Contacto con el exterior 


El encierro es una circunstancia vulneradora de la integridad física y emocional de 
la persona. La preservación de su salud mental requiere además de unas dignas con¬ 
diciones de reclusión, un contacto con el exterior que mitigue los duros impactos, las 
marcas que la privación de libertad deja sobre las mentes y los cuerpos de quienes la 
padecen. 

Scapussio, de acuerdo a lo recogido en una profusa bibliografía sostiene que la 
privación de libertad: 

"afecta no solo al individuo sino a todos los integrantes de su red vincu¬ 
lar (familia, amistades y otras formas de inclusión social) constituyéndose en 
una forma de penalización secundaria. El desarraigo ; la separación y la pena- 
lización dejan en la desprotección a un conjunto de personas; y no solo a 
quien directamente la padece (...) Para las personas privadas de libertad -en 
tanto sus condiciones de vida lindan muchas veces con lo infrahumano- el 
encierro y la privación no solo estimulan la oposición a un régimen autorita¬ 
rio; también tienden a reproducir la situación estigmatizada, reforzando 
muchas veces la "identidad" de delincuente (tatuajes; cortes; redes de delin¬ 
cuencia al interior de la prisión, comportamientos violentos). 

Otro elemento de ese proceso es la prisionización 43 , o sea el conjunto de 
efectos del régimen de prisión, es la necesidad de adaptación a las normas, 
valores, costumbres, modos de actuar y comunicarse que rigen la vida 
carcelaria. Esto va conformando un gueto, una especie de comunidad defini¬ 
da desde el afuera y a la vez cerrada en sí misma. En esas condiciones, la 
persona privada de libertad pierde el control sobre su propia vida. Es la insti¬ 
tución y su dinámica interna la que decide dónde va a estar y qué puede 
hacer ; generando marcados efectos como el aislamiento de su medio social y 
familiar; sentimientos de pérdida y desvalorización; aumento masivo de la 
ansiedad (lo que puede manifestarse en diferentes cuadros), incentivado por 
las graves carencias; las limitaciones espaciales, el régimen disciplinario y los 
diferentes tipos de abusos (por sus carceleros o por otros reclusos) a los que 
está expuesto. 

La situación de encierro que implica estar la mayor parte (o casi la tota¬ 
lidad) del día sin poder hacer nada; provoca una enorme sensación de vacío, 
de frustración y de deterioro defunciones yoicas. Se generan altos índices de 
ansiedad y un empobrecimiento general de la vida. Así ' no es de extrañar 
que un alto número de personas estén expuestas a situaciones de abuso, o 
caigan en redes internas de tráfico y consumo de droga u otras formas de 
delincuencia. Estas situaciones incluyen muchas veces a los custodias, some¬ 
tidos, también ellos, al mismo régimen de prisionización. 


43 Ver: CLEMMER, Donald; The prison community; Ed. Rinehart & Winston, Nueva York, 1958, 2^ 
edition y GOFFMAN, Erving; Internados; Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1972. 

172 


Así, el actual régimen carcelario deshumaniza a la persona y afecta su 
subjetividad: 

• el lenguaje se empobrece para adaptarse a la jerga de la prisión y otro 
tanto acontece con un conjunto de manifestaciones conductuales que 
engloban al cuerpo, la mente y el mundo externo; 

• el futuro se "congela" dificultando la posibilidad de proyectarse en for¬ 
ma distinta; 

• la pérdida de redes familiares y sociales y las duras condiciones de ais¬ 
lamiento, afectan la posibilidad de conocer e integrar nuevas pautas de 
socialidad. 

A su vez, el sistema penal y la prisión aumentan la segregación y la des- 
responsabilización social sobre la situación de los detenidos. Las pésimas con¬ 
diciones de vida y la ausencia de programas educativos, sanitarios, laborales 
y culturales pueden favorecer tanto la caída en la pasividad y la indiferencia, 
como la adopción de "identidades duras", enfrentadas a los valores y pautas 
del afuera. El sistema punitivo oculta y silencia estos procesos y promueve la 
desafectación de la sociedad por la suerte de quien está en prisión. 

En síntesis, la estigmatización, el proceso penal y policial y el encierro en 
condiciones límite, producen un empobrecimiento de lo psicosocial que abar¬ 
ca diversos planos materiales: económicos, relaciónales, psicológicos, educa¬ 
cionales y van conformando una subjetividad individual y desvalorizada, va¬ 
ciada de contenidos sociales ," 44 


La "minimización" de los efectos nocivos que la privación de libertad produce 
sobre las mentes, los cuerpos y los vínculos de las personas debiera garantizarse a 
través del acceso y la articulación de programas, dispositivos y servicios que garanti¬ 
cen un adecuado contacto con el mundo exterior, en los niveles familiar y comunita¬ 
rio, al menos. 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos determinan que: 

"79. Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejora¬ 
miento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean 
convenientes para ambas partes. 

80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del cumpli¬ 
miento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación. 

Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca relaciones 
con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses 
de su familia así como su propia readaptación social../' 


44 SCAPUSIO, Miguel; "Consecuencias psicosociales de la privación de libertad" En: Seminario: 
Violencia, sistema carcelario y derechos humanos. Realidad y Reformas Urgentes. SERPAJ y Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura; Montevideo, marzo de 2011. 


173 


Asimismo, los Principio y Buenas Prácticas sobre el contacto con el 
mundo exterior establecen que: 

"Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir y enviar 
correspondencia, sujeto a aquellas limitaciones compatibles con el dere¬ 
cho internacional; y a mantener contacto personal y directo, mediante 
visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras 
personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respecti¬ 
vas parejas. 

Tendrán derecho a estar informadas sobre los acontecimientos del 
mundo exterior por los medios de comunicación social, y por cualquier 
otra forma de comunicación con el exterior, de conformidad con la ley" 


CUADRO No. 77 

Tiene acceso a ... 

Porcentaje 

TV 

85,3 

Radio 

74,1 

Diarios y/o revistas 

46,5 

Internet 

3,3 


CUADRO No. 78 

Accede 

libremente a un 
teléfono público 
que funcione 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

41,7 

41,7 

NO 

55,5 

97,3 

Sin dato 

2,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 78a 

Usa celular o 
chip 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

37,6 

37,6 

NO 

59,7 

97,3 

Sin dato 

2,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 80 

Tipo de artículos que recibe 

Porcentaje 

Alimentos 

68,3 

Yerba 

60,7 

Vestimenta 

50,2 

Artículos de higiene personal 

65,6 

Artículos de limpieza 

52,6 

Cigarrillos y/o tabaco 

44,8 

Pilas y/o baterías 

21,0 

Electrodomésticos 

17,9 

Libros y/o revistas 

33,6 

Ropa de cama 

43,4 

Tarjetas telefónicas 

22,6 

Medicamentos 

12,5 


CUADRO No. 79 

Puede recibir 
paquetes 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

85,1 

85,1 

NO 

13,2 

98,3 

Sin dato 

1,7 

100,0 

Total 

100,0 











































En cuando al derecho a la comunicación con el mundo exterior, puede observarse 
que el acceso a los medios de comunicación audiovisual no representa un problema, 
puesto que un gran porcentaje accede a ellos. 

La cifra decae considerablemente frente a los medios gráficos pero vale la 
interpretación relativa a que por tratarse de una población con escaso nivel de educación 
formal, el hábito de la lectura puede no ser parte de la vida cotidiana de las personas 
privadas de libertad. Igualmente, casi la mitad de ellas reciben diarios y/o revistas. 

Las situaciones más conflictivas se presentan en la escasa posibilidad de contacto 
comunicacional a distancia (vía telefonía fija, celular o Internet) con el mundo exte¬ 
rior. Solo el 37,6% dice usar celular o chip. Como el uso de este dispositivo electrónico 
está prohibido en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, puede ocurrir 
que el dato esté sub-representado puesto que es de conocimiento público el uso 
extendido de los celulares en el ámbito intracarcelario. El medio que debiera estar 
garantizado es el teléfono de línea fija, sin embargo solo un 41,7% dijo acceder 
libremente a uno que funcione. 

Durante el relevamiento de la infraestructura y los servicios que el equipo realizó 
a los establecimientos penitenciarios, se constató que por regla general los teléfonos 
están rotos y permanecen en ese estado por largos períodos de tiempo. En otros 
casos, se constataron largas filas de espera para hacer uso del único aparato disponible 
ya que los centros estipulan horarios fijos para poder hacerlo. 

En cuanto a la posibilidad de recibir encomiendas, el 85,1% responde 
afirmativamente. La vida en privación de libertad se sostiene en base a los recursos 
provenientes del exterior. Los altos porcentajes de respuesta afirmativa en la 
mayoría de los artículos indagados así lo avalan. 

Seis de cada diez personas privadas de libertad reciben alimentos del exterior; 5 
de cada diez, vestimenta y casi 7 de cada 10, artículos de higiene personal. 

Las visitas 

Como se explicitaba al inicio del apartado, en la privación de libertad, el desarrollo 
de la vida dentro de ciertos cánones de salud emocional, responde directamente a la 
capacidad de mantener los vínculos afectivos y/o sociales que rodean a la persona. 
Así, las visitas recibidas suelen ser el elemento amortiguador de ansiedades y angustias 
provocadas por las circunstancias del encierro; son la materialización y el símbolo 
que da cuenta que "el afuera" aún se preocupa, no se desvincula de quien está recluido/ 
a, al tiempo que acercan elementos tangibles para informar sobre lo que sucede 
extramuros. La "carga" emocional proyectada en las visitas así como la inexistencia 
de ocupaciones concretas para desarrollar durante el día sumen a quienes están 
recluidos/as en una cotidianidad de preocupación exacerbada por todo cuando 
acontece en el ámbito familiar y social próximo. Ello explica las "descompensaciones" 
ante circunstancias de enfermedad, conflicto o muerte de alguna persona próxima. 


175 


Como puede verse en los datos recogidos, más de 7 de cada 10 personas privadas 
de libertad recibe una o más visitas. El acompañamiento sistemático suele ser 
femenino. Son las madres quienes mayoritariamente visitan a sus hijos. A través de 
un ejercicio de observación participante, el equipo constató la preeminente presencia 
de mujeres en las colas para el ingreso previo a los establecimientos, durante los días 
de visita. Esto sucede tanto en los establecimientos de varones, como en los de 
mujeres. 


CUADRO No. 81a 

Recibe a la visita en... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sala de visitas 

48,6 

48,6 

Comedor 

4,4 

53,1 

Patio 

15,7 

68,7 

Otros 

5,5 

74,3 

No corresponde 

24,6 

98,9 

Sin datos 

1,1 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 81 

Recibe visitas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SÍ 

75,3 

75,3 

NO 

24,1 

99,4 

Sin dato 

,6 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 82 

Quiénes lo visitan 

Porcentaje 

Madre 

37,1 

Padre 

17,6 



Hijos 

23,7 

Pareja 

37,8 

Otros familiares 

34,5 

Amigos/as 

17,6 

Representantes religiosos 

3,2 

Ex reclusos/as 

1,9 


CUADRO No. 83 

Está autorizado 
el ingreso de 
niños/as a las 
visitas 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

72,5 

72,5 

NO 

1,8 

74,3 

Sin dato 

25,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 83a 

Hay un espacio 
específico para 
recibir a los/as 
niños/as 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

20,9 

20,9 

NO 

50,6 

71,5 

N/C 

,1 

71,7 

Sin dato 

28,3 

100,0 

Total 

100,0 



176 


































La privación de libertad afecta los vínculos en general y particularmente el paterno/ 
materno - filial. Esto repercute en ambos componentes del vínculo: en los niños y 
niñas, víctimas secundarias, en tanto son privados/as del desarrollo de sus vidas con 
la presencia de sus padres y/o madres, y a los propios padres y madres 45 . 

Junto a las mujeres (parejas, madres, hermanas, etc.) ingresan niños/as. Quizás 
un elemento a destacar es que en la mayoría de los establecimientos no se prevé un 
espacio adecuado para el desarrollo de las visitas de los niños y las niñas. Si bien 
muchos salones están decorados con murales llenos de personajes infantiles, la 
disposición del espacio no pone en la centralidad la presencia de los niños y las niñas. 

La Universidad Católica del Uruguay y la Fundación Entre Todos realizaron una 
investigación sobre los vínculos afectivos entre padres privados de libertad y sus 
hijos, tomando como base la población privada de libertad en COMCAR. En ella 
determinan que: 

"En el recinto no existen lugares adecuados para la recepción de los 
niños/as; por el contarlo las condiciones edilicias son adversas para la 
circulación (mesas y bancos de hormigón), el juego, la intimidad familiar, y 
la higiene (baños rotos y en malas condiciones de higiene), lo que se 
corrobora en las entrevistas con los padres, las madres y nuestras propias 
observaciones. Las actividades que desarrollan con sus hijos/as son, 
compartir la comida y los juegos de pelota en el patio, resultando muy difícil 
establecer otras modalidades de encuentro. En este sentido, los propios 
entrevistados proponen la necesidad de organizarse y recibir apoyo para la 
construcción de una plaza de juegos en alguno de los patios. 

La visita carcelaria es entendida como un espacio de intimidad del círculo 
familiar, existen 'códigos' entre los propios reclusos que respetan esa 
privacidad. Por lo tanto, la visita pasa a ser un momento de encuentro entre 
los integrantes de la familia y de aislamiento y separación de los otros 
reclusos. Estos círculos se abren precisamente por la presencia de los niños, 
que en varias ocasiones interactúan y van a jugar con otros niños. 

De todas maneras podemos concluir que, a pesar de todos estos 
elementos adversos y limitantes, el momento de la visita es vivido tanto por 
las parejas de los PPL, como por sus hijos/as como una instancia muy 
significativa que es esperada por toda la familia. Se rescata el juego y el 
encuentro a pesar del sufrimiento que la situación de cárcel trae aparejado 
y las condiciones en que se desarrolla (...) 

Sobre el espacio de la visita carcelaria, si bien en este estudio se trabajó 
con quienes reciben visitas, se puede indicar que la concurrencia a las mismas 
por parte de las hijos/as sería muy baja respecto al número de hijos/as 
estimado que tienen las PPL. Esto se ve fundamentado por varios motivos, 
entre ellos está el hecho de que el establecimiento carcelario está en las 
afueras del departamento de Montevideo, a distancias considerables de los 

45 DE KEIJER, Benno; Hasta donde el cuerpo aguante: género, cuerpo y salud masculina .Ponencia 
presentada en el VI Congreso de Ciencias Sociales y Salud. Lima, 2001. 


177 


lugares de vivienda de los hijos/as, en ocasiones es por la voluntad de los 
propios presos que no consideran bueno que los hijos/as los visiten, o es por 
la voluntad de los niños/as y puede ser también especialmente por la 
voluntad de la pareja de la PPL y madre de sus hijos/as; quien ejerce el 
principal poder de decisión al respecto. 

La revisación de acceso a la cárcel a la cual se ven sometidos los niños/ 
as, aparece como una situación bastante naturalizada, tanto por ellos como 
por sus madres, no tanto para los padres privados de libertad', dado que, en 
ocasiones los visitantes deben pasar por revisaciones severas que implican 
invasión del espacio corporal. 

Se puede concluir que, a pesar de todos estos elementos adversos y 
limitantes, el momento de la visita es vivido tanto por las parejas de las PPL, 
como por sus hijos/as como muy significativo y esperado por toda la fa¬ 
milia, rescatando el juego y el encuentro, a pesar del sufrimiento que la 
situación de cárcel trae aparejado y las condiciones en que se da, 
focalizándose en el disfrute de este tiempo. 

El vínculo afectivo con los hijos/as se plantea por parte de las PPL, como 
una oportunidad de relacionarse que rescata las características más positivas 
de disfrute, juego y creatividad. Un lugar donde dar y recibir afecto, y en sí 
mismo un otorgador de sentido a la relación paterno-fiiiai ." 46 


Garantías y medios de protección 

a) Las personas extranjeras privadas de libertad 

El 93,7% de la población privada de libertad es uruguaya, frente a un 4,4% de 
ciudadanos extranjeros. Discriminado el total de extranjeros por sexo, más de la 
mitad son mujeres. 


CUADRO No. 84 Distribución de la población según 
origen de la ciudadanía 

Es ciudadano/a 


Porcentaje 


Porcentaje 

acumulado 

Uruguayo 

93,7 

93,7 

Extranjero 

4,4 

98,1 

Sin dato 

1,9 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 85a Distribución de la población por sexo y según 

origen de la ciudadanía 

Sexo 

Es ciudadano/a... 


Uruguayo 

Extranjero 

Sin dato 

Total 

Hombre 

93,8% 

4,3% 

1,9% 

100,0% 

Mujer 

92,4% 

5,6% 

2,0% 

100,0% 

Total 

93,7% 

4,4% 

1,9% 

100,0% 


46 TECHERA, José Carlos, GARIBOTTO, Giorgina y URRETA, Alejandra; Los "hijos de los presos": vínculo 
afectivo entre padres privados de libertad y sus hijos/as. Avances de un estudio exploratorio. Cieñe. 
Psicol. v.6 n.l; Montevideo, mayo 2012. Disponible en: http://www.scielo.edu. uy/scielo.php?pid=S1688- 
40942012000100006&scr¡ pt=sci_a rttext 


178 





















CUADRO No. 85 Distribución de la población extranjera 
según origen de la ciudadanía 

Su ciudadanía es... 


Porcentaje 


Porcentaje 

acumulado 

Argentina 

1,2 

1,2 

Boliviana 

,0 

1,2 

Brasileña 

1,0 

2,2 

Chilena 

,1 

2,3 

Colombiana 

,6 

2,9 

Española 

,4 

3,3 

Estadounidense 

,3 

3,6 

Holandesa 

,1 

3,6 

Italiana 

,0 

3,7 

No corresponde 

93,9 

97,6 

Paraguaya 

,7 

98,2 

Peruana 

,0 

98,3 

Portuguesa 

,0 

98,3 

Sin dato 

1,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 86 

Número de 
visitas 
consulares 
durante el 
último año 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

95,4 

95,4 

1 a 4 

2,3 

97,7 

5 a 10 

1,9 

99,6 

10 y+ 

0,4 

100,0 

Total 

100,0 



Como puede apreciarse, la mayoría de las personas son ciudadanas de países de 
la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. 

En el Uruguay hay aproximadamente 420 personas extranjeras privadas de libertad, 
que corresponden al 4.4% del total de la población recluida. Procedentes de diversos 
países, pero mayoritariamente de los que integran la región, las circunstancias que 
por las cuales han sido procesadas y/o penadas por la justicia penal uruguaya están 
generalmente vinculadas a los diferentes delitos previstos en la Ley N° 17.016 de 
Estupefacientes y a otros contra la propiedad. 


CUADRO No. 87 Distribución de la población por nacionalidad y tipo de delito 

Nacionalidad 

Tipo de delito 

Total 

Estupefacientes 

Otros 

Persona 

Propiedad 

Sin dato 

Uruguaya 

14,4% 

5,7% 

26,9% 

52,9% 

,1% 

100,0% 

Extranjera 

37,1% 

10,2% 

15,4% 

37,3% 


100,0% 

Sin datos 



91,8% 

8,2% 


100,0% 

Total 

15,3% 

5,9% 

27,1% 

51,7% 

,1% 

100,0% 


179 






















La inmensa mayoría de las personas privadas de libertad no recibe visitas de las 
delegaciones consulares correspondientes a sus países. Sólo un pequeño porcentaje 
(4,4%) ha sido visitado al menos una vez en el último año y un 1,9% ha recibido la 
visita consular entre 5 y 10 veces al año. 

Este dato es elocuente a la hora de dar cuenta de la situación de especial 
"desprotección" en la que se encuentra la población privada de libertad. Esto se agudiza 
en aquellos casos en que la persona es ciudadana de un país que no dispone de 
delegación consular en el Uruguay, sumado al agravante de que además se trata de 
personas que no son hispanoparlantes. 

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas son claros respecto al principio de no discriminación que 
contempla también el criterio de la nacionalidad. El Estado uruguayo debiera garantizar 
las condiciones mínimas de reclusión también a este grupo de personas, que por su 
condición de extranjero registra además una doble vulneración, ya que están privadas 
de libertad en un país ajeno al suyo: 

Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas 
de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, 
sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, 
mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición 
social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o 
restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente 
reconocidos a las personas privadas de libertad. 

Al respecto de las personas extranjeras privadas de libertad, el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas 47 , inspirado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales de 
protección a los derechos humanos insta a los Estados a: 

o) Cerciorarse cuidadosamente de que se garanticen los derechos 
universalmente reconocidos en materia de enjuiciamiento penal de los 
extranjeros sometidos a procedimiento penal en todas las etapas 
procesales; 

b) Velar por que no se impongan penas más graves de reclusión a las 
personas ni se las someta a condiciones penitenciarias inferiores en un 
Estado por el solo motivo de no ser nacionales de ese Estado; 

c) Disponer los arreglos necesarios para que el extranjero sometido 
a un proceso penal cuyo idioma vernáculo no sea el del Estado en que se 
lleve a cabo el proceso en su contra y que por esa razón no pueda 


47 ONUDD; Recopilación de de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención 
del delito y la justicia penal. Nueva York, 2007, pág. 46. Disponible en: http://www.unodc.org/pdf/ 
criminalJustice/Compendium_UN_Standards_and_Nornns_CP_and_CJ_Spanish.pdf 


180 


comprender la naturaleza de ese proceso tenga acceso durante todo el 
juicio a los servicios de un intérprete idóneo en su idioma materno, en la 
medida de lo posible; 

d) Cuando lo permita su ordenamiento jurídico interno o la práctica, 
aplicar al extranjero, como también a los nacionales, previo cumplimiento 
de los requisitos legales pertinentes, las subrogaciones penales o 
administrativas previstas en la legislación del Estado en el que se lleve a 
cabo el proceso; 

e) Intensificar los esfuerzos por aplicar los instrumentos 
internacionales vigentes, como la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, relacionados, entre otras cosas, con la notificación a las 
autoridades consulares de la detención de ciudadanos de su país. 


b) Mecanismos de queja 

Sobre la Información y derecho de queja de los reclusos, las Reglas Mínimas 
establecen: 


35.1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el 
régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las 
reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para 
informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para 
conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida 
del establecimiento. 2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha 
información verbalmente. 

36.1) Todo recluso deberá tener en cada día laborable la oportunidad de 
presentar peticiones o quejas al director del establecimiento o al funcionario 
autorizado para representarle. 2) Las peticiones o quejas podrán ser 
presentadas al inspector de prisiones durante su inspección. El recluso podrá 
hablar con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado de 
inspeccionar, sin que el director o cualquier otro recluso miembro del per¬ 
sonal del establecimiento se hallen presentes. 3) Todo recluso estará 
autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, 
pero en debida forma, una petición o queja a la administración penitenciaria 
central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad competente. 4) A 
menos que una solicitud o queja sea evidentemente temeraria o desprovista 
de fundamento, la misma deberá ser examinada sin demora, dándose 
respuesta al recluso en su debido tiempo. 

Asimismo, en su Principio Vil, Petición y respuesta, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos dispone: 

Las personas privadas de libertad tendrán el derecho de petición indi¬ 
vidual o colectiva, y a obtener respuesta ante las autoridades judiciales, 
administrativas y de otra índole. Este derecho podrá ser ejercido por terceras 
personas u organizaciones, de conformidad con la ley. 


181 


Este derecho comprende, entre otros, el derecho de presentar peticiones, 
denuncias o quejas ante las autoridades competentes, y recibir una pronta 
respuesta dentro de un plazo razonable. También comprende el derecho de 
solicitar y recibir oportunamente información sobre su situación procesal y 
sobre el cómputo de la pena, en su caso. 

Las personas privadas de libertad también tendrán derecho a presentar 
denuncias, peticiones o quejas ante las instituciones nacionales de derechos 
humanos; ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y ante las 
demás instancias internacionales competentes, conforme a los requisitos 
establecidos en el derecho interno y el derecho internacional. 


CUADRO No. 88 


CUADRO No. 88a 

Existen mecanismos 
de queja 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 


Los ha utilizado 
alguna vez... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

48,6 

48,6 


Sí 

19,1 

19,1 

NO 

40,9 

89,4 


NO 

29,4 

48,5 

NO SABE 

9,6 

99,0 


N/C 

50,4 

98,9 

Sin dato 

1,0 

100,0 


Sin dato 

1,1 

100,0 

Total 

100,0 



Total 

100,0 



CUADRO No. 88b 


CUADRO No. 88c 

La queja es 
anónima 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 


La queja se 
investiga 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

5,2 

5,2 


Sí 

11,3 

11,3 

NO 

25,0 

30,2 


NO 

16,9 

28,2 

N/C 

66,3 

96,5 


N/C 

66,2 

94,4 

Sin dato 

3,5 

100,0 


Sin dato 

5,6 

100,0 

Total 

100,0 



Total 

100,0 



Solo la mitad de la población responde afirmativamente sobre la existencia de 
mecanismos de queja. Asimismo, sólo un cuarto de la población los ha utilizado alguna 
vez. Preguntada la población sobre las características del mecanismo, sólo un 5,2% afirmó 
que la queja puede ser elevada en forma anónima y un 11,3% que la misma se investiga. 

A los efectos de dar andamiento a peticiones y quejas sobre irregularidades, 
violaciones a derechos, excesos y/o malos tratos durante la vida en reclusión, nuestro 
país cuenta con un mecanismo externo, establecido por Ley N° 17.684 de 10 de 
setiembre de 2003, que crea la figura del Comisionado Parlamentario para el Sistema 
Penitenciario. Dicha Ley, en su Artículo 2 o le confiere las siguientes atribuciones: 


182 






















A) Promover el respeto de los derechos humanos de todas las perso¬ 
nas sometidas a un procedimiento judicial del que se derive su privación 
de libertad. 

B) Solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las 
condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas 
adoptadas que puedan afectar sus derechos. 

C) Formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que 
se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras 
que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales y legales 
vigentes. 

D) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, 
de acuerdo con el procedimiento que se establece. En tal caso, deberá 
oír los descargos de la autoridad correspondiente antes de formular las 
recomendaciones que estime convenientes con la finalidad de corregir 
los procedimientos y restablecer los derechos lesionados. 

E) Realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos 
carcelarios, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente 
con no menos de veinticuatro horas de anticipación. Cuando se trate de 
verificar una denuncia concreta podrá realizar una inspección, a ese solo 
efecto, sin previo aviso. 

F) Preparar y promover los estudios e informes que considere 
conveniente para el mejor desempeño de sus funciones. 

G) Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados 
defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de 
asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe 
relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional. 

Fl) Rendir anualmente un informe ante la. Asamblea General, en el 
que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las 
recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades 
administrativas. El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones 
de carácter general. 

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá 
brindar un informe extraordinario. 

Los informes no incluirán datos personales que permitan la 
identificación de los interesados en el procedimiento investigador y serán 
publicados en el Diario Oficial. 

I) Interponer los recursos de "habeas corpus" o amparo. 

J) Proceder a la denuncia penal correspondiente cuando considere 
que existen delitos. 

K) Cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e 
internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos y 
asistan y defiendan los derechos de los encausados. 


183 


c) Participación: delegados de módulo y/o sector 


Por Resolución del 13 de febrero de 2008 se aprobó el Reglamento de las Mesas 
Representativas de Personas Privadas de Libertad que habilita a elecciones de 
delegados de sectores o módulos en los distintos establecimientos. 

Dichas Mesas tienen facultad para: 

a. Diseñar y proponer acciones orientadas a solucionar los problemas 
detectados en los establecimientos de reclusión y especialmente, a asegurar 
y mejorar el respeto de los derechos humanos. 

b. Presentar peticiones a las autoridades sobre asuntos de interés general y 
excepcionalmente casos particulares de características generales. 

c. Actuar como nexo entre las personas privadas de libertad y las autoridades, 
comunicando las resoluciones y novedades al resto de la población reclusa, 
siendo así elementos multiplicadores. 

Luego del impulso dado a su funcionamiento, con el correr del tiempo las mismas 
fueron desarticulándose y las elecciones fueron dejadas en desuso. Los datos recogidos 
y expuestos a continuación, dan cuenta de quienes informalmente cumplen la función 
del/la delegado/a. 


CUADRO No. 89 

Hay delegado/a 
de módulo o 
sector 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

69,9 

69,9 

NO 

28,0 

97,9 

Sin dato 

2,1 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 89b 

Le ha presentado 
algún tipo de 
demanda 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

14,9 

14,9 

NO 

44,3 

59,2 

N/C 

38,1 

97,3 

Sin dato 

2,7 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 89a 


Lo/a conoce 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

60,0 

60,0 

NO 

9,9 

69,9 

N/C 

28,3 

98,2 

Sin dato 

1,8 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 89c 

Obtuvo alguna 
solución para la 
demanda 
presentada 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

6,0 

6,0 

NO 

9,6 

15,7 

N/C 

81,5 

97,1 

Sin dato 

2,9 

100,0 

Total 

100,0 



184 






















Si bien parece ser un mecanismo operativo, aunque en el marco de la informalidad, 
es notorio que, pese a que la mayoría de las personas tiene conocimiento de quien 
ejerce el rol del/la delegado/a, muy pocas derivan a él/ella demandas concretas. La 
respuesta al poco "uso" del mecanismo quizás esté dada por su ineficacia: del 14,9% 
de personas que presentan demandas a través del/la delegado/a de módulo o sector, 
sólo un 6% dice haber obtenido una solución para la misma. 

d) El proceso y la defensa penales 

El acceso a la Justicia por parte de las personas privadas de libertad es uno de los 
aspectos deficitarios más connotados de la realidad que viven estas personas. La 
deficiente defensa penal acusa elocuentes problemas tanto legales como de aplicación, 
cuyos efectos impactan directamente en el déficit de garantías para quienes están 
recluidos/as, llegando incluso a situaciones extremas que pueden ser caracterizadas 
como de "orfandad" jurídica. 

El porqué de la deficiencia de la defensa penal es multicausal. A la consabida 
obsolescencia e inadecuación de los Códigos Penal y de Proceso Penal, se suma una 
"cultura" caracterizada por la indolencia, de la que participan los defensores (públicos 
y privados), jueces, fiscales y también las autoridades y operadores penitenciarios. El 
debate sobre la indispensable independencia y descentralización de la Defensoría 
Pública se vincula a la necesidad de que funcione fuera de la órbita del Poder Judicial, 
asegurando también un presupuesto propio y una organización autónoma. El 
presupuesto insuficiente también impacta en el déficit de recursos humanos y 
materiales que puedan dar cobertura y atención al elevado número de 
aproximadamente 8.800 personas adultas y 400 adolescentes que son la cantidad 
que en la actualidad atiende la Defensa Penal Pública, a lo que debe sumarse aquellos 
casos de infracciones de ley en los que se aplican medidas sustitutivas. La Defensoría 
Penal Pública tiene bajo su órbita la gestión de alrededor del 80% de los casos puesto; 
se trata justamente de aquellas personas que constituyen la población carcelaria 
característica: jóvenes, provenientes de sectores vulnerables, escasamente 
escolarizados y con serios déficits de competencias sociales vinculadas al ejercicio de 
la ciudadanía (entre ellas la información relativa de derechos que les corresponden 
así como también sobre la institucionalidad, mecanismos, procesos y trámites 
vinculados al desarrollo del proceso penal que les atañe). Esta población desconoce 
aspectos elementales como quién es su abogado/a defensor, quién es el juez/a de su 
causa, su carácter de procesado/a o penado/a, los derechos a los que tiene acceso 
(entre ellos el de petición), etc. A la insuficiencia en cantidad de recursos humanos se 
suma la también insuficiente formación especializada. 

Pero hay también una causa "exógena" que es la detonante principal de la 
saturación del sistema y por tanto, también se constituye en parte de la imposibilidad 
de atender adecuadamente a los/as defendidos/as. Es el uso de la prisión preventiva 
como regla y no como excepción. En los comienzos de este capítulo aludíamos al 
carácter de procesado/a de la mayoría de la población privada del libertad: un 64,4% 


185 


frente a un 34,4% que está penada y un 1,3% sobre la que no se pudo recabar 
información. 

Sin agotar para nada el análisis, podemos ver cómo algunos de los múltiples 
aspectos conforman el fenómeno se reflejan cuantitativamente en las expresiones 
de quienes fueron encuestados/as. 


CUADRO No. 91 

Conoce a su 
abogado/a 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

78,6 

78,6 

NO 

20,6 

99,2 

Sin dato 

,8 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 90 

Tiene condena 


Porcentaje 


Porcentaje 

acumulado 

Sí 

34,4 

34,4 

NO 

64,4 

98,7 

Sin dato 

1,3 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 92 

La última vez que vio a su 
abogado fue hace... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1 semana 

11,6 

11,6 

2 semanas 

,8 

81,8 

1 mes 

20,9 

32,5 

2 meses 

1,7 

83,6 

Más de 3 meses 

32,9 

65,4 

No lo recuerda 

5,6 

71,0 

Nunca 

10,1 

81,1 

N/C 

15,2 

98,8 

Sin dato 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 91 

Su abogado/a 
es... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Público/a 

79,6 

79,6 

Privado/a 

14,3 

93,9 

N/C 

5,2 

99,1 

Sin dato 

,9 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 92a 

Lo/a vio en... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

El establecimiento 

60,2 

60,2 

El juzgado 

13,8 

74,0 

No corresponde 

22,8 

96,8 

Sin dato 

3,2 

100,0 

Total 

100,0 



186 


































1 de cada 10 personas ha visto a su abogado/a durante la última semana, 2 de 
cada 10 hace un mes, 3 de cada 10 hace más de 3 meses y 1 de cada 10 no recuerda 
haberlo/ha visto. 

De quienes responden conocer a su abogado/a, 6 de cada 10 lo han visto en el 
establecimiento y poco más de 1 lo/ha visto en el juzgado. 

Cabe también destacar que 2 de cada 10 personas privadas de libertad no saben 
quién es su abogado/a. 


CUADRO No. 94 



Puede 

contactarse con 
él si lo desea 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

53,3 

53,3 

NO 

32,1 

85,4 

N/C 

13,4 

98,7 

Sin dato 

1,3 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 93 

Número de 
veces que lo/a 
ha visitado 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

34,5 

34,5 

1 

23,5 

58,0 

2 a 4 

22,9 

80,9 

5 a 10 

10,1 

91,1 

10 y + 

4,7 

95,8 

N/C 

0,1 

95,9 

Sin dato 

4,1 

100,0 

Total 

100,0 



La mayoría de la población carcelaria ha sido visitada por su abogado/a entre 1 y 
4 veces. El porcentaje desciende marcadamente en los casos superiores a 5 visitas. 
Cabe destacar que los datos recogidos en cuanto a la cantidad de visitas, lugar donde 
se realizaron, y posibilidad de contacto con el/la asesor/a letrado, no están 
discriminados respecto al carácter público o privado de la defensa. 


CUADRO No. 95 

Sabe quién es 
el juez de su 
causa 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

49,5 

49,5 

NO 

49,3 

98,8 

Sin dato 

1,2 

100,0 

Total 

100,0 



Con respecto a los/as Jueces de la causa, la situación se agrava puesto que la 
obligación de visitar regularmente a los y las encausados/as, a los efectos de efectivizar 
el control jurisdiccional de la ejecución de la medida privativa de libertad, no es una 
práctica habitual. 


187 

















e) Salidas transitorias 

Con marco en la Ley N° 17.897 que establece el sistema de salidas transitorias 
vigente y en la Ley N° 18.690 que modifica las características de los regímenes de 
salidas transitorias previstos, la persona privada de libertad tiene derecho a solicitar 
personalmente, o a través de su abogado/a defensor, que se le otorgue dicho beneficio. 

El Juez de la causa es quien tiene la potestad de otorgar o no dicho permiso para 
que la persona privada de libertad pueda salir del establecimiento por un lapso de tiempo 
acotado y estipulado, que según las disposiciones legales no puede exceder las 72 horas 
semanales (con la única excepción de que podrá extenderse por razones de trabajo y 
estudio). Los motivos por los cuales la persona tiene derecho a solicitar una salida 
transitoria pueden ser de orden familiar o social, así como también laborales o educativos. 

Las salidas transitorias pueden estar sujetas a distintas condiciones de seguridad 
que van desde la custodia policial, la tutela de otra persona o bien bajo declaración 
jurada. 

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Rehabilitación ha incorporado 
recientemente una plantilla de consulta e información sobre el trámite de solicitud 
de salidas transitorias que está disponible on-line en el Portal del Estado Uruguayo 48 


CUADRO No. 96 

Tiene salidas 
transitorias 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

6,7 

6,7 

NO 

92,4 

99,0 

Sin dato 

1,0 

100,0 

Total 

100,0 



La Ley N° 17.897 en su Artículo 12 sustituye el artículo 62 del Decreto-Ley 
N 9 14.470, de 2 de diciembre de 1975, en la redacción dada por el artículo 3 9 de la 
Ley N 9 16.928, de 3 de abril de 1998, por la siguiente: 

"ARTÍCULO 62.- Para la concesión de la salida transitoria, se requerirá 
poseer buena conducta y podrá ser otorgada toda vez que el recluso, 
personalmente o por intermedio de su Defensor, presente solicitud por escrito 
ante la Dirección del Establecimiento donde se encuentre recluido. 

En un plazo que no excederá de los veinte días desde la presentación de 
la solicitud, la autoridad carcelaria formulará un informe al Juez de la causa. 

Si el informe carcelario fuera opuesto a la concesión de la salida transitoria, 
sea porque el recluso no tiene buena conducta o por existir otro motivo que 


48 Ver: http://tramites.gub. uy/ampliados?id=531 


188 







determine la inconveniencia de su otorgamiento, se hará saber al Juez de la 
causa el que, en definitiva, resolverá, en forma fundada, previo dictamen del 
Ministerio Público. 

Si el informe de la autoridad carcelaria fuera favorable a la salida 
transitoria, deberá establecer, en forma precisa, el régimen a seguirse y, en 
especial: 

A) El lugar o distancia máxima a que podrá trasladarse el recluso. 

B) Las normas de conducta que el recluso deberá observar durante la 
salida, así como las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes. 

C) El tiempo de duración de la salida, el motivo y el grado de seguridad 
que se adopte. 

D) Cualquier otro requisito o condición que se estime necesario para el 
mejor cumplimiento del régimen. 

El referido informe será presentado por la autoridad carcelaria, bajo la 
más seria responsabilidad, a la sede judicial competente, donde al momento 
de recibirse, se sellará la copia y se la devolverá con la constancia del día y 
hora de presentación. 

El Actuario del Juzgado, bajo la más severa responsabilidad, deberá poner 
el informe al despacho del Juez en forma inmediata, quien, sin más trámite, 
dará vista al Ministerio Público, por un plazo de cinco días hábiles. Vuelto el 
expediente, el Juez de la causa, dentro de igual plazo y bajo su más seria 
responsabilidad, conforme a lo previsto por los artículos 109 y siguientes de 
la Ley Orgánica de la Judicatura 15.750, de 24 de junio de 1985, y normas 
concordantes, deberá expedirse sobre el régimen propuesto o sobre las 
modificaciones que entendiere pertinentes al mismo. 

La resolución que se dicte no será pasible de recurso alguno. 

Si la autorización de salida transitoria fuera en definitiva denegada el 
recluso no podrá presentar nueva solicitud, hasta que no hayan transcurrido 
noventa días desde la anterior denegatoria. 

Al recluso que, autorizado a la salida transitoria, retardare su regreso al 
establecimiento de detención, sin causa justificada, se le incrementará el 
mínimo para obtener la libertad anticipada, a razón de dos días por cada día 
de retraso. La autoridad carcelaria deberá comunicar el hecho al Juez de la 
causa, en un plazo no mayor de diez días, a partir del momento en que el 
recluso se reintegre al establecimiento. 

A los fines del presente régimen, se entenderá por autoridad carcelaria a 
los Directores de los Establecimientos Penitenciarios de la Dirección Nacional 
de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación y de las Jefaturas 
Departamentales en sus respectivas jurisdicciones". 


189 


A su vez, la Ley N° 18.690 en su artículo único dispone: 

" Sustituyese el artículo 61 del Decreto-Ley N g 14.470, de 2 de diciembre 
de 1975, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 61.- Las salidas transitorias podrán revestir las siguientes 
modalidades según su duración, el motivo que las fundamente y nivel de 
seguridad que se adopte: 

1) Por el tiempo: en general se podrán conceder hasta por 72 horas 
semanales por razones fundadas a juicio del magistrado actuante, con las 
excepciones que se señalan en el numeral 2.3, debiéndose tener en cuenta la 
naturaleza de la actividad a desarrollar a la luz de su incidencia en el proceso 
de resocialización. 

2) Por el motivo: 

2.1 Para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales. 

2.2 Para gestionar la obtención de trabajo, alojamiento, documentos u 
otros ante la proximidad del egreso. 

2.3 Para trabajar fuera del establecimiento, o concurrir a clase en 
establecimientos públicos o privados, o participar de visitas educativas o 
culturales bajo la supervisión del cuerpo docente de la institución en que se 
encuentra recluido. 

En estos casos, el horario podrá exceder las 72 horas, en función de que 
la salida transitoria deberá ser compatible en el tiempo con el trabajo o 
actividad de que se trate, teniendo en cuenta además el tiempo de traslado y 
regreso desde el lugar de trabajo. 

El magistrado actuante exigirá los recaudos necesarios a efectos de 
acreditar el trabajo o actividad realizada y su duración. 

3) Por el nivel de seguridad: 

3.1 Acompañado por un funcionario, el que en ningún caso irá 
uniformado. 

3.2 Confiado a la tuición de un familiar o persona responsable. 

3.3 Bajo declaración jurada". 


A pesar del marco legal que ampara la solicitud de salidas transitorias, tan solo el 
6,4% de las personas privadas de libertad accede a ese derecho. La distribución de la 
población a la que le fue otorgado el derecho, es bastante homogénea en cuanto a 
los períodos de tiempo agrupados para la pregunta. No disponemos información sobre 
el tiempo que demoró el trámite para un tercio de quienes hacen uso de las salidas 
transitorias. 


190 


CUADRO No. 96a 


CUADRO No. 96b 

Desde que la solicitó la 
autorización demoró 


Porcentaje 


El motivo de las 
salidas es... 


Porcentaje 

(en meses) 

Porcentaje 

acumulado 



Porcentaje 

acumulado 

No corresponde 

92,4 

92,4 


Trabajo 

1,6 

1,6 

1 

1,3 

93,6 


Estudio 

,2 

1,8 

2 

1,2 

94,8 


Visita familiar 

4,0 

5,8 

3 

1,4 

96,2 


Social 

,3 

6,0 

4 y + 

1,6 

97,8 


N/C 

92,4 

98,4 

Sin dato 

2,2 

100,0 


Sin dato 

1,6 

100,0 

Total 

100,0 



Total 

100,0 



El motivo principal de las salidas es la visita familiar, seguido del trabajo. Las 
motivaciones de estudio y sociales son muy marginales. 

f) Disciplina y castigo 

Dentro de las críticas más severas al sistema penitenciario nacional, está la realizada 
a la cultura autoritaria, de corte policial / militarista que atraviesa las concepciones 
sobre control, orden forzoso y disciplina. Probablemente el legado de un sistema 
transformado durante las épocas más duras del pasado reciente, en contexto de 
dictadura cívico militar, cuando las cárceles pasaron de la órbita del Ministerio de 
Educación y Cultura a la del Ministerio del Interior, sea el aspecto cultural más complejo 
y difícil de deconstruir. 

Uno de los principios fundamentales de los instrumentos internacionales de 
protección a los derechos humanos es que las cárceles deben ser instituciones civiles 
que apunten a la rehabilitación y en las que las personas privadas de libertad sean 
consideradas ciudadanas y no enemigos. 

La concepción vigente sobre la disciplina y el castigo, da cuenta del modelo 
ideológico subyacente que, como en el caso de Uruguay, continúa articulando la 
centralidad de la propuesta de centro-a pesar de los pasos impulsados hacia la 
transición civil-. Aspectos como la incorporación de efectivos militares a la guardia 
perimetral y a los procesos de revisoría de quienes ingresan a los establecimientos, 
en lugar de abonar al proceso de reforma penitenciaria que tiene como meta que las 
cárceles sean instituciones civiles administradas por el poder civil, consolidan mate¬ 
rial y simbólicamente un modelo hegemónico que por definición restringe -cuando 
no viola- derechos. 

Las prácticas disciplinadoras que pudimos observar en el marco de este trabajo 
(como el saludo con gesto de venia al Director, los plantones, los castigos colectivos 
de diversa índole y la vigencia de un conjunto de normas de corte moralista - 
autoritario -el "rapado" del cabello, los rituales de higiene de las celdas y tendido de 


191 











las camas al estilo "recluta" la "hora de la siesta" u "hora del silencio" entre otras-) 
son elementos distintivos de la educación militar, forjadora de la "obediencia". La 
lógica de la disciplina y el acatamiento se condiciona a esa obediencia pasiva, 
independientemente del grado de legitimidad o justicia de la norma impuesta. 

Decíamos en el capítulo introductorio que la transferencia del control de las 
cárceles del poder policial al ámbito civil, es sólo el primer paso hacia un sistema 
penitenciario administrado y controlado de acuerdo a la perspectiva de derechos 
humanos. A menos que se lleve a cabo una reforma radical, es probable que el sistema 
a través de una transición lenta y con contramarchas, resista fuertemente a través de 
sus rasgos más fuertes: la confrontación y hasta el boicot al modelo vehiculizado por 
los operadores civiles integrados, quienes siempre serán una dotación inferior en 
términos numéricos al personal policial y militar destacado; la conservación de una 
ética particular que identifica al cuerpo policial y/o militar, asociada a la subordinación 
y al verticalismo, regidos por el principio de obediencia jerárquica; el proyecto de 
centro puede cobrar rasgos disociados toda vez que está gestionado por una dirección 
técnica que no siempre tiene un status reconocido por la autoridad policial, quien a 
su vez gestiona la dirección de seguridad del establecimiento. Este "no 
reconocimiento" seguramente se transfiera a los funcionarios subordinados quienes 
a su vez desconocerán y boicotearán a los operadores civiles (explícita o solapadamente 
a través de estrategias como las recientemente desplegadas en el marco de los motines 
en COMCAR y CNR) 49 . A su vez, todo el aparato institucional imbuido de la cultura 
policial es el marco para la formación y el ingreso de los/as nuevos/as operadores. 
Siendo así, es un hecho que la capacitación tendrá un fuerte impronta policial y la 
formación específica en derechos humanos, en lugar de transversalizar la propuesta 
de capacitación, seguramente vendrá a sumar contenidos al currículo existente, en 
lugar de reemplazar aquellos contenidos propios del modelo de formación policial. 

Como plantea Foucualt, el encierro masivo y clásico fue suplantado y "fue reactivado, 
reorganizado, desarrollado en ciertos puntos. Pero lo que es más importante todavía es 
que fue homogeneizado por intermedio de la prisión, de una parte con los castigos 
legales, y de otra parte con los mecanismos disciplinarios. Las fronteras [...] tienden a 
borrarse para constituir un gran continuo carcelario que difunde las técnicas 
penitenciarias hasta las más inocentes disciplinas, trasmite las normas disciplinarias hasta 
el corazón del sistema penal y hace pesar sobre el menor ilegalismo, sobre la más 
pequeña irregularidad, desviación o anomalía, la amenaza de la delincuencia. (...) El 
sistema carcelario no rechaza lo inasimilable arrojándolo a un infierno confuso: no tiene 
exterior. Toma de un lado lo que parece excluir del otro. Lo economiza todo, incluido lo 


49 Ver: http://www.elpais.com.uy/120617/pnacio-646779/nacional/Carceles-analizan-cambios-a-ley- 
de-controles-militares/ 

http://www.elpais.com.uy/120523/pnacio-642664/nacional/EI-gobierno-ampliara-las-zonas- 

militares-en-Comcar-y-Libertad/ 

http://www.elpais.com.uy/120424/pnacio-637860/nacional/Ministerio-avalo-protesta-policial-en- 

Libertad-y-Comcar/ 


192 


que sanciona. No consiente en perder siquiera lo que ha querido descalificar. En esta 
sociedad panóptica de la que el encarcelamiento es la armadura omnipresente, el 
delincuente no está fuera de la ley; está, y aun desde el comienzo, en la ley, en el corazón 
mismo de la ley, o al menos en pleno centro de esos mecanismos que hacen pasar 
insensiblemente de la disciplina a la ley, de la desviación a la infracción. Si bien es cierto 
que la prisión sanciona la delincuencia, ésta, en cuanto a lo esencial, se fabrica en y por 
un encarcelamiento que la prisión, a fin de cuentas, prolonga a su vez. La prisión no es 
sino la continuación natural, nada más que un grado superior de esa jerarquía recorrida 
paso a paso. El delincuente es un producto de institución. Es inútil por consiguiente 
asombrarse de que, en una proporción considerable, la biografía de los condenados 
pase por todos esos mecanismos y establecimientos de los que fingimos creer que 
estaban destinados a evitar la prisión. Puede encontrarse en esto, si se quiere, el indicio 
de un "carácter" delincuente irreductible: el recluso [...] ha sido cuidadosamente 
producido a partir del niño de correccional, de acuerdo con las líneas de fuerza del 
sistema carcelario generalizado. E inversamente, el lirismo de la marginalidad puede 
muy bien encantarse con la imagen del "fuera de la ley", gran nómada social que merodea 
en los confines del orden dócil y amedrentado. No es en los márgenes, y por un efecto 
de destierros sucesivos como nace la criminalidad, sino gracias a inserciones cada vez 
más compactas, bajo unas vigilancias cada vez más insistentes, por una acumulación de 
las coerciones disciplinarías. En una palabra, el archipiélago carcelario asegura, en las 
profundidades del cuerpo social, la formación de la delincuencia a partir de los ¡legalismos 
leves, la recuperación de éstos por aquélla y el establecimiento de una criminalidad 
especificada." 50 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos a propósito de la disciplina 
y las sanciones estipulan: 

27. El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin 
imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad 
y la buena organización de la vida en común. 

28. 1) Ningún recluso podrá desempeñar en los servicios del 
establecimiento un empleo que permita ejercitar una facultad 
disciplinaria. 2) Sin embargo, esta regla no será un obstáculo para el buen 
funcionamiento de los sistemas a base de autogobierno. Estos sistemas 
implican en efecto que se confíen, bajo fiscalización, a reclusos agrupados 
para su tratamiento, ciertas actividades o responsabilidades de orden 
social, educativo o deportivo. 

29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa 
competente determinará en cada caso: a) La conducta que constituye 
una infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración de las sanciones 
disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cuál ha de ser la autoridad 
competente para pronunciar esas sanciones. 


50 FOUCAULT, Michel; Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión; Editorial Siglo XXI, decimosexta 
reimpresión, Madrid, 2009; pág. 307. 


193 


30. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las 
prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos 
veces por la misma infracción. 2) Ningún recluso será sancionado sin haber 
sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya 
permitido previamente presentar su defensa. La autoridad competente 
procederá a un examen completo del caso. 3) En la medida en que sea 
necesario y viable, se permitirá al recluso que presente su defensa por 
medio de un intérprete. 

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda 
sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente 
prohibidas como sanciones disciplinarias. 

32.1) Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se 
aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, 
haya certificado por escrito que éste puede soportarlas. 2) Esto mismo 
será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud 
física o mental del recluso. En todo caso, tales medidas no deberán nunca 
ser contrarias al principio formulado en la regla 31, ni apartarse del 
mismo. 3) El médico visitará todos los días a los reclusos que estén 
cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si 
considera necesario poner término o modificar la sanción por razones 
de salud física o mental. 


CUADRO No. 97a 

Con aislamiento 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

18,2 

18,2 

NO 

15,0 

33,2 

N/C 

64,9 

98,2 

Sin dato 

1,8 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 97 



Fue 

sancionado/a 
alguna vez 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

33,7 

33,7 

NO 

64,9 

98,7 

Sin dato 

1,3 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 97b 


CUADRO No. 97c 

Privación de 
visita 


Porcentaje 


Privación de 


Porcentaje 


Porcentaje 

acumulado 


patio 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

22,1 

22,1 


Sí 

19,7 

19,7 

NO 

10,8 

32,8 


NO 

13,1 

32,8 

N/C 

64,9 

97,8 


N/C 

64,9 

97,8 

Sin dato 

2,2 

100,0 


Sin dato 

2,2 

100,0 

Total 

100,0 



Total 

100,0 



194 






















CUADRO No. 97d 

Especificar otras medidas de 
castigo 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

, Amenazas verbales 

,2 

,2 

Encierro sin patio 

,2 

,4 

Palizas 

6,1 

6,5 

Retiraron comisión 

1,0 

7,5 

Retiraron fútbol 

3,2 

10,7 

Sin baño 

,5 

11,2 

Sin celular 

1,3 

12,5 

Sin colchón 

1,7 

14,2 

Sin llamadas telefónicas 

2,7 

16,9 

Sin paquetes 

2,2 

19,1 

Sin paquetes / Sin teléfono 

3,2 

22,3 

Sin paquetes / Sin TV 

4,1 

26,4 

Sin salidas estudio 

,1 

26,5 

Sin teléfono / Sin TV 

2,1 

28,6 

Sin visitas 

22,1 

30,7 

Suspensión de transitorias 

2,2 

32,9 

Suspensión de conyugales 

1,2 

33,1 

Traslado de cárcel 

1,8 

34,9 

Traslado de módulo 

3,2 

38,1 

No corresponde 

35,1 

100,0 

Total 

100,0 



195 







CUADRO 97a. 1 


CUADRO No. 97b.1 

Duración del 
aislamiento (en 
días) 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 


Privación de 
visita 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0 

77,9 

77,9 


0 

75,6 

75,6 

1 a 8 

4,1 

82,0 


1 a 8 

3,5 

79,1 

9 a 20 

3,9 

85,9 


9 a 20 

6,2 

85,3 

21 a 30 

3,4 

89,3 


21 a 30 

5,7 

91,1 

31 a 45 

6,1 

95,4 


31 a 45 

2,7 

93,8 

46 a 60 

1,6 

97,00 


46 a 60 

1,6 

95,4 

61 a 90 

1,2 

98,2 


61 a 90 

1,1 

96,2 

91 y+ 

1,6 

99,8 


91 y + 

1,6 

97,8 

Sin dato 

,2 

100,0 


Sin dato 

2,2 

100,0 

Total 

100,0 



Total 

100,0 



CUADRO No. 97c.1 

Privación de 
patio 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 

78,1 

78,1 

1 a 8 

3,0 

81,3 

9 a 20 

6,6 

87,9 

21 a 30 

4,3 

92,2 

31 a 45 

2,3 

94,5 

46 a 60 

2,1 

96,6 

61 a 90 

,8 

97,4 

91 y + 

2,2 

99,6 

Sin dato 

,4 

100,0 

Total 

100,0 



Más de un tercio de la población ha sido sancionada alguna vez. Los tipos de 
castigo aplicados son mayoritariamente el aislamiento, la privación de visitas, la 
privación de patios, otros variados o la combinación de dos o más tipos de sanción. 
La duración mayoritaria del aislamiento está en el tramo de 31 a 45 días, la privación 
de visitas en el tramo de 9 a 20 días, al igual que la privación de patio. 

Tomando en cuenta que de acuerdo al Reglamento de Disciplina y Convivencia 
vigente, el plazo máximo de castigo en celda propia con restricción de derechos 
(aislamiento) es de 90 días, cabe destacar que hay un porcentaje de personas (1,6%) 
que responde haber excedido ese plazo en celda de castigo, lo cual constituye una 


196 

















seria violación de derechos ya que la medida está prohibida por los instrumentos 
internacionales de derechos humanos con la siguiente excepción, según los Principios 
y Buenas Prácticas: 

"el aislamiento solo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el 
tiempo y como último recurso..." tal como fuera citado en el apartado correspondiente 
a celdas de castigo. Cabe citar además que la disposición establece que: "en todo 
caso , las órdenes de aislamiento serán autorizadas por autoridad competente y estarán 
sujetas al control judiciall ya que su prolongación y aplicación inadecuada e innecesaria, 
constituiría actos de tortura , o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". 

Con respecto al uso del traslado como medida de castigo ; los Principios y Buenas 
prácticas establecen: 

Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser 
autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes 
respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos 
fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de 
estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a 
su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia 
u otro órgano del Estado que conozca su caso. 

Los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar, 
reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares 
o representantes; ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen 
sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la 
exhibición pública. 


CUADRO No. 98 


Existe 

reglamento 

disciplinario 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

45,4 

45,4 

NO 

50,6 

96,0 

Sin dato 

4,0 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 98a 

Lo conoce 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

31,5 

31,5 

NO 

14,0 

45,5 

N/C 

50,6 

96,0 

Sin dato 

4,0 

100,0 

Total 

100,0 



En cuanto al conocimiento e información sobre la existencia y contenidos del 
reglamento disciplinario, menos de la mitad dice saber que existe pero menos de un 
tercio dice conocerlo. 

Las Reglas Mínimas establecen que "...Ningún recluso será sancionado sin haber 
sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido 
previamente presentar su defensa..." 


197 












g) Tortura, malos tratos o tratos crueles. Inhumanos o degradantes 

El Principio XXIII Medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia 
estipula una serie de medidas de prevención: 

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, 
se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de 
violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el per¬ 
sonal de los establecimientos. 

Para tales fines, se podrán adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

a. Separar adecuadamente las diferentes categorías de personas, 
conforme a los criterios establecidos en el presente documento; 

b. Asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del 
personal; 

c. Incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia inte¬ 
rior, y establecer patrones de vigilancia continua al interior de los 
establecimientos; 

d. Evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de 
otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, a través de registros e 
inspecciones periódicas, y la utilización de medios tecnológicos u otros 
métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal; 

e. Establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis 
o emergencias; 

f. Promover la mediación y la resolución sipacífica de conflictos 
internos; 

g. Evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de 
corrupción; y 

h. Erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de 
hechos de violencia y de corrupción, conforme a la ley. 

Asimismo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes , entrada en vigor en 1987 en su Artículo I o define: 

"...se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se 
inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, 
o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa per¬ 
sona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por 
un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, 
a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales 
a éstas." 


198 


En Artículo 10 establece: 


1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una 
información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación 
profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o 
militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas 
que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de 
cualquier persona sometida a cualquierforma de arresto, detención o prisión. 

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o 
instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de 
esas personas. 

Y en su Artículo 16 que: 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio 
bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define 
en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público 
u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación 
o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se 
aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 
12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas 
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 


CUADRO No. 99 

Alguna vez fue 
víctima de 
violencia por 
parte del 
personal 
carcelario 51 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

26,4 

26,4 

NO 

70,7 

97,1 

Sin dato 

2,9 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 99a 

El contexto en que se 
produjo el hecho de violencia 
por parte del personal 
carcelario fue... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Motín 

1,4 

1,4 

Requisa 

10,3 

11,6 

Conflictos internos 

3,0 

14,7 

Fuga 

,2 

14,9 

Visitas 

,7 

15,6 

Otro 

10,2 

25,8 

No corresponde 

70,7 

96,5 

Sin dato 

3,5 

100,0 

Total 

100,0 



51 Al momento de formulada la encuesta, para el caso de las personas adultas privadas de libertad, el 
personal penitenciario era exclusivamente policial. 


199 


















CUADRO No. 99b 

En qué otro tipo de contexto se 
produjo el acto de violencia por 
parte del personal carcelario 
(Otros - especificar) 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Aislamiento 

,1 

,1 

Castigo 

2,1 

2,2 

Coima 

,2 

2,4 

Conducción 

1,4 

3,8 

Discusión con funcionario 

,1 

3,9 

Durante la detención 

3,0 

6,9 

Durante el ingreso al 

2,1 

9,0 

establecimiento 



Llegada tarde de transitoria 

0,8 

9,8 

Patio 

,1 

9,9 

Traslados varios 

7,6 

17, 5 

Sin dato 

3,5 

21,0 

“Sin motivo” o “porque sí” 

1,8 

22,8 

No corresponde 

77,2 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 100a 

La denuncia fue realizada 
ante... 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Autoridades del 

2,1 

2,1 

establecimiento 



Abogado/a defensor/a 

,3 

2,5 

Comisionado Parlamentario 

1,0 

3,5 

Delegado/a de módulo/sector 

,1 

3,6 

Otro 

2,6 

6,1 

No corresponde 

90,3 

96,4 

Sin dato 

3,6 

100,0 

Total 

100,0 



CUADRO No. 100 

Realizó la 
denuncia 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 

6,2 

6,2 

NO 

19,6 

25,8 

N/C 

70,7 

96,5 

Sin dato 

3,5 

100,0 

Total 

100,0 



200 

















CUADRO No. 100b 

Ante qué otras instancias realizó 
la denuncia 
(Especificar) 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Consulado 

,1 

,1 

DIAP 

,4 

,5 

Ex Dirección Nal. de 

,2 

,7 

Cárceles 



Juez 

,9 

1,6 

Juez / Médico Forense 

,1 

1,7 

Ministerio del Interior 

,5 

2,2 

No corresponde 

93,7 

96,0 

Prensa 

,1 

96,1 

Sin dato 

3,6 

99,6 

Secretario del Presidente 

,4 

100,0 

Total 

100,0 



Más de un cuarto de la población privada de libertad afirma haber sido víctima 
de malos tratos por parte del personal carcelario. Los episodios de violencia ocurren 
mayoritariamente en contexto de motín, traslados varios y requisas. Del 26,4% de la 
población que admite haber recibido malos tratos, solo un 6,2% formula la denuncia, 
mayoritariamente ante las autoridades del establecimiento, el Comisionado 
Parlamentario y los Jueces. 

El contraste entre los hechos de violencia que se declaran como recibidos y 
aquellos denunciados están directamente relacionados al temor a las represalias post 
- denuncias. Esta afirmación puede corroborarse también en los sucesivos informes 
del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario quien además cuantifica 
las denuncias que recibe en forma anónima. 

En 2009, cuando el Prof. Manfred Nowak visitara el Uruguay en calidad de Rela¬ 
tor Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, en su informe 52 expresó: 

"el Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles del uso 
de los malos tratos como forma de castigo y del uso excesivo de la fuerza 
en las prisiones. Entre esas denuncias había varios casos de palizas 
infligidas por oficiales de policía en el COMCAR y el penal de Libertad... 

(párr. 39). 

El Relator Especial hizo un llamamiento a las autoridades para que se 
asegurasen de que se tomasen medidas en relación con esas denuncias. 

(párr. 40) 


52 Ver: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7495. pdf?view=l 


201 







Entre las recomendaciones vinculadas a este punto figuran: 

"o) Ampliar el mandato del Comisionado Parlamentario para el 
sistema carcelario de manera que incluya todos los lugares de detención 
y velar por que ese mecanismo se integre en la Institución Nacional de 
Derechos Humanos como mecanismo nacional de prevención. 

p) Asignar recursos humanos y financieros suficientes para que la 
sólida base jurídica del mecanismo nacional de prevención se traduzca 
en un funcionamiento eficaz en la práctica/' 

La Ley 18.446 de diciembre de 2008, en su Artículo 83 53 le asigna a la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la función de Mecanismo 
Nacional de Prevención, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Se espera que la función preventiva que el Protocolo Facultativo a la Convención 
Contra la Tortura le asigna al MNP, se desarrollada eficientemente, en el marco de 
otro cúmulo de funciones (incluyendo la de investigar y denunciar) que deberá llevar 
adelante la INDH. Se espera que la nueva institucionalidad supere el riesgo de 
superponer mandatos y desdibujar el rol esencialmente preventivo que, a través de 
las visitas periódicas, sistemáticas y no anunciadas a todos los establecimientos de 
reclusión, así como a través de la recopilación de información y elaboración de informes 
y recomendaciones, debe desarrollar un buen MNP. 


53 Ver: http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/18446.pdf 


202 



Relevamiento de las trayectorias 
de institucionalización de las 
personas privadas de libertad 


Estudio de casos 


Ni azar ni vocación 

Un análisis sobre condiciones de conformación de trayectorias delictivas en 
Montevideo y la zona metroplitana 


Alfredo Falero* 


Introducción 

El punto de partida teórico determina el tipo de trabajo de campo posterior y su 
análisis. 

Así es que desde el comienzo cabe establecer que la idea de trayectorias sociales 
en general, y de trayectorias delictivas en particular, se asoció a la de espacio social. 
Es decir, la premisa es que existe una relación inextricable entre el tipo de trayectoria 
y las características del tejido social en que se desarrolla y, en función de ello, no 
puede comprenderse lo uno sin lo otro. Razón por la cual, tampoco es posible igualar 
trayectorias con "estrategias" adoptadas por los individuos. Los cursos de acción 
pueden ser calculados solo en algunas situaciones como se verá posteriormente. 

Estos elementos se desarrollarán en el apartado 2 de este trabajo, pero cabe an¬ 
ticipar este punto pues frente a visiones puramente instrumentalistas de la Sociolo¬ 
gía, la visión que subyace en este informe es que el planteo y el análisis de las 30 
entrevistas realizadas en el marco del trabajo de campo, no es separable de los 
parámetros teóricos generales desde los cuales se parte y desarrolla todo el trabajo. 

Existen varias entradas teóricas posibles para el tema general de lo que puede 
caracterizarse como una "sociología del crimen" (Robert, 2005), las que se han veni- 

* Doctor en Sociología, profesor e investigador del Dpto. de Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República. Correo: alfredof@adinet.com. uy 


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do acumulando por décadas. Por ello, en el apartado 3 se mencionarán algunas pistas 
para ver cómo se integran con lo señalado en el apartado más teórico sobre trayecto¬ 
rias, y qué aportan cuando se integran al análisis de las entrevistas. En el apartado 3 
también se enfatiza la importancia que asume comprender para el análisis del traba¬ 
jo de campo, la relación entre segregación social o marginación y penalización a par¬ 
tir de los aportes de Wacquant (2010). 

El apartado 4 precisamente plantea todos los elementos vinculados al trabajo de 
campo. Desde su preparación, la complejidad que implicó llevarlo adelante, la realiza¬ 
ción de las 30 entrevistas y algunos elementos de su procesamiento. Dadas las limita¬ 
ciones de este trabajo, debe quedar claro que un mayor avance sobre trayectorias 
delictivas y las nuevas preguntas que se abren, requiere entrevistas más extensas y por 
lo tanto otros contextos de realización, punto que no estaba previsto desde el inicio. 

El apartado 5 considera el análisis de las entrevistas a partir de cuatro grandes 
ejes constituidos por los cuatro grandes espacios sociales por donde transita una tra¬ 
yectoria de vida: unidad doméstica, considerando ésta no necesariamente como un 
conjunto de relaciones familiares sino más en general como el primer espacio de 
socialización del individuo y que varía mucho según los casos; el espacio de la escuela 
-en lo que significa en estos casos o en lo que no significa-; la socialización en el o los 
barrios y su relación con la generación de redes de jóvenes y, finalmente, la trayecto¬ 
ria laboral en el sentido de si existió inserción laboral más allá de actividades delictivas. 

A partir de esos ejes de análisis centrales, el apartado 6 introduce una propuesta 
tipológica de casos. Esto ya permite visualizar algunos hallazgos del trabajo. El si¬ 
guiente apartado, retoma el análisis estableciendo elementos que son parte de la 
relación individuo - sociedad y que van conformando su trayectoria: los códigos de 
comportamiento en el marco de grupos muy específicos, la relación con el consumo 
en general y con el consumo de drogas en particular, la propia autopercepción sobre 
la trayectoria del individuo y finalmente expectativas o visión de futuro. 

Está claro que la información aportada por las entrevistas varía mucho entre ellas. 
En algunas entrevistas no surgen elementos relevantes sobre una dimensión de anᬠ
lisis específica o en todo caso, no resulta trascendente a nuestros efectos. Así es que 
en este apartado 7 se observará un tono menos detallista que en el apartado 5. Evi¬ 
tando caer en repeticiones, se establecen elementos que entendemos permiten apor¬ 
tar al cuadro general, pero asumiendo que se mencionan menos casos (si bien, natu¬ 
ralmente, se procesaron todos los casos en todas las dimensiones). 

Finalmente el apartado 8, que es el de las conclusiones generales, enfatiza los 
hallazgos de este trabajo y los desafíos hacia el futuro. 

Algunos elementos conceptuales para el estudio de trayectorias delictivas 

Existen diferentes posibilidades y referentes sociales en función de los espacios 
en que se desarrolla la vida en sociedad. Cuanta más fragmentación social exista, 


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mayores serán las diferencias entre posibilidades de trayectorias y códigos de valora¬ 
ción de las mismas. No es preciso insistir en este informe que en las últimas décadas 
se han enfatizado en Uruguay las dinámicas sociales que conducen a la fractura y a la 
segregación social. 

En términos generales, recuérdese que segregar sugiere separar una parte del 
todo. Y el concepto adquirió vigencia en la década del ochenta para tratar de enten¬ 
der los procesos socioespaciales de reestructuración urbana y de expansión de la 
pobreza y la marginalidad en las ciudades de América Latina. 

Esto implicó, como es conocido, la ubicación espacial urbana diferente de clases y 
sectores sociales. Los barrios privados o "countries", en tanto formas de residencia 
cerradas y fortificadas, son la contracara de favelas, villas, asentamientos, entre nu¬ 
merosos nombres y formas que adquieren los territorios de miseria con correlato 
simbólico generalizado de zonas de peligro. Loíc Wacquant denominó hace años 
"proscriptos de la ciudad" (1995) a las nuevas formas de marginación socioeconómica, 
caracterizadas por desempleo prolongado, actividades y ocupaciones precarias, ca¬ 
rencias sociales múltiples, debilitamiento de lazos sociales, etc. Frecuentemente ade¬ 
más, los Estados generan mecanismos de marginación espacial para borrarlos de la 
presencia pública. 

Este cuadro muy rápidamente delineado (y sobre el cual puede volcarse una pro¬ 
fusa bibliografía) es central para entender trayectorias sociales que terminan en el 
delito. Naturalmente, no se trata de una relación causa - efecto, pero los datos sobre 
población carcelaria en Uruguay y en América Latina, marcan muy claramente un 
perfil vinculado a contextos sociales como los señalados. 

Ahora bien, esto resulta una base de análisis clave pero muy general en términos 
explicativos y este es uno de los aspectos que se procurará profundizar a partir del 
análisis concreto de situaciones relacionadas con Montevideo y la zona metropolita¬ 
na. Pero para llegar a ello, es preciso marcar algunos aspectos conceptuales que 
dirigieron la investigación. Y uno de los primeros aspectos es lo que se entiende por 
trayectorias sociales. 

Varios elementos pueden introducirse en tal sentido. En primer lugar, no pueden 
verse las acciones humanas como reacciones a estímulos sino que deben entenderse 
en el marco de relaciones sociales que se van tejiendo. En este sentido, se van confor¬ 
mando disposiciones a actuar de una manera u otra desde el propio contexto de 
nacimiento. Como es sobradamente conocido en la literatura sociológica, Bourdieu 
(2007) denominó hobitus a los sistemas de disposiciones (incluyendo estructuras 
cognitivas) que sugieren predisposiciones a actuar, principios generadores de prácti¬ 
cas sociales y de representaciones. Deberá volverse más adelante sobre algunos ele¬ 
mentos referidos al habitus lo que aquí simplemente corresponde establecer a partir 
de lo anterior, es la importancia de observar espacios de socialización para la confor¬ 
mación de lo que llamaremos de aquí en más "disposiciones" (a actuar), cuando se 
trata de examinar trayectorias sociales en general, y trayectorias delincuenciales o 
delictivas como en este informe. 


205 


En segundo lugar y asumiendo como base teórica lo anterior, se establece desde 
ya un alejamiento de cualquier postura teórico-metodológica centrada en el indivi¬ 
duo como calculador permanente, maximizador de preferencias individuales a cual¬ 
quier costo. Las teorías de la elección racional han "importado" de la postura 
hegemónica de la Economía, la capacidad de anticiparse para tomar decisiones (como 
cuando se elige un producto en un supermercado) y la transformaron en norma uni¬ 
versal y transhistórica que atribuye un tipo de comportamiento calculador a un actor 
abstracto. 

En términos generales, más allá de matices y posturas, la ¡dea que se desprende 
es que la lógica de maximización del beneficio personal va conformando las trayecto¬ 
rias de vida. Llevado a las trayectorias delictivas en particular, la base de análisis asu¬ 
me al delincuente como un "tomador de decisiones" que realiza un análisis costo - 
beneficio de un potencial delito en el marco de las oportunidades o coyunturas en las 
que se encuentra. 

Deben establecerse al menos rápidamente las críticas a esta visión pues aplicada 
a la perspectiva de trayectorias delictivas, no solo confunde en la explicación y el 
análisis, sino que eventualmente pueden desprenderse de tal visión consecuencias 
terribles sobre los caminos políticos y técnicos a adoptar en torno al tema. Por ejem¬ 
plo, podría sobreatribuir un permanente cálculo de necesidad de maximizar la violen¬ 
cia en situaciones de hurtos o robos, o podría sobreevaluar la "información" de la 
ecuación "costo - beneficio" que realiza el delincuente para actuar. 

Las críticas generales más primarias y evidentes con este tipo de enfoque se rela¬ 
cionan con la ausencia del carácter sociohistórico o contextual en que se establecen 
las preferencias, con que el egoísmo es una mala descripción de las preferencias (si 
en lugar de trayectorias delictivas se estuviera hablando de trayectorias de altruismo, 
la explicación sería igualmente desconocedora de la red de relaciones en que trans¬ 
curre la vida de los individuos) y con que hay condiciones sociales que no permiten a 
los individuos actuar "racionalmente" en el sentido que cabría esperar (por ejemplo, 
la potencialidad del castigo disuadiría involucrarse en un comportamiento considera¬ 
do socialmente como "desviado"). 

Los datos sugieren en cambio que en las situaciones en que se configuran la ma¬ 
yoría de trayectorias delictivas, priman contextos de marginalidad, pobreza marcada, 
donde son frecuentes lógicas de sobrevivencia de corto plazo. La "información" que 
se tiene para tomar decisiones varía mucho en función del contexto social y en estos 
casos lo que cabe esperar es información limitada de carácter muy práctica para la 
sobrevivencia. 

De ninguna manera se procura quitar "conciencia" en el ¡nvolucramiento de ac¬ 
tos delictivos, pero el problema se asume como mucho más complicado de lo que la 
anterior perspectiva plantea. Bourdieu no excluye que las respuestas del habitus se 
acompañen de un cálculo estratégico en el sentido de estimación de las oportunida¬ 
des, pero ellas se definen por potencialidades objetivas en el "presente" del indivi- 


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dúo. Para reconocer oportunidades también debe haber individuos condicionados a 
reconocerlas. 

Por ello el examen que se propone en este trabajo, parte de la necesidad de reco¬ 
nocer y examinar cómo se van generando condicionamientos y esquemas cognitivos 
que predisponen en la construcción de determinadas trayectorias, asumiendo desde 
ya que predisponer está puesto como "inclinación a", no como "necesidad de" deter¬ 
minada práctica social. En suma, este trabajo se aleja muy expresamente del supues¬ 
to de elección racional, aunque esto no supone dejar de tomar en cuenta las decisio¬ 
nes de los individuos (o de colectivos) para actuar de una u otra forma. 

Esto lleva, ya en tercer lugar, al terreno de las subjetividades colectivas. Esto es: el 
concepto de habitus puede integrarse a una visión de subjetividades colectivas, en¬ 
tendiendo por ellas, de modo general, que las formas de ser y estar en el mundo se 
ven relacionadas a posiciones sociales, a la inserción en redes sociales complejas, a 
procesos dinámicos (la propia subjetividad debe verse como proceso, como cons¬ 
trucción social). Como se ha fundamentado en otro lugar y con otros objetivos (Falero, 
2008), la idea de subjetividad trasciende la de percepciones de un individuo. Aplica¬ 
do al caso que nos ocupa, la intención no será registrar meras "percepciones" de 
individuos que han estado envueltos en trayectorias delictivas y se hallan en situa¬ 
ción de cárcel. En el análisis de subjetividades colectivas también se desprenden con¬ 
textos sociales pasados y presentes, y de allí insumios para entender cómo se van 
configurando tales trayectorias. 

Por ello, vale subrayarlo, más allá de la singularidad de una u otra trayectoria delictiva, 
se piensa en hallar regularidades a partir de espacios sociales donde los individuos se 
van involucrando y actúan en función de un repertorio de posibilidades y oportunida¬ 
des que identifican, y un conjunto de recursos que perciben que disponen a partir de un 
conjunto de necesidades cuya resolución varía histórica y socialmente. 

Las necesidades sociales dependen de cómo se van conformando en términos de 
dinámicas colectivas más amplias, incluyendo el significado de determinados obje¬ 
tos en función de la publicidad, por ejemplo. En lo posible, también debe repararse 
en el reconocimiento que se hace de opciones posibles, en las distintas coyunturas, 
en un determinado espacio social. Como decía el historiador inglés E. P. Thompson, 
esto supone "reexaminar todos los densos, complejos y elaborados sistemas me¬ 
diante los cuales la vida familiar y social es estructurada y la conciencia social halla 
realización y expresión" (Thompson, 1981: 262). 

En este sentido, es central la categoría de experiencia. Con ella, el autor alude a 
cómo hombres y mujeres «experimentan las situaciones productivas y las relaciones 
dadas en que se encuentran en tanto que necesidades e intereses y en tanto que 
antagonismos, «elaborando» luego su experiencia dentro de las coordenadas de su 
conciencia y su cultura (...) y actuando luego a su vez sobre su propia situación» 
(Thompson, 1981: 253). Esa "elaboración" es también una cuestión de subjetividad 
colectiva que depende de muchas cosas, entre ellas de cómo se vive el "presente". 
Este es uno de los elementos que también debe captarse. 


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Los relatos a partir de historias de vida y similares en América Latina, conectan 
claramente la criminalidad urbana con un proceso de socialización en el que suelen 
mezclarse todo tipo de formas de violencia, desde física a simbólica. Desde peleas a 
nivel de relaciones de familia a barriales, y en donde la escuela suele significar bas¬ 
tante poco en tanto perspectiva de vida. Pero el relato de experiencias de vida per¬ 
mite reconstruir concretamente ese conjunto de experiencias que van derivando en 
las trayectorias que nos ocupan. Algunos antecedentes de trabajos sobre el tema en 
Uruguay, serán mencionados en el apartado 5. 

Como se observa en esta introducción teórica, lo "individual" halla explicación en 
lo social. Naturalmente toda la Sociología halló en este anclaje un núcleo explicativo 
duro. Y tal como ocurrió con Durkheim cuando investigó el suicidio para demostrar su 
carácter social, Bourdieu se preocupa en mostrar que lo que parece una cuestión mera¬ 
mente del individuo, es en gran medida una construcción social. Para decirlo con una 
breve frase suya, «lo individual, lo subjetivo, es social, colectivo. El habitus es subjetivi¬ 
dad socializada» (Bourdieu, 2001: 238) 1 . En suma, que los individuos son haces de 
lazos sociales objetivados, es una premisa que subyace al análisis de trayectorias. 

El ejemplo de la educación resulta esclarecedor. Cuando los individuos atribuyen 
al talento natural o a la capacidad intelectual que a otras personas les haya ¡do mejor 
en determinada disciplina, se naturaliza el poder. Porque no ven las muy diferentes 
influencias de diferentes contextos sociales en que están inmersos, sus diversas cir¬ 
cunstancias biográficas, ni se imaginan una ordenación diferente donde tales diferen¬ 
cias no existan. 

Cuando se trabaja desde la Sociología esto puede ser compartido sin mayor 
fundamentación, atendiendo a mucho de lo producido a nivel mundial sobre el tema. 
Cuando la ¡nterrelación es con agentes del campo político, tal perspectiva no resulta 
obvia. En la necesidad de tomar rápidas medidas, ser práctico y mostrarse preocupa¬ 
do por el tema, el discurso político debe desplazarse desde la explicación sociológica 
al plano puramente represivo y puede llegarse a sostener que "la mirada sociológica 
sobre la delincuencia terminó derrumbada" como si fuera una opción de creencia, 
como una religión no sostenida por conocimiento alguno 2 . 

Como se decía al comienzo, debe observarse este esquema a la luz de sociedades 
fracturadas, es decir, donde los procesos de socialización varían mucho dentro de 


1 Esta premisa teórica la venía subrayando desde hacía años. La reitera en una entrevista con 
Wacquant explicando que no se trata meramente de un problema de información disponible limitada, 
sino que «la mente humana es socialmente limitada, socialmente estructurada» ya que permanece en¬ 
cerrada dentro de los límites del sistema de categorías heredado de su formación (teniendo presente 
aquí más a Marx que a Weber). Véase Bourdieu y Wacquant, 1995: 87. 

2 La frase pertenece al senador Carlos Moreira del Partido Nacional. Exactamente señaló: "Al final, 
terminamos votando una ley de Emergencia Carcelaria para reconstruir establecimientos y contar con 
más plazas. Aquella mirada sociológica sobre la delincuencia del ex ministro José Díaz terminó derrum¬ 
bada por una sociedad que cada día se vuelve más insegura. Se perdió mucho tiempo". Fuente: Ultimas 
Noticias, lunes 7 de febrero de 2011. 


208 


una misma ciudad. Y en este sentido, cabe recordar que los habitus son principios 
generadores de prácticas distintas y distintivas que están directamente relacionados 
con el espacio social del individuo. Ese proceso de "interiorización de la exteriori¬ 
dad" (y también de exteriorización de la interioridad) en el que se van combinando 
experiencias sociales, puede llevar así a construir inclinaciones tanto en la forma de 
percibir como en la de hacer, muy diferentes para un mismo tramo etario. 

El sociólogo francés explica en varios trabajos que la formación de habitus está 
atada a los "campos" en que se mueve el individuo. No es posible entender cómo los 
individuos se comportan y construyen sus representaciones sociales, sin aprehender 
esos distintos espacios sociales que suponen diferentes distribuciones de propieda¬ 
des entre individuos. El esquema no se expresaría, sin embargo, cómo el campo pro¬ 
duce habitus que reproducen el campo, sino cómo el campo produce habitus que 
producen representaciones del campo. 

Es decir, el habitus también contribuye a constituir el campo como mundo 
significante y al hacerlo, es un principio de estructuración de las prácticas (Costa, 
2006). Las trayectorias delincuenciales en un espacio social contribuyen a constituir 
ese propio espacio social del que emergieron, al darle al mismo un sentido o significa¬ 
do. En ese sentido, se observarán a lo largo del informe frecuentes referencias al 
concepto de disposiciones y espacio social. 

Y si a partir de Bourdieu puede decirse que la sociedad es también un conjunto de 
campos de fuerzas, configuraciones de relaciones sociales que han ido cobrando au¬ 
tonomía en el plano de lo político, lo económico, etc. que definen modos de domina¬ 
ción específicos, se desprende que la no ruptura de trayectorias delictivas en deter¬ 
minados espacios sociales va fortaleciendo la potencialidad de surgimiento de nue¬ 
vas, incluyendo su innovación. El extremo de esto sería la favela totalmente domina¬ 
da por el narcotráfico o la pandilla estructurada. 

Una de las cuestiones conocidas en Uruguay es que a diferencia de otros países 
de la región donde se identifica el protagonismo de grupos con alta cohesión y encla¬ 
ve territorial -como bandas, pandillas o maras en Centroamérica- lo que supone un 
proceso de socialización muy fuerte con alta capacidad de reproducirse como grupo, 
aquí podría estimarse que se trata, en líneas generales, de delito individual o de gru¬ 
pos poco organizados. No obstante, es preciso avanzar explicativamente más allá de 
la generalidad que esto supone 3 . 

El ganar capacidad de dominio de un espacio social depende de los recursos que 
se cuentan. A nivel de la sociedad en general, dentro de lo que Bourdieu entiende 
como recursos, hay básicamente cuatro formas de capital: económico, que son los 
diferentes factores de producción; cultural, que implica el conjunto de calificaciones 

3 Han comenzado a aparecer indicios de trayectorias directamente relacionadas con bandas o pan¬ 
dillas. La idea de asesinatos por "ajuste de cuentas" es uno de ellos. Véase por ejemplo "El 'barrabravismo' 
sale a cobrar cuentas" en El País Digital 18.03.2012. Esta temática no aparecerá reflejada en el presente 
informe. 


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intelectuales, producidos formalmente (por el sistema educativo) o informalmente; 
social que es el conjunto de relaciones sociales que dispone un individuo o grupo y 
simbólico, que es el conjunto de manifestaciones y rituales ligados al reconocimiento 
y legitima las tres formas de capital anteriores. Por ejemplo en la universidad, el capi¬ 
tal simbólico adopta la forma de prestigio académico. 

¿Cómo se construye el prestigio en redes conformadas por trayectorias delictivas? 
Merecería un estudio específico. Aquí lo que interesa en función de este esquema es 
preguntarse por los recursos (que puede ser el prestigio) con que se cuenta en deter¬ 
minadas trayectorias delictivas como las que aquí se examinarán. Entenderemos la 
capacidad de manejar "códigos" vinculados al delito, dentro y fuera de la cárcel, como 
un recurso propio de las trayectorias delictivas. 

El capital social -señala Alicia Gutiérrez a partir de Bourdieu- aparece como una 
herramienta fundamental que posibilita la construcción de diferentes escenas socia¬ 
les que habilitan a analizar relacionalmente las estrategias de las familias pobres con 
otros agentes sociales. Permite analizar las estrategias de reproducción a partir de lo 
que tienen y no de lo que carecen (Gutiérrez, 2004). En nuestro caso, permite enri¬ 
quecer el estudio de las trayectorias a partir de identificar y manejar algunas redes 
sociales como otro recurso, más allá que tales redes puedan ser caracterizadas desde 
nuestra perspectiva como potenciadoras de trayectorias delictivas. 

La utilización de los recursos que se dispone en determinado contexto introdu¬ 
cen también la idea de «sentido práctico» (Bourdieu, 2007), pero no en tanto for¬ 
ma omnipresente, de lógica práctica, prereflexiva de actuación en un mundo que 
impone su presencia y sus urgencias, sino como el mecanismo que todos construi¬ 
mos socialmente y que permite economizar reflexión y energía en la acción. En 
este sentido forma parte imprecisa del habitus del agente y por tanto varía en fun¬ 
ción de éste. 

La solución "práctica" en dinámicas de conflicto puede implicar en sectores socia¬ 
les como de los que proviene la mayoría de la población carcelaria, la violencia. Los 
relatos a partir de historias de vida y similares en América Latina conectan claramen¬ 
te la criminalidad urbana con un proceso de socialización en el que suelen mezclarse 
todo tipo de formas de violencia, desde física a simbólica. Desde peleas a nivel de 
relaciones de familia a dinámicas barriales. La escuela suele significar bastante poco 
en tanto perspectiva de vida. Pero el relato de experiencias de vida permite recons¬ 
truir concretamente ese conjunto de elementos de socialización que van derivando 
en las trayectorias que nos ocupan. 

La caracterización clara de los mecanismos de socialización, coloca el problema 
en un ángulo de análisis clave a nuestros efectos. Así es posible identificar elementos 
de ¡ncertidumbre, de movilidad geográfica, de vínculos sociales (frecuentemente pro¬ 
visionales), entre otros. Las incertidumbres en los cursos de vida aumentan en la 
medida que hablamos de contextos sociales problemáticos (en sectores medios pue¬ 
de haber mayor estabilidad pese a lo que se cree). 


210 


Así es que ya en el final de este apartado teórico, cabe pensar las trayectorias 
delincuenciales a partir de una analogía balística. Es decir, la fuerza y dirección inicia¬ 
les de un proyectil pueden modificarse en función del espacio que atraviesa. En las 
trayectorias aludidas pueden encontrarse una fuerza y dirección inicial que ya predis¬ 
ponen esa dirección (por ejemplo, otros integrantes familiares en trayectorias simila¬ 
res) o puede encontrarse una dirección que no necesariamente predispone en ese 
sentido pero los campos de fuerza e interacciones por los que se atraviesa (espacios 
sociales), que forman parte de la vida del individuo, llevan a rehacer las condiciones 
iniciales. Acercarse a algunos casos concretos asumiendo estas bases teóricas rápida¬ 
mente aquí compendiadas, será un objetivo central de este trabajo. 

Antecedentes bibliográficos 

El mencionado sociólogo Loic Wacquant ha examinado en varios trabajos la rela¬ 
ción entre territorios urbanos estigmatizados en donde se construye inmediatamen¬ 
te, mecánicamente su imagen con peligro, delincuencia y violencia. "Cárceles de la 
miseria" en las que fácilmente se pueden tejer delincuencia con desocupación, inse¬ 
guridad física con inseguridad social y las características que asume la presencia del 
Estado para un fenómeno complejo. El aumento de las poblaciones carcelarias se 
nutre de un sistema penal sobre el cual se coloca la responsabilidad de contener la 
inseguridad a partir del tratamiento penal de la pobreza (Wacquant, 2000). 

No obstante bajo ese manto de generalidad de sus investigaciones han surgido 
características distintas de evolución si se compara algunas ciudades de Estados Uni¬ 
dos con algunas de Europa. La comparación entre las "Banlieus" obreras francesas y 
el gueto negro norteamericano, descubren sus especificidades más allá de la común 
figura de la marginalidad, más allá de lógicas socioeconómicas estructurales que la 
alimentan (Wacquant, 2007). Como es fácil imaginar, de caracterizaciones diferentes 
derivan políticas de Estado igualmente diversas. 

En el mismo sentido no es posible hacer transposiciones mecánicas de diagnósti¬ 
cos para América Latina y Uruguay. Una nutrida bibliografía fundamenta la especifici¬ 
dad de las ciudades de la región y sus transformaciones en las últimas décadas a 
partir de las que se puede conectar marginalidad con trayectorias delictivas. Y a la 
vez, dentro de la región, hay situaciones bien diversas para entender trayectorias 
delictivas. Situaciones como las de Centroamérica no son comparables a las de Mon¬ 
tevideo y la zona metropolitana, por colocar un ejemplo obvio. 

En el caso de Buenos Aires, periodistas y sociólogos han retratado la vida de "pibes 
chorros" de cuyo análisis emerge un tipo específico de entramado social. Un entra¬ 
mado que reproducen pero también transforman y crean en el contexto de un Estado 
socialmente ausente. Así, los retratos de Víctor "El Frente" Vital, no solo muestran al 
joven vinculado a asaltos y fugas, sino también a un sobreviviente de las balas que 
precozmente se caracterizaba por la generosidad con los botines conseguidos en las 
villas miserias del cordón suburbano donde actuaba, por preservar ciertos códigos de 
la delincuencia y por generar la imagen de siempre ir "al frente" (Alarcón, 2009). 


211 


En este caso, al identificar retratos de una especie de Robín Hood que repara la 
injusticia de un orden social, comparte esa característica de "canonización popular", 
de reconstrucción mítica, por la cual sobre algunas figuras se establece un orden moral 
de distribución que es superior al de la propiedad privada individual. Una figura que 
se contrapone a la del "bardo", es decir aquel que transgrede las reglas tradicionales 
que regulan las relaciones entre los villeros, como robar dentro del propio barrio, 
usar innecesariamente la violencia física, producir conflictos con otros vecinos, entre 
otras(Míguez, 2004). 

Desde una perspectiva como la de Bourdieu, se podría decir que en el primer 
caso, a través de una serie de experiencias, se van identificando "recursos" propios 
del espacio social de actuación, que permiten ir ganando posiciones dominantes. Este 
tipo de casos tiene, como se observa, otras connotaciones a nivel urbano territorial 
en zonas deprimidas o degradadas, al generar otros vínculos sociales que no suponen 
necesariamente el rechazo sino una complicidad extendida, en el marco de las con¬ 
tradicciones propias de quienes viven en situaciones cuya capacidad de proyección 
en la vida por otros canales, suele ser nula. 

Es común cuando se repasan antecedentes teóricos del tema, considerar los apor¬ 
tes del sociólogo estadounidense Edwin Sutherland (1883 - 1950) que a partir de un 
esquema de análisis ¡nteraccionista, da cuenta de cómo se llegan a aprender las moti¬ 
vaciones y los "conocimientos" para desarrollar una trayectoria delictiva. Además es 
recordado por introducir el tema de los delitos de "cuello blanco" (que es su expresión) 
para referirse a esas otras trayectorias delictivas que no entran en nuestro análisis. 

En términos generales, la base proporcionada por Sutherland de que el delito se 
aprende mediante un proceso de interacción con otros agentes, puede considerarse 
en términos generales como una contribución que aporta elementos -particularmente 
cuando hay que referirse al tema de los grupos o redes de pares en caso de jóvenes 
en un contexto territorial urbano específico- pero también se le han señalado proble¬ 
mas ya que, por ejemplo, no permite entender las salidas de una trayectoria de delin¬ 
cuencia o el carácter eventualmente episódico o parcial de la actividad (Robertt, 2005). 

Salteamos otras contribuciones de la sociología norteamericana a lo largo del 
siglo XX -que en verdad sería parte de otro tipo de trabajo del que aquí se espera- y 
llegamos a algunas corrientes contemporáneas que enfatizan el tema de la "oportu¬ 
nidad", es decir la ¡dea de que ciertos hábitos de vida vinculados al consumo se cons¬ 
tituyen en objetivos que facilitan el contacto entre delincuente y víctima (este punto 
se observa en algunas entrevistas como aprovechar un "descuido" o justamente la 
"oportunidad" en la vía pública). Pero nuevamente tenemos una fase del problema. 

Si bien aquí subyace el problema de la desigualdad y del contraste social ostensi¬ 
ble que muchas veces supone (y como sabemos, sociedades más desiguales son so¬ 
ciedades más violentas), no se genera -a nuestro juicio- una herramienta conceptual 
que permita ser utilizada para una diversidad de trayectorias. La "oportunidad" solo 
es entendible en el marco de estructuras cognitivas previas y de disposiciones a ac- 


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tuar a partir de una trayectoria de vida. Una vez más, entonces, la perspectiva que 
subyace a este trabajo, tal como fue considerada en el apartado anterior, permite 
otro vuelo analítico y otra potencialidad explicativa que, de alguna manera, termina 
integrando elementos como los anteriores. 

Llegados aquí, corresponde mencionar algunos antecedentes locales. Por aproxi¬ 
mación teórica nos focalizaremos en tres. En primer lugar y sin duda con una visión 
muy compartióle por su utilización de Bourdieu, se encuentran los trabajos de Nilia 
Viscardi. Por ejemplo, como subproducto de su tesis de doctorado sobre violencia y 
juventud y un conjunto de entrevistas a jóvenes que se encontraban en programas de 
rehabilitación del INAU, mostró la existencia de modalidades y vínculos de los jóve¬ 
nes con la violencia, como prácticas constitutivas y regulares. A partir de identificar 
regularidades, estableció un tipología considerando violencia doméstica e 
interpersonal -donde el barrio funciona como escape frente al malestar-, el delito 
amateur, la violencia del cuerpo y homicidios instrumentales (Vicardi, 2008 a y b). 

Otro aporte proviene de Rafael Paternain, en donde aparece la conexión entre 
violencia, criminalidad y seguridad a partir de un bosquejo de "cuatro escalones". 
Entre otros elementos, rescata el aporte del argentino Gabriel Kessler sobre la Socio¬ 
logía del delito amateur y marca que, aún en el pasado, la disociación entre activida¬ 
des legales e ilegales ha sido menor que lo supuesto (Paternain, 2006). 

Paternain fue tutor de una monografía reciente sobre la influencia de grupos de 
pares en trayectorias delictivas de jóvenes, realizado a partir de 13 entrevistas en el 
centro PROMESEC (Programa de medidas socioeducativas de base comunitaria) del 
INAU. Entre los hallazgos de Vanessa Anfitti, la autora, aparecen elementos como la 
necesidad del momento por consumo, pero luego motivaciones no instrumentales, 
la existencia de jóvenes que admitieron haber enseñado a delinquir a otros menores 
y de veteranos que dan consejos para hacerlo, la constitución de "grupos de pares" 
con definiciones favorables del delito y la presencia de barrios cercanos que necesi¬ 
tan compañeros para robar. Aparecen elementos importantes como la idea de gru¬ 
pos primarios en el proceso de socialización, la "presión" de amigos ante la alternati¬ 
va de sentirse desplazado y la idea de instituciones educativas que producen frustra¬ 
ción y desinterés (Anfitti, 2011) 4 . 

Estrategia metodológica para la elaboración de este informe 

Asumiendo el objetivo central -que fue la realización de un análisis sociológico de 
trayectorias delincuenciales en Uruguay a efectos de comprenderlas en sus variacio¬ 
nes- la estrategia fue originalmente pensada como un conjunto de entrevistas a apli¬ 
car a individuos en situación de cárcel, a partir de datos contenidos en una muestra 


4 Además de los mencionados, existen otros autores que en los últimos tiempos, con otras perspec¬ 
tivas han contribuido desde la Sociología a la temática general de delito y delincuencia en Uruguay: Luis 
Eduardo Morás y Nicolás Trajtenberg (ambos en la Universidad de la República). 


213 


de 979 casos a los que se aplicó un cuestionario estandarizado y que constituye el 
antecedente inmediato. 

Es decir que este informe parte de una restricción metodológica y de una adapta¬ 
ción a tal restricción: se trata de aplicar entrevistas a partir de casos seleccionados, 
partiendo de una base de datos previamente realizada. Esto resulta importante 
explicitarlo, pues define y delimita el carácter y posibilidades de las entrevistas. 

Entre tales restricciones se cuentan las cuatro siguientes: 

a) debe considerarse la selección previa asumiendo la mencionada base de da¬ 
tos de 979 casos cuya heterogeneidad, sin embargo, permite abrir planos de 
análisis; 

b) la existencia de distintas limitaciones de acceso a los centros de reclusión y 
dentro de éstos a las personas seleccionadas (que por distintos motivos pue¬ 
den no estar disponibles para la entrevista más allá de día y hora agendados); 

c) las entrevistas deben realizarse en condiciones de reclusión (lo que supone 
un tiempo limitado y condiciones de realización que no dependen del entre¬ 
vistador o investigador); se volverá sobre este punto; 

d) deben asumirse igualmente las dificultades propias de este tipo de entrevis¬ 
tado/a: en general bajo nivel educativo, muy variables capacidades 
comunicativas, notorias dificultades para generar una línea de tiempo que 
permita ir ubicando situaciones con rigor cronológico, disposición a colabo¬ 
rar con aportar elementos que -potencialmente- podrían perjudicarlo. 

El examen de antecedentes sobre estudios de trayectorias, muestran abordajes 
con entrevistas extensas, reconstrucción de historias de vida luego de un período de 
reclusión 5 . Un futuro trabajo podría abordar este aspecto de aplicar la herramienta 
sobre otro tipo de casos previamente identificados y fuera de los condicionantes pro¬ 
pios del espacio de reclusión. 

El trabajo se basó en una serie de etapas: 

a) rastreo bibliográfico y periodístico; 

b) conformación de una perspectiva general de abordaje del problema; 

c) selección de casos; 

d) realización de una pauta de entrevista (luego de establecer ejes centrales 
para el análisis posterior); 

e) aplicación como pretest (en este caso no existieron prácticamente ajustes); 


5 Se pueden citar numerosos trabajos basados en entrevistas extensas a individuos que por su acti- 
vidad viven en forma clandestina. Entre ellos, uno muy interesante por la construcción de trayectoria 
que se aborda es el de un "pistolero", es decir, alguien encargado de ejecutar personas, realizado en 
Brasil (Barreira, 2002). 

214 


f) realización de las entrevistas en cárceles; 

g) análisis transversal y comparativo de las mismas agrupando situaciones en 
grandes dimensiones; 

h) realización de informe final. 

Respecto a la identificación de los casos, deben marcarse una serie de pasos: 

conocimiento global de la base de datos y generación de algunos cruces apor¬ 
tados por el técnico estadístico del equipo de investigación, para establecer 
un cuadro general; 

eliminación de los primarios absolutos (que representaban 460 casos); 

eliminación de todos los casos ajenos a delitos contra la propiedad y homici¬ 
dios; 

generación de un perfil de situaciones de base urbana y metropolitana (hur¬ 
to, rapiña, etc.) eliminando expresamente casos típicos de contexto rural; 

contemplar una variabilidad de situaciones en términos de sexo, edad y de 
trayectorias; 

identificar al menos el doble de casos de los originalmente establecidos para 
la aplicación de la pauta, debido a las limitaciones y condicionamientos an¬ 
tes marcados. 

En suma, se realizaron 30 entrevistas distribuidas de la siguiente forma: 16 entre¬ 
vistas en Comear (en distintos módulos, es decir contemplando una clasificación 
previamente realizada), 6 entrevistas en Canelones (asumiendo que aquí existe un 
perfil metropolitano), 3 entrevistas en Punta de Rieles, completando los hombres. Se 
realizaron adicionalmente 3 entrevistas a mujeres en Medio Camino y 2 entrevistas a 
mujeres en El Molino. No se pudo acceder al establecimiento Libertad como original¬ 
mente se previo. 

Debe señalarse expresamente que a diferencia de la etapa previa de conforma¬ 
ción de la base de datos con criterio estadístico, el criterio utilizado para la identifica¬ 
ción de casos para las entrevistas tuvo un componente fuertemente teórico, conside¬ 
rando la aludida diversidad de situaciones y trayectorias. 

Consideraciones sobre la técnica de investigación 

Una amplia bibliografía metodológica (aunque no como un cuerpo unificado en 
función de las distintas corrientes existentes) respalda la aplicación de la entrevista 
en profundidad para el campo de las ciencias sociales y sobre la que no corresponde 
aquí internarnos. Solamente digamos que existen sólidas fundamentaciones 
epistemológicas sobre la calidad de los datos que potencialmente proporciona y que 
hacemos extensiva al resultado de este estudio. 


215 


Estrictamente puede discutirse que las 30 entrevistas constituyan entrevistas en 
profundidad dadas las limitaciones mencionadas. La técnica fue ajustada al caso es¬ 
pecífico, lo que implicó por ejemplo la decisión de que cada entrevista fuera realizada 
por un equipo de dos personas que alternativamente realizaban las preguntas esta¬ 
blecidas en la pauta, repreguntaban en función de las respuestas, procuraban 
contextualizar si era necesario y tomaban nota textual de la mayoría de la narración 
que se generaba. Expresamente se evitó el grabador, no solo como facilitador del 
diálogo -que de hecho es central- sino también porque habría implicado permisos 
adicionales que habrían alargado excesivamente el trabajo de campo. 

Se aplicó una entrevista de tipo semiestructurada (es decir en la que no existe una 
clara estandarización aunque para facilitar al entrevistador se establecen preguntas a 
modo de guía). Previamente se asumió la necesidad de flexibilizar la aplicación de acuer¬ 
do a los casos. La pauta se adjunta en anexo al final de este informe. El tiempo de 
realización varió mucho en función del contexto y particularmente del perfil de los en¬ 
trevistados. El protocolo fijado estableció que una vez realizada la entrevista, se esta¬ 
blecieran observaciones sobre la misma y que la digitalización implicara el intercambio 
del equipo sobre los datos emanados, la fiabilidad de las respuestas, el ordenamiento 
de la misma, dado los frecuentes saltos temporales de la narración, etc. 

Asumiendo el perfil habitual de los entrevistados ya mencionado (bajo nivel de 
escolaridad, limitación en capacidades lingüísticas, etc.) existen dificultades en una 
reconstrucción fluida y confiable del período anterior a la actividad delictiva inmedia¬ 
ta a la reclusión, por lo que una parte de la entrevista debió dedicarse a la elabora¬ 
ción de una línea de tiempo que permitió sustentar posteriores respuestas. No siem¬ 
pre fue posible completar totalmente la misma. 

Pero el centro de atención residió en la captación de una serie de secuencias y 
coyunturas de vida que permitieran establecer trayectorias subsiguientes. En este 
sentido, se debe subrayar que no se trata solamente de captación de la perspectiva (o 
de representaciones sociales) de aquellos que terminaron en un conjunto de prácti¬ 
cas que agrupamos como delictivas. Se trata de introducirnos en los espacios socia¬ 
les, de explicación de acciones y no solamente de percepciones. El presupuesto es 
que a partir de las entrevistas se pueden identificar concretamente y analizar factores 
facilitadores de la generación de determinadas trayectorias de vida. 

Una de las bases del trabajo es que asistimos a nuevas articulaciones que se van 
solidificando entre unidad doméstica, centros de educación, trabajo y delito. Y a par¬ 
tir de aquí, algunas preguntas originales se plantearon en el siguiente sentido: ¿exis¬ 
ten trayectorias delictivas claramente definidas o muchos jóvenes alternan trabajo y 
delito? ¿Y entre aquellos individuos mayores? ¿Qué papel juegan los espacios de so¬ 
cialización "clásicos" efectivamente? Estos elementos parten de la perspectiva que 
una trayectoria delictiva contra la propiedad, por ejemplo, no puede basarse en una 
"cualidad" o "atributo" de transgresión de la ley de determinadas personas. Aquí sur¬ 
gen numerosas preguntas en cuanto a la relación entre espacios reproductores de 
marginalidad social y tramos etarios. 


216 


Existen variables sociales del "reclutamiento" de jóvenes, particularmente en es¬ 
pacios urbanos de marginalidad que predisponen a este tipo de comportamiento. 
Señalemos tres de ellas que se consideraron claves antes de abordar el trabajo de 
campo. En primer lugar, está el contexto familiar inmediato pero no asumiendo como 
contraposición la perspectiva de una familia "ideal" o "tipo" inexistente, sino un enor¬ 
me conjunto de arreglos familiares en situaciones socioeconómicas complejas que 
aquí llamaremos "unidad doméstica". En segundo lugar, está la trayectoria escolar 
con frecuentes episodios de repetición y evasión (por múltiples elementos posibles, 
lo cual no necesariamente es adjudicable mecánicamente a la propia capacidad 
institucional de "retención"). En tercer lugar, están las experiencias de socialización 
en el barrio, asumiendo las características potencialmente degradadas del mismo, 
eventualmente de marginación con dinámicas de asentamientos, con ausencia de 
referentes o alternativas efectivas. 

Este último aspecto mencionado -el urbano territorial y las experiencias de sociali¬ 
zación a ese nivel- es central como ya se definió desde el marco teórico. En este sentido, 
la pauta de entrevista consideró como tres grandes dimensiones de análisis las siguien¬ 
tes: el territorio y los procesos de socialización; el conjunto de experiencias de vida que 
marcaron fuertemente -escolares, de internación en centros de amparo y/o infracción, 
laborales, etc.- y la forma de vinculación directa con trayectorias delictivas. 

Los relatos a partir de historias de vida y similares en América Latina conectan 
claramente la criminalidad urbana con un proceso de socialización en el que suelen 
mezclarse todo tipo de formas de violencia, desde física a simbólica, como ya se alu¬ 
dió. El relato de experiencias de vida, aún con las limitaciones aludidas, permite re¬ 
construir concretamente ese conjunto de disposiciones, características del espacio 
social y recursos disponibles (en el sentido general definido), que van derivando en 
las trayectorias que nos ocupan. La caracterización y reconstrucción de estos meca¬ 
nismos sociales, coloca el problema en un ángulo de análisis clave a nuestros efectos. 
Así es posible identificar elementos de incertidumbre, de movilidad geográfica, de 
vínculos sociales (frecuentemente provisionales), entre otros. 

Uno de los problemas que surge de la relación entre elementos empíricos, teoría 
disponible y análisis general, es el de posibles tipologías a construir. Uno de los desa¬ 
fíos fue que el análisis contribuyera a generar tipologías no basadas en una especie 
de "etiología" del delito sino de configuración de trayectorias. Es decir, no estable¬ 
ciendo "tipos de delincuentes", sino una tipología de recorridos sociales en que pue¬ 
den agruparse diferentes casos. 

Esta parte de la investigación debe permitir visualizar la configuración de delitos 
como derivado de posiciones sociales objetivas, en donde las elecciones de los indivi¬ 
duos son restringidas. En estos casos las transgresiones del orden social -que van desde 
el hurto hasta distintas formas de violencia sobre la persona- no operan con las mismas 
lógicas de otros espacios de socialización. Lo mismo puede decirse de las 
autorepresentaciones que se generan. Aquí puede existir un arco variado de justifica¬ 
ciones al pasar por distintas experiencias de vida que también es importante explorar. 


217 


La relación entre discurso y posiciones sociales: breves anotaciones 

Los esquemas narrativo-históricos de investigación aplicados a la reconstrucción 
de trayectorias delictivas se proponen comprender procesos sociales, no meramente 
casos particulares. Es decir que las trayectorias iluminan dinámicas más amplias, a 
partir de un marco analítico argumental que postula una determinada relación entre 
procesos sociales, políticos y económicos y diferentes trayectorias en determinados 
contextos. 

Se entiende el producto de la entrevista como insumo para reconstruir posicio¬ 
nes sociales. El análisis sociológico de la práctica discursiva puede funcionar no sola¬ 
mente como operación de registro de percepciones -lo habitual y también lo limita¬ 
do de este enfoque- sino como línea integradora de la relación texto - contexto. En 
ese sentido la perspectiva aplicada para el análisis de las entrevistas es que los discur¬ 
sos reproducen situaciones sociales y los esquemas fundamentales de la división del 
mundo social. 

Es cierto que la producción de enunciados se realiza en situaciones sociales con¬ 
cretas y que se adaptan a ellas. En este caso, está claro que los mismos no solo dan 
cuenta de experiencias de vida sino de la adaptación estratégica a una situación de 
cárcel y a sus grupos de referencias. Este sentido práctico, que funciona de manera 
inconsciente o preconsciente, marca la reconstrucción de las trayectorias por el pro¬ 
pio individuo pero sobre todo, la visión de futuro. Tenemos en cuenta estos elemen¬ 
tos, pero importa marcar que la plausibilidad de los discursos, su fuerza real, es siem¬ 
pre colocada en los marcos de otros discursos, de otras posiciones sociales, de un 
mundo social pre-estudiado que permiten interpretarlos y ponderar y sostener su 
real significación. 

Como decía Bourdieu, el orden simbólico del decir queda definido por un conjun¬ 
to de diferencias de situación y de posición; no se trata de una cuestión puramente 
arbitraria sin relación con la realidad vivida. El análisis de las entrevistas deberá dar 
cuenta de las cadenas simbólicas que el entrevistado genera y que constantemente 
reproduce las formas de subjetivación del sistema de posiciones sociales, de una red 
de relaciones sociales. Debe dar cuenta, asimismo, de silencios y de énfasis, de inclu¬ 
siones y exclusiones, de lo pensable y lo impensable, de posibilidades reales y de 
fantasías. 

Es decir que el procesamiento de las entrevistas -que como se adelantó se hará 
transversalmente por dimensión, tratando de incorporar aquellos elementos conoci¬ 
dos que permitan entender los casos- tiene un nivel de información manifiesta, de 
dar cuenta de procesos estructurales (trayectorias en un cuadro de vulnerabilidad o 
de marginalidad social y las estrategias a corto plazo, por ejemplo) y tiene un nivel de 
atribución del sentido por parte de los propios actores que traspasa la mera descrip¬ 
ción y que se coloca a nivel de lo latente. 


218 


Análisis de las entrevistas según principales dimensiones 


Unidad doméstica 

De los casos examinados, este eje de análisis representa variaciones en cuanto a 
considerar la unidad doméstica donde pasó el individuo los primeros años, un ele¬ 
mento sustantivo en trayectorias delictivas posteriores. No obstante, el perfil predo¬ 
minante es de dificultades económicas, varios hermanos o hermanas, tensiones o 
conflictos persistentes, eventos familiares que complejizan la situación y en general, 
buenas relaciones con la madre pero no con el padre, quien muchas veces no está 
presente. 

En muchos casos no existen antecedentes familiares de trayectorias delictivas, 
pero ello no quiere decir que la unidad doméstica, dentro de la diversidad de arre¬ 
glos, de la diversidad de problemáticas posibles, no constituya un potenciador indi¬ 
recto de disposiciones a transitar sin mayores cuestionamientos, dinámicas delictivas 
posteriores. Ello ocurre cuando se conectan tales disposiciones con el mundo territo¬ 
rial inmediato. 

En muchos relatos aparece una posición social con madres que realizan trabajo 
duro, continuo y mal remunerado, que no alcanza a cubrir necesidades. Y natural¬ 
mente es una constante, que nunca se mencionan en la unidad doméstica integran¬ 
tes con trayectorias educativas o con trabajos formales bien remunerados, que po¬ 
tencialmente podrían desencadenar otro tipo de expectativas sociales. 

Además, la situación de complejidad económica aparece en diferentes tramos 
etarios. Por ejemplo, LC (Comear, 50 años, 22 de recluido) recuerda que su madre 
trabajaba mucho, "ella limpiaba casas", teniendo que optar por dejarlo durante el día 
en una dependencia del Consejo del Niño, y lo retiraba llegando la noche, "al llegar 
ella me ponía a dormir, y yo le decía no se preocupe mamá que yo aguanto el ham¬ 
bre"; recuerda que eso sucedía cuando tenía 5 años. Que esto hubiera sido efectiva¬ 
mente así quizás pueda dudarse, pero el contexto inmediato de vulnerabilidad tiene 
probable fundamento. 

MJ (Comear, 33 años) narra que su madre, cuando él era niño, trabajaba en una 
casa de familia, y menciona la separación de sus padres como un hecho que marcó su 
vida. A los 11 años, él se queda viviendo con su madre, en condiciones precarias. 

JM (Comear, 23 años) dice que su familia está compuesta por su madre y una 
hermana (un año mayor que él) y que a su padre lo conoce "por fotos". Narra que la 
madre se dedicaba a hacer limpiezas (empleada doméstica) y que la situación fami¬ 
liar se complejiza aún más (pobreza desde siempre) cuando como consecuencia de 
una disputa, un amigo de su tío le tira un balazo que impacta en su madre al interpo¬ 
nerse entre ellos; ella queda inválida y en silla de ruedas. A partir de ese momento él 
queda a cargo de su hermana, apenas un año mayor, quien no puede controlarlo y él 
se escapa, de la casa y de la escuela. Abandona la escuela en 2 5 año. A esa edad, su 


219 


madre, quien no puede hacerse cargo de él, lo envía a vivir a la casa de un amigo. Se 
muda junto a él y sus padres a Playa Pascual, a la edad de 8 años. 

WP (Punta Rieles, 27 años) narra que su familia estaba compuesta por su madre, 
su padre y dos hermanas menores. El padre trabajaba en una empresa de construc¬ 
ción y la madre cobraba una pensión de su padre; indica a modo de autopercepción 
de ese contexto: "éramos clase media bien". Sin embargo, la situación familiar se 
complejiza: falleció la madre, al padre lo despiden por reducción de personal ("lo 
echaron y empezamos a estar mal") y señala esa coyuntura como inicio de una nueva 
situación. Su padre "agarró para el alcohol por estar viudo y sin trabajo...lo entiendo 
por qué agarró para ese lado". 

"Ahí me hice en la calle", agrega. A los 10 años se muda con su abuela paterna al 
barrio Piedras Blancas. Sus hermanas se van a vivir con la tía materna pero su tía 
"mete la mano en la lata" (hablando en relación al tema de la pensión y sin especifi¬ 
car más). ¿Necesariamente implicaba este cuadro el inicio de una trayectoria delictiva? 
Naturalmente no, aunque no puede negarse que es un potenciador. Cuando esto se 
articula con su propia autodescripción como "muy impulsivo" de niño, con "mala 
conducta pero no era agresivo...tenía mis rayes", aparecen pistas para el análisis. 

MR (Comear, 25 años) dice que su familia estaba compuesta por padre, madre, 
cinco hermanos y cuatro hermanas. Él es el mayor de todos los hermanos. Su madre 
trabaja como empleada doméstica y su padre como empleado de un estacionamien¬ 
to. En la descripción de la vivienda se observa un caso claro de hacinamiento. Tiene 
otros dos hermanos presos, el resto son chicos y participan todos en el Movimiento 
Tacurú. En este caso el padre no aparece como referente claro, pero sí la madre. 

En general, se observan dinámicas delictivas que comienzan tempranamente. Por 
ejemplo, PA (Canelones, 20 años) dice que vivía con su familia (madre, padre y seis 
hermanos) en el Cerro y que comenzó "con 12 años a estar en cualquiera (...) no 
tengo ni idea por qué soy así, quizás las juntas malas (...) mis padres son buena gente, 
el único que salió mal soy yo". Obsérvese además, cómo su trayectoria la configura a 
partir de una "competencia" adquirida fuera del ámbito familiar. 

En cambio MP (Comear, 24 años) dice que vivía con su madre, padre, hermanos 
(4 mujeres y 1 varón), tenía padres trabajadores, hermanos que trabajan y "a los 13 
años no robaba"; aunque indica luego que "mis viejos me llamaban la atención, mis 
hermanos estudiaban y trabajaban..." 

RB (Comear, 26 años) recuerda que «cada vez que mi madre tenía que sacarme" (en 
referencia a situaciones en las que fue detenido por la Policía) intentaba ponerme la 
piolita en el cuello y ahorcarme»... «hacía buena letra unos días y empezaba de nue¬ 
vo»... «siempre tuve todo... yo siempre quise más». Indica que estuvo varias veces de¬ 
tenido en la seccional de menores, por rapiña. «Me gustaba la joda y la plata fácil». 
Reitera que su madre siempre iba por él y que nunca llegó a pasar por el Juez. En el 
mismo caso que el anterior, y particularmente considerando la figura de la madre, las 
prácticas delictivas aparecen adquiridas fuera del contexto de la unidad doméstica. 


220 


En cambio existen trayectorias en las que la ausencia de la madre o de familiares 
directos marca muy claramente la vulnerabilidad temprana -tanto económica como 
de lazos cercanos para ¡nteractuar- y la necesidad de fuga y búsqueda de otros refe¬ 
rentes. JB (Comear, 35 años) dice no conocer a la madre, que tiene un hermano más 
chico y otro más grande a los que hace 23 años que no ve. Pero es particularmente 
interesante la siguiente afirmación sobre su situación, luego de los 11 años: "estuve 
solo, nadie me dio una mano". En tal sentido, indica que vivió en la calle hasta que 
hizo un "negocio" con una persona que le alquilaba una pieza (no plantea qué clase 
de negocio, ni queda claro qué edad tenía cuando ocurrió este episodio), que se que¬ 
daba en casas de conocidos y que nunca quiso tener relación con el padre y con su 
señora de quienes señala que "eran diferentes a mí..." 

Agrega que el padre trabajaba "dos por tres", hacía changas y que su pareja era 
empleada doméstica. Cabe señalar que se han detectado en otras investigaciones 
casos similares de ambigüedad sobre el trabajo del padre. El investigador argentino 
Daniel Míguez señala acertadamente que expresiones como estas ponen en eviden¬ 
cia que estos jóvenes no encuentran en la trayectoria de sus padres, algo que vincule 
al empleo como organizador de la vida (Míguez, 2004). 

En el caso de MA (Canelones, 30 años) aparece una trayectoria de relación com¬ 
pleja con familiares y cercanos. Describe una "situación correcta" hasta los 5 años, 
mientras vivió con su tía; luego su madre lo buscó. "Estaba con mi madre y el marido 
de ella me mataba a palo, no aguanté; mi madre no se metía. La madre de un amigo 
les hizo una denuncia... yo tenía 12 años; un tío me fue a buscar con mi madre a la 
comisaría, me fui con mi tío". "Mi tío no me entendía, tenía muchos hijos, andaba a 
carro, en la calle. Le daba de comer a los caballos... no me daban la atención que 
necesitaba, otra familia me recogió en Solymar; yo tendría 15 años". 

Este es un caso de frecuentes entradas y salidas en el consumo de Pasta Base, lo 
cual se tratará como dimensión específica. Sin embargo, la pregunta que correspon¬ 
de formular aquí es sobre la pertinencia de establecer un esquema de causa y efecto 
frente a una unidad doméstica como la que se describe. En verdad, considerando 
este tipo de contexto de socialización, con episodios notorios de violencia física y 
simbólica, parece una interrogante cuya respuesta tampoco aporta demasiado. 

Por su parte, GR (Canelones, 23 años) crece en el barrio Peñarol con su abuelo 
materno y la esposa de su abuelo (a la que nombra como "mi abuelita"). Indica que 
su madre lo abandona a los 3 meses de edad: "me dejó medio tirilla..." No sabe los 
motivos. "Ya la perdoné a mi madre, errar es humano, si lo hizo por algo lo hizo" (se 
refiere al abandono a los 3 meses de edad). Su padre se encuentra preso por matar a 
la suegra de su hijo ("le dio un tiro a la madre de la madre de mi hija"). "...Vas crecien¬ 
do y te acordás de todo; si no te desahogás, llegás a un límite..." 

En el caso de DS (Punta de Rieles, 32 años) la familia está compuesta por su ma¬ 
dre, un hermano y una hermana menor que él, de diferente padre. Nunca conoció a 
su padre. Fue criado por su abuela, aunque dice entender a su madre por no haberlo 


221 


hecho: "ella tendría lo suyo". En la casa de la abuela vivió también con tíos, tías y 
algunos primos. No hay otros miembros de su familia que se dediquen a delinquir: "la 
única oveja negra soy yo". 

Por su parte, MF (Medio Camino, 35 años) narra que nació en Tacuarembó y vivió 
desde los 9 años en la ciudad de Minas. A los 19 años se muda a Montevideo, al 
Barrio Piedras Blancas, a la casa de un tío militar, quien le facilitó techo y trabajo 
durante un año y medio. Cuando en la entrevista se retoma el tema de su familia de 
origen, explica que se crió con "gente extraña", que no estuvo mucho al lado de sus 
padres, que lo que aprendió fue de otras personas ajenas a su núcleo familiar. Es de 
suponer, además, que los habitus adquiridos en el espacio militar son reproducidos 
en otros espacios como el familiar. 

Consideramos en forma aparte aquellas situaciones donde los referentes familia¬ 
res se relacionan muy directamente con trayectorias delictivas. Es el caso de RF (Ca¬ 
nelones, 35 años) que señala: "a mi familia siempre la vi más seguido en la cárcel que 
afuera de estas paredes". "Con mi señora nos conocimos desde chicos"... "nos muda¬ 
mos de barrio por seguridad"... "nuestras familias siempre hicieron cosas juntas". "So¬ 
mos todos delincuentes, nacimos para ello". "Hay quienes dicen que estamos juntos 
por capricho...yo creo que si no nos unió el amor, nos unió Dios". "Mis hermanos 
están presos en CNR y Comear...". Es el tipo de caso donde la unidad doméstica actúa 
como potenciadora directa de trayectorias delictivas y en el que cabe esperar la per¬ 
manente repetición del ciclo. 

JC (Comear, 24 años) indica que de niño ingresó al Flogar de protección "Garibaldi" 
de INAME, donde permaneció desde los 9 meses a los 4 años. A los 4 años es adopta¬ 
do por una "familia de trabajo", que residía en La Teja, integrada por un padre, una 
madre, un hermano y una hermana. La particularidad es que la madre adoptiva fue 
"cuidadora" del niño en el Flogar de INAME. Al preguntarle la razón por la cual esta 
familia decide adoptarlo, responde no saberlo. El cuadro doméstico se completa con 
un padre funcionario policial, estricto y "muy derecho". Vive con esta familia hasta 
los 13 años cuando se escapa de su casa y se va a vivir a la calle. Luego comienza su 
historia de institucionalización en nuevos hogares de protección e infracción y de 
adulto su vida está vinculada a la trayectoria delictiva. Aquí la trayectoria se establece 
en la combinación de instituciones del Estado con la unidad doméstica adoptiva. En 
lo primero es evidente el fracaso institucional, en lo segundo se observan figuras 
distantes que potencian el fracaso. 

FC (Comear, 33 años) no recuerda con precisión donde nació; sabe que fue en 
Montevideo y que desde su primer año vivió en Flor de Marañas junto a su padre y 
sus 5 hermanos mayores. Su madre falleció cuando él tenía 6 meses. Cuando tenía 10 
años su padre (jubilado de la Marina) cae preso y él pasa por amparo al Hogar 
"Garibaldi", mientras sus hermanos van a vivir con distintos familiares. Con el resto 
de sus hermanos ya no tiene contacto. A ello se agregan los suicidios de su hermano 
y de su sobrina (este último caso le fue comunicado mientras estaba preso). Como se 
observa, la falta de figura materna -en general valorizada- no aparece; la figura pater- 


222 


na no constituye un referente de alternativas, la institución estatal aparece inoperan¬ 
te para contener y la unidad doméstica en general muestra un cuadro muy complejo. 

De los relatos se desprende que no existe "un" perfil familiar sino situaciones 
muy diversas. En las narraciones puede aparecer la familia como un modelo idealiza¬ 
do y eventualmente puede ser responsabilizada por abandono. La realidad es más 
compleja. En los casos anteriores se observa un abanico que va desde la unidad do¬ 
méstica funcionando como un potenciador directo de trayectorias delictivas, a un 
minimizador frustrado de tales trayectorias, pero asumiendo que no se han observa¬ 
do aún otros elementos sustantivos de socialización con los que las disposiciones 
generadas en la unidad doméstica se combinan. 

Lo que parece claro es que los indicadores empíricos de experiencias de pobreza, 
vulnerabilidad o fragilidad, ausencia de referentes educativos o laborales como po¬ 
tenciales conformadores de trayectorias alternativas, entre otros elementos, no pue¬ 
den separarse de las prácticas cotidianas de vinculación familiar. El Estado aparece 
siempre -en estos casos- como un gran ausente que descentraliza problemas y gas¬ 
tos, al atribuir a la "familia" un rol mecánico de contenedor, y un conjunto de institu¬ 
ciones fracasadas cuando participa directamente en la conformación de hogares co¬ 
lectivos. En el primer sentido hay una lógica general subyacente muy conocida en 
América Latina; en el segundo sentido, convengamos que sería muy injusta una gene¬ 
ralización pues aquí solo se analizan trayectorias delictivas. 

Trayectoria educativa 

Hablar de trayectorias educativas en los casos analizados es un eufemismo. En los 
casos entrevistados en particular, pero también en general en la población carcelaria, 
es marcado el escaso nivel educativo alcanzado. Justamente en base a este dato con¬ 
creto, lo que debe analizarse es el papel que cumplió la escuela. En los casos que nos 
ocupan, son muy contados aquellos que han superado el nivel escolar primario. Solo 
hay un caso de una profesional universitaria, que claramente se aparta del perfil co¬ 
mún. Los relatos siguientes pueden ser reiterativos, sin embargo creemos que permi¬ 
ten visibilizar lo afirmado. 

MJ (Comear, 33 años) no tiene una trayectoria de repetición y rezago escolar; su 
pasaje por escuela primaria va del año 84 al 90. Señala que tiene buenos recuerdos 
de compañeros y de una maestra de quien recuerda exactamente una frase: "el que 
no estudia al final va a terminar delinquiendo..." Agrega que a algunos compañeros 
de la escuela se los encontró en la cárcel. También comenzó el liceo pero abandonó 
en el segundo año. 

JB (Comear, 35 años) tiene un relato muy confuso en cuanto a su proceso de 
socialización escolar. Al comienzo de la entrevista plantea haber concurrido a la es¬ 
cuela No. 146 pero menciona en otro momento que cursando 4 9 año lo "hicieron 
repetir" al cambiarlo a la escuela No. 204. También indica que ingresó a la UTU de 
Euskalerría y allí cursó 2 años de Electricidad, hasta "que se le complicó". Luego ingre- 


223 


sa a CECAP, donde cursa Sanitaria: "he hecho de todo un poco". No obstante, nunca 
se desempeñó como electricista o sanitario. 

MP (Comear, 24 años) fue a un colegio privado hasta 5 e año y cursó 6 e año en una 
escuela pública. Ingresó a 1 Q de liceo pero abandonó: "no sé por qué, la joda... nos 
juntábamos con los amigos en la placita frente a mi casa, nos quedábamos hasta 
tarde, a tomar, fumar porro". 

SR (Comear, 25 años) concurrió a la Escuela de la Gruta de Lourdes y no recuerda 
el año en que abandonó sus estudios. Pero menciona que a los 11 años ya estaba 
consumiendo diferentes drogas: cigarros, porros, marihuana, cemento y Pasta Base 
de la cual agrega que "cuando la dieron a conocer yo ya la estaba fumando". 

En el caso de JM (Comear, 23 años) al ingresar a la Colonia Berro, como adoles¬ 
cente infractor, completó la escuela y dice haber aprendido a leer. Sin embargo, al 
comenzar la entrevista dijo hacerlo con dificultad y solicitó que se le leyera el docu¬ 
mento de consentimiento que debía firmar, observándose dificultades cognitivas. 

MA (Canelones, 30 años) solo indica que "iba a la escuela, era medio revoltoso, 
me suspendieron y me fui; hice hasta tercero". 

PA (Canelones, 20 años) concurrió a la escuela hasta 5 e año cuando la Dirección 
lo expulsó por portar un arma: "me echaron por hacerme el vivo" (...) "todos hacían 
lo mismo". Luego lo derivaron a una escuela para adultos. Agrega que intentó hacer 
Panadería, pero abandonó "porque era aburrida". 

GR (Canelones, 23 años) tiene 6 e año de primaria aprobado: "...empecé en una 
escuela que no tenía nombre hasta que la inauguraron". Indica que no le gustaba 
concurrir a la escuela, iba de tarde y en la mañana ayudaba al abuelo que tenía un 
taller de caños de escape. No concurrió al liceo, trabajaba "cortando pasto en casas 
del barrio". 

RF (Canelones, 35 años) fue a la escuela No. 63 y abandonó el primer día de clase, 
en 6 e año: "yo esto siempre lo llevé en la sangre" menciona, refiriéndose a su trayec¬ 
toria delictiva. Volveremos sobre este comentario en otro momento. 

DS (Punta de Rieles, 32 años) señala que su abuela lo mandaba a la escuela públi¬ 
ca pero él nunca asistía: "Nunca llegué a la escuela, hacía cosas de "gurí", usaba la 
honda para cazar pájaros". 

MG (El Molino, 29 años) si bien terminó la escuela, deserta tempranamente del 
liceo y en varios momentos de la entrevista señala a la "barra" del Parque Rodó como 
su lugar de socialización. Se observa incapacidad de retención del liceo: "después del 
liceo turno matutino me iba para el Parque Rodó" y establece que ahí "empezó todo". 

LG (El Molino, 33 años) narra que "en la escuela era fatal". "Soy la fatal de mi 
familia, soy la del medio de las mujeres y todos son trabajadores" (...) "la única que le 
dio dolores de cabeza a mi madre fui yo". Dice que no sabe nada de la vida del padre 
ya que la última vez que lo vio fue hace 15 años, agregando que tenía mucha "mamitis"; 


224 


no quería ¡r a la escuela, repetía años y volvía a ingresar; a losl3 años, en 5 9 año, 
abandona. Agrega que retomó la escuela en el establecimiento de reclusión y marca 
el cambio: "no era muy buena yo cuando ¡ba a la escuela, ahora le pongo ganas, estoy 
cambiada, nunca estuve tanto tiempo separada de mis hijos". 

HC (Comear, 25 años) dice que el barrio que era lo que le atraía y por eso no 
terminó la escuela, ya que llegó hasta tercer año (en otro momento de la entrevista 
dice que no terminó porque debía cuidar a hermanos y hermanas). De la escuela no 
recuerda prácticamente nada. No guarda amigos de esa época, "ni de ninguna época; 
yo no tengo amigos, tengo conocidos". "Mientras hay guita todos son amigos, en las 
malas, desaparecen". Permanentemente relaciona a la escuela con vínculos de amis¬ 
tad y socialización, no con educación. Afirma que ahora está terminando el ciclo de 
educación primaria en el COMCAR. 

En el mismo sentido, MR (Comear, 25 años) recuerda que "le encantaba" la es¬ 
cuela, pero no los espacios de aula sino los amigos, los juegos, la gente. Nuevamente 
aparece la escuela como espacio de socialización, pero no de aprendizaje. Cursa has¬ 
ta 5 9 año y abandona. Cuando se le pregunta expresamente dice que no recuerda si 
repitió. Durante todo el relato, no aparecen elementos que indiquen los recuerdos 
positivos de la escuela en general. 

JC (Comear, 24 años) recuerda que transita por varias instituciones: 2 públicas y 
una privada, en el barrio La Teja. De jardinera a tercer año concurre a la Escuela N° 57, 
luego, hasta la mitad de 5 9 año, a un colegio privado porque "mis padres querían que 
mi educación fuera mejor". De este colegio dice haber sido expulsado por "fatal". La 
mitad de 5 9 y 6 9 año los cursa en la escuela N° 68, en el mismo barrio. Repitió 2 9 y 6 9 
año y al ser consultado sobre su vida escolar, responde que la llevó "a los golpes", es 
decir con muchas dificultades. Recuerda buenas maestras, en particular una de 2 o 
año que "me quería mucho". "Eran buenas, sobre todo las de la escuela pública. Se 
tomaban la molestia de ira hablara mi casa y también esa especial que te cuento, me 
ayudaba con los deberes". En la entrevista se observa que la escuela aparece vincu¬ 
lada a muchos problemas y algunos lazos afectivos (que pueden sustituir lazos afectivos 
de la familia adoptiva). Estando en hogares de INAME, luego de fugarse de su casa, a 
los 13 años, cursa I o y 2 o año (completos) de liceo, por obligación. Sin embargo su 
valoración es negativa: "te mandan a esos liceos que son para puros guachos del 
INAME", es una dinámica discursiva de estigmatización de otros adolescentes prove¬ 
nientes de situaciones parecidas a la del entrevistado. 

FC (Comear, 33 años) concurre a la escuela No. 73 y recuerda a "Juanita la maes¬ 
tra de jardinera y a Chola la cocinera" "¡Cómo no acordarse de ellas!". No terminó la 
escuela; desertó en 5 9 año pero la retoma estando en prisión y la termina. Cuando 
es trasladado del Penal de Libertad, en 2010, comienza l 9 de liceo pero abandona 
cuando encuentra trabajo en la cuadrilla del módulo, ya que, señala, no le permiten 
realizar las dos actividades simultáneamente. 

Considerando las edades de los casos señalados, se observa que desde hace al menos 
un cuarto de siglo, la escuela representa muy poco como institución educativa en con- 


225 


textos complejos o vulnerables. En algunos casos no representa ninguna referencia en 
sus vidas, en otros casos es un espado de socialización, de generación de amistades 
(aunque no siempre). En algunos casos, aparecen algunos referentes adultos como un 
recuerdo positivo, pero en casi todos los casos, concurrir a la escuela aparece como 
algo externo a las expectativas. El abandono, la expulsión, la repetición son constantes. 
En ocasiones ni se recuerdan datos concretos de dicha institución. 

Aquí se podría repetir lo mismo que se encontró en otros estudios en América 
Latina. Por ejemplo, en un estudio de trayectorias criminales en Río de Janeiro se 
establecía muy claramente que en ninguna de las entrevistas realizadas aparecía la 
escuela como alternativa a la vida criminal y más bien se la recordaba como un local 
externo o ajeno a las expectativas del momento, como una institución no preparada 
para que ellos permanecieran. En este sentido, puede ser un espacio de socialización 
en términos de amistades no de vinculación con educación, conocimiento, etc. (Pontes, 
2010 ). 

El barrio y la generación de trayectorias delictivas 

Tal cual fuera introducido en su momento, las redes generadas en el barrio son 
elementos claves para entender trayectorias delictivas posteriores. El territorio ur¬ 
bano de la vulnerabilidad y la marginación expresado en "la calle" y el grupo de pares, 
adquiere una importancia central para observar la conformación de disposiciones 
para generar y reproducir trayectorias delictivas. De las entrevistas surge que para las 
más frecuentes y mediáticas -vinculadas a delitos de hurto y rapiña- el territorio urba¬ 
no de la periferia, es un lugar de integración social. 

No obstante, las características de esta integración varían de acuerdo a los casos. 
Una forma conocida es la asociación con el consumo de drogas. Para MJ (Comear, 33 
años) que no es un caso "duro" de trayectoria delictiva, el barrio claramente influye 
con el consumo de sustancias. De hecho, su trayectoria aparece relacionada con ese 
consumo, desde los 13 años. Indica en su relato la existencia de mucho tiempo de 
ocio: "podía estar en la esquina inhalando cemento, tomando vino.... círculo podrido 
que al final me dejó atrapar". 

Lo interesante es que percibe a ese mismo territorio como lugar negativo para la 
socialización de sus hijos. En otro pasaje de la entrevista y hablando de su hija -un 
lugar común en los casos entrevistados- expresa que "daría todo por ella" y agrega 
"no me gusta que viva en Los Palomares, no es ambiente para una niña....pasó que 
salía a la puerta y andaban a los tiros, ¡mirá si le dan a ella!, ¿qué tengo que hacer?". 
Sus experiencias de vida en otros barrios, también en Brasil, le permiten una compa¬ 
ración; es sobre esos otros lugares que establece sus recuerdos más positivos. 

También RB (Comear, 26 años) quien nació en el Cerrito de la Victoria y ha sido 
detenido varias veces en la seccional de menores, menciona reiteradamente que quiere 
que su hija crezca fuera del barrio donde vive con su madre (Los Palomares). Señala 
que no quiere que "ella vea todo lo que hay ahí" (...) «elegí una buena madre, pero 


226 


están ahí...», «quiero que mi hija salga adelante», «una niña en un barrio así siempre 
está expuesta a todo», "me da vergüenza decir que ella vive ahí". 

Debe recordarse que "Los Palomares" es el nombre dado por los vecinos a un 
complejo de viviendas inaugurado a principios de la década del '70, a partir de una 
política de erradicación de "cantegriles". Comprende 540 viviendas donde conviven 
núcleos familiares, la mayoría de ellos de tipo extenso. Como política social y de vi¬ 
vienda constituye un absoluto fracaso. Está ubicado en la zona norte de la ciudad, 
entre los barrios Lavalleja y Casavalle (la delimitación sería Bulevar Aparicio Saravia al 
sur, Avenida Gral. San Martín al este, Avenida de las Instrucciones al oeste y el Cami¬ 
no General Leandro Gómez al norte) 6 . 

Este barrio, en tanto parte de la zona de Casavalle, fue escenario de uno de los 
denominados megaoperativos en el año 2011. En esa ocasión un fuerte contingente 
de efectivos armados, con apoyo de un helicóptero de Fuerza Aérea, se concentró 
justamente en "Los Palomares". En esa ocasión la Policía detuvo a un total de 38 
personas, incluyendo a ocho menores de edad, algunos de ellos infractores fugados 
de la Colonia Berro, y se allanó el predio de un desguazadero de vehículos 7 . 

Es decir, que aquí estamos en presencia de un barrio de gran complejidad social, 
sobre el que pesa un fuerte estigma y sobre el que las propias personas entrevista¬ 
das, protagonistas de trayectorias delictivas, tienen una imagen negativa. No obstan¬ 
te, no se ha podido acceder a registros de trayectorias delictivas "duras" vinculadas 
más claramente a procesos de socialización en ese lugar (lo cual además, requeriría 
otro tipo de investigación). 

En muchos de los casos que nos ocupan, es reiterada la alusión a diferentes tipos 
de carencias cuando se solicita a la persona entrevistada que describa el barrio don¬ 
de creció y/o desarrolló el período nodal de su vida. Por ejemplo, JB (Comear, 35 
años) dice que "faltaba todo en mi casa... era un rancho de cuatro por cuatro". Este es 
un caso claro de socialización en el barrio y de ausencia de lazos cercanos. Recuerda 
las casas humildes, el paisaje muy austero, "la olmacencito del viejo Techera en la 
esquina", la casa del abogado "que nos terminó robando la plata a mí y a mi compa¬ 
ñero de causa". La zona a la que se refiere es la del barrio Malvín Norte y la zona 
cercana (La Cruz de Carrasco, es decir, el complejo territorio de la zona este de la 
ciudad). Como una experiencia gratificante menciona su recuerdo "tranquilo".bajo 
un eucalipto en el barrio Malvín Norte, 


6 Las degradadas condiciones de vida, la droga y el debilitado tejido social marcan la zona. Véase el 
análisis que realiza Leticia Folgar desde la antropología social en: 

http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/archivos/anuario2001/7-folgar.pdf 

7 El diario El País en el mes de setiembre, informaba lo siguiente: "Un muerto en tiroteo entre 
bandas en Los Palomares. Rapiñeros y narcos. La Policía indaga a tres sospechosos". Bajo esos títulos se 
señala que un enfrentamiento entre dos bandas, una de rapiñeros y otra de narcos, terminó con el saldo 
de un muerto y un herido grave en Casavalle. En la misma nota se hace referencia al operativo policial 
señalado. Véase El País digital: 11.09.2011 


227 


SR (Comear, 25 años) cuenta que se mudó dos veces. Recuerda con claridad que 
hasta los 5 años vivió en zona de la Aduana, en una pensión; luego le ofrecieron a la 
familia una vivienda en la Gruta de Lourdes y allí se mudó junto a su madre, su padre 
y sus 3 hermanos. Aquí aparece la conexión entre consumo de drogas y el barrio 
donde se crió. También la socialización con códigos de violencia física y simbólica. En 
el marco de esas "juntas" (construcción de lazos sociales con otros jóvenes), "hay 
peleas todos los días". Concretamente, cuando se refiere a actos de actos de violencia 
indica: "yo me crié en un cante [cantegril], o barrio carenciado como dicen ustedes, y 
ahí hay peleas todos los días; aprendés a pelear". 

Cuando egresa del hogar del INAME (a los 13 años ingresó al Hogar "Burgués" con 
medidas de seguridad, se fugó y fue recapturado permaneciendo hasta los 15 años) 
regresa a la Gruta de Lourdes y se mantiene haciendo lo mismo ("para tener la ropa 
que a uno le gusta", más adelante se analizará específicamente la relación con 
consumo). 

También JM (Comear, 23 años) marca la relación pobreza - familia y pobreza - 
barrio (si bien no se trata de un asentamiento). Describe la precariedad de la vivienda 
donde habitaba con su madre: de material, con techo de chapa y baño exterior. En 
este caso se trata de un temprano abandono de la escuela (en 2 5 año). A la edad de 8 
años, su madre, quien no puede hacerse cargo de él, lo envía a vivir en la casa de un 
amigo en Playa Pascual. El barrio vinculado al inicio de su trayectoria delictiva es Delta 
del Tigre (zona metropolitana, departamento de San José) donde vivió hasta cuando 
dice que "perdió" (expresión característica de la jerga carcelaria, que en este caso 
indica su ingreso a la Colonia Berro como adolescente infractor). 

La diferencia con otros casos es que se autoidentifica como un "rebelde", 
observándose la adopción de un perfil de identidad solitario y duro; a esto se agrega 
las ostensibles dificultades de cognición y expresión registradas por quienes realizaron 
la entrevista. De hecho, tiene una coyuntura importante de "vida en la calle" y de 
arrebatos callejeros, antes de ser internado por primera vez. La vida en la calle en 
general funciona aquí como territorio de socialización que alimenta la predisposición 
a conductas de robo y arrebatos, pero no a partir de redes consolidadas ni de un 
espacio localizado permanente. 

PA (Canelones, 20 años) cuenta que su madre nunca dijo nada acerca de sus 
"bandidiadas". Sobre su trayectoria establece una lógica de transgredir cualquier límite: 
"yo hacía cualquiera" (...) "viví por varios barrios... conocí mucho". Recuerda haber 
vivido junto a su madre en diversos barrios: Centenario, Boulevard Artigas, La 
Manchega, el Centro. Expresa: "comencé con 12 años a estar en cualquiera (...) no 
tengo ni ¡dea por qué soy así, quizás las juntas malas (...) mis padres son buena gente 
el único que salió mal soy yo". Esas "malas juntas" naturalmente se relacionan con 
otros adolescentes y jóvenes a nivel territorial. 

JC (Canelones, 45 años) es un caso particular. Uno de sus hermanos fue Director 
de Cárcel. Declara expresamente su opción homosexual y dice que ello le ha problemas 


228 


con la familia. En este caso el barrio funciona como sustituto claro de la familia. Señala 
que cuando en la adolescencia comienza a esclarecer su opción de vida, descubre 
que "la calle puede ser la familia" que no tuvo. Cuando empieza a transitar 
nocturnamente por distintos lugares "descubre" delincuentes que llevaron a que 
aprendiera a defenderse: "mi vida o la de ellos". 

De hecho se observa, en casos de entrevistados con mayor edad, (como es 
esperable, dadas las transformaciones sociales urbanas muy conocidas) que el barrio 
no cumplió tan claramente esa función de socialización en el sentido delictivo. Por 
ejemplo, JA (Comear, 61 años) con un temprano inicio en una trayectoria delictiva 
dice que ha vivido en muchos barrios: La Comercial, Pocitos, Aduana, El Pinar. En 
general se trata de zonas de la ciudad consolidadas. A la pregunta de porqué entonces 
tomó ese camino responde que probablemente porque mientras trabajó, manejó 
mucho dinero que no era suyo. Esto fue alrededor de los 12 o 13 años. Naturalmente 
que el manejo de mucho dinero no explica por sí mismo el inicio de una actividad 
delictiva, pero aquí el punto es que el barrio no representa un potenciador de la 
actividad delictiva. 

La narración de AG (Comear, 44 años), por su parte, puede ¡lustrar en términos 
histórico comparativos. Señala que creció en una vivienda cerca del ya mencionado 
"Los Palomares" y expresamente indica que ese lugar "no era un cante ["cantegril"] 
antes de que, yo viniera en el 66 [1966] era barrio..." Es decir, marca especialmente 
que era un contexto muy diferente a la proyección urbana que tiene actualmente 
como depósito de pobres y potenciador de trayectorias delictivas. 

Hasta ahora aparecen trayectorias variables de acuerdo a: disposiciones generadas 
en los barrios; trayectorias solitarias más allá de conexiones barriales; trayectorias 
delictivas desde las que se caracteriza otro barrio como problemático para potenciales 
trayectorias de vida de hijos, por ejemplo; trayectorias diversas en casos de mayor 
edad donde se observa claramente la diferencia que tenía el territorio respecto a la 
actualidad, como espacio de socialización. 

En este abanico de casos, todavía no se han mostrado trayectorias más claramente 
ancladas a redes barriales -más allá que el entrevistado las identifique en tal sentido 
o no- y corresponde hacerlo ahora. En esta línea aparecen varios casos posibles. 

Por ejemplo, es el caso de MP (Comear, 24 años) que señala haber vivido en el 
barrio Jardines del Hipódromo y no marca especialmente haber transitado una situación 
de pobreza. Incluso señala que ingresa al liceo aunque abandona ya en el primer año. 
Pero las redes barriales aparecen indirectamente como las dinámicas clave para la 
trayectoria posterior: "no sé por qué, la joda... nos juntábamos con los amigos en la 
placita frente a mi casa, nos quedábamos hasta tarde, a tomar, fumar porro..." 

WP (Punta de Rieles, 27 años) vinculado al barrio Las Acacias, sin caracterizar 
expresamente al barrio, menciona situaciones típicas de niño y haber participado en 
el Baby Fútbol. A los 10 años, por fallecimiento del padre, se muda con su abuela 
materna a Piedras Blancas y su infancia "no era lo mismo". Indica que estaba solo y en 


229 


la noche, se juntaba en la esquina con los amigos a tomar vino. "Hacían un poco de 
relajo " pero "yo no salía mucho" (sin agregar mucho más). En ese barrio tiene un 
amigo muy cercano con quien incluso se muda a los 17 años. El amigo muere en un 
asalto -"supuestamente se mató", aunque descree de esta información-. Más adelante 
en la entrevista agrega que comenzó consumiendo marihuana a los 14 años y que 
más adelante consume cemento y luego cocaína. Dice que prueba Pasta Base y no 
queda tan enganchado. Poco a poco va aclarando el papel de las redes barriales 
vinculadas a las drogas. Y en ese sentido, menciona su comienzo junto aun grupo de 
jóvenes "llevándose gorros y walkmans", hasta realizar más sistemáticamente hurtos 
y arrebatos, aunque siempre fuera del barrio. 

HC (Comear, 25 años), creció en Malvín Norte, en las viviendas de INVE (el viejo Instituto 
Nacional de Vivienda). No vivía en asentamiento (esta mención es porque también existen 
asentamientos en la zona). Recuerda a su barrio como "un barrio bien donde había mucha 
calle, fútbol, bolitas, trompo...a mí eso era lo que me gustaba, por eso no terminé la 
escuela". Vincula el consumo de drogas a la pertenencia a los grupos y por tanto al barrio. 
"Nunca fumé solo, todo era en grupo, en la esquina, con otra gente". 

Sin embargo, no vincula al grupo con su trayectoria, ya que indica que "hace las 
cosas solo...no tengo amigos a ese nivel". Expresamente señala: "solo conocidos" y 
que se siente mejor actuando de esa forma. Tiene un solo antecedente, como 
adolescente infractor (estuvo recluido 8 meses en el Hogar "Ariel" de la Colonia Berro). 
Al preguntarle sobre el por qué de su opción por el delito alza los hombros y dice no 
tener motivación o "por andar de vivo". Señala: "Bailes, joda, tener plata... Hoy pienso 
distinto". Este es un caso en el que el barrio aparece indirectamente, pues los 
elementos que señala son comunes a grupos de jóvenes, en trayectorias penalizables 
o no; de hecho, frecuentemente en límites imprecisos que se atraviesan todo el tiempo. 

MR (Comear, 25 años) dice que vivió toda su vida en el barrio Cuarenta Semanas. 
Al preguntarle si en un asentamiento responde categóricamente que "no, el 'Cuarenta' 
son viviendas". En verdad, es una zona de Montevideo altamente degradada como el 
mencionado caso de "Los Palomares", a la que se vincula automáticamente con la 
delincuencia, con jóvenes armados, generando una estigmatización de todos los que 
allí habitan. El complejo fue destinado a personas con dificultades económicas, 
provenientes de distintos lugares de Montevideo; allí progresivamente se fueron 
multiplicando fuertes problemáticas sociales. La conexión entre degradación urbana 
y degradación social es aquí un caso claro, situación que favoreció el surgimiento de 
asentamientos precarios en las márgenes del arroyo Miguelete. Uno de ellos muy 
importante, el "25 de Agosto", fue eliminado y se ha trabajado urbanísticamente en 
la zona, pero la situación del "Cuarenta Semanas" continúa y es un caso claro de 
potenciador de trayectorias delictivas 8 . 


8 Se trata de un gran complejo de viviendas muy degradado, conocido así (aparentemente) por el 
tiempo que demoró su construcción. El nombre correcto es Jardines de Bering y pertenece al barrio 
Lavalleja, nombre que se enfatiza por los vecinos evitando la estigmatización. Es centro frecuente de 
operativos policiales. 


230 


El entrevistado dice que su casa estaba compuesta por dos dormitorios, comedor, 
cocina, frente y fondo. Considerando que indica que su familia estaba compuesta 
por padre, madre, cinco hermanos y cuatro hermanas, se está frente a un caso claro 
de hacinamiento como ya fue aludido. Más allá de no percibir en toda su dimensión 
este cuadro, es un caso claro donde se favorecieron disposiciones a una trayectoria 
delictiva. 

Sin embargo, su trayectoria delictiva efectivamente se ubica desde los 14 años 
cuando comienza a trabajar como empleado en un puesto de feria, en Piedras Blancas 
(que es un barrio bastante alejado de allí, también una zona problemática). Narra que 
en ese contexto es que comienza a rapiñar con un amigo: "seguíamos a las viejas con 
los monederos; mirábamos cuando compraban, dónde ponían la plata". Cuando se le 
pregunta si evoca imágenes sobre la primera vez o alguna de las situaciones en especial, 
se ríe y dice que en particular recuerda cuando robaba carteras de los autos en los 
semáforos. Dice que robaba siempre encapuchado para no ser descubierto por la 
Policía. Agrega: "¡además yo robaba donde estaba toda!, siempre en Carrasco, en 
Pocitos..." "La primera vez titubeás, después te gusta, se te hace un vicio". Lo 
interesante del comentario es cómo aparece aquí una trayectoria en la que el joven 
se va involucrando progresivamente en el marco de redes sociales que lo favorecen y 
de las que participa activamente sin ningún cuestionamiento. 

JC (Comear, 24 años) nació en el barrio Gruta de Lourdes (otro barrio con 
problemas sociales importantes) pero desarrolló su vida desde los 4 años en La Teja, 
con su familia adoptiva. Recuerda muy bien el barrio, sus calles, los juegos y los vecinos. 
"Era bien barrio... de gente de trabajo; humilde pero prolija y luchadora". Recuerda 
especialmente un hurto que realizó junto con un amigo, a un quiosco del barrio. "Los 
vecinos supieron enseguida que éramos nosotros y lo quedamos”. Esto que también 
se menciona más adelante (cuando hablemos de los códigos) indica conexiones en 
redes de jóvenes en trayectorias delictivas, pero esta vez dentro de un barrio más 
caracterizado por la presencia de trabajadores de clase baja. 

También esta progresión aparece en el siguiente caso. FC (Comear, 33 años) dice 
que estuvo viviendo en Hogares hasta su mayoría de edad, ingresando a "Junquillo" 
en la Gruta de Lourdes, a los 13 años por el delito de hurto: „tenía 11 años y con unos 
amigos nos llevamos un camión de Pepsi; fue una travesura", luego se fuga y regresa 
por rapiña, permaneciendo en este establecimiento hasta sus 15 años. Se vuelve a 
fugar y por orden del Juez pasa a la Colonia Berro, egresando a los 18 años. 

En ese entonces, con sus 17 años, realiza un curso de jardinería que dura un año. 
Recibía una pequeña paga porque era un convenio entre el Hogar "Junquillo" y la 
Juventud para Cristo, realizábamos limpiezas de jardines en el barrio de Maroñas". 
Nombra especialmente a una persona que lo apoyó consiguiéndole trabajitos de 
jardinería; dice que nunca más lo contactó. Luego ingresa con 19 años al Comear por 
un delito de rapiña penalizado con 5 años y 2 meses de prisión. Posteriormente reincide 
varias veces y vuelve a ser penado por delitos similares, otras cinco veces, Expresa 
claramente que en los últimos 12 años solo estuvo 6 meses en libertad. 


231 


A nivel de mujeres privadas de libertad, mencionamos el caso de MG (El Molino, 
29 años) quien vivió en barrio Centro / Palermo (un barrio consolidado, más allá de 
zonas de tugurización) hasta los 16 años. Recuerda la playa cercana y el Parque Rodó. 
De hecho, la inflexión en su vida se ubica justamente con la "barra" (así lo indica) que 
se generaba. Se trata claramente de un caso reticente a hablar de su pasado; no 
menciona a su adolescencia como una etapa positiva, pero en el marco del diálogo 
(que la entrevistada interrumpe en un momento para retirarse) vuelve varias veces 
sobre ese lugar y esas redes. A algunas personas con quienes tenía vínculos de amistad, 
las vuelve a ver en la cárcel. En esa "barra" se ubica su primera relación y el consumo 
de drogas: "cuando llegaba al barrio llegaba posado". Enfatiza que su participación en 
ese grupo fue "mi decisión" (expresamente alude que no puede adjudicarle la culpa a 
los otros por sus elecciones). 

Pero en las entrevistas realizadas a mujeres privadas de libertad, en general no 
aparecen los barrios como referencia o potenciador especial de dinámicas posteriores. 
Esto abre varias preguntas sobre trayectorias en estos casos, que requieren otro tipo 
de exploración y que por lo tanto solo corresponde dejar como tema abierto. 

De todo lo anterior, claramente aparece un perfil masculino con edades que se 
ubican principalmente desde la adolescencia hasta los treinta años aproximadamente, 
en los que la calle, el barrio, el grupo de referencia o las redes que allí se organizan, 
constituyen una clave explicativa de integración social suplantando familia, centros 
educativos y trabajo (si bien aún no se consideró específicamente esta dimensión del 
problema). La socialización en ese marco puede ir desde redes puntuales a bandas 
más estructuradas, desde barrios con perfil de clase baja asalariada, hasta verdaderos 
guetos marginales de degradación urbana y social. 

Distintos tipos de trayectoria sugieren distintos tipos de problemas y distintas 
posibilidades de actuar frente a los mismos. Es obvio subrayar que los últimos de los 
espacios urbanos mencionados, en donde los actos de violencia son frecuentes, son 
los que exigen mayor atención como espacios de multiplicación de disposiciones a 
introducirse cada vez más en trayectorias delictivas. 

También hay que insistir que los grupos y los barrios van generando códigos de 
interacción, en algunos casos con exaltación cotidiana de la violencia. Se volverá 
específicamente sobre esto, pero aquí el punto es que lazos sociales que se reproducen 
en estas condiciones sociales y territoriales, sin alternativas reales, donde las 
posibilidades están en la disipación del consumo de drogas y/o la realización personal 
a través del lugar que se ocupa en estos grupos, sugiere una profecía de trayectoria 
delictiva. De lo cual se deduce, sin esfuerzo, que el problema está lejos de ser ubicado 
exclusivamente con una connotación policial. 


232 


Trayectoria laboral 

¿Qué significado tiene el trabajo en trayectorias delictivas como las antes 
ejemplificadas? Toda la bibliografía disponible permite adelantar que, en el marco de 
las experiencias cotidianas que van construyendo un proyecto de vida, muy poco. En 
principio por una razón básica: existen pocos referentes cercanos -a veces ninguno- 
que permitan establecer que una inserción laboral organice la vida social. Más bien 
se trata de contextos de desempleo, actividades informales (changas) o actividades 
formales pero con salarios que significan permanentes privaciones. 

Tampoco debe minimizarse que un trabajo significa construcción de disposición al 
disciplinamiento, a ciertas rutinas, a integrarse a ciertas lógicas organizativas. En muchos 
casos, ninguna de estas disposiciones ha sido experimentada, tanto a nivel de la unidad 
doméstica, tanto a nivel de los escasos y frágiles trayectos educativos y por supuesto, 
no forman parte de las experiencias de participación en redes de base territorial. 

Existen estudios que muestran el carácter de rechazo a las normas y conductas 
esperadas en centros educativos, y a veces, junto con la unidad doméstica, ambos 
compiten con el tipo de experiencias y disposiciones construidas a nivel de la calle. En 
esta "competencia" entre espacios de socialización, si la capacidad de retención en 
centros educativos se pierde, igualmente se pierde la potencialidad de generar 
disposiciones para conformarse como fuerza de trabajo futura. 

Pero corresponde analizar algunos casos concretos para ver cómo se inserta 
efectivamente el trabajo en una trayectoria delictiva. Por ejemplo, en algunos casos 
no existe ausencia de inserción laboral, sino límites flexibles que permiten un pasaje 
permanente entre lo delictivo y lo no delictivo. El ya mencionado ejemplo de MJ 
(Comear, 33 años) recluido por tentativa de rapiña con lesiones, con trayectoria de 
consumo de diversas sustancias, indica en la entrevista que hizo "de todo": trabajó 
en una marroqumería, empresas de limpieza, en la construcción, maneja bien el 
portugués pues estuvo viviendo en Brasil donde trabajó como "relacionista público 
[que] es el que se queda en la puerta de los boliches, en la calle, y llama, convence a 
la gente para que entre..." 

Más allá de la confusión que aparece en el relato y de las habilidades de 
comunicación y manipulación detectadas en el mismo, es un hecho que el trabajo no 
aparece como algo ajeno a su trayectoria, sino como experiencias de vida que no la 
organizan ni la proyectan con expectativas. 

El caso de RB (Comear, 26 años) cuyo relato fue citado por sus aprehensiones a 
que su hija pequeña viva en "Los Palomares" también muestra contextos de 
intermitencia entre trabajo y delito. „Cada vez que mi madre tenía que sacarme, 
intentaba ponerme la piolita en el cuello y ahorcarme" ... „hacía buena letra unos 
días y empezaba de nuevo"... „siempre tuve todo... yo siempre quise más". Menciona 
que a los 17 años trabajaba en una marmolería, tenía el permiso para trabajar y 
aportaba a la caja. Lo describe como "un trabajo insalubre, tenían que darnos leche 
por todo el polvo que respirábamos, pero nunca lo hicieron". 


233 


En otro tramo de la entrevista, relacionado a sus actividades de rapiña indica que 
lo que me llevaba un mes ganarlo, yo lo conseguía en 2 horas". En esta etapa afirma 
haber conocido a mucha gente que le enseñó mucho. Luego de ingresar en el año 
2004 por „dos causas pequeñas" sale en 2007 y se mantiene precariamente: „no me 
aguantaba tener que andar pidiendo favores, o viendo que quería una pizza y no 
podía, así que busqué de nuevo la fácil" ... Es detenido en el año 2008 y dice que 
debería ser liberado en 2014. 

AG (Comear, 44 años) trabajó a los 13 años como mandadero en un bazar, de 9 a 
17 horas. Dice: "... mi madre me exigía que trabajara... con la plata compraba ropa. 
Trabajé después en un bazar, después en una cartonería, estaba en caja. A los 20 
años, a raíz de una pelea callejera, comete un homicidio e ingresa al Penal de Libertad. 
Cuando sale, "ellos [se refiere a su familia] pensaban que no iba a volver... 
Volví por rapiña luego de 5 años y medio... me sentía marginado afuera, había estado 
trabajando en una chacinería, era parte del sindicato, ellos me dijeron que regresara 
luego de la cárcel, pero no me quisieron tomar..." 

JA (Canelones, 30 años) proveniente de una compleja situación familiar ya aludida, 
señala que "era uno más de esa familia [en la que] trabajaba haciendo bloques todo 
el día; a los 16 años me gustaba tener mi plata, ellos no me daban nada por el trabajo. 
Se me complicaron las cosas y me fui. Estuve internado en la Colonia Berro por amparo 
(si bien el joven plantea amparo, fue por un delito menor en un centro abierto), me 
fugué...me atraparon". 

"De vuelta hablé con la familia Cabrera, me disculparon y me pidieron exigencias 
en cuanto al trabajo que realizaba. No podía salir los fines de semana, estaba sin plata 
y con horarios estrictos. Llego al "Ser" de la colonia Berro, donde estoy 1 año: después 
nuevamente se hace cargo de mí esta famil¡a".(...) "A los 18 años habían entendido lo 
que yo les decía, ellos también tenían hijos que también querían su plata. Robo y me 
remiten sin prisión, me voy con uno de mis tíos". 

El relato salta a mencionar: "8 meses tenía mi hijo cuando caí por primera vez, 
hurto...droga jodida". La referencia a su hijo y su edad marca la importancia que 
adquiere para él que, de hecho, volverá a mencionarlo: "trabajaba, consumía, robaba, 
sentía obligaciones con mi hijo. La madre me exigía económicamente, lo entiendo 
porque es una obligación... pero me sentía exigido, me sentía presionado, era el cuñado 
grande, la oveja negra y tenía que salir a buscar". Aquí se observa además de las 
intermitencias entre trabajo y actividad delictiva, las contradicciones con que se viven 
las distintas posiciones sociales (padre, pareja, redes) y la tensión entre trayectorias 
posibles. 

Al preguntarle a JC (Comear, 24 años) por experiencias de empleo formal o 
informal, responde que "entre una y otra vez en Comear, le prometí a mi madre que 
lo intentaría y lo hice". Trabajó como empleado de limpieza de una cadena importante 
de supermercados durante dos años (le pidió a un primo que allí trabajaba que lo 
recomendara ya que nadie quería hacerlo). Fue la promesa que le había hecho a la 


234 


madre, quien aceptó recibirlo en su casa otra vez si se "portaba bien". Después del 
supermercado trabajó durante 1 año en una panadería. Recuerda que entre 2004 y 
2007 llevó "una vida prolija" en el marco de tener pareja e hijo. "Tenía ganas de 
escaparme, de zafar, pero no podía, tenía compromiso, una familia y la promesa a mi 
madre". 

El desaliento con el trabajo formal se observa en el relato de GR (Canelones, 23 
años).Ya se mencionó que no le gustaba concurrir a la escuela y que tiene a su padre 
preso. Ahora corresponde tomar de su relato la experiencia laboral más relevante en 
su trayectoria: a los 17 años se va a vivir con quien nombra como "mi señora" y tiene 
un hijo. Comienza a trabajar en una panificadora donde permanece un año. 

Narra que trabajaba allí de 19 a 3 de la mañana y que a las 6 de la mañana se iba a 
trabajar a una fábrica en Peñarol, hasta las 14 horas. Recuerda que mantuvo ese ritmo 
durante cinco meses "hasta que el cuerpo no me dio; estaba en caja y todo, hasta que 
después ta..." Decide quedarse solo en panificadora y dejar la fábrica. Describe que 
trabajando siente que "me miraban raro". Una compañera encargada le avisa que 
seguramente le den unos días libres por haber poco trabajo... "dejé el otro trabajo por 
este y me quedé sin el pan y sin la torta". Al quedarse sin trabajo compra en el "barrio 
de los judíos 200 pares de medias, toallas"; pone un puesto en la feria y vende casa por 
casa. El relato resulta luego fragmentado, pero lo interesante es que en una trayectoria 
de socialización en un contexto complejo, el trabajo aparece en algún momento como 
posibilidad de ser organizador de la vida, hasta que se revela como frustración. 

En otros casos el desaliento aparece más rápido y tiene carácter fulminante. RF 
(Canelones, 35 años) dice que intentó trabajar en una panadería pero no pudo, "es 
que esto está en la sangre"... "mis sobrinos ya están presos". DS (Punta de Rieles, 32 
años) indica que hizo "changas" con su tío pero no resultó (aunque en el momento de 
realización de la entrevista trabajaba en la quinta del establecimiento, plantando 
semillas). MR (Comear, 25 años) con una trayectoria siempre vinculada al robo o la 
rapiña solo menciona el puesto de la feria como actividad laboral. 

Nuevamente en el caso de las mujeres privadas de libertad, la situación es 
diferente, incluso cuando mencionan que el trabajo fue una experiencia eventual, 
aparecen elementos que conforman otras trayectorias. Es el caso de LG (El Molino, 
33 años: más allá del trabajo en una whiskería, indica que "una vez sola trabajé en 
Fripur [procesadora de pescado], un mes, después de salir de la primera vez que entré 
presa, solo un mes trabajé". Dejé Fripur porque estaba muy presionada, te insultaban 
y te trataban como basura. Al tiempo no fui más ni a cobrar el sueldo, estaba muy 
enojada, malísima". 

Muy diferente es la trayectoria de MF (Medio Camino, 35 años), nacida en 
Tacuarembó, con una infancia compleja y penada por rapiña, quien indica: "siempre 
trabajé... cuidé niños y limpié casas". Y de hecho el relato que la lleva a la reclusión se 
refiere a la ausencia de apoyos y referencias. Casada con un militar que tenía 
permanentes misiones en el exterior, con cuatro hijos, sin otros apoyos familiares 


235 


("pasaba mucho tiempo sola"), terminó siendo coautora de un delito de rapiña y 
copamiento. Aquí el trabajo aparece como una obligación por su posición (mujer, 
pobre, del interior, sin referentes que permitan abrir otras posibilidades) que en ningún 
sentido permite proyectar expectativas. 

Dejamos para cerrar este trayecto, casos en los que las experiencias son 
inexistentes o muy limitadas. JS (Punta de Rieles, 45 años) menciona nunca haber 
trabajado en su vida. Tampoco trabaja en la cárcel y considerando su edad es dable 
dudar de una futura disposición al trabajo. En el entorno más juvenil, el caso de SR 
(Comear, 25 años) quien jamás trabajó (aunque sí lo hizo dentro de la cárcel para la 
redención de su pena). Igualmente JM (Comear, 23 años) con nula trayectoria laboral, 
siempre vinculado al delito. Es decir, aquí el par escuela - trabajo y delito aparecen 
como caminos excluyentes; no como fronteras difusas. 

Una propuesta de tipología 

Considerando los cuatro ejes anteriores, es posible establecer una propuesta 
tipológica. 

En tanto se observan variaciones a nivel de la unidad doméstica que pueden llevar 
a potenciar trayectorias delictivas, pero en otros casos se procura contenerlas o 
matizarlas por parte de referentes familiares cercanos (especialmente la madre), se 
consideran diferentes situaciones. 

En cuanto al territorio urbano y las redes que se configuran, siempre aparecen 
como una clave explicativa. Ya se habló del tema y no es preciso insistir en ello, solo 
cabe señalar que el consumo de drogas se considera como parte del proceso territorial 
urbano y no se adjudica para el cuadro que se propone, una independencia en el 
análisis. Por otra parte, no se desprende claramente de las entrevistas, una diversidad 
de situaciones más allá de aquellas relativas a un perfil de consumo general y algunas 
situaciones de no consumo fácilmente identificables. 

Finalmente, en relación a la inserción laboral, hay situaciones bien distintas: desde 
casos en que nunca -o muy escasamente- existió un trabajo formal o informal (es 
decir casos no configurables como delictivos), hasta casos de fluidas entradas y salidas 
de los trabajos así como de situaciones delictivas, conformándose límites delgados 
entre ambos planos. 

En base a estos elementos y a los casos considerados, se proponen las siguientes 
trayectorias a modo de esquema orientador correspondiente a distintos tramos 
etarios: 


236 


TRAYECTORIAS EN RELACIÓN CON INSTANCIAS DE SOCIALIZACIÓN 



Unidad doméstica 

Referentes 

territoriales 

Relación con trabajo 
formal o informal 

Trayectorias 
marcadas y 
complejas 

Violencia simbólica y/o 
física. Potenciadora 

fuerte desde el 

nacimiento. 

Potenciador fuerte, 
tejido social muy 
problemático, en 
general asentamiento o 
"gueto". 

Inexistente o de 
período muy limitado. 

Trayectorias 
marcadas 
pero de 

menor 

complejidad 

Potenciadora fuerte 
principalmente a partir 
de coyunturas 
particulares. 

Potenciador fuerte. 
Complejidad social 
extendida. Puede 

incluir un formato de 
"gueto". 

En general, período 
limitado. 

Trayectorias 
cambiantes o 

inestables 

Tipo 1 

Potenciadora débil o en 
forma indirecta. 

Potenciador a partir de 
redes puntuales y 
localizadas. 

En general, período 
limitado. 

Trayectorias 
cambiantes o 

inestables 

Tipo 2 

No potenciadora o sin 
referencias sustantivas. 

Potenciador a partir de 
redes puntuales y 
localizadas. 

Relación de alternancia 

de actividades 
delictivas con trabajo 
en algún período. 

Trayectorias 
con claras 

intermitencia 

s o de menor 
complejidad 

Con capacidad inclusiva 
o matizadora de 

vinculaciones con 
actividades delictivas. 

No decisivo; 
conexiones puntuales 
con trayectorias 
delictivas. 

Fronteras difusas en 
relación trabajo - 
actividades delictivas. 


Los casos comprendidos en la fila 1 son aquellas situaciones más complejas, que 
encuadran el perfil de habituales, es decir, aquellas trayectorias "duras", sin que ello 
sugiera que la Imposibilidad de reinserción. En general entran aquí los tramos etarlos 
más jóvenes. Así, los casos comprendidos en la fila 5 son las situaciones de menor 
complejidad o aquellas en las que se perciben conexiones más débiles con actividades 
delictivas. Las situaciones de mujeres de mayor edad están claramente comprendidas 
aquí. Entre ambas se establecen tres situaciones intermedias. 


Otras dimensiones para el análisis 

Códigos de relacionamiento y violencia 

El sociólogo Richard Sennett remite en su estudio sobre el respeto (Sennett, 2003) 
a una Investigación etnográfica realizada en un gueto negro de Flladelfla. Allí se examina 
cómo un joven traficante de drogas, detenido a los 17 años por ataque violento a 


237 















otro traficante, comienza a cambiar, en situación de cárcel (por ejemplo, aprende a 
leer y a tomar contacto con obras religiosas y de la historia de los negros en Estados 
Unidos). Lo interesante a nuestros efectos, es la descripción que se realiza de las 
dificultades que encuentra el joven cuando de nuevo en las calles de la ciudad -ahora 
dedicándose a la venta de frutas, verduras y comidas -comienza a ¡nteractuar en base 
a nuevos códigos. Esto le lleva a perder el respeto de sus anteriores pares, así que 
debe aprender a reconstruir los rituales de dureza y virilidad del gueto. Entre lo viejo 
y lo nuevo, el joven "ha aprendido a manipular, pero también ha aprendido a tomar 
distancia" de los códigos de la calle. Agrega Sennett: "en verdad, se ha vuelto ingenioso 
en la manipulación de los rituales de la calle que utiliza, pues sabe cuándo amenazar 
o cómo aparentar de repente que cede; lejos de ser una marioneta del código de la 
calle, se ha convertido en su titiritero" (2003: 227 y 228). 

El ejemplo anterior muestra la importancia de la apropiación y la utilización de 
códigos propios del contexto, como recurso para lograr el respeto o reconocimiento. 
Cualquier observador atento no habrá dejado de observar cómo en Montevideo, la 
interacción en pequeños grupos de jóvenes en los barrios, está signada por la violencia 
simbólica y en ocasiones, por la violencia física. En trayectorias como las que se vienen 
analizando, determinados contextos vinculados a la unidad doméstica y a lo territorial 
urbano, llevan a reproducir y crear códigos que permitan el relacionamiento, la 
socialización, marcada por violencia simbólica y/o física. 

Y respecto a lo primero, cabe recordar que la unidad doméstica no solo funciona 
como espacio de reproducción sino que es, paralelamente, un espacio donde se 
materializan relaciones de fuerza y luchas por transformarlas. Si toda unidad doméstica 
es eso, en el caso donde emergen trayectorias delictivas, puede pensarse que la 
violencia simbólica y/o física -que observamos como códigos de interacción cotidiana- 
es un recurso para generar o reproducir una estructura de dominación que después 
sigue teniendo "efectos" en la vida de los individuos. 

RF (Canelones, 35 años) quien indicaba que a su familia la veía "más seguido en la 
cárcel que fuera de estas paredes" o que "somos todos delincuentes, nacimos para 
ello", está marcando que las disposiciones que fue conformando para actuar de la 
manera que lo hace y para generar estrategias vinculadas al delito, vienen de un 
contexto muy temprano. Cuando refiere que a "yo esto siempre lo llevé en la sangre" 
está dando cuenta de condicionamientos asociados a una clase particular de 
condiciones de existencia, que también funciona discursivamente como mecanismo 
que desplaza la responsabilidad. La atribución de sentido "genético" que hace el 
entrevistado, procura mostrar la imposibilidad de escapar de ese esquema que implicó 
abandono escolar, rapiña y hurto desde los 14 años hasta su situación de privado de 
libertad por homicidio especialmente agravado. Y lo vuelve a reafirmar cuando narra 
la anécdota en que su hijo de 11 años robó un chicle: "quedé pegado". 

Por contraposición, en casos en que la unidad doméstica no actúa como 
potenciadora de trayectorias delictivas, los códigos de violencia aparecen como 
justificados en un contexto barrial. Para MG (El Molino, 29 años) la autoidentificación 


238 


como "camorrera" se contrapone al rasgo de "cagona" que adjudica a su hermana. 
Menciona "salté por todos [en el sentido de defensa y a nivel territorial] mis hermanos 
y hermanas pero conmigo nadie se metía". Su autoimagen más allá de lo que 
efectivamente haya implicado en la práctica, es también un recurso de posicionamiento 
en el contexto de la "barra" y de las redes que fue procurando proyectar desde su 
adolescencia. 

Si bien no fue un tema específico en el que se pudo profundizar, en muchas de las 
entrevistas subyace esta ¡dea de códigos. También la de transformación de dichos 
códigos cuando desde una edad mayor se observa lo que sucede con los más jóvenes. 
Para FC (Comear, 33 años) el sistema "está mal" y eso se observa en que „hay mucha 
falta de respeto por parte de los jóvenes, no respetan ni se respetan". Ha tenido 
oportunidad de encontrarse con gente de los Hogares con quien compartió "algunas 
travesuras" en su adolescencia y dice que le preocupa lo que pasa con "los nuevos 
que ingresan tan chicos y sin valores". Obsérvese que en este caso el problema es que 
aparecen situaciones donde el código es no tener códigos. 

La pelea como código la establece por ejemplo DS (Punta de Rieles, 32 años) 
cuando menciona estar mejor en Punta de Rieles que en Comear: "acá no hay tantas 
peleas, la mayoría se está por ir, entonces son tranquilos". En este caso es evidente 
además, cómo la cárcel funciona como reproductora de códigos de violencia, un 
problema específico que simplemente corresponde aquí mencionar. JS (Punta de 
Rieles, 45 años) dice en tal sentido que "hay que matar para vivir". Registra que no 
hay códigos dentro de la cárcel, que se perdió el respeto mutuo, el respeto a la familia 
y el respeto entre funcionarios y reclusos: "ahora el policía es un tumbero más". MG, 
antes mencionado, dice que en el ambiente carcelario solo se tienen enemigos: "Acá 
tenés que pelear; sos vos o el otro... no andan con chiquitas". Tengo corte sí, porque 
te dije, tenés que pelear, también me he ligado varios puntazos". 

AG, (Comear, 44 años) hablando de su juventud piensa que antes "era mucho más 
sano, ahí en esa época no había droga ni nada..." Y señala lo que sucede dentro de la 
cárcel: "hay muchos gurises, mucha Pasta Base acá adentro, se han perdido todos los 
códigos, estás durmiendo y te pasa cualquier cosa, hay más gente que se droga que la 
que no se droga, códigos diferentes, faltan el respeto...esa es la pura verdad, eso es lo 
que pasa acá adentro..." En el mismo sentido, JC (Canelones, 45 años) señala que 
"antes los viejos mandaban acá adentro, ahora los más jóvenes no respetan nada, ni 
siquiera a la visita de los compañeros". 

JB (Comear, 35 años) tiene una visión muy negativa sobre los jóvenes que llegan a 
la cárcel, pero enfatiza la degradación producto de la droga. Exactamente afirma: "la 
cárcel es una droga: (es)tá mal..(es)tá mal... antes veías venir prolija a la gente, ahora 
es como si salieran de una volqueta para acá, la Pasta Base los arruina, conocí acá 
adentro a la pasta; están enfermos los negros..." 

Un elemento que suele aparecer en referencia a los códigos, es el lugar donde se 
comete el delito: dentro y fuera del barrio. Por ello, WP (Punta de Rieles, 27 años) 


239 


dice que siempre hizo hurtos y arrebatos fuera del barrio. No quería salir con su abuela 
o familia y que lo reconocieran en el barrio. Dice que tiene como código que en el 
barrio no se roba, "llevarle a los vecinos queda feo"; también enfatiza que "no 
meterse" con la mujer de otro, es un código firme. Asimismo, el uso del arma puede 
asociarse a un sentido práctico. WP afirma que solía portar armas, sin embargo nunca 
las disparó. El sentido de uso se refería a la amenaza y siempre "fuera del barrio". De 
aquí el sentido práctico del código de conducta: no ser reconocido. 

En JC (Comear, 24 años) aparece este punto. Su trayectoria delictiva es de 
permanentes "fugas" pero no aparece asociada a códigos violentos. Al preguntarle 
sobre episodios de violencia intrafamiliar, dice no haberlos vivido ni en su casa de 
niño, ni con su pareja. Pero recuerda especialmente un hurto a un quiosco del barrio 
al que entraron con un amigo: "los vecinos supieron enseguida que éramos nosotros 
y la quedamos". Esto indica que el código de robar fuera del barrio, cuando se da en 
este tramo etario, tiene un sentido práctico. 

Esto es distinto en casos que superan los 40 o 50 años. JA (Comear, 61 años) al ser 
preguntado sobre la primera vez que robó, esquiva la respuesta diciendo que no lo 
recuerda. "¿Otros robos que recuerde?", se le pregunta. "No", responde nervioso. 
"Yo no recuerdo los robos porque no lastimo (...) solo robo comercios, cuando está 
tranquilo y por la noche". 

Pero incluso para MJ (Comear, 33 años) la percepción que expresa es que antes 
había una necesaria discreción ya perdida: "...era todo sano, ahora está todo podrido, 
antes éramos más reservados, [aquí se refiere a la realización de delitos, robos] ahora 
se ve en todos lados lo que hacen, se mandan en plena calle y todos los ven..." 

Finalmente, un caso particular donde el perfil solitario parece imponerse sobre la 
necesidad de reproducir "códigos" de relacionamiento para el reconocimiento de los 
pares. En el relato citado de JM (Comear, 23 años) subyacen referentes de violencia 
simbólica en la compleja situación familiar y de violencia simbólica y física en su 
comportamiento posterior. Su trayectoria temprana está signada por no adaptarse a 
la dinámica escolar (abandona en 2 q año). La particularidad es que en la trayectoria 
generada se observa una permanente disposición a la fuga: se escapa de la casa donde 
vivía con su hermana, manifiesta que deja la escuela por problemas familiares y porque 
no le gustaba estar encerrado, evoca sus "escapadas" a las quintas en Delta del Tigre, 
se fuga más de una vez del Hogar "Ser". Cuando evoca su niñez, entre sus recuerdos 
positivos aparece el recuerdo de las chacras y la vida al aire libre. 

Trayectorias, consumo y uso de drogas 

En este trabajo apareció aludido el consumo y el uso de drogas como elementos 
intrínsecos a las trayectorias, sin detenernos en evaluar causalidades. En la misma 
línea, siguen algunas menciones al tema, procurando observar la construcción de 
sentido que realizan los entrevistados. 

En primer lugar, aparece una relación fuerte entre trayectorias delictivas y consumo 
(en el sentido general de acceso a bienes) de familiares cercanos. MJ (Comear, 33 

240 


años) dice sobre su hija: "todo lo que me pide se lo doy, lo rescato, no sé, anda con las 
mejores bases, todo es para ella...antes, nosotros nos poníamos cualquier cosa; ahora 
los niños exigen, quieren lo mejor...La madre trabaja, pero no le da para comprar 
esos championes que salen como 3000 pesos..." 

RB (Comear, 26 años) al cual habíamos aludido sobre su hija de 4 años y que vive 
junto a su madre en el barrio Los Palomares indica que „me da vergüenza decir que 
ella vive ahí" (...) „yo le dejé todo lo que pude para que una niña se críe con todo: un 
lindo dormitorio (...) que no le falte nada (...) Mi madre sabe que yo no permito que le 
falte nada (...) mi mamá me conoce y por eso le da todo lo que su nieta necesita (...) 
salen y le compra unos tenis (...) ¡le gustan las marcas igual que a mí!". Narra como 
anécdota que „hace un año tuve que vender la moto, porque su mamá me dijo que la 
niña había hecho un escándalo ya que había visto a un niño con un cuatriclo a control 
remoto y quería uno igual". 

En estos casos, muy claramente el delito como canal de consumo, no pesa solo 
como necesidad propia sino particularmente sobre las trayectorias de los familiares 
más cercanos. Pero en otros casos, la alusión es a lo personal. SR (Comear, 25 años) 
cuando egresa del Hogar del INAU, regresa al barrio Gruta de Lourdes y a la actividad 
delictiva. Señala que era "para tener la ropa que a uno le gusta". Igualmente WP 
(Punta de Rieles, 27 años) quien comienza su actividad delictiva alrededor de los 13- 
14 años, menciona expresamente que sus amigos tenían "championes lindos" y él no 
podía pedir lo mismo a su padre. MR (Comear, 25 años) al ser preguntado por episodios 
de ingreso a la experiencia del delito responde: "yo siempre robé; de niño también, 
para andar a la par de los demás...la casa, la moto, consumo, necesitás plata..." 
También alude a la misma situación sobre la ex pareja y las (múltiples) actuales 
("veteranas" como él las define) que "no se comprometen; están para aquello, las 
pilchas y la guita... cuando no hay, arrancan...". 

Es decir que oscilando entre necesidades propias y de referentes cercanos (en 
particular hijas o hijos), lo que los enfoques culturales llamaban "conducta desviada" 
se establece sobre los canales de acceso, pero no sobre las expectativas de emular 
pautas de consumo de referentes cercanos, a partir de la publicidad que es una 
cuestión social más general. En este último punto, no puede decirse que las narraciones 
escapen a la dinámica extendida en las sociedades actuales, por la cual el consumo 
adquirió una fuerza modeladora de subjetividades colectivas. Particularmente 
considerando que a menor educación y menor edad, menor capacidad de poner en 
cuestión parámetros de excitación consumista, que promueven el "tenerlo ahora". 

En cambio, la situación tiene sus particularidades cuando se trata de consumo de 
drogas. Como es conocido, muchas trayectorias están signadas tempranamente por 
esa lógica que puede resultar un "auxiliador mágico" individual, pero también funciona 
como mecanismo de comunicación y de respeto entre pares. Obsérvese las tempranas 
edades que se mencionan: MJ (Comear, 33 años) dice que consumió diversas sustancias 
psicoactivas (marihuana, cocaína, cemento) desde los 13 años. 


241 


JB (Comear, 35 años) habla de consumo de marihuana a los 11 años, éxtasis, 
cocaína, cigarros y agrega: "a las drogas las tenés que ir dominando; me gustó el 
porro; me sentía bien... en algún momento llegué a fumar demasiado...ahora no... me 
dan medicación psiquiátrica por tener HIV, no la tomo, la cambio por tabaco, el vicio 
que tengo [en la cárcel] es el mate y el tabaco". 

MP (Comear, 24 años) conecta la droga "con los amigos en la placita frente a mi 
casa... nos quedábamos hasta tarde, a tomar, fumar porro". No obstante, luego 
menciona haber consumido "de todo: pasta [base], cocaína, ácido, todo consumía, 
en el momento del consumo no sé lo que hacía, pero al otro día me acordaba de todo 
lo que había pasado... salía enloquecido, no tenía ropa, no tenía nada, todo lo había 
vendido o cambiado..,". El relato simplemente ilustra un cuadro conocido. 

SR (Comear, 25 años) dice que desde los 11 años consume diferentes drogas: 
cigarros, porros, marihuana, cemento y Pasta Base, agregando que "cuando la dieron 
a conocer yo ya la estaba fumando". 

Algunas son situaciones de un período concreto, otras en cambio están signadas 
por la intermitencia. MA (Canelones, 30 años) dice que después de salir de la cárcel 
"me enganché otra vez en la posto; a veces estaba 3 o 4 meses sin fumar, pero luego 
me venía el bajón por mi hijo, me moquinobo la cabeza, siempre se cruzaba uno en el 
camino y allí iba a comprar (...) Trabajaba, consumía, robaba, sentía obligaciones con 
mi hijo. La madre me exigía económicamente, lo entiendo porque es una obligación 
pero me sentía exigido, me sentía presionado, era el cuñado grande, la oveja negra, y 
tenía que salir a buscar". 

Hay casos que escapan de este cuadro, es decir, no necesariamente, no 
mecánicamente debe conectarse consumo y delito. RB (Comear, 26 años) por ejemplo, 
señala que consumió marihuana desde los 17 años: "siempre me gustó fumar, nada de 
alcohol; otra cosa nunca probé ni me interesa hacer". Aquí su trayectoria de rapiñas 
está más vinculada, según su percepción, a que simplemente le gustaba la "plata fácil". 

Y finalmente, en los tramos etarios mayores se observa una diferencia que además 
el propio entrevistado compara con casos actuales: AG (Comear, 44 años) dice que 
"iba a bailar al 'Banco República'...todos los sábados. Tomaba alcohol los fines de 
semana, empecé a fumar a los 12 años". También menciona consumo de marihuana 
adentro de la cárcel. En cambio, y como ya fue aludido en otro momento, sobre los 
más jóvenes observa una pérdida de códigos, una recurrencia en la Pasta Base (dentro 
de la cárcel). Según su percepción los jóvenes que se drogan superan en cantidad a 
aquellos que no lo hacen. 

Considerando estas edades tempranas, solo puede hablarse de fracaso del Estado 
para intervenir multidimensionalmente (es decir, no solamente como penalización 
sino de intervención social a varios niveles, cultural y urbana). Nuevamente aparece 
muy claramente el aspecto territorial urbano y particularmente determinadas zonas 
de Montevideo que favorecen esa conexión de redes de pares - consumo de drogas - 
trayectorias delictivas. 


242 


Autopercepción del pasado y posibilidades de futuro. Algunos apuntes 

Comencemos recordando algunas visiones sobre la propia trayectoria. RB (Comear, 
26 años) señala que „no quiero volver, pero sé que me va a costar mucho",... „cuanto 
más tenés, más querés: así soy yo". Y agrega: „me gustaba la joda y la plata fácil". JB 
(Comear, 35 años) se vé como "una persona que anda sola, primero yo y segundo 
yo...". SR (Comear, 25 años) tiene claro que la relación afectiva que a él le hizo bien la 
perdió por "las juntas...las bandidladas y los malos vicios". PA (Canelones, 20 años) 
después de señalar que comenzó con 12 años a "estar en cualquiera" y que no tiene 
mucha idea de por qué es como es, responde "quizás las juntas malas". 

HC (Comear, 25 años) al ser preguntado sobre el por qué de su opción por el 
delito, alza los hombros y dice no tener motivación o "por andar de vivo"... "bailes, 
joda, tener plata... hoy pienso distinto (...) Cada vez que salgo quiero cambiar pero 
caigo de nuevo: el vino, el porrito (...) Yo arranqué para ahí porque me sentía mal; 
fumaba porque quería levantar, quería estar pa' arriba, pero yo ya sabía cómo era- 
no salía, no iba pa' arriba..." 

Algunos hablan de haber perdido la niñez, de no tener gratos recuerdos, o no 
tener referentes cercanos. Por ejemplo, MF (Medio Camino, 35 años) señala: "Mis 
recuerdos de infancia no son gratos...a los 5 años rompí relación con mi madre (...) a 
mi hermano mayor lo vi cuando caí presa porque él me puso la abogada; se de él por 
ella (...) Mi hermano menor estuvo preso en Canelones, creí que él me entendería 
pero nunca me apoyó (...) A mi padre hace años que no lo veo; en mis salidas 
transitorias de viernes a domingo me entero de cómo están". 

En suma, y para no reiterar planteos ya realizados, se observa una percepción de 
dificultad para escapar: por estructuras cognitivas, por disposiciones que se fueron 
generando, por perfil individualista, por las redes de pares (con las que se estuvo 
pero con las que eventualmente no se vuelve), por falta de expectativas, todas sugieren 
dinámicas a las que no se quiere volver pero es muy difícil no hacerlo. 

En general, no se manifiestan grandes recuerdos positivos. Aparecen en 
ocasiones algunos elementos de la niñez -esto particularmente en las personas 
entrevistadas de mayor edad (aunque esto también se puede responder desde una 
perspectiva neurobiológica)- pero en general nunca vinculados a la escuela (a 
excepción de marcar alguna persona de ese ámbito con la cual recuerda alguna 
buena relación), en alguna situación aparece algún referente familiar, o el nacimiento 
de algún hijo/a, pero particularmente las instancias positivas, siempre se asocian 
con grupos a nivel territorial. El "estar en la calle" de alguna u otra manera es un 
rasgo general. 

Cuando se mencionan expectativas, en general se hace mención a hijos o 
eventualmente nietos. LC (Comear, 50 años) dice que tiene 3 hijos de los cuales solo 
mantiene contacto con una, su hija, que trabaja mucho y quien le dio una nieta que 
quiere "verla crecer, malcriarla... ahora es lo único que me queda de frescura". 


243 


Un caso interesante por lo que se menciona es el de AG (Comear, 44 años). En 
cuanto a las personas significativas en su vida, menciona a la gente que conoció en la 
cárcel y también incluyendo a su actual compañera quien es militante política de 
Asamblea Popular. Dice que ese vínculo le "abre perspectivas", le ayuda a entender 
la cárcel de otra manera; comienza a leer libros de política que le permiten compren¬ 
der que el sistema carcelario, "es un sistema que no conocés, no se sabe cómo traba¬ 
ja la Junta, qué hacen, cómo evalúan, tenés que adaptarte al sistema (...) He escucha¬ 
do los programas de CX36, con algunas cosas no estoy de acuerdo...pero me ayudan 
a pensar de otra manera..." 

En algunos casos se confía en algunos familiares que puedan ayudarles. Pero no 
siempre es así. De hecho, en algunos casos más bien existen tensiones familiares. A 
veces esto se menciona directamente, otras simplemente puede advertirse por el 
silencio sobre el tema. JC (Comear, 24 años) al preguntársele por sus planes cuando 
egrese dice tener pensado volver a los "buenos lugares", "volver a trabajar". Como en 
muchos casos, esto parece ser una expectativa difícil de concretar. Dice tener el apo¬ 
yo de la madre, sin embargo afirma que no volverá a su casa debido a su padre (en la 
entrevista no habló nunca de su familia). 

En ocasiones aparece alguna expectativa de trabajo vinculada a alguna persona 
cercana: participar en el negocio de un cuñado, poner un puesto de verdura, trabajar 
como taxista, fabricar productos de limpieza; en algunos casos, una vaga ¡dea de con¬ 
seguir un trabajo y en otros directamente se plantea el no saber dónde ir. En general, 
se observa una gran fragilidad en las posibilidades que se pueden abrir. MA (Canelo¬ 
nes, 30 años) dice: "No tengo nada, tengo 30 años y no tengo nada... solo mi hijo". 

Para JA (Comear, 61 años) piensa que "No hay trabajo después de la cárcel... es 
dificilísimo insertarse. Muchos quieren pero lamentablemente es imposible". En algún 
momento se pregunta "¿alguna cárcel fue útil? Y se responde: "No; sólo para cumplir 
la pena. Acá adentro no se puede hacer nada..." En el mismo sentido en HC (Comear, 
25 años) aparece reiteradamente la ¡dea del tiempo perdido en la reclusión, como 
algo irrecuperable, algo demasiado fuerte de resistir, saber que la vida afuera, 
transcurre y adentro "se congela". 

PA (Canelones, 20 años) señala que "esto es lo peor de lo peor (...) estuve 8 días con 
una puñalada que me abrió al medio (...) quiero ir a la escuela o entrar en comisión 
pero acá no hay nada". Muestra las marcas en su cuerpo de los cortes que se autoinflige 
para "zafar" de algunas situaciones complicadas dentro del pabellón y explica cómo 
tendría que apuñalarse para ser escuchado. Más que pensar en qué hacer cuando salga 
dice que tiene que concentrarse en pensar cómo pasar los cinco años que le quedan. 

En general, en el caso de las entrevistas a mujeres, las perspectivas son distintas. 
Se observan situaciones disímiles en función de las trayectorias, pero aquí se presentan 
otros elementos de percepción vinculados al plano cultural. En algún caso, la ciudad 
del interior puede aparecer como la expectativa de recomenzar. 

La tensión entre no querer volver a la situación de antes pero al mismo tiempo no 
"poder zafar" -por emplear el lenguaje coloquial recurrente- es una constante. 

244 


Conclusiones generales 

Este trabajo se estructuró sobre la base de un pensar reladonal atendiendo a 
distintos aportes teóricos generales (Bourdieu sin duda es una referencia constante) 
y específicos, sobre trayectorias delictivas. En este sentido, se ha fundamentado la 
necesidad de entender estas trayectorias en relación a disposiciones o inclinaciones 
que los individuos construyen y luego les predisponen a actuar de formas específicas, 
a posiciones que se ocupan en distintos espacios sociales y a recursos que se disponen 
para mejorar la posición relativa. 

En este sentido, se han trabajado las 30 entrevistas atendiendo a esquemas de 
percepción y apreciación que dieran cuenta de grandes ejes de análisis, pero no como 
meras representaciones sociales, sino como emergentes que aportan elementos para 
entender posiciones sociales. El análisis de las mismas a partir de las aperturas analíticas 
previas, permite establecer algunas conclusiones generales. 

Una primera refiere a lo que se denominó unidad doméstica. Aunque no siempre 
ocurre, en general se observan dinámicas permanentes o coyunturas puntuales que 
contribuyen a la generación de disposiciones que terminan cristalizando en trayectorias 
delincuenciales. Desde la violencia física o simbólica, a la problemática de lazos 
afectivos, en situaciones con referentes familiares presos o con referentes en los que 
no se observa que el trabajo sea un organizador social, se abren múltiples 
condicionamientos y situaciones de vulnerabilidad. Además, siempre es conveniente 
recordar que las estructuras cognitivas se modelan en los primeros años. 

En este sentido, debe desmitificarse la idea de familia. Lamentablemente, el 
discurso hegemónico sobre el lugar de la "familia", atraviesa partidos generando un 
llamativo consenso que proyecta generalizadamente situaciones que no existen. 
Porque las unidades domésticas son también espacios de relaciones de fuerza y de 
luchas por transformarlas (en distintas direcciones). Muchas veces la versión estatal 
de que lo mejor es que se ocupe "la familia", o que un adolescente esté con "la familia", 
oculta el verdadero problema que es el ahorro que le genera al Estado no tener que 
ocuparse de situaciones complejas, y el evitarse discusiones a la hora de examinar los 
límites de la esfera privada. 

Otra conclusión general es la extrema importancia del aspecto socioterritorial. Es 
decir, redes barriales o territoriales urbanas que se conforman en contextos de 
vulnerabilidad, marginalidad, segregación o exclusión. En estas dinámicas se revelan 
muchas situaciones: casos en que tales redes tienen un carácter extendido, sustantivo, 
y sustituyen otros lazos sociales (en especial de las unidades domésticas), casos en 
que se trata de redes más puntuales y localizadas, casos más o menos vinculados al 
consumo de drogas, etc. En las entrevistas, no han surgido trayectorias vinculadas al 
tráfico de drogas (no porque no hubieran existido), pero esto corresponderá a otros 
trabajos. 

Pero siempre es un elemento clave que marca la importancia de generar políticas 
integradas sustantivas de intervención social y urbana. Es decir, operaciones 


245 


urbanísticas y sociales a gran escala, en lugares localizados de Montevideo como sería 
el caso de la cuenca del arroyo Casavalle. No es posible pensar estrategias futuras (es 
decir a mediano plazo) para evitar (o para matizar) trayectorias delictivas, sin atender 
a este aspecto central de generar condiciones físicas urbanas distintas, y posibilidades 
sociales (no solamente laborales) con jóvenes en ciertos barrios de Montevideo. 

Como también lo marcan otros estudios, y entramos en una tercera conclusión 
general, es claro que la escuela actúa como un elemento reproductor de la trayectoria 
anterior. Origen social y resultados escolares tienen una conexión muy fuerte. Las 
desigualdades del éxito escolar están vinculadas al capital cultural y a la posición social 
de los padres o referentes familiares. Las categorías que el sistema emplea 
informalmente en la clasificación como el "talentoso" frente al que "le cuesta", el 
"serio" frente al "rebelde", entre muchos otros, son juicios sociales que el sistema 
educativo reproduce a partir de estructuras cognitivas y disposiciones sociales 
anteriores. 

En el caso de las emergentes trayectorias que luego se convirtieron en delictivas, 
se observa que la escuela se vive como un espacio social ajeno. A lo sumo, como 
lugar donde se generan algunos lazos sociales o se juega al fútbol. Nuevamente, frente 
a este cuadro, la intervención debe ser integral y relacional. Sin pensar la superación 
de condiciones socioterritoriales de marginalidad o vulnerabilidad, no hay sistema 
educativo que proyecte otras posibilidades sobre niños provenientes de tales 
condiciones. 

¿Esto quiere decir que el espacio de la calle constituye en estos contextos un 
camino inexorable a una trayectoria delictiva? Naturalmente no, en muchos casos no 
ocurre, pues pesan otras variables. Pero debe pensarse que en determinados 
contextos, como varios narrados en las entrevistas, la predisposición al delito es 
resultado también de que se generan dinámicas sociales con códigos de violencia 
física y simbólica que integran, que comunican, que socializan. Y, recordando el ejemplo 
que se colocaba a partir de Sennett, no todos los jóvenes pueden pasar de ser "títeres" 
a "titiriteros" de esos códigos. 

Una cuarta conclusión general es que si consideramos las estrategias de 
reproducción social como conjunto de prácticas diferentes, por medio de las cuales 
los individuos tienden de manera consciente o inconsciente a mantener o mejorar su 
posición en un espacio social, se observan en los casos de trayectorias delictivas, 
muchas situaciones de sobrevivencia o de adaptación a corto plazo, de sentido práctico. 
Los márgenes de maniobra que aparecen son estrechos, pero, nuevamente, esto no 
quiere decir que no había otras opciones o que necesariamente se abría o se 
consolidaba una trayectoria delictiva. 

Pero debe entenderse que si el espacio para la "racionalidad de la acción" es 
siempre limitado, en estos casos suele ser más limitado aun considerando las 
condiciones sociales y la definición práctica que se hace de "lo posible". Así es que la 
posibilidad de movilizar redes (capital social), en muchos casos puede significar, 


246 


movilizar redes que conforman o predisponen a trayectorias delictivas. Entre otras 
cosas porque transmiten significados con otros parámetros morales y éticos a los 
consensuados socialmente (que pueden implicar hostilidad, agresión, ausencia de 
empatia hacia el "otro", etc.) y porque llevan a adquirir "competencias prácticas" en 
trayectorias delictivas. 

Una quinta conclusión general refiere al trabajo. Aquí se han observado varios 
elementos y situaciones en las entrevistas. En general, el perfil es que quienes 
estuvieron involucrados en trayectorias delictivas no mencionan referentes (familiares, 
amigos, personas cercanas) donde el trabajo sea un organizador social o proyecte 
posibilidades de futuro. Algunos casos muestran que en trayectorias propias o en 
referentes cercanos, en algún momento pudo haberlo sido. 

A nivel de las propias personas entrevistadas, hay casos de casi nula relación con 
un trabajo formal o informal, a veces incluso un trabajo puede ser un mecanismo 
conector para visualizar una oportunidad delictiva, y en otros casos aparecen límites 
borrosos entre el trabajo y la actividad delictiva. El sociólogo Daniel Kessler encontraba 
que muchos colegas se dejaron seducir por el relato del delincuente profesional (2004). 
Y en verdad, aquí encontramos "carreras", pero también muchos casos de inestabilidad, 
de fronteras difusas, entradas y salidas, de experiencias "legales" y vuelta a lo "¡legal". 

Por ello en la tipología propuesta, entre la ausencia de pasaje por actividad laboral 
hasta el delito casi como excepción (más allá de considerar aquí la gravedad del mismo), 
se muestran tres situaciones intermedias que conectan trayectorias delictivas con 
alguna alternancia de trabajo. Por lo ya expuesto, en la tipología se enfatizó la 
dimensión socioterritorial. 

Una sexta conclusión es que el objetivo del delito que va conformando una 
trayectoria puede ser el consumo de droga (ya se dijo que es todo un tema que tiene 
su propia complejidad, aunque es claro que varía en función del tramo etario), pero 
también puede ser un objeto de consumo común (el acceso a la "marca", a lo distintivo 
en ropa, a la TV "plasma", etc.) para sí mismo o para referentes familiares muy cercanos: 
madre o hijas e hijos especialmente. 

Considerando en general la diversidad de trayectorias delictivas analizadas y los 
conceptos centrales que acompañaron el trabajo, especialmente el de disposición o 
inclinación, al menos se han identificado cuatro tipos que corresponde mencionar al 
final, como resumen u orientador general de lo hallado. A diferencia de la tipología ya 
presentada que conectaba los grandes ejes o dimensiones de análisis, lo que sigue se 
presenta más bien como tipos predominantes de inclinaciones a actuar que varían 
según los casos. 

Encontramos entonces: 

o) disposiciones a lo fuga o o lo solido, es decir a la huida de un problema o 
situación, pero también a la búsqueda de "la fácil" que promueve o refuerza 
trayectorias delictivas; 


247 


b) disposiciones o lo versatilidad, es decir al cambio y entonces también a la 
búsqueda de nuevas situaciones, que a veces mezclan lo legal e ¡legal; o 
que se entra y sale del delito con relativa facilidad; 

c) disposiciones a la oportunidad y la persistencia, que en trayectorias 
delictivas favorecen el contacto con la 'Víctima" o con el objetivo, y llevan 
a la "carrera" delictiva y, 

d) disposiciones a integrar grupos que se anclan en redes de pares territoriales, 
o que conforman o integran bandas, adaptándose o manipulando códigos 
colectivos propios. 

Obviamente existen otras, pero por agrupamiento del examen de entrevistas, 
éstas parecen claras. 

Finalmente, decir que en muchos casos aparece la tensión tanto sobre el recorrido 
pasado, como sobre las expectativas de futuro. En lo primero, en el sentido de lo que 
fue y lo que pudo ser; en lo segundo, entre el deseo o la expectativa y la realidad. Esto 
marca la complejidad de las trayectorias y corresponde tenerlo presente frente a la 
retórica pública que solo carga el problema en la responsabilidad individual. Otros 
estudios con entrevistas en profundidad realizadas en otras condiciones, pueden 
¡luminar mejor tal complejidad y dar pistas para estrategias a mediano plazo. 


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249 


Anexo 


CUESTIONARIO GUÍA PARA ENTREVISTAS SOBRE TRAYECTORIAS DELICTIVAS 


OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

El centro es la conformación de un relato donde prime la búsqueda de los dispositivos 
productores de sentido, tanto en procesos delictivos como no delictivos, anclando en grupos, 
instituciones y lugares. La búsqueda de referenciales del individuo en su trayectoria de vida 
resulta clave. La recuperación de dinámicas de interacción social, las percepciones ambiguas o 
contradictorias sobre las mismas, son elementos centrales. 

ENTREVISTADO/A 

Datos generales, ver formulario correspondiente de Encuesta a personas privadas de libertad 
en el marco del proyecto Hacia una política de Estado en privación de libertad. Diálogo, 
recomendaciones y propuestas. 

OBJETIVO A MENCIONAR 

En el marco de una investigación sobre el sistema carcelario, este trabajo se trata de reconstruir 
historias de personas que están recluidas para elaborar un informe sobre diferentes trayectorias 
de vida. 

No es una investigación del Ministerio del Interior. Se trata de un trabajo académico de SERPAJ 
y del Observatorio del Sistema Judicial, que son organizaciones de Derechos Humanos. 

1. LÍNEA DE TIEMPO 

Armado con el/la entrevistado/a colocando coyunturas claves que recuerda, particularmente 
en relación con la trayectoria delictiva (desde la primer actividad delincuencia!). 

Retomar en el contexto de la entrevista la línea de tiempo para ver las sucesivas situaciones y 
corregirla y ampliarla. 

2. TERRITORIO Y PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 

• ¿En qué barrios vivió? 

• ¿Qué recuerda físicamente de los barrios? (¡dea de desorden, abandono, etc. si existe; 
mencionarlo si el/la entrevistado/a no lo hace). Especificar: agua potable, saneamiento, 
construcción de la vivienda, basurales cercanos, centro de salud, escuela, etc. 

• ¿Qué personas recuerda de cada uno de los lugares mencionados? 

• ¿A qué figuras del barrio tenía más aprecio o confianza? ¿por qué? Por ejemplo: compañeros 
de grupos / vecinos, maestros/as de escuela, religiosos, organizadores de comedores populares, 
gente de organizaciones barriales, dirigentes políticos, entre otros. 

• ¿Quiénes eran las personas a las que tenía más respeto? (puede coincidir o no con lo anterior). 

• ¿Con quiénes se vinculó y cómo? Vínculos de amistad, vínculos para alguna actividad legal o 
¡legal (Se solicita descripción del grupo o grupos). 

• ¿Recuerda algún conflicto fuerte o pelea que haya tenido en el barrio? ¿Con quién? (se 
procura el rol o posición social de la o las personas). 


250 


3. EXPERIENCIAS DE VIDA 

• ¿Qué experiencias de vida gratificantes recuerda? 

• ¿Qué recuerda de la infancia? ¿Con quienes vivía? 

• ¿Tiene recuerdos de la casa o casas donde vivía de niño o de joven? 

• ¿Qué recuerda de ir a la escuela? ¿Repitió años? ¿Se fue de la escuela sin terminarla? ¿Entró 
y volvió varias veces? Si corresponde: ¿hizo liceo? ¿Pensó hacerlo en ese momento? ¿Cómo ve 
su educación hoy? 

¿Por qué dejó la escuela? 

Percepción de la institución 

• ¿Cómo eran las relaciones con los compañeros de la escuela? 

• ¿Qué personas habría querido que estuvieran cerca en momentos complicados y no 
estuvieron? 

• ¿Trabajó de niño o de joven en alguna actividad no delictiva? Si es afirmativo, describir. 

• ¿Consumió drogas regularmente? Si es así, ¿cómo y cuándo se generó el consumo? 

• ¿Tuvo experiencias de internación en hogares del INAU? (amparo e infracción). 

¿Qué recuerda de esa experiencia? ¿Tenía visita de familiares o amigos? 

EXPLICAR: ¿sirvió para algo estar en INAU? 

Instrumento/ Socialización. 

4. VINCULACIÓN DIRECTA CON TRAYECTORIAS DELICTIVAS 

• ¿Cómo recuerda haber comenzado la vinculación con actividades delictivas? 

• ¿Fue con algún grupo o fue una decisión individual? 

En caso de haber sido una "decisión individuar' ¿recuerda algo de cuándo y cómo la tomó? En 
caso de integración a un grupo ¿cómo se dio? 

EN CASO QUE CORRESPONDA AL PERFIL DELICTIVO del/la entrevistado/a: 

• ¿Cómo recuerda haber vivido un hurto, robo u otra experiencia similar por primera vez? 
¿Qué imágenes "vienen a la cabeza"? 

(Preguntar lo mismo en caso que haya cometido homicidio). 

• ¿Regresó en alguna oportunidad a alguna actividad no delictiva? 

• ¿Cuándo piensa que se "acostumbró" a lo que hacía? 

5. EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA 


Datos sobre la realización de la entrevista 

Lugar 


Hora de comienzo 


Hora de finalización 


Observaciones generales de la entrevista 

Percepción general sobre la 
persona entrevistada 

Rasgos de de incertidumbre, 
humillación, venganza, etc. 



251 











I La privación de libertad de adolescentes 

en Uruguay* 


Hay entonces dos versiones muy diferentes de "la verdad" acerca de la 
vida en prisión. Por un lado, tenemos el discurso penal oficial [...] Por el 
otro lado, tenemos la historia muy diferente que cuentan los presos [...] 
Entonces, en vez de preguntar quién dice la verdad, sería más pertinente 
la pregunta: ¿qué fue lo que permitió que se aceptara la versión de las 
autoridades como la verdad más o menos incuestionada, a pesar de la 
existencia de la versión alternativa a esa verdad? Que esto llegara a ser 
inevitable fue en sí mismo producto de dos fuerzas específicas en el desa¬ 
rrollo de las sociedades civilizadas de los siglos XIX y XX: la burocratización, 
por un lado, y la indiferencia del público, por el otro. 1 

Jhon Pratt 


I. Introducción 

La privación de libertad implica la separación del/la adolescente de todo su en¬ 
torno conocido: su familia, sus grupos de referencia, sus espacios comunes de 
interacción, todo lo cual afecta de manera sustancial su vida y su vinculación afectiva, 
reduciendo su espacio social considerablemente. El Código de la Niñez y la Adoles¬ 
cencia (CNA ) 2 define a la privación de libertad como un régimen en el cual existe una 
reclusión del/la adolescente en un establecimiento que asegura su permanencia en 
el mismo. Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Priva¬ 
dos de Libertad han definido como tal, a toda formo de detención o encarcelamiento, 
así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se per¬ 
mita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, 
administrativa u otra autoridad pública 3 . 


* Este informe fue elaborado por el equipo del Observatorio del Sistema Judicial con la coordina¬ 
ción del Dr. Javier Palummo. 

1 PRATT, John; Castigo y civilización. Una lectura crítica sobre las prisiones y los regímenes carcelarios. 
Ed. Gedisa, Barcelona, 2006; págs. 173 y 174. 

2 El Código de la Niñez y la Adolescencia, promulgado el 7 de setiembre de 2004, se enmarca en el 
proceso de adecuación de la normativa interna a los estándares de la CDN, y en este sentido deroga 
expresamente a la Ley N° 9.342, de 6 de abril de 1934 (Código del Niño) y sus modificaciones. Sin embar¬ 
go, pese a derogar la normativa anterior, se ha cuestionado que la aprobación del referido cuerpo nor¬ 
mativo constituya una real y completa adecuación a la CDN. Sin perjuicio de lo expresado, el CNA cons¬ 
tituye un importante avance legislativo y la aplicación de esta nueva normativa en el ámbito judicial, 
representó un importante reto para nuestra cultura jurídica. 

3 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla II. 11. b. 


252 






Las penas a las cuales se refiere el presente estudio constituyen un castigo, ejerci¬ 
cio de poder que impone privación de derechos o dolor 4 . El castigo, y en este caso la 
privación de libertad, siguiendo a David Garland, lo entenderemos como una institu¬ 
ción social que involucra una estructura compleja, que se caracteriza por su carácter 
multifacético y por tener una racionalidad propia construida en torno a un conjunto 
de conocimientos, técnicas, normas y procedimientos 5 . Por lo que nuestro acerca¬ 
miento al fenómeno intentará dar cuenta de su complejidad, conflictividad y de las 
tensiones que encierra la institución social del castigo. Adoptar una posición diversa 
implicaría adherir a posturas reduccionistas y simplificadoras que lamentablemente 
son las que abundan en el ámbito de la discusión pública y, en algunos casos, también 
de la discusión académica. 

En el régimen vigente, las medidas privativas de libertad no son obligatorias para 
el Juez, y solo se deben aplicar cuando configurándose los requisitos legales, no exis¬ 
tan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. De conformidad 
con el CNA, los centros de privación de libertad deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: edad, complexión física, gravedad de la infracción y adaptación a la convi¬ 
vencia. En ningún caso puede ejecutarse esta medida en establecimientos destinados 
a adultos, y los y las adolescentes que al llegar a los dieciocho años permanecen 
privados/as de libertad, no pueden cumplir lo que les resta, en establecimientos des¬ 
tinados a adultos. La ejecución de las medidas socioeducativas debe respetar el catᬠ
logo de derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar a toda per¬ 
sona privada de su libertad, lo que implica en definitiva el respeto de la dignidad 
humana de los y las adolescentes sometidos/as a penas de encierro. Entre esos dere¬ 
chos se encuentra el de conservar el vínculo con su familia y su comunidad. Todo 
adolescente privado/a de libertad tiene derecho a mantener contacto con su familia 
por medio de correspondencia y visitas. 

La ejecución de la privación de libertad de acuerdo al CNA es de responsabilidad 
exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado, que se ha encargado de la adminis¬ 
tración de los centros de reclusión de adolescentes, a través de diversos organismos 
especializados que se han sucedido en el tiempo. 

El Instituto Nacional Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ) vigente al momento 
de la aprobación del CNA, fue sucedido por el Sistema de Ejecución de Medidas para 
Jóvenes en Infracción (SEMEJI), para que luego conforme lo dispuesto en la Ley No. 
18.771, facultara al INAU a crear el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
(SIRPA), como fase previa a la instalación de un Instituto de Responsabilidad Penal 
Adolescente (IRPA), servicio descentralizado de acuerdo con lo dispuesto en la Sec¬ 
ción XI de la Constitución de la República. La sucesión de nombres de las institucio¬ 
nes, de autoridades, de enfoques teóricos y de propuestas programáticas y técnicas, 
ha sido el común denominador de un sistema que se desarrolla en permanente crisis, 

4 CHRISTIE, Nils; Los Límites del dolor, CFE, Buenos Aires, 2001; págs. 16, 19-20. 

5 GARLAND, David; Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. Ed. S. XXI, México, 
2010; págs. 326 y 327. 


253 


desde que se ha aprobado el CNA. En todos los casos, en lo que refiere a la temática 
del presente trabajo, la función de estos organismos no ha variado, dado que consis¬ 
te en la ejecución de las medidas privativas de libertad (cautelares, socioeducativas y 
curativas). Lo que ha variado, por lo tanto, han sido las autoridades administrativas 
competentes para organizar los planes y programas, así como los establecimientos 
donde se cumplen las medidas y sanciones del sistema penal juvenil. 

En forma específica, el artículo 89 del CNA dispone que el régimen de privación 
de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su 
permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Códi¬ 
go, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales. La imposi¬ 
ción de la privación de libertad como hemos adelantado, se encuentra fuertemente 
condicionada por el régimen jurídico vigente. La cárcel siempre ha sido mucho más 
que una privación de un tiempo abstracto de libertad. Aún en la actualidad, esta pena 
ha conservado su carácter inútilmente aflictivo a nivel corporal y psíquico; se trata de 
institucionalizaciones que provocan deterioros irreversibles, pues no tienen efecto 
regresivo como en el adulto, sino directamente impeditivo de la evolución más o 
menos común de la persona 6 . 

En cuanto a los objetivos de las medidas de privación de libertad, el CNA refiere a 
los aspectos educativos y de preservación del interés superior, estableciendo como 
principios especiales de la privación de libertad, la minimización de sus efectos perju¬ 
diciales y el fomento de su integración social, conforme a lo dispuesto en la CDN y las 
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. En 
definitiva, es posible identificar en el CNA un afán minimalista orientado a restringir 
la utilización de la privación de libertad, especialmente en lo dispuesto en el artículo 
76.12. Pero lamentablemente este afán se ha transformado en meramente declarati¬ 
vo, por efecto de un grave error de diseño del sistema, conforme al cual se le ha dado 
a los órganos jurisdiccionales una amplia discrecionalidad que no condiciona ni limita 
al Juez, en la aplicación que éste pudiera hacer de la privación de libertad. 

La normativa internacional de derechos humanos se ha referido explícitamente a 
los estándares aplicables a la situación de los y las adolescentes privados de libertad. 
En el presente trabajo se hará referencia tanto a la normativa nacional aplicable como 
a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, a los efectos de 
contextualizar desde el punto de vista normativo los datos y la información fáctica 
relevada. Sin perjuicio de las consideraciones generales que se realizan en los párra¬ 
fos siguientes, las que son indispensables para introducir la temática desde el punto 
de vista de los derechos humanos. 

El concepto fundamental desde éste último punto de vista tiene relación con la 
posición del Estado frente a los y las adolescentes que son privados/as de libertad 
bajo su jurisdicción. En efecto, de acuerdo al derecho internacional, el Estado debe 


6 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (con ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro); Derecho peñol. Porte ge¬ 
neral. Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 178. 

254 


garantizar a los niños privados/as de liberad, el ejercicio de todos los derechos que no 
se encuentren estrictamente limitados por el encierro. 

Los objetivos de las sanciones en la justicia penal juvenil exigen que en el marco 
de las sanciones privativas de libertad se ¡mplementen, en igualdad de condiciones, 
programas de educación, incluida la escolarización formal; formación profesional y 
para el trabajo, actividades recreativas y deportivas 7 . 

La Corte ha establecido que el Estado, como responsable de los estableci¬ 
mientos de detención, es el garante de estos derechos de los y las deteni¬ 
dos/as, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo 
que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia. Las autori¬ 
dades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuen¬ 
tra sujeta a su custodia. La forma en que se trata a un detenido debe 
estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vul¬ 
nerabilidad de aquél; función estatal de garantía que reviste de particular 
importancia cuando el/la detenido/a es menor de edad. Esta circunstan¬ 
cia obliga al Estado a ejercer su función de garante adaptando todos los 
cuidados que reclama la debilidad, el desconocimiento y la indefensión 
que presentan naturalmente, en tales circunstancias, los y las menores de 
edad 8 . 

Esta posición de garante de los Estados respecto de los derechos de las perso¬ 
nas privadas de libertad, tiene su fundamento en el fuerte control y dominio que las 
autoridades penitenciarias desarrollan sobre las personas privadas de libertad 9 : 

Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Es¬ 
tado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y 
tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condi¬ 
ciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo 
de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o 
de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de li¬ 
bertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la 
privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos 
los derechos humanos, lo que no es posible aceptar 10 . 


7 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47 y 48. 

8 Corte IDH, Caso Bulacio. Sentencia de 18 de setiembre de 2003. Serie C No. 100, párrafo 126. 

9 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. Serie 
C No. 112, párrafo 152. En el mismo sentido: Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 
8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 98; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 
2003. Serie C No. 99, párrafo 111; y Caso Bulacio, Sentencia de 18 de setiembre de 2003. Serie C No. 100, 
párrafo 138. También cfr. Caso de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de julio de 2004, considerando sexto; y Caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Dere¬ 
chos Humanos de 7 de mayo de 2004, considerando décimo tercero. 

10 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párrafo 153. 


255 


Esta situación de garante se encuentra especialmente reforzada por la protec¬ 
ción especial que debe proveer el Estado respecto de las personas menores de 18 
años de edad: 

[...] cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad 
[...] tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, una obli¬ 
gación adicional establecida en el artículo 19 de la Convención Americana. 

Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuida¬ 
do y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el prin¬ 
cipio del interés superior del niño 11 . 

La situación del Estado en relación a los y las adolescentes privados/as de liber¬ 
tad es la de ser el garante de sus derechos. Por lo que en el presente informe se aborda¬ 
rán las distintas circunstancias que hacen a la ejecución de las medidas y sanciones de la 
justicia juvenil desde el paradigma de los derechos humanos de la infancia y la adoles¬ 
cencia, y la responsabilidad del Estado 12 . 

II. Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica que se elaboró a estos fines fue la aplicación de una 
encuesta 13 que busca captar las percepciones de los y las adolescentes privados de 
libertad, con respecto a las variables consideradas relevantes. 

La encuesta se aplicó a 327 adolescentes, de los cuales el 93% corresponde al 
sexo masculino y el 7% al sexo femenino. El total de adolescentes enuestados/as re¬ 
presenta las dos terceras partes de la población privada de libertad. Cabe acotar que 
la tasa de encuesta es un promedio, puesto que en algunos centros se encuesto a la 
totalidad de los/as adolescentes recluidos/as, mientras que en otros/as esto no fue 
posible. Los y las adolescentes encuestados/as accedieron voluntariamente a ello y 
las entrevistas fueron realizadas en condiciones apropiadas. 

Fueron incluidos todos los establecimientos de privación de libertad bajo la órbi¬ 
ta del SEMEJI: "hogares" de ingreso; "hogares" de derivación, "hogares" de pre-egreso 
y centros de máxima seguridad. El trabajo de campo se realizó durante los meses de 
octubre y noviembre de 2010. 

La participación de los y las adolescentes estuvo siempre condicionada a que ac¬ 
cedieran a ser encuestados. En los casos negativos, la decisión no nos fue comunica¬ 
da directamente por ellos/as, sino por los funcionarios de los centros. Asimismo, du- 


11 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párrafo 160. En el mismo sentido: Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párrafos 
124,163-164, y 171; Caso Bulacio, párrafos 126 y 134; Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales 
y otros), párrafos 146 y 191; y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, párrafos 56 y 60. 

12 A los efectos de profundizar sobre los estándares internacionales y la posición de garante del 
Estado ver: CIDH, Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/ll., 
doc. 78, 13 julio 2011. 

13 El formulario de encuesta está disponible en los anexos del presente informe. 


256 


rante el trabajo de campo se evitó expresamente entorpecer o distorsionar la dinᬠ
mica cotidiana de actividades. Como consecuencia, si bien la estrategia inicial tuvo 
como objetivo un relevamiento de tipo censal, no siempre pudimos incluir a todos/as 
los y las adolescentes recluidos/as en cada centro. 

La metodología utilizada tiene entre otros antecedentes, una investigación reali¬ 
zada por el Observatorio del Sistema Judicial en el año 2007 y publicada en 2008 14 . 

III. Adolescentes privados y privadas de libertad 

El abordaje de los principales datos y características relativos a los y las adoles¬ 
centes privados/as de libertad, debe estar acompañado por la realización de una se¬ 
rie de referencias al carácter selectivo del sistema penal juvenil en el Uruguay. Este 
aspecto no es una nota original de la criminalización juvenil, ni tampoco del país; se 
trata de una característica propia de todo proceso de criminalización. 

El legislador es selectivo al sancionar determinadas conductas y no sancionar otras. 
Las agencias policiales y las judiciales también lo son en su operativa diaria. No todas 
las agresiones a bienes jurídicos son perseguidas por el Derecho Penal, ni todas las 
conductas penalmente relevantes son atrapadas por el sistema; y aún dentro del uni¬ 
verso de conductas que llegan a las instancias de criminalización, solo a una porción 
de las mismas se le asigna como respuesta la privación de libertad. Incluso, las agen¬ 
cias encargadas de la ejecución de las medidas, también son selectivas, dado que el 
sistema posee distintas dependencias con diferente grado de c/i/rezc/.Esta inevitable 
selectividad estructural, provoca una distribución de las intervenciones que alcanza 
solo a quienes tienen bajas defensas frente al poder punitivo y devienen más vulne¬ 
rables a la criminalización 15 . En el presente apartado analizaremos las características 
generales de los y las adolescentes que tras haber ingresado al sistema penal juvenil, 
recibieron su respuesta más dura: el encierro. 

El mayor porcentaje de adolescentes privados/as de libertad se concentra entre 
los 16 y 17 años y representan un 24% y 33% del total, respectivamente. Mientras 
que, en el otro extremo, el menor porcentaje (0,4%) se corresponde con la edad 
mínima de ingreso al sistema penal: 13 años. Hay también un 17% de jóvenes de 18 
años, un 4% de 19 años y menos del 1% con 20 años. Estas últimas situaciones corres¬ 
ponden a personas que fueron sancionadas por una conducta desarrollada siendo 
adolescentes, pero que observan la sanción impuesta hasta luego de haber cumplido 
la mayoría de edad. 


14 PALUMMO, Javier M.; TOMASSINI, Cecilia (Coordinadores); Privados de Libertad. La voz de los y 
las adolescentes; UNICEF, Observatorio del Sistema Judicial, Montevideo, 2008. 

15 Cf. ZAFFARONI, E, ALAGIA, A. y SLOKAR, A.;, Derecho penal. Parte general; EDIAR, Buenos Aires, 
2000, págs. 9 y 11. 


257 


Edades 

Porcentaje 

13 

.4 

14 

7.5 

15 

11.8 

16 

23.6 

17 

33.0 

18 

16.7 

19 

4.2 

20 

.6 

S/d 

2.1 

Total 

100.0 


En cuanto a los departamentos de origen de los y las adolescentes encuestados/ 
as es posible observar que luego de Montevideo que concentra el 68% del total, los 
restantes departamentos con porcentajes significativos son Canelones (13%), Paysandú 
(6%) y Rivera (3%). 


Departamento 
de residencia 

Porcentaje 

Montevideo 

68.3 

Maldonado 

.7 

Paysandú 

6.4 

Rio Negro 

.7 

Rivera 

3.1 

Rocha 

.8 

San José 

.7 

Soriano 

.4 

Artigas 

.4 

Canelones 

13.1 

Cerro Largo 

.4 

Colonia 

.9 

Durazno 

1.3 

Flores 

.3 

Lavalleja 

1.7 

SD 

.9 

Total 

100.0 


El artículo 87 del CNA dispone que se debe tener en cuenta el derecho del adoles¬ 
cente a vivir con su familia y, cuando proceda la separación, a mantener contacto 
permanente con ella, así como con su pareja, amigos, referentes afectivos y otros 
que no resulten perjudiciales para él o ella. Asimismo, el artículo 95 establece que la 


258 








privación de libertad de los y las adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio, 
se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso 16 . 

La información relativa a las infracciones que son causa de la privación de libertad 
de los y las adolescentes, da cuenta de una característica que ha sido reiteradamente 
sostenida. El sistema penal juvenil sanciona y reprime infracciones contra la propie¬ 
dad en forma más que preponderante. Relacionar este fenómeno con el proceso de 
creciente pauperización y vulneración de los derechos económicos y sociales de la 
población menor de 18 años de edad en la última década, es tan impreciso como 
inevitable. También es inevitable referir a la realidad de un sistema penal como uru¬ 
guayo, que pone al derecho de propiedad en el pináculo de todos los bienes jurídicos, 
sobredimensionando su tutela. Las implicancias de esta característica de nuestro sis¬ 
tema penal pueden encontrarse en una reciente modificación del CNA a los efectos 
de criminalizar conductas contra la propiedad, que ni siquiera lesionan este bien jurí¬ 
dico, como es el caso de la tentativa de hurto. 


Delito 

Porcentaje 

Copamiento 

2.1 

Homicidio 

23.4 

Hurto 

7.1 

Lesiones 

.4 

Otros 

1.1 

Rapiña 

63.5 

Receptación 

.4 

SD 

1.8 

Total 

100.0 


En referencia al tiempo de medida o de pena cumplida, encontramos que el 22% 
de los y las adolescentes expresaron llevar menos de un mes privados/as de libertad, 
el 35% entre uno y tres meses, el 19% entre cuatro y seis meses, el 12% entre siete y 
once meses, el 10% entre doce y veinticuatro meses, distribuyéndose los siguientes 
casos en períodos mayores a los dos años. 

El importante número de adolescentes con menos de un mes de privación de 
libertad (un quinto de la población), es producto de la práctica generalizada de utiliza¬ 
ción de la internación provisoria como medida cautelar al inicio del proceso. En efec¬ 
to, el dato es coincidente con el recabado en relación a la existencia de una sentencia 
que haya determinado la responsabilidad de los y las adolescentes encuestados/as, 
en el 78% de los casos. 

16 En caso de que los juzgados con competencia en materia de adolescentes dispongan la privación 
de libertad de adolescentes fuera del departamento, el artículo 95 del CNA establece que estos declina¬ 
rán competencia ante el Juez del lugar de internación, a quien deben enviarle fotocopia certificada del 
expediente en sobre cerrado, el cual será entregado por el funcionarlo que lo traslade, bajo su más grave 
responsabilidad funcional, al Juez de turno del lugar de la internación. 


259 





En cuanto a la caracterización de los y las adolescentes es preciso mencionar al¬ 
gunos elementos. 

La mayoría de los y las adolescentes al momento de ser privados/as de libertad vivían 
en sus hogares, siendo muy poco representativos los casos que se encontraban en situa¬ 
ción de calle (1%) o en instituciones de protección (1%). Asimismo, el 19% de los hogares 
familiares (un quinto de la población encuestada) están constituidos en asentamientos 
irregulares. Asimismo, el 16% de los y las adolescentes expresó tener hijos. 

En cuanto al nivel educativo de los y las adolescentes privados de libertad si bien 
únicamente el 3% expresó nunca haber asistido al sistema educativo formal, encon¬ 
tramos que el 9% reconoce no saber leer y escribir. 

En lo referente a la cobertura de salud antes de la reclusión, la información reca¬ 
bada da cuenta de que la mayoría de eran atendidos/as por el sistema público, inclu¬ 
yendo las policlínicas municipales (67%), seguido por los casos en los que la atención 
se proporcionaba por intermedio del sistema mutual (20%). En el resto de los casos 
encontramos que la atención era proporcionada por seguros médicos particulares y 
entidades específicas como el Hospital Policial o Militar. 

Acerca del desarrollo de actividades laborales, la información relevada da cuenta 
que antes de estar privado/a de libertad el 40% de los y las adolescentes, trabajaba. 


¿Trabajabas 
antes de esta 


reclusión? 

Porcentaje 

SI 

40.3 

NO 

58.2 

SD 

1.5 

Total 

100.0 


Otra importante característica de los y las adolescentes privados/as de libertad es 
el haber sido intervenidos previamente por distintos dispositivos de las políticas pú¬ 
blicas de infancia. Esta característica da cuenta, desde nuestro punto de vista, del 
fracaso de las instituciones, tanto de protección como las que refieren al área penal. 
Es así que el 72% de los y las adolescentes manifestó que antes de ser privados de 
libertad habían sido institucionalizados en establecimientos del INAU. En forma es¬ 
pecífica un 10% del total de los y las adolescentes expresa haber estado en institucio¬ 
nes de protección y el 66% haber estado previamente privados de libertad en el mar¬ 
co de la justicia penal juvenil. La gravedad de estos datos es evidente. 

Los tiempos de reclusión previa de los y las adolescentes refuerzan la idea del fraca¬ 
so de las intervenciones. De los 218 casos en los cuales surge dicha información, encon¬ 
tramos que 123 adolescentes estuvieron privados/as de libertad entre 0 y 6 meses, 62 
entre 6 y 12 meses, 28 entre 12 y 24 meses, y 5 adolescentes ya cargaban con más de 
dos años de privación de libertad previa. 


260 





IV. El carácter socioeducativo del castigo 

La privación de la libertad debe realizarse garantizando el trato humano y el res¬ 
peto por los derechos humanos del adolescente detenido/a 17 . Pero además de garan¬ 
tizar estos derechos, se deben desarrollar acciones que permitan neutralizar o dismi¬ 
nuir los efectos desocializadores de la privación de libertad; a estos efectos resulta 
indispensable que la intervención se oriente al fortalecimiento de los vínculos fami¬ 
liares y comunitarios. La estrategia de intervención debe dirigirse a evitar que en la 
mayor medida posible, la aplicación de la pena suponga la vulneración de otros dere¬ 
chos distintos a la libertad ambulatoria, como ser la educación, salud, entre otros 18 . 
En el lenguaje del CNA la intervención debe tener un contenido socio-educativo. Esto 
implica abordar la problemática del adolescente desde una perspectiva integral, con¬ 
templando el aspecto penal (responsabilización por su conducta) y el aspecto 
socioeducativo (dirigido a su integración familiar y comunitaria). En forma específica, 
los centros deben contar con personal técnico que tenga a su cargo la elaboración de 
una propuesta o plan socioeducativo individualizado, que prevea un régimen de con¬ 
vivencia, así como el establecimiento de estrategias para la resolución no violenta de 
los conflictos. Asimismo, es preciso que los centros cuenten con personal suficiente y 
estable, a los efectos de sostener una intervención adecuada y continua. 

De acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores los equipos de trabajo deben 
-por tanto -organizarse con una dinámica institucional que facilite además comunica¬ 
ción entre las diferentes categorías del personal 19 . Pese a esta evidente necesidad de las 
instituciones, investigaciones recientes referidas al régimen de funcionamiento de los 
centros, dan cuenta de la falta de integración de las áreas de trabajo en un proyecto 
institucional único, lo que tiene como consecuencia la confrontación entre una lógica 
custodial asociada a la seguridad y a la contención física de los y las adolescentes y otra 
lógica socioeducativa vinculada con el desarrollo de actividades de esa naturaleza. El 
resultado de esta confrontación ha sido la primacía de la contención. 

El Comité de los Derechos del Niño se ha referido a las actividades tendientes a la 
reintegración social en los siguientes términos: 

Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tiene derecho a recibir una 
enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo 
para su reinserción en la sociedad. Además, siempre que sea posible, tiene 
derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un 
futuro empleo 20 . 

17 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131 9 período ordinario de sesiones, celebrado 
del 3 al 14 de marzo de 2008, principio I. 

18 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 12 y 
87 lit. f. 

19 Reglas de Beijing, regla 22; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad, regla 84. 

20 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N 9 10. Los derechos del niño en la justicia 
de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 89. 


261 


Asimismo y desde un enfoque de derechos es preciso vincular el contenido 
socioeducativo al que refiere el CNA con la obligación del Estado de permitir a los y 
las adolescentes privados/as de libertad, el acceso a programas educativos, sin discri¬ 
minación. En el sistema justicia penal juvenil el trato y la educación de los niños debe 
orientarse a fomentar el respeto por los derechos humanos 21 tomando en cuenta la 
diversidad cultural 22 . 

La información recabada en las encuestas realizadas da cuenta de un importante 
déficit del sistema de ejecución de la privación de libertad. En efecto, tan solo el 41% 
de los y las adolescentes encuestados/as expresaron encontrarse cursando estudios, 
en más de la mitad de los casos, de educación primaria. La oferta de otro tipo de 
alternativas diferentes a la educación formal tampoco caracteriza al sistema. En tan¬ 
to, el porcentaje de adolescentes que manifestó participar en otro tipo de cursos o 
talleres es aún menor, alcanzando al 26% del total. 

En este contexto, los centros se constituyen en lugares de encierro en los cuales 
los derechos tienen escasa posibilidad de ejercicio y en donde se consolida lo carce¬ 
lario, como práctica que regula lo cotidiano pero también como moralidad 23 . 

En definitiva, la participación de los y las adolescentes en actividades 
socioeducativas constituye un contenido mínimo de la sanción privativa de libertad. 
Sin embargo, la información recabada no es alentadora en relación a este extremo. El 
incumplimiento del Estado respecto de la obligación de proveer este tipo de progra¬ 
mas tiene graves consecuencias cuando los niños están privados de libertad, pues 
ello limita sus posibilidades de reinserción efectiva en la sociedad y el desarrollo de 
sus proyectos de vida 24 . 

Las respuestas de los y las adolescentes sugieren la necesidad de ampliar y mejo¬ 
rar la oferta programática del sistema, como forma de sustentar que la intervención 
se encuentre direccionada hacia su reinserción. La oferta y su nivel de cobertura se 
presentan como débiles, y sería necesario un estudio con mayor profundidad para 
poder orientar cambios futuros que aparecen como indispensables. Este tipo de pro¬ 
gramas más allá de ser obligatorios, constituyen un medio fundamental para la 
implementación de una intervención que pueda tener efectos mensurables en lo que 
refiere a la reinserción y la reducción de la reincidencia. 


21 CDN, artículo 29.1 b); Comité de los Derechos del Niño, Observación general N 9 1, Propósitos de 
la Educación, CRC/GC/2001/1,17 de abril de 2001; y Observación general N 9 10, Los derechos del niño 
en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párrafo 13. 

22 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131 9 período ordinario de sesiones, celebrado 
del 3 al 14 de marzo de 2008, principio XIII. 

23 En relación a este último aspecto véase: FRAIMAN, Ricardo y ROSSAL, Marcelo; De calles, Trancas 
y Botones. Una etnografía sobre violencia, solidaridad y pobreza urbana. Ministerio del Interior - BID, 
2012, pág. 219 y ss. 

24 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párrafo 174. 


262 


V. Condiciones materiales y dignidad 

El derecho internacional de los derechos humanos es claro al sostener las con¬ 
diciones en las que se desarrolla la privación de libertad debe ser respetuosa de la 
dignidad de los y las adolescentes. Es así que la CDN en su artículo 37 literal c) 
dispone que: 

Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto 
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que 
se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad [...]. 

Asimismo, en el ámbito regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha expresado que la privación de libertad tiene como consecuencia ineludible, la afec¬ 
tación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad perso¬ 
nal, como ser las restricciones a los derechos de privacidad y de intimidad familiar, 
que constituyen un efecto colateral de la propia privación de libertad. Pero la afecta¬ 
ción de otros derechos debe limitarse de manera rigurosa 25 : 

[...] puesto que toda restricción a un derecho humano sólo es justificable 
ante el Derecho Internacional cuando es necesaria en una sociedad demo¬ 
crática 26 . 

Por tanto, los Estados deben procurar a los y las adolescentes privados/as de li¬ 
bertad las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen 
en los centros de detención 27 . En forma específica el espacio físico de los centros de 
privación de libertad debe asegurar el respeto de la dignidad y la salud de los niños 
privados de libertad 28 . Los Estados deben reglamentar las condiciones mínimas de 
superficie, ventilación, acceso a la luz natural y artificial, agua potable y servicios e 
insumios para la higiene 29 . 

En cuanto al medio físico, los datos que nos han proporcionado las encuestas 
realizadas son variados. La mayoría de los y las adolescentes se encuentra alojada en 
espacios grupales; tan solo el 4% manifestó encontrarse en celdas individuales, mien- 


25 Cf. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 
1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, párrafo 57. 

26 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párrafo 154. Ver también: Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párrafo 108; Caso 
Maritza Urrutia, párrafo 87; Caso Juan Humberto Sánchez, párrafo 96; Caso "Cinco Pensionistas", párrafo 
116; y artículo 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económi¬ 
cos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. 

27 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párrafos 159 y 164. 

28 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, reglas 12, 
13 y 87, inc. f.; Reglas de Beijing, regla 27. 

29 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N 9 10, Los derechos del niño en la justicia 
de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párrafo 89. 


263 


tras que el 29% comparten el espado con otra persona; también el 29% con otras dos 
personas, el 23% entre cuatro y cinco personas y en los restantes casos se encuentran 
alojados en espacios compartidos con más de seis adolescentes. 

En general, los y las adolescentes disponen de sábanas y frazadas así como de 
algunos insumos de limpieza. Asimismo, los espacios generalmente tienen ventanas 
y electricidad, pero tan sólo el 12% de los y las adolescentes manifiesta poder utilizar 
algún método de calefacción para las celdas en el invierno. Esto resulta preocupante 
frente a la información de que uno de cada tres adolescentes encuestados/as ha refe¬ 
rido a la inexistencia de vidrios en las aberturas. 

Los y las adolescentes privados/as de libertad tienen derecho a una alimentación 
adecuada y suficiente. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad en este sentido disponen que: 

[tjodos los centros de detención deben garantizar que todo menor dispon¬ 
ga de una alimentación adecuadamente preparada y servida a las horas acos¬ 
tumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las normas de la dietética, 
la higiene y la salud y, en la medida de lo posible, las exigencias religiosas y 
culturales. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y 
potable 30 . 

Es preciso por tanto que los centros proporcionen una dieta nutritiva que tenga 
en cuenta sus características personales y las actividades que lleven a cabo en la ins¬ 
titución. Los alimentos deben además ser preparados y servidos de forma higiénica 
por lo menos en tres comidas al día, con intervalos razonables entre ellas 31 . 

En cuanto a este aspecto la información recabada en las encuestas muestra que 
la mayoría de los y las adolescentes expresa recibir el desayuno (89%), el almuerzo 
(98%), merienda (92%) y la cena (95%). Sin embargo, al ser interrogados en relación a 
si el alimento que reciben es suficiente o no, el 30% de los y las adolescentes conside¬ 
ra que es insuficiente. 

VI. Los y las adolescentes y la atención sanitaria 

En relación a los y las adolescentes privados/as de libertad, el Estado debe garan¬ 
tizar el acceso a programas de salud, incluso programas de salud preventiva y educa¬ 
ción sanitaria. También a programas especiales de salud sexual y reproductiva, salud 
bucal, prevención del VIH-SIDA, salud mental, tratamientos para adolescentes de¬ 
pendientes de sustancias psicoactivas, programas especiales para prevenir el suicidio 
y la automutilación, entre otros 32 . Las Reglas de las Naciones Unidas para la protec¬ 
ción de los menores privados de libertad disponen que: 


30 Regla 37. Ver asimismo: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), (29 Q período de sesiones 2002), Doc. HRI/GEN/l/Rev.7 at 117. 

31 European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, párrafos 68.1 y 68.2. 

32 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 51. 


264 


Todo menor deberá recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como 
correctiva, incluida atención odontológica, oftalmológica y de salud mental, 
así como los productos farmacéuticos y dietas especiales que hayan sido 
recetados por un médico. Normalmente, toda esta atención médica debe 
prestarse cuando sea posible a los jóvenes reclusos por conducto de los 
servicios e instalaciones sanitarios apropiados de la comunidad en que esté 
situado el centro de detención, a fin de evitar que se estigmatice al menor y 
de promover su dignidad personal y su integración en la comunidad 33 . 

Uno de los aspectos más importantes en referencia a la atención sanitaria es el 
que se vincula con la necesidad de realizar exámenes médicos a los y las adolescentes 
al ingresar a los centros de privación de libertad. La información recabada da cuenta 
de un importante incumplimiento del referido estándar, en la medida que el 64% de 
los y las adolescentes encuestados/as han expresado que no se le han realizado exᬠ
menes de salud al ingreso al centro de privación de libertad. 


¿Te hicieron 
exámenes de 


salud al ingresar 


al centro? 

Porcentaje 

SI 

33.8 

NO 

64.7 

SD 

1.5 

Total 

100.0 


En definitiva, 110 adolescentes refirieron a la realización de este tipo de estudios. 
En 90 de esos casos los y las adolescentes manifiestan que se incluyó la realización de 
un examen de sangre. 

En cuanto al acceso a servicios de salud durante la privación de libertad encontra¬ 
mos que el 46% expresó haber necesitado asistencia médica en algún momento y un 
20% manifestó sufrir una enfermedad que requiere tratamiento. Las respuestas dan 
cuenta que en 116 de dichos casos, los y las adolescentes pudieron efectivamente 
acceder a una consulta médica, y que tan sólo 14 de los y las adolescentes que expre¬ 
saron sufrir enfermedades reciben un tratamiento durante la privación de libertad. 

En relación a las afecciones de salud, una situación específica es la referida a la 
salud bucal o dental; en este caso encontramos que 147 adolescentes expresan tener 
caries y otros problemas odontológicos, pero solo 109 de ellos refirieron que se les 
han realizado controles especializados en los centros. 

Otro aspecto específico que ha sido indagado es el referido a la salud sexual y 
reproductiva. La información recabada nos ¡lustra acerca de un importante número 


33 Regla 49. En referencia al derecho a la salud ver: El derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22 g perío¬ 
do de sesiones, 2000), Doc. E/C. 12/2000/4. 


265 





de casos en los que los y las adolescentes manifiestan que en las relaciones sexuales 
que han mantenido antes de la reclusión no utilizaban preservativos. Concretamen¬ 
te, de los 292 adolescentes que expresaron haber mantenido relaciones sexuales con 
regularidad, 59 de ellos informaron no haber utilizado preservativos. Asimismo, úni¬ 
camente el 21% del total de los y las adolescentes encuestados manifestaron haberse 
realizado exámenes médicos para detectar enfermedades de transmisión sexual. 

En relación a la salud mental de la población adolescente privada de libertad es 
preciso mencionar la inexistencia de dependencias específicas en el sistema, dotadas 
de personal adecuado. Los estándares internacionales son muy claros además en 
que los dispositivos relativos a la protección de la salud de los niños, no deben ser 
utilizados con objetivos distintos a los médicos y debe informarse a los y las adoles¬ 
centes de los motivos de los distintos tratamiento que se disponen 34 . 

Adicionalmente, organismos internacionales como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos han expresado que las malas condiciones de reclusión conlleva 
necesariamente una afectación de su salud mental, en tanto repercuten desfavora¬ 
blemente en el desarrollo psíquico de su vida e integridad personal 35 . 

La información recabada indica que existe un importante número de adolescen¬ 
tes privados/as de libertad que consume psicofármacos en forma periódica, lo que 
debería ser consecuencia de la existencia de patologías psiquiátricas. Ello sucede en 
el 64,5% de los y las adolescentes encuestados/as. Preguntados sobre la especifici¬ 
dad de los medicamentos consumidos incluyen respuestas como: las drogas mencio¬ 
nadas por los y las adolescentes son variadas e incluyen las siguientes según sus res¬ 
puestas: clonazepam (Clonoten), benzodiacepina (Diazepam), flunitrazepam (Parnox), 
quetiapina, risperidona, oxibutinina clorhidrato (Incontin), etopropazina (Parsidol), 
topiramato (Topamax), entre otros. Asimismo, en buena parte de los casos los y las 
adolescentes expresan estar recibiendo más de uno de estos fármacos y otros de los 
cuales desconocen el nombre. 

Tampoco son identificadas dependencias específicas con personal adecuado para 
atender el consumo problemático de sustancias psicoactivas, en el marco del sistema 
de gestión de la privación de libertad que ha sido incluido en el presente estudio. 
Conviene recordar que las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad, disponen que: 

Los centros de detención de menores deberán organizar programas de pre¬ 
vención del uso indebido de drogas y de rehabilitación administrados por 
personal calificado. Estos programas deberán adaptarse a la edad, al sexo y 
otras circunstancias de los menores interesados, y deberán ofrecerse servi- 


34 Sobre el uso de medicamentos ver: Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los meno¬ 
res privados de libertad, regla 55. 

35 Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párrafo 168. 

266 


dos de desintoxicación dotados de personal calificado a los menores toxicó- 
manos o alcohólicos 36 . 

La inexistencia de un servicio adecuado que brinde este tipo de tratamientos cons¬ 
tituye un incumplimiento de una obligación del Estado de proteger los derechos de 
todos los y las adolescentes que se encuentran bajo su jurisdicción y en este caso, 
también bajo su custodia. 

La información recabada da cuenta de que del 30% de los y las adolescentes que 
expresó su interés en acceder a un programa para adicciones, tan sólo la mitad mani¬ 
festó haber accedido a algún tipo de tratamiento. Esto es especialmente grave te¬ 
niendo en cuanta la relevancia que se le ha dado al problema del consumo problemᬠ
tico de sustancias por parte de las autoridades, como factor explicativo de la delin¬ 
cuencia juvenil en nuestro país. 

Vil. Procedimientos y sanciones disciplinarias 

Al aplicar procedimientos disciplinarios, las autoridades deben observar las ga¬ 
rantías del debido proceso, aplicar las sanciones en forma imparcial, utilizar criterios 
objetivos para el desarrollo de dicha actividad, previéndose la posibilidad de control 
judicial 37 . 

El artículo 102 del CNA refiere a los principios especiales de la privación de libertad 
y en su numeral 2 q reconoce el derecho de los y las adolescentes privados/as de liber¬ 
tad a conocer el régimen interno, a fin de comunicarse personalmente con el juez, el 
fiscal, el defensor, los educadores y familiares, y a ejercer efectivamente ese derecho. 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad disponen que: 

Las leyes o reglamentos aprobados por la autoridad administrativa compe¬ 
tente deberán establecer normas relativas a los siguientes puntos, teniendo 
plenamente en cuenta las características, necesidades y derechos funda¬ 
mentales del menor: a) la conducta que constituye una infracción a la disci¬ 
plina b) el carácter y duración de las sanciones disciplinarias que se pueden 
aplicar; c) la autoridad competente para imponer esas sanciones; d) la auto¬ 
ridad competente en grado de apelación 38 . 

El Comité de los Derechos del Niño se ha referido a los procedimientos disciplina¬ 
rios, estableciendo que: 

Toda medida disciplinaria debe ser compatible con el respeto de la dignidad 
inherente del menor y con el objetivo fundamental del tratamiento 


36 Regla 54. 

37 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131 9 período ordinario de sesiones, celebrado 
del 3 al 14 de marzo de 2008, principios II, ¡n fine y XXII. 

38 Regla 67. 


267 


institucional; deben prohibirse terminantemente las medidas disciplinarias 
que infrinjan el artículo 37 de la Convención, en particular los castigos cor¬ 
porales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda 
solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la 
salud física o mental o el bienestar del menor 39 . 

Es preciso subrayar la importancia de que se garantice que los y las adolescen¬ 
tes al ingresar a los centros sean informados de sus derechos, proporcionándoles 
información relativa a los reglamentos internos. Los y las adolescentes deben ser 
informados al ingreso, de las normas que rigen el centro, de forma que puedan 
comprenderlas 40 . 

La información recabada es significativa en relación al incumplimiento de varios 
de los estándares referidos. Asimismo, en lo que tiene que ver con la existencia de un 
reglamento disciplinario del centro, únicamente el 52% de los y las adolescentes 
encuestados/as expresó conocerlo. Pero pese a ello, las respuestas nos ¡lustran acer¬ 
ca de la periódica utilización de sanciones disciplinarias. Concretamente, 187 de los y 
las adolescentes manifestó haber sido sancionado/a al menos una vez en los centros 
(57%). Las sanciones a las cuales refieren las respuestas son variadas: 122 adolescen¬ 
tes expresaron haber sido sometidos a medidas de privación de patio, 53 adolescen¬ 
tes expresaron haber sido sometidos a medidas de aislamiento, 20 fueron privados/ 
as de acceder a talleres o cursos, también 20 privados/as de comunicarse 
telefónicamente con el exterior y a 16 se les privó la visita. Cabe citar que las sancio¬ 
nes suelen incluir medidas simultáneas como prohibición de patio y visitas, prohibi¬ 
ción de comunicación telefónica y visitas; el aislamiento justamente implica la aplica¬ 
ción de toda la gama de medidas. 

En referencia a las medidas disciplinarias, se encuentran prohibidas por la norma¬ 
tiva internacional todas aquellas que impliquen trato cruel, inhumano o degradante, 
así como los castigos corporales, la reclusión en una celda oscura, la pena de aisla¬ 
miento o en celda solitaria, la reducción de alimentos, la restricción o denegación del 
contacto del adolescente con sus familiares, o cualquier medida que ponga en peligro 
su salud física o mental 41 . 


39 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N g 10, Los derechos del niño en la justicia 
de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párrafo 89. 

40 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, 
regla 23. CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131 Q período ordinario de sesiones, celebrado 
del 3 al 14 de marzo de 2008, principio IX.1. 

41 CDN, artículos 19 y 37; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados 
de libertad, reglas 66 y 67; Reglas de Beijing, regla 17.3; Directrices de Riad, directriz 54; y Directrices de 
Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal, directriz 18. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Maritza Urrutia, Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párrafo 87; 
Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párrafo 
164; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrafo 150; y Caso 
"Instituto de Reeducación del Menor", Sentencia de 2 de setiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafo 
167. En el mismo sentido: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer 


268 


VIII. Contacto con el sistema de justicia 

El proceso penal juvenil requiere necesariamente la Intervención de diversos su¬ 
jetos: el Juez, el Ministerio Público y la defensa del/la adolescente con actores del 
sistema que tienen una fundamental relevancia. El estudio realizado ha tomado en 
cuenta esta particularidad a la hora de Indagar sobre la aprehensión de los y las ado¬ 
lescentes privados/as de libertad con respecto a su pasaje por el sistema judicial, 
para entender de qué manera ellos y ellas logran identificar y diferenciar los roles de 
los distintos agentes del proceso. Dicha posibilidad de aprehensión está condiciona¬ 
da a que las personas logren autoperclbirse como sujetos activos del proceso. Sin 
embargo, la imposición jerárquica de la norma los convierte en sujetos pasivos, de¬ 
jando poco espacio al conocimiento y al diálogo con los operadores que deciden su 
suerte. Asimismo, muchas veces las personas privadas de su libertad no cuentan con 
información relativa al proceso, razón por la cual su capacidad de acción e Incidencia 
sobre lo que le ocurre queda fuertemente condicionada 42 . 

Un aspecto esencial de las garantías del debido proceso es el reconocimiento del 
derecho a la defensa. La Constitución Nacional reconoce la importancia de este de¬ 
recho al prever en su artículo 16 la actuación de la defensa en los procesos penales y 
al exigir que la declaración del acusado sea tomada en presencia de un abogado de¬ 
fensor. En efecto, para que un proceso penal se desarrolle en forma adecuada a las 
garantías antes mencionadas, es preciso que la persona de quien se alega que ha 
cometido un delito pueda participar efectivamente en el juicio y para ello necesita 
comprender las acusaciones y las posibles consecuencias y penas, a fin de que su 
abogado pueda impugnar testigos, hacer una exposición de los hechos y adoptar de¬ 
cisiones apropiadas con respecto a las pruebas, los testimonios y las medidas que se 
impongan. En el caso del sistema penal juvenil, el derecho a la defensa tiene una 
relación muy directa con el servicio que brinda el Poder Judicial de defensa pública o 
de oficio. En efecto, tan solo en el 13% del total de adolescentes preguntados/as 
expresan tener un abogado particular o privado. 

La información recabada de los y las adolescentes privados/as de libertad nos 
ha permitido verificar la existencia de una importante distancia entre los mismos y 
los operadores del sistema de administración de justicia. Tan sólo el 57% afirmó 
conocer a su abogado defensor. Asimismo, de éstos tan sólo el 56%, esto es el 32% 


Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado 
en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 
31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, regla 31. 

42 Para profundizar sobre los principales problemas y dificultades de la justicia penal juvenil en Uru¬ 
guay, ver: PALUMMO, Javier; Justicia Penal Juvenil. Realidad , perspectivas y cambios en el marco de la 
aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en Maldonado, Montevideo , Paysandú y Salto; Fun¬ 
dación Justicia y Derecho - UNICEF, Montevideo, 2010. PALUMMO, Javier (Coord.) Discurso y realidad: 
Segundo informe de aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en Maldonado , Montevideo y 
Salto; UNICEF, OSJ, Montevideo, 2009; y Discurso y realidad: Informe de aplicación del Código de la 
Niñez y la Adolescencia en Maldonado > Montevideo y Salto, UNICEF, MNGV, Montevideo, 2006. 


269 


del total de los y las encuestados/as, sabe cómo contactarse con el mismo, en caso 
de necesitarlo. 


¿Conocés a tu 
abogado? 

Porcentaje 

SI 

57.4 

NO 

41.5 

SD 

1.2 

Total 

100.0 


Los y las adolescentes generalmente ven a su abogado en el juzgado: de los 211 
adolescentes que respondieron a dicha pregunta, 136 expresaron que vieron a su 
defensor en el juzgado por última vez y 74 que la última vez que lo vieron fue estando 
privados/as de libertad en el centro correspondiente. 

Una situación similar es la que ocurre respecto del Juez de la causa. En este caso 
encontramos que únicamente el 57% de los y las adolescentes encuestados/as expre¬ 
saron saber quién es el mismo. 

Es preciso mencionar que el artículo 100 del CNA refiere al control que deben 
ejercer los jueces sobre las medidas por ellos impuestas. Establece la obligación de 
que visiten por lo menos cada tres meses los centros de privación de libertad y dejen 
constancia del resultado en el expediente respectivo, sin perjuicio de las inspecciones 
que realicen cada vez que lo consideren oportuno. Este artículo les otorga competen¬ 
cia a los jueces con competencia en materia de adolescentes del lugar donde se cum¬ 
ple la medida para realizar la vigilancia, el control y el seguimiento de las medidas 
socioeducativas. Asimismo, deben entender en los casos de reclamos de los y las 
adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los estableci¬ 
mientos como fuera de ellos. Este tipo de control jurisdiccional debe formar parte 
integral de un sistema para proteger a las personas que se encuentran privadas de la 
libertad. 

IX. Contacto con el mundo exterior 

En orden de favorecer la integración social de los y las adolescentes, el contacto 
con su familia, amigos y comunidad es especialmente relevante. La razón por la cual 
las visitas son tan importantes es que son su vínculo con el mundo exterior y minimi¬ 
zan en alguna medida los daños que el encierro provoca en sus redes vinculares y de 
interacción. Por lo que en la ejecución de las medidas privativas de libertad, se debe 
respetar el derecho del/la adolescente de tener contacto con su familia, comunidad y 
amigos 43 . 


43 CIDH, Informe No. 38/96, Caso 10.506 (Argentina), 15 de octubre de 1996. 


270 





¿Recibís visitas? 

Porcentaje 

SI 

83.1 

NO 

15.4 

NC 

.3 

SD 

1.2 

Total 

100.0 


Tal como surge del cuadro, el 83% de los y las adolescentes encuestados/as reci¬ 
ben visitas mientras se encuentran en los centros de privación de libertad. Esto repre¬ 
senta un total de 272 adolescentes que reciben visitas, generalmente de sus madres 
(214 adolescentes), sus parejas (97), en menor medida de sus padres (78), de sus 
hijos (21), amigos (15). Sin perjuicio de que es usual la presencia en la visita de otros 
familiares diferentes a los mencionados anteriormente. 

Asimismo, de los casos en los que los y las adolescentes expresan no recibir visi¬ 
tas, los motivos identificados son variados, destacándose los económicos, los relati¬ 
vos a la distancia existente entre el centro donde se encuentra y el domicilio de su 
familia, así como la existencia de conflictos familiares. 

El contacto con el exterior también puede desarrollarse por medio de la posibili¬ 
dad de recibir correspondencia así como de poder tener salidas autorizadas 44 o reci¬ 
bir visitas regulares y frecuentes 45 . 


¿Tenés salidas 
transitorias o 

licencias? 

Porcentaje 

SI 

15.8 

NO 

82.7 

NC 

.3 

SD 

1.2 

Total 

100.0 


Las circunstancias que motivan las salidas, son principalmente la posibilidad de 
concurrir a su hogar familiar y, en menor medida, son autorizaciones laborales. 

Bajo los estándares internacionales, el/la adolescente tiene además derecho a 
recibir correspondencia periódicamente y a comunicarse por escrito o por teléfono al 


44 La posibilidad de que el adolescente obtenga autorizaciones para salir de los centros será tratada 
en el capítulo... 

45 CDN, art. 37, c.; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 
libertad, regla 60; Reglas de Beijing, regla 26.5.; las Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de 
justicia penal en su directriz 20, permite restringir las visitas familiares en aras del interés superior del 
niño; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 32. 


271 








menos dos veces por semana con quien lo desee 46 . En todo caso debe respetarse el 
acceso a información a través de los medios de comunicación 47 , intimidad del adoles¬ 
cente, el respeto de su vida privada y de la confidencialidad de sus comunicaciones. 
La información recabada en el marco del presente estudio nos permite verificar la 
existencia de algunas limitaciones en el acceso. Por ejemplo, de acuerdo a las res¬ 
puestas, el 35% de los y las adolescentes expresó tener problemas en el acceso libre 
a un teléfono público. 

Otra de las formas de mantener contacto con el exterior está dada por los medios 
de comunicación. En este caso observamos que el 91% de los y las adolescentes acce¬ 
de a un televisor, el 77% a radio, el 32% a diarios y revistas, pero tan sólo un 5% a 
Internet. El contacto del niño con su familia y su comunidad es indispensable para 
promover la integración social de los y las adolescentes, siendo la única forma de 
contrarrestar-al menos en parte -el deterioro y el perjuicio que tiene sobre el niño la 
privación de libertad. 


X. Peticiones y denuncias 

Una de las principales debilidades de los sistemas de justicia juvenil en la región, 
es la ausencia de medios efectivos para presentar quejas sobre presuntas violaciones. 
La situación de Uruguay no es excepcional en relación a este aspecto. 

Los y las adolescentes privados/as de su libertad, conforme lo expresado en los 
numerales l q y 5 9 del artículo 102 del CNA, tienen derecho a estar informados sobre 
el régimen de funcionamiento institucional y el régimen de convivencia. Ello implica 
el conocimiento de un reglamento con previsiones concretas en cuanto a procedi¬ 
mientos para el planteo de sugerencias y quejas a la institución. El Comité de los 
Derechos del Niño ha expresado al respecto: 

Todo niño tendrá derecho a dirigir, sin censura en cuanto al fondo, peticiones o 
quejas a la administración central, a la autoridad judicial o a cualquier otra auto¬ 
ridad competente e independiente, y a ser informado sin demora de la respues- 


46 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, regla 61: 

Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por teléfono, al menos dos veces por 

semana, con la persona de su elección, salvo que se le haya prohibido legalmente hacer uso de este 
derecho, y deberá recibir la asistencia necesaria para que pueda ejercer eficazmente ese derecho. Todo 
menor tendrá derecho a recibir correspondencia. 

47 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131 9 período ordinario de sesiones, celebrado 
del 3 al 14 de marzo de 2008, principio XVIII in fine; y Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
los menores privados de libertad, regla 62: 

Los menores deberán tener la oportunidad de informarse periódicamente de los acontecimientos 
por la lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, mediante el acceso a programas de radio y tele¬ 
visión y al cine, así como a través de visitas de los representantes de cualquier club u organización de 
carácter lícito en que el menor esté interesado. 


272 


ta; los niños deben tener conocimiento de estos mecanismos y poder acceder a 
ellos fácilmente 48 . 

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de toda 
persona detenida a presentar quejas o denuncias por actos de tortura, violencia 
carcelaria, castigos corporales, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así 
como por las condiciones de reclusión o internamiento, por la falta de atención médi¬ 
ca o psicológica, y de alimentación adecuadas 49 . En el mismo sentido el Comité de los 
Derechos del Niño ha señalado que: 

Todo niño tendrá derecho a dirigir, sin censura en cuanto al fondo, peticio¬ 
nes o quejas a la administración central, a la autoridad judicial o a cualquier 
otra autoridad competente e independiente, y a ser informado sin demora 
de la respuesta; los niños deben tener conocimiento de estos mecanismos y 
poder acceder a ellos fácilmente 50 . 

El Experto Independiente de Naciones Unidas para el estudio de la violencia con¬ 
tra los niños, también se ha referido a la necesidad de que se establezcan: 

[...] mecanismos seguros, bien publicitados, confidenciales y accesibles para 
los niños, sus representantes y otras personas para denunciar la violencia 
contra los niños 51 . 

La información recabada pone en evidencia que únicamente el 41% de los y las 
adolescentes encuestados/as manifestaron conocer la existencia de un mecanismo 
para presentar quejas o denuncias. Los y las adolescentes que los han utilizado, re¬ 
presentan el 17% del total de encuestados/as y reconocen en forma mayoritaria que 
la presentación de las quejas no les asegura anonimato alguno, lo que es especial¬ 
mente preocupante dado que la denuncia es presentada ante el mismo personal del 
centro en el que se encuentran. 

Definitivamente el mecanismo de queja al cual refieren los y las adolescentes no 
se ajusta a los estándares del derecho internacional. Los mecanismos además de ser 
conocidos por los y las adolescentes y sus familias, deben dar lugar a investigaciones 
y a resoluciones fundadas que admitan la posibilidad de ser recurridas. Los procesos 
de quejas o denuncias garantizarán los derechos de los niños a ser oídos y a recibir 
asistencia de un abogado 52 . Adicionalmente, deben preverse medidas de protección 


48 Observación general N 9 10. Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de 
abril de 2007, párr. 89. 

49 CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131 9 período ordinario de sesiones, celebrado 
del 3 al 14 de marzo de 2008, principio V. Asimismo ver: CIDH, Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos 
Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/ll., doc. 78,13 julio 2011. 

50 Comité de los Derechos del Niño, Observación general N 9 10, Los derechos del niño en la justicia 
de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 89. En el mismo sentido Reglas de La Habana, reglas 
75 y 76. 

51 Informe del Experto Independiente de Naciones Unidas para el estudio de la violencia contra los 
niños, A/61/299, 29 de agosto de 2006, párr. 104. 

52 Reglas de La Habana, reglas 25 y 78. 


273 


contra posibles represalias y deben existir mecanismos que posibiliten la presenta¬ 
ción de quejas y peticiones en forma anónima. Este tipo de mecanismos es especial¬ 
mente relevante cuando nos encontramos ante situaciones de violencia hacia los y 
las adolescentes privados de libertad. 

Los y las adolescentes encuestados/as fueron preguntados acerca de si en alguna 
oportunidad fueron víctimas de violencia por parte de los funcionarios estatales du¬ 
rante la privación de libertad. El 11% del total de adolescentes encuestados/as expre¬ 
só que ello había ocurrido. Las requisas son identificadas por los y las adolescentes 
como un momento en el que es usual que se den este tipo de situaciones, pero tam¬ 
bién los casos de conflictos internos y motines. En prácticamente la totalidad de es¬ 
tos casos los y las adolescentes no formularon denuncia alguna. 

Una información más grave es la recabada en relación a la circunstancia de haber 
sido víctima de violencia policial. 


¿Alguna vez 
fuiste víctima de 

violencia física 
por parte de los 
funcionarios 
policiales? 

Porcentaje 

SI 

75.8 

NO 

22.7 

SD 

1.5 

Total 

100.0 


Este tipo de situaciones, según los y las adolescentes encuestados/as, ha ocurrido 
principalmente en el marco del proceso policial de detención, pero también en los 
motines y en episodios de intento de fuga. En el 10% de los casos en los que han 
ocurrido estos hechos, los y las adolescentes han realizado denuncias. 

Más allá de la posible existencia de situaciones concretas de violencia y abuso de 
la fuerza por parte de los propios funcionarios, el entorno en el que se desarrolla la 
privación de libertad constituye una forma de violencia estructural, que atenta con¬ 
tra la finalidad del sistema, que genera aún más deterioro y que perjudica seriamente 
las posibilidades de integración social de los y las niños/as que han sido privados de 
libertad. Los esfuerzos del Estado por tanto deben dirigirse a erradicar la violencia, 
tanto en lo que refiere a evitar situaciones que impliquen directamente una violación 
de la integridad de los y las niños privados/as de libertad cualquiera sea el autor de la 
misma, sino también eliminando las violencia estructural derivada de las condiciones 
inadecuadas de encarcelamiento. 


274 





XI. Conclusiones 


La sociedad suele pensar que ocurren cosas positivas cuando un/a adolescente 
ingresa a los centros de privación de libertad. Sin embargo, se trata de uno de los 
escenarios en los que se han registrado las violaciones más graves de derechos de la 
infancia y la adolescencia. En algunos casos, se prefiere perder de vista lo que ocurre 
en la realidad y creer que lo que está sucediendo es algo positivo para los y las niños/ 
as. Entre tanto, en muchos casos ellos viven en condiciones aún más duras que los y 
las adultos/as prlvados/as de libertad. Se trata por tanto de un problema que mues¬ 
tra la distancia entre (la realidad de) la forma en que las cosas son para los y las 
adolescentes y las formas que el mundo adulto quiere pensar que son. Esta circuns¬ 
tancia se encuentra detrás del discurso de las personas, operadores y representantes 
políticos que repiten que el sistema requiere un aumento de la severidad y penas 
mayores. 

La privación de libertad como medida socloeducatlva supone una evidente res¬ 
tricción de derechos, pero normativamente debería estar acompañada por un com¬ 
ponente socloeducatlvo. Sin embargo, por su estructura potencia sus consecuencias 
negativas, que recaen completamente en los y las adolescentes, dejando marcas en 
sus saberes, sus vínculos y en sus propios cuerpos. Las medidas socloeducatlvas de¬ 
ben dotar a los y las adolescentes de las herramientas necesarias para reintegrarse a 
la sociedad y de conformidad con el artículo 102 del CNA, deben evitar los efectos 
perjudiciales de la ¡nstltuclonallzaclón. La participación de los y las adolescentes en 
actividades socloeducatlvas constituye un contenido mínimo de la sanción privativa 
de libertad. Pero en todo caso, hay que considerar que los fines de la justicia penal 
juvenil deben ser modestos y no pretender, únicamente a través de la misma, subsa¬ 
nar deficiencias sociales, educativas o conductuales de los y las adolescentes 53 . 

Los y las adolescentes privados de libertad tienen importantes dificultades para 
poder gozar de sus derechos estando privados/as de libertad. Especialmente, en re¬ 
ferencia al derecho a la educación, a la formación, a la salud (incluida la salud mental 
y los tratamientos especiales). En muchos casos existe una preeminencia de las lógi¬ 
cas custodíales, que terminan determinando la existencia y el funcionamiento de los 
programas educativos. En esas circunstancias, la Intervención desconoce la perspec¬ 
tiva Integral y la sanción termina transformándose en contención y encierro. Lo ex¬ 
presado no significa perder de vista la perspectiva custodlal. Los y las adolescentes 
que se encuentran en los centros están prlvados/as de libertad y el sistema debe 
asegurar que no existan fugas. Pero la perspectiva debe conjugar control con 
reinserción; sin ello las Intervenciones no tendrán impacto alguno en términos de 
seguridad. 

Con la aprobación del CNA mucho debía cambiar, pero no fue demasiado, y el 
paso del tiempo ha dado cuenta de que existe el riesgo de que se estanque el espera- 

53 Cf. TIFFER, Carlos; Ley de Justicia Penal Juvenil. Comentada y concordada; 3 a . Ed., EJC, San José 
C. F¡., 2011, p. 386 


275 


do proceso de cambio, que se perpetúe la situación actual o, en el peor de los casos, 
que comience un retroceso. Hay por tanto una ostensible brecha entre los objetivos 
y garantías que explícitamente prevé la ley y los medios —materiales, personales, 
institucionales y técnicos—que se han dispuesto para su aplicación 54 . 

En el escenario actual es indispensable racionalizar el uso y crecimiento de la 
privación de libertad de los y las adolescentes. El aumento constante del número de 
adolescentes privados/as de libertad puede ser causa, en el corto y mediano plazo, 
de un aumento del hacinamiento y sobrepoblación, lo que condicionará fuertemente 
la posibilidad de que se desarrollen actividades socioeducativas y fortalecerá la lógica 
penitenciaria y custodial. El resultado de un sistema que opere en dichas condiciones 
no va a ser el de la reducción de la reincidencia y aumento de la seguridad de la 
población. Asimismo, el aumento de presupuesto sin resultados demostrables, favo¬ 
recerá la situación de crisis y emergencia permanente del sistema. 

Frente al crecimiento de la población adolescente en las instituciones penales, es 
preciso formular una propuesta alternativa, en el entendido de que no todo castigo 
penal debe ser privación de libertad. Pero estas alternativas deben poder ser medidas 
en cuanto a su eficacia y costos, para fortalecer su posición en el elenco de respuestas 
posibles. Esta es la única respuesta racional, pero requiere por parte de actores políti¬ 
cos y autoridades, asumir sus costos y asumir responsablemente una política criminal 
que reserve la privación de libertad para los casos de infracciones graves. El listado de 
tentativas orientadas a endurecer el sistema penal es tan largo, como el de fracasos de 
un modelo que se presenta como formas de venganza, gestos simbólicos de poder o 
rituales políticamente orquestados de solidaridad mecánica 55 . El juego de utilizar el 
Derecho Penal para justificar simbólicamente un estado de cosas que no interesa, o no 
se conoce, o no se sabe enfrentar de otra manera, hace de la criminalización el gran 
problema de nuestra democracia y de los derechos humanos 56 . 

La minimización de la violencia institucional e ¡nterpersonal en la privación de 
libertad requiere primordialmente establecer o restablecer la comunicación. Para ello 
se necesitan procedimientos adecuados para recibir sugerencias y quejas de los jóve¬ 
nes y articular los conflictos de convivencia. La generación de espacios de circulación 
de la palabra es una medida que ¡mpacta sobre las prácticas cotidianas, las que termi¬ 
nan siendo resignificadas en un marco de apertura orientado al manejo y la gestión 
de conflictos que son connaturales a estas instituciones. 

Es necesario contar con una institucionalidad que facilite el diálogo 
interinstitucional e intersectorial, buscando resultados efectivos en términos de rein¬ 
tegración social y reducción de la reincidencia. En medio de un proceso de crecimien- 

54 Cf. PALUMMO, Javier; Justicia penal juvenil en Uruguay, en: Revista de Derecho Penal y Procesal 
Penal , No. 7, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 1169 y ss. 

55 Cf. GARLAN D, David; La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea; 
Ed. Gedisa, Barcelona, 2005, pág. 239 

56 Cf. ANIYAR DE CASTRO, Lola; Criminología de los Derechos Humanos. Criminología axiológica como 
política criminal; Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2010, p. 124. 

276 


to ¡limitado de la demanda por plazas en los establecimientos de privación de liber¬ 
tad y la construcción de nuevas cárceles, las deficiencias del sistema no pueden abor¬ 
darse únicamente por medio de reformas simbólicas, cambios de nombres e inver¬ 
sión en infraestructura. También deben realizarse a través de un cambio en la gestión 
de mismo. El aumento del gasto público asignado al sistema no se verá reflejado en 
resultados como la disminución de la reincidencia o de la sobrepoblación, si no es 
acompañado por un cambio de gestión, que implique prioritariamente el desarrollo 
de programas dedicados a la reinserción de los y las adolescentes. 

Por último, es necesario referir a la necesidad de establecer mecanismos efi¬ 
cientes para controlar con eficacia la ejecución penal, tanto desde el punto de vista 
del cumplimiento de las penas, como en lo que refiere a la protección de los derechos 
de los y las adolescentes. La legislación vigente prevé diversas modalidades de con¬ 
trol y supervisión; asimismo, la instalación de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo es un importante avance en dicho sentido. Pero la 
efectividad de los mecanismos no depende de que estén previstos en la normativa. 
Los esfuerzos deben estar dirigidos a que efectivamente los mecanismos existentes 
contribuyan a sanear al sistema. 


BIBLIOGRAFÍA 

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política criminal. Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2010, p. 124. 

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sal Penal, No. 7, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 1169 y ss. 


277 


PALUMMO, Javier M.; Justicio Peñol Juvenil. Realidad, perspectivas y cambios en el marco de 
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ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro; Derecho penal. Parte ge¬ 
neral. Ediar, Buenos Aires, 2000. 


278 


A modo de síntesis: 
propuestas y recomendaciones 


Ana Juanche 


En las últimas décadas, particularmente a partir de los años '90, ha habido un 
marcado Incremento de la utilización del sistema penal (con la privación de libertad 
como respuesta general y no como excepción) impulsado y amparado en las conductas 
que la opinión pública espera por parte del sistema de Justicia para resolver algunos 
conflictos socio-penales. La conducta penal de los jueces, pragmática y eficientista, 
busca dar respuestas efectivas y «tranquilizadoras» a una población «asolada» por el 
temor al delito. Esta respueta sin embargo, es cuando menos, controvertida. No hay 
indicadores que prueben que quienes han ingresado al sistema hayan egresado de él 
en mejores condiciones para asumir el pacto social de la convivencia pacífica dentro 
del marco de la ley; más bien todo lo contrario. El alto índice de reincidencia (del 
orden de 7 cada 10 en el área metropolitana y 6 cada 10 en el total general de la 
población privada de libertad) dice de un sistema ineficiente para disuadir y rehabilitar. 
Tampoco hay elementos de rigor que avalen que quienes «observan» desde afuera 
las consecuencias de las conductas infractoras de ley, se sientan desalentados de 
incursionar en tales prácticas trasgresoras. De hecho, al menos 4 de cada 10 personas 
privadas de libertad son primarlas. 

La crisis del sistema carcelario se instaló en la agenda pública y, con altibajos, en 
la mediática. El impulso a la aceptación de la realidad, vino de la mano del discurso 
político oficialista, con la asunción del ex Presidente Tabaré Vázquez, seguido de otro 
factor exógeno: el informe del ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
Tortura, Manfred Nowak. 

El sistema político todo, no fue ajeno a los reclamos expresados a nivel 
internacional, que por otra parte colocaban Uruguay en niveles jamás experimentados 
por un país formalmente respetuoso de los derechos humanos: "Las condiciones de 
reclusión en el Penal de Libertad son peores que en la cárcel de Black Beach" 1 dijo 
Manfred Nowak comparándola con la prisión que trascendió por sus rasgos de 


1 http://www.ultimasnotidas.com.uy/hemeroteca/280309/index.html 


279 



perversidad a partir de la dictadrua de Macías, en la década de los ?70 en Guinea 
Ecuatorial. 

Entre sus recomendaciones 2 luego de la visita de evaluación figuraban: la reforma 
del sistema de administración de justicia penal (un modelo centrado en la 
resocialización, la creación de un Ministerio de Justicia, la creación de un cuerpo de 
funcionarios civiles con sólida formación técnica, la limitación al uso de la prisión 
preventiva, entre otros); el mejoramiento de las condiciones de reclusión (normas 
mínimas de habilitabilidad y acceso al trabajo y a la educación, clausurar los módulos 
de acero en el Penal de Libertad, separar procesados de condenados, garantizar 
examenes médicos en ocasión de ingresos, traslados y egresos, extender la experiencia 
de atención de salud por parte de ASSE); lucha contra la impunidad y reparación para 
las víctimas de tortura (incluir en el Código Penal a la tortura como delito independiente 
en consonancia con los artículos 1 y 4 de la Convención contra la Tortura, asegurar 
que las denuncias de tortura y malos tratos se investiguen pronta e 
independientemente por autoridades no implicadas, ampliar el mandato del 
Comisionado Parlamentario a todos los lugares de detención y velar para que se integre 
a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ofrecer reparación integral a las 
víctimas, asegurar un Mecanismo Nacional de Prevención sólido y eficiente a través 
de la adecuada dotación de recursos técnicos y económicos); modificar el sistema de 
administración de justicia penal para los menores infractores (encaminar un sistema 
de justicia moderno encaminado a la prevención y la rehabilitación, introducir 
programas de atención al consumo problemático de sustancias en los centros de 
privación de libertad para niños/as y adolescentes). 

El gobierno dio recibo al informe de recomendaciones y a través de diálogos 
interpartidarios promovió un documento que fue la hoja de ruta de la reforma que 
impulsa. A la fecha: a) se han materializado medidas de construcción y refacción de 
infraestructura para combatir el hacinamiento; se han clausurado "Las Latas" en el 
Penal de Libertad, el módulo 3 en COMCAR, la cárcel Cabildo de mujeres, las viejas 
cárceles departamentales de Rocha y Rivera, así como los sectores masculinos de la 
antigua cárcel "Las Rosas" en Maldonado; se han inaugurado establecimientos nuevos 
en Rivera, Maldonado, Lavalleja, Montevideo ("El Molino", centro para madres privadas 
de libertad que viven con sus hijos/as y Punta de Rieles); b) se ha comenzado la 
experiencia de clasificación de la población privada de libertad, para dar cumplimiento 
al deber de alojar separadamente a penados y procesados (la experiencia piloto es la 
cárcel de Punta de Rieles, aunque luego de los motines en COMCAR se ha trasladado 
población no clasificada de acuerdo a este criterio) y realojar a personas que pueden 
adaptarse a menores niveles de seguridad de acuerdo al régimen de progresividad 
(otras experiencias en este sentido son Campanero en Lavalleja, el módulo 9 en 
COMCAR, el Centro de Recuperación N° 2 en Santiago Vázquez); c) se ha comenzado 
el proceso de traspaso de cárceles departamentales a la órbita del Instituto Nacional 

2 Ver: Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Misión al Uruguay. Diciembre de 2009, págs. 23 a 25. 


280 


de Rehabilitación, institución creada a los efectos de organizar centralizadamente a 
todo el sistema carcelario nacional (el I o de agosto de 2012 se produjo el traspaso de 
la cárcel de Canelones); d) se expandió la cobertura de salud de la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) a varios de los centros metropolitanos 
(actualmente ASSE ha absorbido la atención de salud en COMCAR, Libertad, CNR, El 
Molino, Punta de Rieles y Canelones; e) se extendió notoriamente la oferta educativa 
de Educación Secundaria en varios de los establecimientos a nivel de todo el país, así 
como se aumentó el número de plazas de trabajo (a través de diferentes modalidades: 
convenios con agencias del Estado, con Intendencias Departamentales, con empresas 
privadas, proyectos autogestionados, etc.); f) se comenzó el proceso de incorporación 
de personal penitenciario de carácter civil en algunos establecimientos del área 
metropolitana (operadores escalafón "S", grados 1, 3 y 5) así como se dotó a algunos 
centros de equipos técnicos civiles, incluyendo las subdirecciones de los 
establecimientos. 

Este equipo valora muy especialmente los cambios propulsados, enfatizando que 
los mismos tendrán impacto y sostenibilidad, toda vez que estén articulados por un 
plan estratégico dirigido al establecimiento y consolidación de una política de Estado 
de carácter integral para el sistema penitenciario nacional. De no plasmarse los 
cambios en una política pública (normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos 
y servicios articulados) el esfuerzo corre el riesgo de desdibujarse luego de la gestión 
administrativa del gobierno de turno. 

Por tal razón, nuestras propuestas están orientadas a contribuir a la consolidación 
de las bases indispensables para la estructuración de dicha política pública, partiendo 
del reconocimiento del valioso recorrido transitado de 2005 a la fecha y de los vacíos 
y obstáculos identificados. 

a) Diseñar, ejecutar y evaluar una política pública a partir de una amplia consulta 
a los diversos actores implicados en el sistema 

Desde un punto de vista analítico pueden distinguirse cuatro etapas en las políticas 
públicas y en cada una de ellas existe una relación con la política: origen, diseño, 
gestión y evaluación. La articulación de la política y las políticas públicas puede ser 
mejorada en cada una de las etapas, a través del análisis y el seguimiento del plan 
estratégico ¡mplementado para su materialización. Incluso en el camino de dicha 
elaboración, puede incorporarse otro momento destinado a la discusión del 
presupuesto entre el gobierno y el parlamento: cuál será el gasto público destinado, 
de dónde provendrán los recursos, cómo y cuándo serán gastados. 

La articulación de la política pública no siempre es un proceso lineal y rígido ya 
que cada una de sus etapas tiene un carácter específico; sin embargo, 
independientemente de la consecutividad de las mismas, lo que sí debe asegurarse 
son momentos de análisis profundo político y técnico de calidad. En dichos momentos 
es fundamental el proceso de discusión social amplio y planificado, incluyendo a 


281 


aquellos sectores organizados que, por su nivel de aproximación al tema y su 
experiencia de trabajo, pueden aportar a la reflexión elementos concretos no siempre 
visibilizados desde la mirada macro. En buen criollo, se trata de perfeccionar los 
mecanismos de diálogo Estado - sociedad civil en el proceso de establecimiento de 
las políticas públicas. 

Como organizaciones proactivas en los procesos socio-políticos de nuestro país, 
marcamos la necesidad de que el Estado construya una cultura de diálogo 
multisectorial, plural e incluyente que posibilite co-construir agendas, propuestas y 
estrategias hacia el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. 
La presencia de la mirada y la opinión independientes de la sociedad civil, siempre es 
un indicador del grado de profundidad de la ciudadanía y por ende de la fortaleza de 
la democracia. 

La oportunidad que Uruguay tiene para empujar la concreción de una política 
pública de carácter integral para el sistema penitenciario, es inmejorable. Quienes 
trabajan en el terreno de lo público están sensibilizados sobre dicha necesidad, así 
como también lo están las diversas fuerzas político partidarias. La cooperación 
internacional ha concretado su voluntad de impulsarla, a través de importantes 
proyectos de apoyo a la reforma de las instituciones para personas privadas de libertad, 
así como también propuestas de fortalecimiento y acompañamiento a los diferentes 
planes de reforma en las distintas áreas implicadas. 3 

3 Las Naciones Unidas han apoyado al Estado uruguayo a través del Proyecto L - Programa Conjunto 
de " Apoyo o la reforma de los instituciones poro personas privados de libertad", en dos fases. La primera 
fase - agosto de 2010 a noviembre de 2011- tuvo como contrapartes al Ministerio del Interior, a la Junta 
Nacional de Drogas y a cinco agencias de Naciones Unidas: el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM), Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). 

Su contribución fue de US$ 495.995 y se trabajó en tres grandes líneas de acción: 

• apoyar el fortalecimiento institucional para sostener procesos de reforma de medio y largo plazo; 

• colaborar con los programas de ejecución de medidas sustitutivas a la privación de libertad y; 

• desarrollar proyectos piloto en salud, drogas, educación y trabajo. 

La segunda fase 2012/2013- es ejecutada por el Ministerio del Interior -Instituto Nacional de 
Rehabilitación-, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y 5 agencias del Sistema de 
Naciones Unidas: PNUD, ONU MUJERES, OIT especialmente a través de CINTERFOR, el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y UNODC. 

Se propone: 

• Asistir al INR en el diseño sustantivo de su nueva institucionalidad, incluye revisar su estructura 
con inclusión de una nueva estructura de género, la articulación de la cooperación internacional y el 
diseño de una estructura de monitoreo y evaluación. 

• Llevar adelante diálogos, intercambios y talleres sobre los temas sustantivos la reforma penitenciaria 
y del nuevo rol del INR. 

• Impulsar cambios legales requeridos para la reforma del sistema de administración de justicia 
penal, con la formulación, adición, o modificación de normas a las ya incorporadas al proyecto de Código 
Penal, Código Procesal Penal en proceso de discusión parlamentaria y un proyecto de ley que instaure un 
nuevo marco para el trabajo de personas privadas de libertad. 

• Colaborar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas del INR para encuadrar el trabajo de 
rehabilitación en un marco de aplicación de los Derechos Humanos, que se impulsarán a través de 

282 


La formulación de la política pública deberá tener un claro y sólido plan estratégico 
formulado al menos a través de las siguientes etapas: 

a) Establecimiento de la agenda. 

Un claro impulso en este sentido ha sido la constitución de la Comisión 
Interpartidaria sobre Seguridad Pública que produjo el Documento de Consenso citado 
muchas veces durante el transcurso de este trabajo. Es claro que no todas las demandas 
que produce la sociedad logran penetrar en el régimen político y a su vez, muchas de 
las propuestas impulsadas por el poder político tienen un escaso sustrato de demanda 
social. Frente a una fuerte demanda sobre seguridad pública, marcada por una 
concepción restrictiva sobre el concepto, se hace difícil colocar la necesidad de 
planificar y gestionar recursos al sistema de privación de libertad. Basta un paneo 
mediático para recoger el vasto repertorio de argumentos que desde el sentido común 
se oponen al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas recluidas. Sin 
embargo, la voluntad política de mejorar el sistema ha sido elocuente, no sólo a través 
de la asignación de recursos sino de la puesta en práctica de medidas concretas. La 
experiencia indica que las agendas políticas son más el resultado de la movilización 
de demandas y presiones que de un proceso racional de evaluación de necesidades, 
valores y objetivos. Los actores externos vinculados al sistema de protección de 
derechos humanos jugaron un rol fundamental en cuanto a su capacidad de 
"presionar" al Estado exigiendo la reforma. En síntesis, la agenda es clara: se propone 
la reforma integral del sistema. 


actividades de formación de formadores y personal penitenciario en las áreas de Derechos Humanos, 
Género y Gestión Laboral. 

Ver: http://www.oitcinterfor.org/hechos-y-noticias/programa-conjunto-l-apoyo-la-reforma- 
instituciones-personas-privadas-libertad 

Asimismo, la Unión Europea firmó un convenio bilateral con el Estado uruguayo para promover la 
reforma integral del sistema de justicia penal, reforzar el respeto de los DDHH y mejorar las condiciones 
de vida en los centros de reclusión. El proeycto que tiene una financiación de 5 millones de Euros persigue 
los siguientes objetivos: 

• Fortalecer la institucionalidad del Instituto Nacional de Rehabilitación del MI y del Instituto del 
Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) que transitan hacia un nuevo modelo; 

• Facilitar el tránsito hacia el nuevo sistema de responsabilidad adolescente elaborado; 

• Reforzar las condiciones de vida en los centros de internación, en apoyo a la estrategia de ASSE 
que prioriza la atención primaria en salud, la formación permanente de técnicos y la actuación ante 
casos de usos problemáticos de drogas. 

• Proporcionar formación y capacitación para el empleo a las personas privadas de libertad. 

• Estimular la reinserción laboral al egreso carcelario. 

Ver: http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portal presidencia/ 
comunicacion/comunicacionnoticias/convenio-cooperacion-union-europea-uruguay-en-seguridad 

También en el marco de la cooperación bilateral entre España y Uruguay, a través de la AECID, se 
desarrollan programas de formación para operadores penitenciarios y programas de salud ocupacional 
para funcionarios penitenciarios. 

Ver: Memoria Anual 2011 del Ministerio del Interior, disponible en: 

http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/mem_anual/interior/mi.pdf 

Ver: http://www.minterior.gub.uy/index.php/es/categoryblog/773-funcionarios-penitenciarios-se- 
entrenaran-para-disminuir-el-stress-de-su-tarea 


283 


b) Definición de los problemas 

Si bien la crisis sistémica era un dato conocido, cabe puntualizar que se debe 
diferenciar el hecho de la identificación de los problemas respecto del conocimiento 
de los mismos. A tales efectos el análisis profundo de sus componentes, así como sus 
probables causas y los efectos derivados de ellos debe ser abordado desde una sólida 
perspectiva técnica. Esta es quizás la etapa nodal en la planificación estratégica, ya 
que las experiencias comparadas muestran que muchos de los fracasos de las políticas 
públicas en la materia se deben al hecho de no haber definido correctamente los 
problemas en el inicio del plan. 

Este proyecto buscó analizar el sistema desde la perspectiva mencionada, por 
cuanto se recomienda la experiencia de integrar equipos multidisciplinarios para el 
análisis y la evaluación de las diferentes dimensiones que componen el sistema, los 
problemas detectados y las alternativas a proponer. Tal equipo debiera constituirse 
en calidad de asesor permanente y debiera estar integrado al menos por abogados, 
sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, médicos, 
técnicos en ingeniería organizacional, economistas, entre otros. 

c) Previsión 

Toda política pública tiene una vocación de futuro. Es más, en su esencia se trata 
de una propuesta que debe trascender el gobierno de turno ya que más allá de intentar 
dar respuesta a una cuestión de actualidad, prevé su mejoramiento a futuro; o también 
puede preverse que alguna realidad que aún no se presenta, puede hacerlo a futuro. 

La previsión necesariamente debe valorar en forma transversal, la tensión de lo 
presente y lo potencial. A modo de ejemplo, la iniciativa que impulsa la baja de la 
edad de imputabilidad aún no ha sido concretada; sin embargo, tomando en cuenta 
los relevamientos sobre las tendencias producidos por las distintas consultoras, hay 
un conjunto de datos que dan rigor a la interpretación de que el plebiscito será 
convocado y que en un muy alto porcentaje de probabilidad, se producirá la 
modificación. Ante ese análisis, el plan estratégico hacia la constitución del IRPA deberá 
prever indispensablemente el aumento de la cantidad de adolescentes que serán 
judicializados y a los cuales se les aplicará como pena la privación de libertad. No hay 
en cambio, ningún dato de rigor que avale que la conducta penal de los jueces cambiará 
y ante más casos de judicialización optarán por las medidas sustitutivas. La privación 
de libertad en Uruguay es la regla y no la excepción. 

d) Establecimiento de las metas 

La determinación de las metas para la elaboración de políticas públicas tanto actuales 
como a futuro es una de las orientaciones básicas. Esto implica establecer las 
características genéricas del sistema penitenciario deseado luego de la reforma integral. 
Se trata de una etapa compleja pues es necesario evaluar profunda y críticamente cada 
una de las propuestas impulsadas: su coherencia, su complementariedad, su adecuación 
a la realidad actual y al futuro esperado. Cabe destacar que en este sentido, las 
experiencias comparadas son una rica fuente inspiradora, sin embargo la extrapolación 
284 


de modelos y propuestas no siempre armoniza en el marco de coexistencia de modelos 
hegemónicos, muchas veces antagónicos a las nuevas experiencias impulsadas. El 
resultado suele ser que, sin un continuo monitoreo de las metas, acompañado de la 
necesaria replanificación, el modelo hegemónico fagocite las propuestas que impulsan 
el cambio. En este sentido manifestamos nuestra preocupación por la preservación de 
las experiencias piloto iniciadas en Campanero y Punta de Rieles. Junto a una adecuada 
previsión de futuros riesgos y obstáculos, debiera preverse además, la estrategia de 
consolidación de los nuevos modelos impulsados. Enfatizando la ¡dea, la experiencia 
CNR que arrojó resultados probadamente positivos se extinguió; seguramente se 
encuentren argumentos para ellos, pero desde nuestro punto de vista, no parece 
adecuado "dejar morir" aquello que funciona bien. Por tal razón, colocamos aquí 
también nuestra preocupación por el futuro de la flamante OSLA, dado el claro resultado 
positivo de su acción, que puede ser medido en la creciente cantidad de casos derivados 
por parte de la Justicia. Esta tendencia, además de tener una base en la excelente labor 
de sensibilización que la Oficina hace a nivel de los Juzgados Penales, se sustenta en el 
nivel de eficiencia del dispositivo. Sin embargo, este último elemento está en riesgo de 
no evaluar correctamente las metas propuestas en torno a las medidas sustitutivas. Si 
el objetivo es fortalecer el uso de penas alternativas a la prisión, deberá establecerse 
claramente el plan estratégico para lograrlo. Quizás en la implementadón de la OSLA 
falló la etapa de la previsión. Desde nuestro punto de vista, el punto de saturación en la 
capacidad de respuesta del dispositivo está cercano, salvo que se realice un análisis 
profundo sobre la relación recursos humanos -recursos materiales - eficiencia - impacto 
de las medidas. Sería una pena que el impulso a un cambio cultural tan importante en el 
marco de nuestro sistema penal se deslegitimara por la incapacidad de dar respuesta a 
todos los casos derivados o bien por la necesidad de "topear" los casos recibidos en 
virtud de la insuficiencia de recursos humanos y/o técnicos del dispositivo. 

e) Selección de lo opción 

Deviene de la clara definición de las metas y objetivos de la política pública. Implica 
procedimientos de decisión en el marco de un catálogo de opciones. En este sentido, 
quizás porque el proceso es de largo aliento, no queda clara la opción modélica definida 
en el marco de la reforma. 

Tomando como fuente el Proyecto de Ley de Organización del Sistema 
Penitenciario Nacional, se entienden sí algunos rasgos impulsados: un "servicio público 
penitenciario nacional" (Art. 3), que "comprende tanto la ejecución de las medidas 
restrictivas de la libertad ambulatoria como las medidas sustitutivas o alternativas a 
la privación de libertad" (Art. 1), que garantice los derechos humanos (Art. 5) y que 
estará orientado por los principios de integralidad, coordinación con las políticas 
públicas sociales, progresividad, transversalidad y promoción de la responsabilidad 
social a través del trabajo y la capacitación educativa (Art. 8), entre otros muchos 
desarrollados en dicho proyecto. 

Pero a nuestro criterio, el punto es que de ningún documento oficial se desprende 
el hecho de que la reforma estará anclada en un modelo que saque la centralidad a la 


285 


seguridad, aún explicitando el desarrollo de la dimensión tratamiento y su importancia. 
La construcción de nueva infraestructura con cartacterísticas de establecimientos 
propios del modelo de seguridad pasiva, es un dato elocuente. 

Más allá de nuestra postura minimalista a favor de la reducción de la violencia 
punitiva estatal, a partir de una crítica al Derecho Penal actual (que además de usar 
excesivamente la pena de privación de libertad no evalúa su eficacia, pues como 
plantea Roxin 4 , resulta difícil educar para un comportamiento adecuado en sociedad 
a partir de condiciones de encierro radicalmente distintas a la vida en libertad; posee 
un efecto disocializador, al desarraigar a la persona de sus vínculos familiares y 
comunitarios normales; produce un efecto de "infección criminal" motivado por los 
contactos e intercambios con los demás reclusos, reforzándose y profundizándose la 
trayectoria y, tiene un enorme costo financiero que recae en la sociedad), trabajamos 
para contribuir a una reforma que garantice un modelo cuya centralidad sea la 
seguridad de los derechos. Eso solo puede conseguirse a través de la implementación 
de proyectos de centro donde la seguridad tenga un carácter dinámico. Esto no implica 
desconocer que la propuesta no es aplicable a toda la población penitenciaria, sin 
embargo, de no impulsarlo, no habrá cantidad de plazas, presupuesto ni recursos 
humanos que resulten suficientes para atender a una marcadamente creciente 
población privada de libertad en un modelo de encierro compulsivo. 

b) Reenfocar coherentemente la política criminal 

Creemos que la falta de coherencia de la política criminal lejos de contribuir a la 
humanización del sistema, conspira hacia la perpetuación de las condiciones de vida 
y trato inhumano de las personas privadas de libertad. 

Al tiempo que se impulsan acciones concretas para el mejoramiento del sistema 
carcelario (creación del INR y del SIRPA, materialización de la INDH y Defensoría del 
Pueblo que contendrá al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, promoción 
de un proyecto de Ley que reglamente el trabajo en las cárceles, entre otros), también 
se impulsan otras -a nuestro juicio de carácter regresivo- más propias del populismo 
punitivo que impera en la región, como por ejemplo las modificaciones a algunos 
artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

a) Aprobación de la Ley N 5 18.777 de 15 de julio de 2012 que modifica el Artículo 
69 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) agregando en su Artículo 1 
la penalización de la tentativa de hurto: 

"A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal: (...) 

3) La tentativa y complicidad en el delito de hurto, correspon¬ 
diendo en tal caso la aplicación de medidas socioeducativas no 
privativas de libertad." 


4 ROXIN, Claus; Problemas actuales de la Política Criminal. En: Puntos de discusión de vanguardia en 
las ciencias penales; Munich, 2000. 

286 


Asimismo, el Artículo 2 introduce la modificación al Art. 76 Numeral 5) de la Ley 
17.823 (CNA), prolongando el lapso del arresto domiciliario y la internación 
provisoria de 60 a 90 días, en casos de infracciones gravísimas a la ley penal 
(homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación, 
rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, tráfico de estupefa¬ 
cientes) o tentativas de las mismas (Art. 72 de la Ley 18.723). 

También al Numeral 6) del mismo artículo que estipula que el Juez podrá dic¬ 
tar sentencia definitiva sin el informe del equipo técnico. 

b) Aprobación de la Ley N 5 18.778 de 15 de julio de 2012 que modifica los artí¬ 
culos 216 y 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). 

A través del Artículo 1 de esta Ley se crea: 

"... un Registro Nacional de Antecedentes Judiciales de Adolescentes 
en Conflicto con la Ley Penal. 

Dicho Registro tendrá dos secciones: 

A) La primera sección contendrá los antecedentes de los delitos de 
violación, rapiña, copamiento, secuestro y homicidio doloso 
ultraintencional. 

B) La segunda sección contendrá todas las demás infracciones a la 
ley penal previstas en este Código". 

Por Artículo 2 de la misma Ley se introduce la posibilidad del mantenimiento 
de los antecedentes penales de adolescentes ante comisión de delitos 
específicos como: violación, rapiña, copamiento, secuestro, o las diferentes 
variantes del homicidio intencional: 

"...el Juez, en el momento de dictar sentencia, podrá imponer -como 
pena accesoria- la conservación de los antecedentes a los efectos que, 
una vez alcanzada la mayoría de edad; si volviera a cometer otro delito 
doloso o ultraintencional no pueda ser considerado primario..." 

Se suman el proyecto de Ley "por el que se adoptan medidas y procedimientos 
tendientes a preservar la integridad física y psíquica -así como procurar su 
recuperación- de las personas adictas al consumo de sustancias estupefacientes", que 
entre otras cosas, en su Artículo 4 o prevé la posibilidad de la internación compulsiva; 
otro proyecto de Ley que establece el aumento de penas para algunos funcionarios 
estales vinculados a actos de corrupción policial y para los traficantes de pasta base 
de cocaína (PBC) a través del agregado del Artículo 35 bis un artículo a la Ley N° 
14.294 De estupefacientes, con aumento de la pena de un mínimo de 4 a 15 años de 
penitenciaría 5 . 


5 Ver: Paquete de "medidas que promueven la convivencia social", http://www.presidencia.gub.uy/ 
wps/wcm/con nect/presidencia/porta I presidencia/com unicacion/com un icacion noticias/gabi nete- 
seguridad-presento-paquete-15-medidas-promover-convivencia-ciudadana 


287 


Estas medidas, de corte claramente represivo tendrían un impacto concreto en la 
tasa de prisionalización ya de por sí elevada que registra Uruguay, reforzando los 
problemas estructurales que afectan al sistema penitenciario: superpoblación y 
hacinamiento que redundan en inhumanas condiciones de detención. Pero hay otro 
efecto no suficientemente visibilizado, que se vincula al incremento del gasto público 
dedicado al sistema penal -que incluye al de privación de libertad, en su carácter de 
sistema de ejecución de la pena-. La ampliación de las fuentes que proveen 
"huéspedes" al sistema, unido al inadecuado uso de la prisión preventiva como regla 
y no como excepción (casi el 65% de la población privada de libertad no tiene condena), 
el uso escasísimo de las medidas sustitutivas a la privación de libertad (a la fecha la 
Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida -OSLA- tiene en su competencia solo 
153 casos), los procesos penales dilatados, excesivamente largos y el incremento de 
la duración de las penas, evidentemente exigirá la readecuación del sistema carcelario 
a los efectos de albergar a un número cada vez más creciente de personas privadas de 
libertad. Más plazas, más servicios, más recursos materiales y humanos; en síntesis 
más gasto. Si bien, como se desprende del estudio del gasto público presentado en 
este trabajo, no hay indicadores elocuentes de que los costos sean una de las 
dimensiones orientadoras de la reforma penitenciaria, llama poderosamente la 
atención que ninguna de las propuestas legislativas planteadas sea acompañada, al 
menos públicamente, por un estudio de costos. 

Lo mismo ocurre con la iniciativa promovida por los sectores de oposición al 
gobierno, a propósito de plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 
años. Nos preguntamos si los promotores han previsto los costos que implicaría privar 
de libertad a un mayor número de adolescentes, y en caso que esto fuera afirmativo, 
cuál es el plan para solventar esos costos. 

Las contradicciones planteadas no hacen sino deslegitimar el proyecto político 
que se pretende impulsar, ya que a marcadas luces, un conjunto de propuestas 
represivas, de corte cada vez más punitivo, son claramente antagónicas a los estándares 
de protección a los derechos humanos a los que Uruguay formalmente ha suscrito y 
ratificado, comprometiéndose a armonizar de acuerdo a ellos, su legislación 
doméstica. 

c) Reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal 

En el sentido de lo expuesto anteriormente se recomienda, tal como lo plantearan 
los mecanismos internacionales especializados (Relator Especial sobre la Tortura y 
Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas) 
además del conjunto de organizaciones sociales de promoción y defensa de los 
derechos humanos en el Uruguay, las reformas de los Códigos Penal y Procesal Penal, 
tomando en cuenta las objeciones, críticas y recomendaciones realizadas por los 
expertos a los proyectos presentados al Parlamento. Entre los puntos más fuertemente 
demandados para la reforma del CPP está la creación del Juez de Ejecución y Vigilancia, 
concebido como una figura especializada para la garantía de las prácticas carcelarias 


288 


estrictamente apegadas a los derechos humanos. Se trata de una instancia de control 
al poder de la autoridad penitenciaria, marcado por una sólida cultura discrecional y 
una larga historia de impunidad. La obsolescencia e inadecuación de estos marcos 
legales es la causa primigenia del caos del actual sistema penitenciario. Reformarlos y 
adecuarlos desde la más comprometida perspectiva de respeto a los derechos 
humanos, es parte fundamental del establecimiento de una política de Estado en la 
materia. 

d) Promover la creación de una Ley de Ejecución de Penas y de Funcionamiento del 
Instituto Nacional de Rehabilitación, a través de una propuesta cuya centralidad es 
la seguridad de los derechos 

El marco normativo vigente que rige al sistema penitenciario se compone 
esencialmente por el Decreto - Ley 14.470 conocido como Ley de Cárceles, 
promulgada el 2 diciembre de 1975, en pleno contexto de dictadura cívico - militar. 
Complementan este marco la Ley 16.928 de 3 de abril de 1998 (arts. 3 y 4) y la Ley 
18.690 del 24 de setiembre de 2010 sobre salidas transitorias; la Ley 17.897 del 14 de 
setiembre de 2005, Ley de Humanización del sistema carcelario (libertad provisional 
y anticipada); Ley 18.489 del 17 de mayo de 2009, Becas de trabajo a quienes gocen 
de salidas transitorias laborales; Ley 18.026 de 25 de setiembre de 2006, Cooperación 
con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes 
de guerra y de lesa humanidad. Tipificación del delito de tortura, (arts. 22, 23 y 24); 
Ley 18.315 de 5 de julio de 2008 (arts. 4, 6, 14 a 25, 38 a 91), Procedimiento policial; 
Ley 18.717 de 24 de diciembre de 2010, Seguridad perimetral. 

Además, los aspectos cotidianos del sistema penitenciario se normativizan a través 
de resoluciones, reglamentos, instructivos y acordadas 6 . 


6 Como ejemplo podemos citar: Resolución de 14.03.07, Régimen de Disciplino y Convivencia poro 
los personas privados de libertad; Resolución de 13.06.07, Manual Básico Informativo para personas 
privadas de libertad; Resolución de 13.02.08, Reglamento General sobre las Mesas Representativas de 
personas privadas de libertad; Resolución de 27.10.09, Instructivo Nacional para el uso de teléfonos 
celulares o tecnología de similar naturaleza en establecimientos penitenciarios; Resolución 119/08 de la 
DNCyP por la que se aprueban los respectivos reglamentos relativos a: Inspecciones y requisas; Uso de 
medios de coerción en el ámbito penitenciario; y Régimen de visitas y comunicaciones; Decreto 417/8, 
Reglamentación del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; Decreto 500/88, Reglamento para 
el funcionamiento general del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez; Decreto 37S/97, Se encomienda 
al Ministerio de Defensa Nacional la seguridad externa del complejo Carcelario de Santiago Vázquez y 
del Establecimiento de Reclusión de Libertad, así como de la nueva Cárcel departamental de Canelones; 
Decreto 92/30, En cada capital departamental del interior y en cada ciudad de departamento donde se 
encuentre un establecimiento carcelario, se constituirá un Patronato Departamental de Encarcelados y 
Liberados; Decreto 7/06, Se autoriza a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de 
Recuperación a eximir de los requisitos de ingreso la acreditación de conocimientos de operación básica 
de computadores; Decreto 225/36, Se aprueba el Reglamento de la redención de la pena por trabajo y 
estudio; Decreto 324/06. Regula la permanencia en Cárcel Central de personas procesadas con prisión; 
Decreto 102/39. Modificación del artículo 225/36; Decreto 315/39. Se amplía la exoneración al Ministerio 
del Interior, dispuesta por el artículo l 9 del Decreto No. 264/309 de l 9 de Junio de 2009, por hasta el 


289 


El gobierno presentó al Parlamento un proyecto de Ley de Organización del Sistema 
Penitenciario Nacional Instituto Nacional de Rehabilitación con el objetivo de "regular 
los principios orientadores y las estructuras de gestión del modelo a ¡mplementarse, 
a partir de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación" 7 . Dicho proyecto 
trasciende el marco de una Ley de Ejecución ya que contempla en su Artículo 5, algunas 
normas sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad y en sus 
Artículos 30 a 34 algunas normas sobre su tratamiento. Tampoco es una Ley Orgánica 
para el INR pues su contenido además de considerar aspectos sobre la estructura 
institucional agrega otros de índole conceptual. 

El proyecto se orienta a la reorganización del sistema penitenciario desde un en¬ 
foque integral, a partir de lo cual propone algunos cambios de índole institucional. Si 
bien acordamos con que no es conveniente separar estructura de contenido, enten¬ 
demos que la legislación sobre esta nueva institucionalidad debiera tener un enfoque 
exhaustivo, interdependiente e integral. 

De ahí nuestra propuesta de creación de una Ley de Ejecución de Penas y de 
Organización del INR desde un marco integral de protección a los derechos humanos 
de las personas privadas de libertad y de los/as funcionarios, incorporando con espe¬ 
cial énfasis algunas normas específicas para la protección de grupos vulnerables. La 
propuesta de concretar todos estos aspectos en el ámbito de una Ley en lugar de 
librar algunos de ellos al ámbito de un Reglamento, se fundamenta en la necesidad 
de deconstruir la cultura institucional arbitraria y discrecional que como legado de la 
última dictadura cívico - militar caracteriza a la gestión policial de las cárceles. 

Una Ley permitiría plasmar un marco de seguridad legal tanto para las personas 
privadas de libertad como para los funcionarios, dando lugar a un nuevo paradigma 
garantista estructurado desde la seguridad de los derechos. En este sentido, la ruptu- 


límite del crédito presupuesto! del Proyecto 751 „Complejo Carcelario"pora aquellas contrataciones que 
se realicen en el presente período de gobierno; Decreto 498/39, Se habilita en el Inciso 04 „ Ministerio del 
Interior" Proyecto 751 Complejo Carcelario" la suma de $ 80:000.000 (pesos uruguayos ochenta millones) 
a efectos de solventar los gastos a complementar el financiamiento autorizado en el Decreto No. 264/ 
009, de l g de junio de 2009; Decreto 531/39, Ampliación del inc.l del art. 1 del Decreto 378/97; Decreto 
180/10. Creación en la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles de la Oficina de Supervisión de Libertad 
Asistida (O.S.L.A .); Decreto 223/10, Condiciones de habitabilidad y hacinamiento a nivel penitenciario. 
Incremento de asignaciones presupuestóles en „Adquisic¡ón de Máquinas y Equipos" en $ 76:747.689, 
en „Complejo Carcelario" en $ 84:523.551, y en Construcciones en dependencias de Montevideo" en $ 
48:671.063; Decreto 38/11, Se encomienda al Ministerio de Defensa Nacional la seguridad perimetral 
del Establecimiento de Reclusión de Punta de Rieles; Decreto 104/11, Se establece el régimen general 
aplicable a las personas que ocupen cargos en el Escalafón Penitenciario „S" instituido con naturaleza 
civil, no policial, tomando en consideración las especialidades de la función a cumplir; Acordada 7506, 
Reglaméntase el acto de visita de cárceles y causas, tanto en Montevideo como en el interior del país; 
Acordada 7513, Fíjase fecha para que dé comienzo la Visita Anual de Cárceles y Vista de Causas 
correspondientes a los Juzgados de la materia Penal del Departamento de Montevideo; Acordada 7524, 
Reglaméntase el ingreso y egreso en establecimientos psiquiátricos de personas internadas por orden 
judicial; Acordada 7696, Díctanse normas relativas a la visita sistemática de expedientes por parte de los 
señores jueces. 

7 Ver: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2011/38/min_390-Pdf 


290 


ra del modelo de seguridad pasiva, con centralidad en los elementos físicos de con¬ 
trol y en una dotación de recursos humanos dedicada exclusivamente a lo custodial, 
se vuelve indispensable. En contraposición, la centralidad de la seguridad de los dere¬ 
chos se estructura en la propuesta de seguridad dinámica, desarrollada a través de 
múltiples programas, servicios y dispositivos que aseguran el acceso de las personas 
privadas de libertad a todos los derechos que no están restringidos por su condición 
de presos/as. 

e) El combate al hacinamiento es el primer paso; la reforma del sistema penitenciario 
requiere promover cambios multidimensionales profundos y sostenibles 

Si bien la situación de sobrepoblación y hacinamiento -en algunos casos- ha sido 
visibilizada y caracterizada desde múltiples diagnósticos, la política carcelaria, a la 
fecha ha concentrado las estrategias para su solución en la construcción y refacción 
de infraestructura, incluyendo el primer proyecto de concesión para una cárcel privada, 
bajo el paraguas de la Ley de Contratos de Participación Público - Privadas. Acordamos 
en que la superación del hacinamiento es el puntapié inicial de una reforma que tenga 
como norte la humanización del sistema a partir de la dignificación de las condiciones 
de vida de las personas privadas de libertad. Preocupa además la tendencia a la 
construcción de establecimientos que responden a un modelo de gestión de la 
privación de libertad bajo altos niveles de seguridad y control, lo cual va acompañado 
de la incorporación de personal para la custodia, aunque éste sea de carácter civil. 

El impulso a los modelos de megaestablecimientos (como el que será construido 
y gerenciado por capitales privados en el predio de Punta de Rieles) parece no haber 
tomado en cuenta las experiencias altamente negativas no sólo de la región, sino de 
nuestro propio país. COMCAR, que aloja a más de 3000 personas, Libertad que aloja 
a más de 1200, Canelones que aloja a más de 1100, son claros ejemplos de la 
imposiblidad de gestionar cárceles desde proyectos de centro humanizadores, cuando 
lo vincular se vuelve un trámite burocrático ante la impotencia de asegurar un trato 
digno y personalizado a miles de personas, que terminan siendo despersonalizadas y 
cosificadas en la vorágine de las incalculables demandas de la cotidianidad. 

Pero además, en el caso de la cárcel concesionada, nuestra opinión insiste en que 
la ejecución de la sanción delictiva no debería delegarse a privados; ello implica incluir 
a las cárceles en el "juego del mercado" ya que las personas privadas de libertad 
pasan a ser "clientes" que aseguran el lucro de quienes invierten 8 . Se aducen 
argumentos relativos a la disponibilidad de la inversión en relación a la necesidad de 
plazas, la calidad de las construcciones, los servicios y los programas. Ninguno de 
ellos convence puesto que no se identifican los impedimentos para que el propio 
Estado desarrolle idénticos estándares de calidad en las cárceles públicas. No hemos 

8 JUANCHE, Ana; La reforma del sistema carcelario. Del recluso como objeto punitivo a la persona 
privada de libertad como sujeto de derechos. En: Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2011. 
SERPAJ, Montevideo, 2011; págs. 148-152. 


291 


encontrado en la experiencia comparada ningún argumento de peso que justifique el 
impulso a tales iniciativas. Elias Carranza, Director del ILANUD, sostiene que desde el 
punto de vista "político criminal" activar una cárcel privada en un sistema penitenciario 
"que tiene varias unidades sobrepobladas, así como carencias materiales y de personal, 
crea una situación de privilegio para un pequeño grupo a la par que aumenta el 
deterioro del resto del sistema" 9 . 

Así como se ha hecho una importante inversión en la construcción de centros 
cerrados, con altos niveles de seguridad, al tiempo que una asignación presupuestaria 
para dotar personal de custodia y guardia perimetral, no se ha dado el mismo impulso 
a los regímenes semiabierto y abierto, con excepción de la experiencia piloto de Punta 
de Rieles (tomando en cuenta que no toda la población accede al régimen semiabierto), 
"Campanero" en Lavalleja (con la salvedad que las mujeres no gozan del mismo nivel 
de apertura en el régimen de seguridad que los varones) y el incremento de plazas en 
el Centro de Recuperación N°2. A lo largo de todo este trabajo hemos argumentado 
sobre la superioridad de los sistemas semiabierto y abierto, a los efectos de brindar 
oportunidades que podrían redundar en una futura reinserción y rehabilitación. Los 
establecimientos gestionados bajo estos regímenes, optan por la propuesta de 
seguridad dinámica, cuyos ejes vertebradores son los servicios y prestaciones en torno 
al trabajo, la educación, la cultura y la recreación. Las personas son impulsadas a 
crecientes niveles de autogestión y autorregulación. Los sistemas semiabiertos y 
abiertos por consiguiente necesitan además de menor cantidad de medios físicos 
para el control (muros, torres, cercas, concertinas), menor cantidad de personal 
destinado a la custodia. Los regímenes de privación de libertad semiabiertos y abiertos 
son, en definitiva, además de sensiblemente más respetuosos de los derechos 
humanos, menos costosos en términos económicos. 

Nuestra propuesta enfatiza la necesidad de replicar aquellas experiencias exitosas, 
de pequeños establecimientos semiabiertos o abiertos, donde la vida se desarrolla 
dignamente, en cánones lo más similar posible a la vida extramuros. Probablemente, 
por las características de los distintos establecimientos, estas experiencias tengan 
mayor posibilidad de multiplicación en los centros que, además de tener un número 
acotado de personas privadas de libertad (preferentemente aquellos con no más de 
150 o 200 personas), se estructuran desde una impronta cultural de "cercanías", 
característica de las sociedades del interior del país. 

La reforma, con énfasis en la dimensión de la cultura institucional, debiera 
impulsarse desde el interior del país a la zona metropolitana. Cabe destacar que la 
instalación de experiencias piloto, con un marcado proyecto de centro articulado desde 
la perspectiva de derechos, debe ser sostenible y sustentable. Los avances progresivos 
hacia mayores espacios de libertad no pueden sufrir marchas y contramarchas como 
consecuencia de las soluciones de emergencia que el sistema implementa ante 
eventuales colapsos. Un centro que desarrolla su cotidianidad desde un proyecto 


9 Ver: http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8074.htm 


292 


semiabierto o abierto no puede recibir población no adaptable al mismo; los retrocesos 
son sin lugar a dudas fracasos en el intento de imponer una reforma de fondo. 

Junto al impulso de nuevas experiencias de sistemas semiabiertos y abiertos, se 
impone la sistematicidad de los procesos de clasificación de la población privada de 
libertad. Para ello se hace absolutamente necesario el reforzamiento del personal 
técnico especializado y comprometido tanto con la tarea específica como con la 
implementación de la reforma integral del sistema penitenciario. Hay en el centro de 
la propuesta un eje ético al que no todos/as están dispuestos a contribuir: el de 
reconocer al otro/a en su plena dignidad, aun cuando sea marcadamente diferente; 
esto incluye por supuesto el reconocimiento de nuestros "peores" como sujetos de 
derecho. De ahí la vital importancia en la elaboración de los perfiles y los procesos de 
selección del personal técnico, y también de trato directo. 

f) Diseñar, articular y operativizar programas y dispositivos de apoyo y seguimiento 
al proceso de egreso y reinserción social 

La interfaz entre la privación de libertad, el egreso y la reinserción social y 
comunitaria es sin lugar a dudas uno de los nudos sustanciales para pensar 
programas que disminuyan los índices de reincidencia. La desarticulación y 
dispersión de dispositivos estatales, dificulta la coordinación de intervenciones 
interinstitucionales que atiendan la complejidad del fenómeno de la reintegración 
de la persona a su medio, luego de años de reclusión y aislamiento social, que 
redundan en representaciones estigmatizadas de quienes han vivido la privación 
de libertad. 

En un contexto de demanda creciente de plazas carcelarias producto del 
crecimiento sostenido de la población privada de libertad, no resulta suficiente atender 
solamente a la dimensión estructural de la reforma sino que se impone, en igual nivel 
de importancia, una fuerte ruptura en los modelos de gestión. Ello conlleva la necesidad 
de pensar programas institucionalizados para acompañar el proceso de tránsito de la 
cárcel a la vida en libertad, incluyendo el seguimiento y el acompañamiento a los 
procesos y contextos familiares y comunitarios, como forma de asegurar el máximo 
posible de oportunidades para la reintegración armónica. Lejos de colocarnos en una 
estructura de "pensamiento mágico" que atribuye a la cárcel un rol rehabilitador 
inexorable, partimos de la posición contraria: más bien la cárcel tiene escasas 
posibilidades de dotar a la persona de habilidades, competencias y oportunidades 
para optar por una trayectoria diferente y además sostenerla en el tiempo. De ahí la 
necesidad de diseñar nuevas estrategias que combinen la intervención psico-social 
en "el adentro" y la proyecten en el "afuera". 

De acuerdo a lo desarrollado en este trabajo, la población privada de libertad en 
Uruguay proviene fundamentalmente de contextos socio-económicos críticos, con 
serios déficits educacionales, de acceso a la vivienda, a la salud y también a una 
trayectoria laboral. El proceso de reinserción social de una persona que ha estado 


293 


privada de libertad, es una realidad compleja que requiere la voluntad política y el 
compromiso de un conjunto de instituciones estatales y privadas. 

El objetivo de la rehabilitación debe atravesar todas las etapas de la ejecución 
penal, desde que la persona comienza a cumplir su condena, a todas y cada una de las 
etapas en el régimen de progresividad. Portal razón como la trayectoria esperada en 
el sistema tiende al tránsito hacia mayores niveles de libertad, resulta fundamental 
coordinar los programas y dispositivos de acompañamiento en cada una de las etapas 
hasta el egreso y posteriormente a él. En el presente documento no se propone 
reformular los sistemas existentes de control penal, sino mejorar su coordinación y 
los programas de reinserción que cada uno implementa, así como perfeccionar los 
sistemas de control de las penas, especialmente las alternativas a la prisión, cuyo 
descrédito radica principalmente en su falta de supervisión. Para ello se propone una 
orgánica especializada en el tema, capaz de actuar en los tres sistemas, con enfoque 
territorial y cooperación intersectorial. 

Podría pensarse que lo expresado subyace a la voluntad del gobierno de fortalecer 
el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. El acotado alcance de sus 
intervenciones, originado probablemente en la escasez presupuestal y de recursos 
técnicos, junto a su debilidad orgánica y el "lastre" de una institucionalidad imbuida 
por una historia de prácticas asistencialistas, lo aleja de tales objetivos. Se suma a 
esto la incapacidad de una cobertura a nivel nacional: no todos los departamentos 
tienen Patronatos locales y mucho menos con una actuación planificada y articulada. 

Si la institución pensada para el acompañamiento a la reinserción es el Patronato 
Nacional de Encarcelados y Liberados, se necesita un plan estratégico profundo y 
dinámico para su refundación y su operatividad eficiente. Dicha política deberá ser 
intersectorial, interinstitucional y promover la cooperación público - privada. Deberá 
además ser monitoreada y evaluada periódicamente a los efectos de replanificar y 
retroalimentar las propuestas. Para ello es necesario: un equipo con suficiente número 
de funcionarios y sólida formación técnico-profesional que intervengan en el 
acompañamiento a los procesos de reinserción en el medio libre; un presupuesto 
autónomo y suficiente para el desarrollo de las actividades destinadas a la reinserción; 
disponer de una base de datos con los perfiles de las personas egresadas, realizado 
por parte de un especializado equipo técnico; un catálogo de propuestas, 
oportunidades y ofertas tanto públicas como privadas, adecuadas al perfile de los /as 
egresados/as, coordinadas por el Patronato e implementadas bien por instituciones 
estatales, bien por instituciones u organizaciones privadas. 


294 


g) Modificar la estructura institucional 10 
El objeto del sistema 

Se propone estructurar un sistema nacional cuyo objeto sea estimular de manera 
individualizada la educación y la aptitud para el trabajo de las personas condenadas 
por infracciones a la ley penal y la profilaxis del delito. La ejecución de la pena deberá 
estar orientada a la preparación de la persona para su reincorporación a la vida en 
libertad, bajo el más estricto cumplimiento a la integralidad de los derechos humanos. 

El sistema deberá garantizar que las condiciones de vida al interior de los 
establecimientos penitenciarios se asemejen a las de la vida en libertad. Para ello 
todas las agencias del Estado pertinentes, deberán prestar a la administración 
penitenciaria la cooperación necesaria para alcanzar este objetivo. 

Asimismo, el sistema deberá garantizar que no se establezcan diferencias 
arbitrarias de trato, de obra o de palabra, que revistan cualquier forma de 
discriminación, especialmente las basadas en la condición socio-económica, 
orientación sexual u origen étnico o racial, o tipo de delito. Las únicas diferencias 
admisibles deberán ser aquellas que se destinen a proteger exclusivamente los 
derechos de las mujeres, en particular de las embarazadas y de las madres lactantes; 
de los niños y niñas; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas, 
afectadas por VIH-SIDA; de las personas con discapacidad física, mental o sensorial, 
así como de los pueblos indígenas y de minorías étnicas. 

Los vínculos con el exterior 

El sistema garantizará los vínculos de la persona privada de libertad con su familia 
y la sociedad. Para conseguir esta finalidad promoverá y facilitará la participación de 
la sociedad civil, de sus instituciones y de otros actores externos al sistema 
penitenciario en el proceso de rehabilitación social de las personas que se encuentren 
cumpliendo alguna pena o medida penal. Deberá, a su vez, promover el conocimiento 
de la comunidad respecto de la situación de quienes se encuentren sujetos a la 
intervención del sistema penal. Para ello el sistema deberá facilitar la visita de los 
representantes de dichas organizaciones e instituciones a los establecimientos 
penitenciarios y a las personas privadas de libertad, tanto como sea necesario, sin 
más restricciones que las inherentes a la seguridad de los establecimientos. Se deberá 
fomentar entre el personal del sistema la conciencia de la importancia de la 
participación ciudadana, a fin de que sus representantes reciban el máximo apoyo 
posible en el cumplimiento de sus actividades. 


10 Esta propuesta se estructura con base en el Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal y 
Funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación, redactado por SERPAJ y el Instituto Ludwlg 
Boltzmann de Derechos Humanos, en el marco del Proyecto Atlas de la Tortura que da seguimiento a las 
recomendaciones formuladas por el Prof. Manfred Nowakal Estado uruguayo, en ocasión de su mandato 
como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura. 


295 


La centralidad del plan individual de ejecución de la pena 

El punto central de este sistema será la co-elaboración del plan Individual de 
ejecución de la pena por parte de cada una de las personas privadas de libertad, a 
través de la Identificación y el conocimiento de las circunstancias necesarias para un 
tratamiento planificado en preparación de su futura libertad. El plan regirá las 
actividades que desarrolle la persona en el marco de su vida en el establecimiento 
carcelario, determinando los Incentivos correspondientes, y la estrategia para su 
egreso. El plan deberá contener mínimamente: a) las conclusiones de la evaluación 
pslco-soclal de la persona privada de libertad; b) la expresión de intereses personales 
de la persona privada de libertad; c) una programación de las actividades que deberá 
desarrollar la persona privada de libertad, y de su posible progresión; d) los beneficios 
a los que la persona privada de libertad puede optar al cumplir con las actividades 
previstas en el plan, inclusive las salidas; e) los traslados y sus plazos necesarios para 
el correcto cumplimiento del plan; f) las posibilidades de egreso anticipado a que 
pueda dar lugar la correcta ejecución del plan y g) referencia a si los condenados 
quieran participar en un programa de justicia restitutiva y de reparación de 
Infracciones. 

Los proyectos de centro estructurados en base al trabajo y la educación 

Este sistema deberá promover el diseño de proyectos de centro, donde el trabajo 
y la educación serán derechos garantizados a través de servicios sociales e incorporados 
en el plan de ejecución Individual de la pena. 

Un sistema con enfoque de género 

El sistema deberá garantizar que las mujeres privadas de libertad sean recluidas 
en establecimientos penitenciarios diferentes a los de los hombres, o mínimamente 
en secciones distintas a las de la población penitenciaria masculina. También podrá 
disponer unidades de reclusión mixtas con segmentación nocturna. 

Los establecimientos para mujeres, deberán considerar espacios destinados para 
el desarrollo de actividades formativas y recreativas de los niños y niñas que 
permanezcan junto a sus madres. Estos espacios deberán contar con el equipamiento 
necesario que permita el adecuado desarrollo de los niños y niñas, incluyendo 
artefactos y dispositivos como cambiadores, piletas, inodoros, bañeras o duchas con 
agua caliente. 

Asimismo contará con contará con un servicio médico e instalaciones acordes a 
las necesidades específicas de las mujeres, incluidos el material e instrumental 
adecuado para atender partos de urgencia. Los establecimientos que alojen mujeres 
deberán facilitarles los artículos necesarios para la higiene íntima, así como métodos 
anticonceptivos. 


296 


Tiempo libre y actividades deportivas y recreativas 

El sistema fomentará el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y 
culturales por parte de las personas privadas de libertad en uso de su tiempo libre. 
Asimismo, complementará los programas de educación con actividades culturales, 
deportivas, recreativas y artísticas. En cada establecimiento penitenciarlo deberán 
existir espacios para la realización de actividades deportivas, preferentemente 
colectivas, así como ejercicios al aire libre. 

La organización interna del sistema 

La Dirección Nacional 

Se propone la estructuración de un sistema técnico- civil dirigido por un Director 
Nacional designado por el Poder Ejecutivo en base a su sólido perfil profesional y su 
trayectoria laboral acorde a la función. El Director Nacional tendrá las siguientes com¬ 
petencias: a) elaborar, planificar, ejecutar y dar seguimiento a los programas que se¬ 
rán implementados para materializar la política pública para el sistema penitenciarlo, 
para lo cual podrá implementar convenios o acuerdos con instituciones públicas y 
privadas y organizaciones de la sociedad civil; b) administrar los recursos humanos y 
financieros del sistema penitenciario nacional; c) dar seguimiento, fiscalizar y evaluar 
la gestión de todos los establecimientos de reclusión del país conforme a las disposi¬ 
ciones legales nacionales e internacionales, para lo cual deberá Inspeccionarlos regu¬ 
larmente; d) elaborar y aplicar manuales y protocolos de comportamiento y procedi¬ 
miento aplicables a la capacitación y al desarrollo de la función del personal peniten¬ 
ciario, a fin de brindar el máximo de protección a las personas privadas de libertad 
contra todo tipo de violencia física o verbal, motivada por razones de género, social, 
étnico o racial, religioso o de cualquier otro origen, así como de abuso y/o acoso 
sexual; e) elaborar propuestas de reglamentos para la implementación de la presente 
ley, que serán remitidas para su aprobación al Consejo Consultivo; f) brindar, previo a 
las sesiones, toda la Información requerida por los Integrantes del Consejo Consultivo 
acerca del funcionamiento del sistema; g) elaborar en coordinación con el Consejo 
Nacional, integrado por todos los Directores de los establecimientos penitenciarios, 
el presupuesto quinquenal; h) reparar y presentar un Informe público anual acerca de 
la labor del sistema. 

Las Direcciones de los establecimientos 

Cada establecimiento del sistema estará bajo la órbita de un Director que deberá 
asumir la responsabilidad Institucional y operativa para el correcto funcionamiento y 
administración de los centros bajo su dirección. Tendrán independencia institucional 
y operativa en el cumplimiento de los cometidos del sistema. El Director del estable¬ 
cimiento tendrá como cometidos: a) garantizar una adecuada gestión de los estable¬ 
cimientos de acuerdo a la normativa nacional y a los tratados Internacionales de pro¬ 
tección a los derechos humanos; b) facilitar la buena comunicación entre las perso¬ 
nas privadas de libertad y entre las diferentes categorías de personal, así como una 


297 


buena coordinación entre los servicios, dentro y fuera del establecimiento, que apo¬ 
yan en materia de atención y reinserción de personas privadas de libertad; c) prepa¬ 
rar y convocar las reuniones del Consejo del Establecimiento; d) garantizar la actuali¬ 
zación y formación permanente del personal del establecimiento; e) vincularse acti¬ 
vamente con la comunidad a fin de socializar los cometidos y el trabajo que desem¬ 
peña el establecimiento; f) fomentar el voluntariado en los establecimientos; g) dia¬ 
logar y atender permanentemente al colectivo laboral sobre aspectos generales de 
su función y especialmente, sobre asuntos relativos a las condiciones de trabajo y h) 
representar al establecimiento. 

El Consejo Nacional del Sistema Penitenciario 

Deberá integrarse con todos los Directores de los establecimientos penitencia¬ 
rios y el Director del sistema. Se reunirá semestralmente y también a pedido especial 
de la mayoría de sus integrantes. El Director del sistema funcionará como Presidente 
del Consejo Nacional y cursará las invitaciones correspondientes. Será función del 
Consejo, asesorar al Director Nacional en el cumplimiento de sus cometidos. El Con¬ 
sejo podrá invitar a participar a otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil 
o terceros particulares en sus reuniones. Se levantará acta de cada sesión, que siem¬ 
pre será de acceso público. 

El Consejo Consultivo 

Estará presidido por el Director Nacional y se encargará de asistirlo. Estará inte¬ 
grado por: un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un repre¬ 
sentante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Sa¬ 
lud Pública, un representante del Ministerio de Educación y Cultura y un representan¬ 
te del Ministerio de Deportes; un representante de ANEP; un representante de la 
Junta Nacional de Drogas; un representante del Patronato Nacional de Encarcelados 
y Liberados y un mínimo de tres representantes de organizaciones de la sociedad civil 
implicadas en el sistema penitenciario nacional. 

El Consejo Consultivo sesionará como mínimo una vez al año y será el responsa¬ 
ble de elaborar inmediatamente a su constitución, el reglamento para su funciona¬ 
miento 

El Director Nacional podrá en cualquier momento demandar la presencia de otros 
representantes de entidades públicas y privadas para que en forma permanente o transi¬ 
toria, presten asistencia técnica al Consejo Consultivo, para el cumplimiento de sus fines. 

Tipos de establecimientos 

Dentro del sistema habrá establecimientos con diferentes niveles de seguridad o 
bien sectores con niveles de seguridad diferenciados dentro de cada establecimiento. 

Establecimiento abierto : se caracteriza por la ausencia de instalaciones de seguri¬ 
dad. La privación de libertad se realiza en un entorno fundado en la confianza y en la 
responsabilidad de la persona privada de libertad en el uso de las libertades que se le 
ofrecen y respecto a la comunidad en que vive. 


298 


Establecimiento semiabierto: se caracteriza por el principio de confianza que la 
administración penitenciaria deposita en las personas privadas de libertad quienes 
pueden desplazarse sin vigilancia en el interior del establecimiento y disponen de 
instalaciones destinadas a la preservación de la seguridad. Este régimen debe promo¬ 
ver y fomentar la responsabilidad de la persona privada de libertad y acrecentar la 
autoconfianza con el objetivo de prepararla para su ingreso al régimen abierto. 

Establecimiento cerrado: se caracterizan por su función fundamental de prevenir, 
mediante instalaciones físicas, la evasión de las personas privadas de su libertad. Di¬ 
chas instalaciones pueden ser complementadas mediante el uso de barreras físicas y 
otros medios técnicos, así como una seguridad dinámica ejercida por miembros del 
personal de vigilancia quienes deben, para ejercer dicha función, conocer cabalmen¬ 
te, a las personas privadas de libertad a su cargo. 

Unidades piloto: el sistema podrá crear nuevos modelos privación de libertad, 
siempre y cuando éstos se inspiren en el mejor cumplimiento de los objetivos del 
sistema penitenciario. Se alentará al personal penitenciario y a las personas privadas 
de libertad a presentar los proyectos correspondientes. En el caso de las personas 
privadas de libertad, se computará el tiempo utilizado a efectos de elaborar la pro¬ 
puesta correspondiente, para la redención de pena por estudio. 

Estructura interna de los establecimientos 

Servicios de atención a la persona privada de libertad 

Cada establecimiento penitenciario contará con diferentes servicios de atención 
a la persona privada de libertad. Obligatoriamente deberán contar con los siguientes 
servicios básicos: 

a. atención de salud médica y odontológica; 

b. atención psico-social; 

c. laboral; 

d. educacional. 

La organización interna del trabajo y las particularidades de la función de los 
diferentes servicios en cada establecimiento de privación de libertad, deberá ser 
definida por el Consejo de Establecimiento. 

Consejo de Funcionarios 

En cada establecimiento penitenciario existirá un Consejo de Funcionarios. Estará 
compuesto por 3 representantes de los funcionarios del respectivo establecimiento. 
Los representantes serán elegidos cada dos años por medio de un voto secreto. 
Cualquier funcionario afectado al establecimiento podrá ser candidato, sin distinción 
de grado o escalafón. Participarán en la labor del Consejo de Establecimiento, 
representando los intereses y manifestando los reclamos y sugerencias del personal 
penitenciario. 


299 


El Director Nacional deberá garantizar que los miembros del Consejo de 
Funcionarios puedan desarrollar su labor de representación del colectivo, para lo cual 
liberará las horas laborales necesarias para ello. 

Mesas Representativas 

Las Mesas Representativas estarán integradas por hasta tres representantes de 
cada uno de los módulos o pabellones del establecimiento penitenciario, elegidos 
por las personas privadas de libertad, por el período de un año. Las personas alojadas 
en esos módulos o pabellones elegirán a sus representantes mediante un proceso de 
votación secreta y por mayoría simple. Con la misma mayoría pueden solicitar la re¬ 
vocación del mandato en cuyo caso se procederá a convocar a nuevas elecciones. Los 
miembros de las Mesas pueden ser personas procesadas o penadas. La misión princi¬ 
pal de las Mesas Representativas, es ayudar a solucionar los problemas que inciden 
negativamente sobre las condiciones de reclusión y los derechos humanos en los 
establecimientos penitenciarios, proponer mecanismos para superar dichos proble¬ 
mas y actuar como nexo entre las personas privadas de libertad y las autoridades, 
comunicando las resoluciones y novedades al resto de la población reclusa, siendo así 
elementos multiplicadores. 

Servicio de Asistencia Médica 

Estará organizado por intermedio de los servicios médicos administrados en cada 
establecimiento penitenciario a través de ASSE. El servicio brindado debe ser equiva¬ 
lente al que se presta en la comunidad y las políticas de salud en los establecimientos 
serán compatibles y estarán integradas en la política nacional de salud pública. El 
servicio medico deberá coordinar en forma oportuna el asesoramiento psicológico 
para todas las personas privadas de libertad que lo requieran. 

Servicio de Asistencia Psicosocial y Familiar 

En cada establecimiento penitenciario existirá un Servicio de asistencia psicosocial 
y familiar que tendrá como función principal realizar todas las acciones necesarias 
para un apoyo integral a la persona privada de libertad. 

Servicio de Asistencia Laboral 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a desarrollar trabajos 
individuales o en grupos. La función principal del Servicio de Asistencia Laboral es 
apoyar a la persona privada de libertad para el uso efectivo de este derecho, generando 
las condiciones necesarias para ello. El servicio coordinará su labor con el Patronato 
Nacional de Encarcelados y Liberados. 

El Servicio de Asistencia Laboral dará formación en competencias laborales, oficio 
o profesión, a las personas privadas de libertad que así lo requieran. El plan individual 
deberá contener la planificación correspondiente. 

En cada establecimiento deberán existir condiciones o espacios físicos destinados 
a capacitación o formación laboral. Asimismo el sistema deberá proveer por sí mismo 


300 


o por medio de su gestión ante terceros, la maquinaria, las herramientas y otros 
insumios necesarios para facilitar el funcionamiento de las actividades de capacitación 
y formación laboral. La administración penitenciaria procurará que se otorguen los 
certificados correspondientes en los cuales no constará que se hayan obtenidos en 
un establecimiento penitenciario. 

Encargado Laboral 

En cada establecimiento penitenciario existirá un funcionario que cumplirá la 
función de Encargado Laboral y coordinará su labor con el Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados. 

Tipos de actividades laborales 

Las actividades laborales que desarrollen las personas recluidas podrán consistir en: 

a. Trabajos por cuenta propia, dentro o fuera de los establecimientos, 
entendiéndose por tales aquellos ejecutados en forma independiente por propia 
iniciativa y con insumos propios. Pueden ser de tipo artesanal e informal, o bien como 
cooperativa productiva. 

b. Trabajos subordinados ejecutados en el marco de actividades productivas o de 
capacitación que se ejecuten al interior o fuera de los establecimientos penitenciarios 
en virtud de actividades propias o de proyectos convenidos por terceros con el sistema 
o el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. 

c. Trabajos en servicios propios del establecimiento, tales como labores de cocina, 
limpieza, mantenimiento, u otras. 

Servicio de Asistencia Educativa 

Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la educación. El sistema 
deberá proveer la educación primaria y la secundaria básica. Asimismo, conforme al 
plan de ejecución, promoverá y facilitará el acceso a los niveles superiores y a la 
educación técnica para el aprendizaje de oficios, atendiendo a las necesidades, 
características intereses y aptitudes personales, La educación de las personas privadas 
de libertad deberá coordinarse, con el sistema educativo nacional, a fin de que al 
egreso puedan continuar sin dificultad su proceso educativo. 

En cada establecimiento penitenciario existirán las instalaciones educativas 
necesarias, especialmente aulas y talleres, donde se desarrollará la formación de las 
personas privadas de libertad. 

Será deber del Servicio de Asistencia Educativa garantizar que la educación que 
se brinda en los establecimientos se ajuste a la legislación vigente en materia de 
educación y formación profesional de adultos. Asimismo fomentará la elaboración y 
suscripción de convenios de colaboración con instituciones educativas de la comunidad 
para que puedan impartir cursos al interior del establecimiento. A su vez facilitará la 
formación conjunta de personas privadas de libertad de distintos sexos en 
establecimientos educacionales mixtos. 


301 


Encargado Educativo 

En cada establecimiento penitenciario existirá un Encargado Educativo 
dependiente del servicio de asistencia educativa. 

Servicio de Asistencia Legal 

En cada establecimiento penitenciario funcionará un servicio de asistencia legal 
que será implementado en coordinación con la Defensa Penal Pública y el servicio de 
asistencia psicosocial. Tendrá los siguientes cometidos: a) brindar a la persona privada 
de libertad orientación jurídica en relación a sus derechos y sobre actos jurídicos no 
vinculados al proceso que se sigue; b) coordinar con la Defensa Pública la visita de 
defensores; c) asistir, cuando así lo solicita, a la persona privada de libertad en sus 
solicitudes de salidas y libertad anticipada; d) proporcionar ayuda para la tramitación 
de salidas; e) coordinar con el servicio de asistencia psicosocial las actividades de 
capacitación y orientación jurídica; f) participar en la elaboración del plan de ejecución, 
asesorando al servicio de asistencia psicosocial en materias legales; g) asesorar 
legalmente al Servicio de Asistencia psicosocial, sobre todo en lo relativo; h) ayudar a 
las personas privadas de libertad en obtener acceso a los documentos relativos a los 
procedimientos judiciales que les afecten. 

El Director del establecimiento destinará un ambiente adecuado para la asistencia 
legal. De esta manera debe procurarse la privacidad entre la persona privada de libertad 
y quien realiza la asesoría. Las consultas y otras comunicaciones -incluida la 
correspondencia sobre asuntos jurídicos entre la persona privada de libertad y su 
abogado, serán confidenciales. Las personas privadas de libertad tendrán derecho de 
guardar los documentos relativos a los procedimientos judiciales que les afecten. 

Servicio de Asistencia Espiritual 

El servicio de asistencia psicosocial y familiar estará a cargo del servicio de 
asistencia espiritual. A tal efecto deberá coordinar con las instituciones religiosas, la 
práctica de actividades de culto al interior de los establecimientos. Ayudará a los 
representantes del culto a obtener los permisos de ingreso necesarios y coordinará la 
asistencia de las personas privadas de libertad a las actividades religiosas. 


302 


ORGANIGRAMA PROPUESTA NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 



303 







































h) Dotar al sistema de personal técnico-profesional con carácter civil, capacitado 
para la tarea y comprometido con la función 

La forma en que el personal penitenciario trata a los reclusos es fundamental 
para el cumplimiento de los derechos humanos por cuanto modificar la conducta y 
las actitudes del personal generalmente es un elemento clave para la reforma 
penitenciaria. La formación es a su vez un elemento esencial en este proceso, pero 
sin un férreo compromiso de las autoridades y sin un marco ético claro para el servicio 
penitenciario, dicha formación puede resultar inocua. 

„La gestión penitenciaria debe actuar dentro de un marco ético. Sin un sólido 
contexto ético, la situación en la que a un grupo de personas se le otorga una 
considerable autoridad sobre otro puede fácilmente devenir en un abuso de poder. El 
contexto ético no es sólo una cuestión de la conducta de cada miembro del personal 
penitenciario hacia los reclusos. En todo el proceso de gestión, desde arriba hasta 
abajo, debe prevalecer el sentido de que la privación de la libertad debe tener una 
base ética. El énfasis por parte de las autoridades penitenciarias en el cumplimiento 
de los procesos correctos, la exigencia de eficacia operativa y la presión para cumplir 
determinados objetivos de gestión, si no existe una previa consideración de los 
imperativos éticos, pueden desembocar en situaciones muy inhumanas. Si las 
autoridades penitenciarias se concentran en los procesos y procedimientos técnicos, 
el personal puede llegar a olvidar que una prisión no es lo mismo que una fábrica, que 
produce vehículos o lavarropas. El elemento fundamental de la gestión penitenciaria 
es la gestión de seres humanos, tanto de personal como de reclusos. Esto implica que 
hay cuestiones que trascienden la eficacia y la eficiencia. Al adoptar decisiones acerca 
del tratamiento de seres humanos, la primera pregunta que debe formularse es: ¿Es 
correcto lo que estamos haciendo ?" 11 

Además de la formación técnico-profesional específica, el personal penitenciario 
debe tener una sólida formación en derechos humanos. La eficacia de dicha formación 
se verifica directamente en el tipo de vínculo que los funcionarios/as establecen con 
las personas privadas de libertad, independientemente del rol que desempeñen. Dicha 
formación además de proveer contenidos conceptuales, deberá incorporar contenidos 
procedimentales y actitudinales, toda vez que el centro de su acción es el trabajo con 
personas en especial situación de vulneración integral, producto de la privación de 
libertad. La eficacia de tal formación dependerá entonces de cómo, quién, con qué 
grado de profundidad y en qué contexto se imparte. 

Pero un buen desempeño de la función implica también un proceso de selección 
adecuado y transparente, la garantización de unas condiciones de empleo dignas, un 
ambiente de trabajo sano y el acceso a todos los recursos necesarios para el desarrollo 
de su tarea. 

11 COYLE, Andrew; La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos. Manual 
para funcionarios penitenciarios. Centro Internacional de Estudios Penitenciarios del King's College 
London; Reino Unido, 2008; 2da. Edición. 


304 


La experiencia de incorporación de nuevos funcioarios/as del escalafón „S" puede 
perfeccionarse y enriquecerse con la estructuración de una curricula de formación 
que profundice los conceptos específicos vinculados al sistema pentienciario así como 
los relativos a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad. Dicha formación deberá trascender la incorporación formal y declarativa de 
los tratados e instrumentos de protección, ya que no es suficiente que los conozcan y 
utilicen como referencia dichas normas internacionales. Para poder implementarlas 
en su trabajo cotidiano, deben ser capaces de interpretarlas y de aplicarlas en 
situaciones reales, .integrando además elementos prácticos para la comunicación, la 
mediación y la resolución noviolenta de conflictos; técnicas y ejercicios para el trabajo 
colaborativo y grupal, habilidades para el establecimiento de vínculos de empatia y 
para el manejo adecuado del poder. 

Se recomienda la estructuración de una carrera técnica de formación penitenciaria 
para operadores civiles, fuera de cualquier ámbito de formación policial. 

i) Fortalecer y ampliar la cobertura y el alcance del sistema de seguimiento de las 
medidas alternativas a la privación de libertad y la libertad asistida- OSLA 

La actual administración de gobierno, por decreto 180/2010, creó la Oficina de 
Supervisión de la Libertad Asistida, para atender aquellos casos que: a) en 
cumplimiento de una prisión preventiva, se les concede una libertad anticipada bajo 
caución juratoria debiendo cumplir medidas sustitutivas; b) las personas son 
procesadas sin prisión y se disponen medidas alternativas; c) están contemplados en 
el régimen previsto en los Artículos 8 y 9 de la Ley N° 17.897 12 , Medidas de seguridad 
provisional para imputados y condenados enfermos y otras situaciones especiales y 
Prisión domiciliaria. 

En diciembre de 2011 se integra a la OSLA, el equipo de Medidas Alternativas 
(Tareas Comunitarias), que funcionaba desde 1992 bajo la órbita del Patronato 
Nacional de Encarcelados y Liberados, a través de un plan piloto con algunos Juzgados 
Letrados Penales de la Capital. 

En la actualidad la labor de la OSLA se realiza en torno a 2 programas: Prisiones 
Domiciliarias y Tares Comunitarias. 

Según datos del INR, a fines de julio de 2012 la OSLA tenía bajo su supervisión, 
153 casos. Cabe destacar que el número de casos derivados a esta oficina tiene una 


12 Artículo 8: "... Si se tratare de enfermedad grave o de circunstancias especiales que hicieran 
evidentemente perjudicial para el imputado su internación inmediata en prisión, o la continuidad de la 
privación de libertad en el centro de reclusión en que se encuentre, el Juez podrá, previo los peritajes 
que estime pertinentes, disponer la prisión domiciliaria u otras medidas asegurativas. Igual criterio se 
adoptara respecto de la situación de la mujer cuando se encuentre en los últimos tres meses de estado 
de gravidez, así como durante los tres primeros meses de lactancia materna..." 

Artículo 9: (Prisión Domiciliaria, agregase al Artículo 127 del CPP la siguientes disposiciones: "El Juez 
podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de 70 años cuando 
ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido..." 


305 


tendencia de crecimiento continuo, producto de la excelene labor de sensibilización 
y promoción del dispositivo que el equipo realiza ante los Jueces Penales, así como 
del trabajo de supervisión desarrollado. 

Para la atención de los más de 150 casos, la OSLA dispone de un equipo integrado 
por una Directora General, un Coordinador Técnico que articula el trabajo de dos 
oficiales de seguimiento de prisiones domiciliarias y un oficial de seguimiento de tareas 
comunitarias; una Coordinadora de Oficiales de Supervisión que coordina dos oficiales 
de supervisión; una secretaria, 4 funcionarios administrativos y 2 choferes. Cuentan 
con un solo vehículo que recorre un promedio de 3000 kms. mensuales. Las 
restricciones de recursos humanos y logísticos han determinado que la zona de 
cobertura sea la delimitada por el departamento de Montevideo y 40 kms. a sus 
alrededores. 

El discurso oficial sobre la reforma ha tenido un particular énfasis en la necesidad 
de promover medidas alternativas a la privación de libertad; no solo para promover 
el descongestionamiento de las cárceles sino también como forma de ir 
deconstruyendo la cultura punitiva que privilegia el uso de la prisión. 

Creemos que esta es una estrategia muy apropiada que debiera fortalecerse y 
multiplicarse a nivel departamental. Se trata de garantizar el principio de igualdad en 
el acceso a las medidas alternativas, para lo cual los Jueces Penales del interior del 
país deben poder disponer también de este dispositivo. Cabe también destacar que 
el argumento utilizado por los jueces para la negación de medidas alternativas a la 
prisión, suele ser el no contar con garantías de supervisión de las mismas. 

La reforma integral del sistema pentienciario debe atender muy especialmente 
esta área de medidas no privativas de libertad. Para ello se hace necesario un análisis 
técnico profundo sobre el impacto del dispositivo creado, en relación a los escasos 
recursos técnicos y materiales asignados y en relación al índice de desistimiento en la 
trayectoria delictiva. No disponemos de indicadores formales, sin embargo, tomando 
en cuenta algunas estadísticas sencillas como el número de casos con los que se inició 
el trabajo y el número de los actualmente atendidos, podría afirmarse que es sin 
lugar a dudas un modelo exitoso. Su capacidad efectiva y su legitimidad dependerán 
de la decisión política de dotar al dispositivo de los recursos necesarios para continuar 
desarrollando eficientemente la actual labor, potenciarla y extenderla a todo el 
territorio nacional. 


306 



APT; Monitoreo de lugares de detención. Una guía práctica; Asociación para la Prevención de 
la Tortura; Ginebra, 2004. 

AUSUBEL, David; Adquisición y retención del conocimiento: una teoría cognitiva, Ed. Paidós 
Ibérica; Madrid, 2002. 

AZAOLA, Elena y BERGMAN, Marcelo; Delincuencia, marginalidady desempeño institucional; 
CIDE, México, 2009. 

BARATTA, Alessandro; Criminología y Sistema Penal (Compilación ¡n memoriam); Ed. BdF, 
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310 



311 



a) Formulario relevamiento edilicio 


PPregunta Código Significado Observaciones 


Identificación del formulario 






N 9 de formulario 






Dependencia del centro 






Fecha 






Encuestador/a 






Centro 






Infraestructura y servicio- Exterior 












Seguridad perimetral 


Obs. 




alambrado 

sí no 





rejas 

sí no 





alambrado y rejas 

sí no 





cerca electrificada 

sí no 





concertinas 

sí no 





torres de vigilancia 

sí no 





Acceso 


Obs. 




distancia desde el último punto de 
circulación pública a la entrada del 
establecimiento 

mts. Km. 





Enclave 






Entorno del centro 


Obs. 




Rural 

sí no 





Aislado 

sí no 





Conectado 

sí no 


Si el centro tiene 

conexión con 

servicios básicos 



Urbano 

sí no 





Transporte público 

sí no 





Parada más próxima al centro 

mts.Km. 





Transporte provisto por el centro 

sí no 





Qué días 






Qué frecuencia horaria 






Número de edificios que componen la cárcel. Distinguir los espacios habitados por reclusos/as de los destinados a otras actividades 

Materiales de la construcción 






Cemento 






Otro, especifique 










Tomar fotos 


Exterior 






Entrada Visitas 


Obs. 




Baño 

sí no 





Resguardo/techo 

sí no 





Bancos y/o asientos suficientes 

sí no 


bancos por 
persona 




sí no 





Canillas/surtidor de agua/bebedero 

sí no 






312 
























































Despensa/negocio con artículos 
indispensables 

sí no 





Ropería/espacio para lo que no puede 
ingresar 

sí no 





Teléfono público 

sí no 





Ingreso a la cárcel 


Obs. 




El primer funcionario de contacto es 






guardia policial 






guardia militar 






Baño 






Resguardo 






Bancos y/o asientos suficientes 






Canillas/surtidor de agua/bebedero 






Teléfono público 






Despensa/negocio con artículos 
indispensables 






Procedimiento de chequeo / revisoría 


Obs. 




Cómo se procede con los alimentos 






Quedan artículos personales en custodia 

sí no 





Se permite el ingreso de teléfonos 
celulares 

sí no 





Se registran los datos personales del 
visitante en planilla o similar 

sí no 





Se realiza procedimiento de scanneo 

sí no 





Se realiza procedimiento de cacheo por 
parte de funcionario del mismo sexo 

sí no 





El procedimiento de cacheo incluye el 
desnudo 

sí no 





Se inspeccionan las partes íntimas 

sí no 





Se inspecciona la ropa al detalle 

sí no 





Infraestructuras y Servicios - Interior 






Celdas 






Las celdas de hombre y mujeres están 
separadas 

sí no 





N 9 de módulos 






Pabellón / Módulo No. 


Nivel de 
seguridad 

aloja a 



Número de plazas previstas 


máxima 




Ocupación efectiva 


media cerrada 






media abierta 






mínima 










Pabellón / Módulo No. 


Nivel de 
seguridad 

aloja a 



Número de plazas previstas 


máxima 




Ocupación efectiva 


media cerrada 






media abierta 






mínima 










Pabellón / Módulo No. 


Nivel de 
seguridad 

aloja a 



Número de plazas previstas 


máxima 




Ocupación efectiva 


media cerrada 






media abierta 






mínima 





313 






















































Inventario asociado a celdas, módulos o 

sectores. 












Pabellones y celdas 






Pabellón / módulo 






Celdas 






Item 

Tiene 

Condiciones 

Obs. 



camas 


Bueno Regular 
Malo 




colchones 


Bueno Regular 
Malo 




colchones ignífugos 


Bueno Regular 
Malo 




ropa de Cama 


Bueno Regular 
Malo 




mobiliario básico: mesas,sillas, roperos 


Bueno Regular 
Malo 




iluminación eléctrica 


Bueno Regular 
Malo 




luz natural 


Bueno Regular 
Malo 




ventanas 


Bueno Regular 
Malo 




recipientes para la basura 


Bueno Regular 
Malo 




cocina 


Bueno Regular 
Malo 




ducha 


Bueno Regular 
Malo 




WC 


Bueno Regular 
Malo 




pileta 


Bueno Regular 
Malo 




piso lavable 


Bueno Regular 
Malo 




paredes lavables 


Bueno Regular 
Malo 




Celdas de Castigo 






Item 

Tiene 

Condiciones 

Obs. 



camas 


Bueno Regular 
Malo 




colchones 


Bueno Regular 
Malo 




colchones ignífugos 


Bueno Regular 
Malo 




ropa de Cama 


Bueno Regular 
Malo 




mobiliario básico: mesas,sillas, roperos 


Bueno Regular 
Malo 




iluminación eléctrica 


Bueno Regular 
Malo 




luz natural 


Bueno Regular 
Malo 




ventanas 


Bueno Regular 
Malo 




recipientes para la basura 


Bueno Regular 
Malo 




cocina 


Bueno Regular 
Malo 




ducha 


Bueno Regular 
Malo 




WC 


Bueno Regular 
Malo 




pileta 


Bueno Regular 
Malo 




piso lavable 


Bueno Regular 
Malo 




paredes lavables 


Bueno Regular 
Malo 

















314 















































Asociado a espacios comunes 






COMEDOR 

Tiene 


¿Cómo es la 
provisión de 
material de limpieza 
que realiza la 
institución? 



Mesas 


Bueno Regular 
Malo 

¿acceden al agua? 



Bancos 


Bueno Regular 
Malo 

Dimensiones (en 
metros): 



Platos y cubiertos 


Bueno Regular 
Malo 

Capacidad: 



Pisos lavables 


Bueno Regular 
Malo 

Higiene general: 



Elementos contra incendios 


Bueno Regular 
Malo 

Iluminación: 



Iluminación eléctrica 


Bueno Regular 
Malo 

Ventilación: 



Iluminación Natural 


Bueno Regular 
Malo 

Sistema de 

evacuación de 

detenidos: 



Paredes lavables 


Bueno Regular 
Malo 

Estado del piso: 






Estado de las 
paredes: 



COCINA 

Tiene 


Dimensiones (en 
metros 2) 



Mesadas y material de mesada 


Bueno Regular 
Malo 

Iluminación: 



Pileta 


Bueno Regular 
Malo 

Ventilación: 



Piso Lavable 


Bueno Regular 
Malo 




Paredes Lavables 


Bueno Regular 
Malo 




cocina 


Bueno Regular 
Malo 




Horno 


Bueno Regular 
Malo 




Heladera 


Bueno Regular 
Malo 




Freezer 


Bueno Regular 
Malo 




Balanza: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos de Limpieza 


Bueno Regular 
Malo 




Cubiertos 


Bueno Regular 
Malo 




Gas y lugar donde se guarda 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos para servir la comida 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos para trasladar la comida 


Bueno Regular 




Elementos contra incendios 


Bueno Regular 
Malo 

vigente 



Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 










ECONOMATO 

Tiene 

Bueno Regular 

Dimensiones (en 






Iluminación: 



Despensa 


Bueno Regular 
Malo 

Ventilación: 



Piso lavable 


Bueno Regular 
Malo 

Estado de los 

alimentos: 



Paredes Lavables 


Bueno Regular 
Malo 

Condiciones de 

almacenamiento: 






Higiene general: 






















315 













































SALÓN MULTIUSO 

Tiene 





TV 


Bueno Regular 
Malo 




Radio 


Bueno Regular 
Malo 

Cupo permitido: 

cantidad 


sillones 


Bueno Regular 
Malo 

Dimensiones (en 
metros) 



Mesas 


Bueno Regular 
Malo 

Espacio cerrado: 



Sillas 


Bueno Regular 
Malo 

Capacidad: 



Espacio al aire libre 


Bueno Regular 
Malo 

Dimensiones (en 
metros) 









OTROS ESPACIOS 






Espacio informático: 


Bueno Regular 
Malo 

Cupos, Iluminación, 
ventilación y 
condiciones en 
general. 



Espacio de actividades físicas: 


Bueno Regular 
Malo 




Espacio educativo: 


Bueno Regular 
Malo 




Biblioteca: 


Bueno Regular 
Malo 




Espacio religioso: 


Bueno Regular 
Malo 










Espacios de Trabajo 

Plazas laborales 





Espacio de trabajo 1 

Tiene 





Tipo de trabajo: 


Bueno Regular 
Malo 




Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventilación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Baños: 


Bueno Regular 
Malo 




Agua: 


Bueno Regular 
Malo 




Maquinaria: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado del piso: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado de las paredes: 


Bueno Regular 
Malo 




Cupos para reclusos 












Espacio de trabajo 2 

Tiene 





Tipo de trabajo: 






Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventilación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Baños: 


Bueno Regular 
Malo 




Agua: 


Bueno Regular 
Malo 




Maquinaria: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 





316 














































Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado del piso: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado de las paredes: 


Bueno Regular 
Malo 




Cupos para reclusos 












Espacio de trabajo 3 

Tiene 





Tipo de trabajo: 






Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventilación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Baños: 


Bueno Regular 
Malo 




Agua: 


Bueno Regular 
Malo 




Maquinaria: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado del piso: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado de las paredes: 


Bueno Regular 
Malo 




Cupos para reclusos 












Espacio de trabajo 4 

Tiene 





Tipo de trabajo: 






Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventilación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Baños: 


Bueno Regular 
Malo 




Agua: 


Bueno Regular 
Malo 




Maquinaria: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado del piso: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado de las paredes: 


Bueno Regular 
Malo 




Cupos para reclusos 












POLICLÍNICA/CONSULTORIO MÉDICO 

Tiene 











Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Higiene general 


Bueno Regular 
Malo 




Agua: 


Bueno Regular 
Malo 





317 
















































Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Ambulancia: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado del piso: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado de las paredes: 


Bueno Regular 
Malo 




Higiene general 


Bueno Regular 
Malo 




¿Existe farmacia? 


Bueno Regular 
Malo 




¿Lugar de suministro de medicamentos? 


Bueno Regular 
Malo 




material descartable 


Bueno Regular 
Malo 










SALUD MENTAL 

Tiene 











Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Higiene general 


Bueno Regular 
Malo 










ODONTOLOGÍA 

Tiene 





Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Higiene general 


Bueno Regular 
Malo 




Equipo odontológico 


Bueno Regular 
Malo 




Sillón 


Bueno Regular 
Malo 




Lámpara 


Bueno Regular 
Malo 




Instrumental 


Bueno Regular 
Malo 




Material descartable 


Bueno Regular 
Malo 










ASISTENCIA JURÍDICA 

Tiene 











Dimensiones (en metros): 


Bueno Regular 
Malo 




Iluminación: 


Bueno Regular 
Malo 




Ventanas: 


Bueno Regular 
Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 
Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado del piso: 


Bueno Regular 
Malo 




Estado de las paredes: 


Bueno Regular 
Malo 











318 















































Baños 

Tiene 











Agua potable 


Bueno Regular 

Malo 




Duchas 


Bueno Regular 

Malo 




Fría 


Bueno Regular 

Malo 




Caliente 


Bueno Regular 

Malo 




Inodoros o retretes 


Bueno Regular 

Malo 




Piletas 


Bueno Regular 

Malo 




Piso lavable 


Bueno Regular 

Malo 




paredes lavables 


Bueno Regular 

Malo 




Elementos contra incendios: 


Bueno Regular 

Malo 




Sistema de evacuación de detenidos: 


Bueno Regular 

Malo 





319 



















b) Formulario entrevista a autoridades 



serpaj 



Entrevista con autoridades 


Fecha _ 

Grado y nombre del/la directora/a 


Grado y nombre de las autoridades que reciben al equipo 


Centro 


Datos generales sobre el establecimiento 


Cantidad 

Observaciones 

Número de módulos 
(Especificar para cada 
uno de ellos el régimen 
de reclusión 
correspondiente) 








Número de sectores 
(Especificar para cada 
uno de ellos el régimen 
de reclusión 
correspondiente) 








Número de celdas 








Número de Celdas de 
castigo 








Número de reclusos/as 
en el establecimiento, 
al día de la visita 








Número de reclusos/as 
por módulos, al día de 
la visita 








Número de reclusos/as 
por sectores, al día de 
la visita 









320 
































































Número de 

reclusos/as por celdas, 
al día de la visita 








Número de reclusos/as 
fugados 








Número de relcusos/as 
con arresto domiciliario 








Número de reclusos/as 
con arresto 
hospitalario 








Número de reclusos/as 
conducidos al 

Juzgado, durante el 
día de la visita 








Número de reclusos/as 
con condena 








Número de reclusos/as 
procesados/as 








Número de reclusos/as 
extranjeros/as 








Número de 

reclusos/as con salidas 
transitorias por Trabajo 










321 



































































Número de reclusos/as 
con salidas transitorias 
por estudio 








Número de 
reclusos/as/as con 
salidas transitorias por 
visita familiar 








Número de reclusos 
que trabajan 








Número de reclusos/as 
que reciben peculio 








Número de reclusos/as 
que estudian 








Número de reclusos 
/as que reciben visita 
conyugal 








PERSONAL 



Personal que trabaja 
en el centro 
penitenciario 








Oficiales: 








Agentes 

penitenciarios: 









322 







































































Agentes: 








Cantidad del personal 
fijo 








Carga horaria de la 
jornada laboral (horas 
y días) 








Cantidad de personal 
itinerante 








Carga horaria de la 
jornada laboral 








De dónde proviene el 
personal itinerante(si 
es de jefatura, otras 
dependencias, etc. 








Médico/a general 
Enfermero/ a 

Psiquiatra 

Psicólogo/a 








Personal técnico: 

Educadores/as 

Personal de salud Trabajador/a 
social Educador/a social 
Educadores formales: 

(Maestros, Profesores de 
Educación Secundaria) 
Recreadores/as Profesores/as 
de Educación Ffsica: 

Talleristas 









De dónde proviene el 
personal que no es de 
Seguridad (convenio con 
ANEP, CODICEN, ONG, etc.) 







Cantidad de personal 
sumariado o en trámite 
de investigación 








Cantidad de personal 
desafectado por 
corrupción 








Cantidad de personal 
con licencia médica 









323 































































































c) Encuesta a personas adultas privadas de libertad 



Encuesta a personas adultas privadas de libertad en el marco del 

proyecto 

Hacia una política de estado en privación de libertad: diálogo, 
recomendaciones y propuestas 




0 IDENTIFICACIÓN 


© FORMULARIO 

F. 1. Nro. formulario _ 

F.2. Tiene asociado forumulario 
madres Nro._ 

F.3. Fecha _/_/_ (DD/MM/AA) 

F.4. Establecimiento_ 

F.5. Encuestador/a_ 

© PERSONA A ENTREVISTAR 


P. 1. Nombre 


j 


Observaciones: 


P.2. Cédula de Identidad 


P.3. Edad _ años 

P.4 Sexo 1 M 2 F 

P.5. Módulo o sector donde se aloja 


P.6. Fecha Ingreso_/_/_ (DD/MM/AA) _ 

P. 7. Persona seleccionada 1 SI 2 NO Este es un proyecto financiado por la Unión Europea 

1 


324 
































©CARACTERÍSTICAS DE LA PERSON 


^SOCIODEMOGRÁFICAS 


SD1. ¿Es...? 

hombre. 1 

mujer.. 2 

SD2. ¿Cuántos años tiene? _ 

SD3. ¿Su nacionalidad es...? 
uruguaya. 1 

extranjera... 2_ 

Especificar 


SD4. ¿Cree tener ascendencia? SI NO 

1 Afro o negra 1 2 

2 Asiática o amarilla 1 2 

3 Blanca 1 2 

4 Indígena 1 2 

5 Otra_1 2 

Especificar 


SD4.1¿Cuál considera principal de las declaradas? 


SD5. ¿Con quiénes convivía antes de esta reclusión? 
(En persona, anotar la referencia respecto al 
entrevistado; luego anotar edad y sexo; si vivía solo, 
anotar solamente 0 en Persona 1) 


Sexo 



Persona Edad 


M 

F 

1 



1 

2 

2 



1 

2 

3 



1 

2 

4 



1 

2 

5 



1 

2 

6 



1 

2 

7 



1 

2 

8 



1 

2 

9 



1 

2 

10 

- - 


1 

2 

í' 

Cónyuge/Pareja 

6 

Hijo/a 

"\ 

2 

Padre/Madre 

7 

Abuelo/a 


3 

Padrastro /Madrastra 

8 

Tío/Tía 


4 

Suegro/a 

9 

Otro pariente 


Vi 


> pariente/ 


2 


SD6. ¿Dónde residía inmediatamente antes de 
esta reclusión? 

Departamento_ 

Localidad_ 

Barrio_ 


SD6.1. ¿Residía en un asentamiento irregular? 


SI. 1 

NO. 2 


SD7. ¿Tiene hijos menores de edad? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a El) 


SD8. ¿Cuáles son sus edades y con quién conviven 
actualmente? (En persona, anotar el principal referente de 
convivencia en relación al menor) 

Persona Edad Persona Edad 


1 

2 

3 


4 

5 

6 


r 

v 


1 Padre /Madre 

2 Padrastro/Madrastra 

3 Tío/Tía 

4 Hermano/A 


5 

6 

7 

8 


Abuelo/a 
Otro pariente 
Otro no pariente 




INAU 




(En el caso de hombres pasar El) 

SD9. ¿Tiene hijos conviviendo con Ud. en el 
establecimiento? 

SI. 1 (agregar formulario madres) 

NO. 2 

SD10. ¿Estuvo embarazada durante esta reclusión? 

SI. 1 (agregar formulario partos) 

NO. 2 

EDUCACIÓN 

El . ¿Sabe leer y escribir? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a E2) 

E. 1.1. ¿Cómo es su nivel de lectoescritura? 

Bueno . 1 

Regular.. 2 

Deficiente. 3 

E2. ¿Asistió alguna vez a una institución 
educativa formal? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaSLI) 


325 

































E3. ¿Cuál es el número de años aprobados en el nivel 
más alto alcanzado? (Debe marcar una única opción) 

Primaria común. . 

Primaria especial. . 

Ciclo Básico Liceo o UTU. . 

Bachillerato Secundario (4 o a 6 o ). . 

Bachillerato Tecnológico UTU (4 o a 6 o ). . 

Enseñanza Técnica. . 

Magisterio o profesorado. . 

Universidad o similar.. . 

SALUD 

SL1. ¿Tenía cobertura de salud vigente en alguna de 
las siguientes instituciones antes de esta reclusión? 


MSP (incluye Hospital de Clínicas). 1 

Mutualista.2 

Seguro Médico. 3 

Hospital Policial o Hospital Militar.. 4 

Policlínica del BPS. 5 

Policlínica Municipal. 6 


SL2. ¿Tenía asistencia odontológica? 

SI.1 

NO.2 

SL3. ¿Estaba afiliado a algún sistema de Emergencia 
Móvil? 

SI.1 

NO.2 

^ TRABAJO 

TI. ¿Cuál era su condición ocupacional antes de esta 
reclusión? (Marque solamente la principal) 


Asalariado privado.1 

Funcionario del Min. de Defensa.2 

Funcionario del Min. del Interior..3 

Otros funcionarios públicos.4 

Miembro de cooperativa de producción.5 

Patrón.6 

Profesional independiente.7 

Cuenta propia sin local.8 

Cuenta propia con local.9 

Ama de casa. 10 

Estudiante.11 

Jubilado, pensionista.12 

Ninguna.13 


T2. ¿Aportaba a alguna caja? 


SI. 1 

NO. 2 


(J> TRAYECTORIA 

TY1. ¿Cuánto tiempo hace que está recluido? 


Especificar 

TY2. ¿Por qué delito está recluido? 


Especificar 

TY3. ¿Tiene condena? 

SI. 1 

NO. 2 

TY4. ¿Ha estado recluido anteriormente? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a TY5) 

TY4.1. ¿Cuántas veces?_ 

TY5. ¿Estuvo en hogares del INAU? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaCI) 

TY5.1. ¿De protección? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a TY5.2) 

TY5.1.1. ¿Cuánto tiempo en total estuvo en el hogar 
de protección? 

0 a 6 meses.1 

6 meses a 1 año.2 

Más de un año.3 

TY5.2. ¿De infracción? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaCI) 

TY5.2.1. ¿Cuánto tiempo en total estuvo en el hogar 
de infracción? 

0 a 6 meses. 1 

6 meses a 1 año. 2 

Más de un año. 3 


3 


326 






















































(fy INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 


CELDAS 

C1. ¿Cuántas personas son en la celda? 

C2. ¿Cuántas camas hay? _ 

C3. ¿Cuántos colchones hay en la celda? 


C4. ¿Usted tiene sábanas? 

SI. 1 

NO. 2 

C5. ¿Usted tiene frazadas? 

SI. 1 

NO. 2 

C6. ¿Tiene electricidad en la celda? 

SI. 1 

NO. 2 (pose a C9) 


C12. En la celda, ¿hay water o letrina? 

SI. 1 

NO. 2 

C13. En la celda, ¿hay pileta? 

SI. 1 

NO. 2 

C14. En la celda, ¿hay ducha? 

SI. 1 

NO. 2 (pase aC14.3) 

C14.1. ¿Con agua fría? 

SI. 1 

NO. 2 

C14.2. ¿Con agua caliente? 

SI. 1 

NO. 2 

C14.3. ¿Con qué frecuencia puede acceder a una 
ducha fuera de la celda? 


C7. La instalación eléctrica, ¿es propia de la celda? 

SI. 1 

NO. 2 

C8. ¿Calefacciona la celda? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a C9) 

C8.1 ¿Cómo? SI NO 

1 Aparato casero 1 2 

2 Estufa eléctrica 1 2 

C9. En la celda, ¿hay canilla? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a CIO) 

C9.1. ¿Cuántas horas por día funciona 
correctamente?_ 

C10. En la celda, ¿almacena agua en 
recipientes cerrados? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaCII) 

CIO. 1. ¿Es suficiente? 

SI. 1 

NO. 2 

C11. En la celda, ¿almacena agua en 
recipientes abiertos? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a C12) 

C11.1. ¿Es suficiente? 

SI. 1 

NO. 2 


Especificar 

C15. En la celda, ¿hay ventana? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaCló) 

C15.1. ¿Tiene vidrio? 

SI. 1 

NO. 2 

C15.2. ¿Permite la entrada de suficiente luz natural? 

SI. 1 

NO. 2 

C16. En la celda, ¿dispone de alguno de los siguientes 
artefactos? SI NO 

1 TV 12 

2 Radio 1 2 

3 Reproductor de DVD 1 2 

4 Reproductor de CD/ MP3 / MP4 1 2 

5 Heladera 1 2 

6 Cocinilla u hornillo eléctrico 1 2 

C17. ¿En la celda hay...? 

SI NO 

1 Sillas 1 2 

2 Mesa 1 2 

3 Armario/Ropero 1 2 

C18. ¿Cuánto tiempo permanece encerrado en la celda 
habitualmente? 


Desde 


hrs. Hasta. 


hrs. 


327 









































CELDAS DE CASTIGO 

CC1. ¿Existen celdas de castigo? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a B1) 


CC2. Durante el último año, ¿estuvo alguna vez en 
una celda de castigo? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a B1) 


(Con respecto a la última vez que estuvo castigado) 


CC2.1. ¿Cuánto tiempo permaneció 
en la celda? _días 

CC2.2. ¿Compartió la celda con otras personas? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a CC2.4) 

CC2.3. ¿Con cuántas personas? 

Hombres_ Mujeres_ (Anote el número) 


CC2.4. ¿Tenía sus objetos personales? 


SI. 1 

NO. 2 


CC2.5. ¿Cuántas veces al día le 

proporcionaron alimentos?_ 

CC2.6. ¿Cuántas veces al día le 

proporcionaron agua?_ 

CC2.7. ¿En la celda de castigo había...? 


1 Ventana 

2 Luz natural 

3 Luz artificial 

4 Cama 

5 Colchón 

6 Sábanas 

7 Frazadas 

8 Canilla 

9 Water o Letrina 

10 Pileta 

11 Ducha 


SI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


CC3. ¿Cuántas veces accedió a la ducha fuera de la 
celda? _ 


CC4. ¿Necesitó consultar al médico? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a B1) 


CC4.1. ¿Fue atendido? 


SI. 1 

NO. 2 


BAÑOS COMUNES 

B1. ¿Los baños comunes tienen...? 

NO 
2 
2 
2 
2 
2 

B2. ¿Con qué frecuencia accede al baño común? 


Diariamente. 1 

Ocasionalmente. 2 

Nunca. 3 


<aaa 

HUMANOS 


iffil ALIMENTACIÓN 




Al. ¿Qué comidas realiza durante el 

día? 


1 Desayuno.. 

1 

2 

3 

4 

2 Almuerzo. 

1 

2 

3 

4 

3 Merienda. 

1 

2 

3 

4 

4 Cena. 

1 

2 

3 

4 

^ 1 Diario 2 Semanal 3 Mensual 4 

Nunca 


A2. ¿Quién es el principal proveedor de los 


alimentos? 





1 Desayuno.. 

1 

2 

3 


2 Almuerzo. 

1 

2 

3 


3 Merienda. 

1 

2 

3 


4 Cena. 

1 

2 

3 


(T El establecimiento 2 Por su cuenta 

3 Otros^) 

A3. En su dieta, 

¿come? 




1 Pan. 

. 1 2 

3 

4 


2 Fruta. 

. 1 2 

3 

4 


3 Verdura. 

. 1 2 

3 

4 


4 Arroz. 

. 1 2 

3 

4 


5 Fideos. 

. 1 2 

3 

4 


6 Polenta. 

1 2 

3 

4 


7 Leche. 

1 2 

3 

4 


8 Huevos. 

. 1 2 

3 

4 


9 Carne vacuna. 

1 2 

3 

4 


10 Pollo. 

.. 1 2 

3 

4 


11 Pescado. 

... 1 2 

3 

4 


(^1 Diario 2 Semanal 3 Mensual 4 Nunca 

D 


SI 


1 Canilla 1 

2 Water o letrina 1 

3 Pileta 1 

4 Ducha con agua fría 1 

5 Ducha con agua caliente 1 



328 









































A4. Cuando se alimenta, ¿tiene acceso al agua? 


SI. 1 

NO. 2 


A5. A su criterio, ¿la comida que ingiere durante 


el día es...? 

Suficiente. 1 

Insuficiente. 2 



HIGIENE 


H1. ¿Tiene los siguientes productos para la 


higiene personal? SI NO 

1 Jabón 1 2 

2 PH 12 

3 Pasta de dientes 1 2 

4 Cepillo de dientes 1 2 

5 Toallas higiénicas 1 2 


H1.1. ¿Quién es el principal proveedor de los 
productos de higiene personal? 

El establecimiento. 1 

Por su cuenta. 2 

Otros. 3 

H2. ¿Tiene productos para higiene de la celda? 

SI NO 

1 Creolina 1 2 

2 H i poclo rito 1 2 

3 Escoba 1 2 

H2.1. Quién es el principal proveedor de los 
productos para higiene de la celda? 

El establecimiento. 1 

Por su cuenta. 2 

Otros. 3 

H3. ¿Puede lavar ropa? 

Diariamente. 1 

Ocasionalmente. 2 

Nunca. 3 



SALUD 


SU1. ¿Le hicieron exámenes de salud al ingresar al 
establecimiento? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a SU2) 


SU 1.1. ¿Cuáles? SI 

Sangre 1 

Orina 1 

Presión arterial 1 


(para hombres pase a SU3) 


NO 

2 

2 

2 


SU2. ¿En qué circunstancias accede al ginecólogo? 


1 Urgencia 

2 Controles periódicos 

3 Controles de embarazo 


SI NO 

1 2 

1 2 

1 2 


SU3. ¿Ha necesitado asistencia médica por alguno de 
los siguientes motivos? (si es NO en todas , pase a SU4) 

SI NO 

1 Dolor de muelas 1 2 

2 Dolor de oídos 1 2 

3 Diarrea 1 2 

4 Infecciones cutáneas 1 2 

5 Heridas cortantes 1 2 

6 Fracturas 1 2 

7 Enfermedades eruptivas 1 2 

8 Crisis asmática 1 2 

9 Quemaduras 1 2 


SU3.1. En esos casos, ¿pudo ver al médico? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a SU4) 


SU 3.2. ¿En cuánto tiempo obtuvo la consulta? 


Especificar 

SU4. ¿Tiene alguna enfermedad que requiera 
tratamiento? (si es NO en todas, pase a SU5) 

SI 


1 Cardíaca 1 

2 Respiratoria 1 

3 Diabetes 1 

4 Hipertensión 1 

5 Infecto-contagiosas 1 

6 Parasitarias 1 

7 Gástricas-hepáticas 1 

8 De transmisión sexual 1 

9 VIH 1 

10 Psiquiátricas 1 

11 Óseas-musculares 1 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


6 


329 




















SU4.1. ¿Recibe tratamiento para su enfermedad? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a SU5) 

SU4.2. ¿De qué tipo? 

SI NO 

1 Medicamentos 1 2 

2 Fisioterapia 1 2 

3 Diálisis 1 2 

4 Insulina 1 2 

5Antirretrovirales 1 2 

6 Otros_1 2 

Especificar 

SU4.3. ¿Dónde lo recibe? 

Establecimiento. 1 

Fuera del establecimiento. 2 

SU4.4. ¿Se cumplen las indicaciones prescriptas 
por el médico? 

SI. 1 

NO. 2 

SU4.5. ¿Se le realizan controles periódicos? 

SI. 1 

NO. 2 

SU5. ¿Consume algún psicofármaco? 

SI. 1 

NO. 2 


Especificar (si contestó SI) 

SU6. ¿Tiene algún déficit visual? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a SU7) 

SU6.1. ¿Tiene controles oftalmológicos? 

SI. 1 

NO. 2 

SU 7. ¿Durante la reclusión le realizaron algún 
pesquisamiento visual? 

SI. 1 

NO. 2 

SU8. ¿Tiene caries o problemas de salud bucal? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a SU9) 

SU8.1. ¿Recibe tratamiento odontológico? 

SI. 1 

NO. 2 


SU 9. Durante el último año, ¿quiso acceder a algún 
tratamiento para adicciones? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a DSR1) 

SU9.1. ¿Accedió? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a SU93) 

SU9.2. ¿Dónde lo recibió? 

Dentro del establecimiento. 1 

Fuera del establecimiento. 2_ 

Especificar 

(pase a DSR1) 

SU9.3. ¿Por qué motivos? 


No lo solicitó.1 

Fue denegado.2 


No tuvo respuesta.3 

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

DSR1. ¿Recibe visitas íntimas? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a DSR2) 

DSR1.1. ¿Hay un lugar específico para recibirlas? 

SI. 1 

NO. 2 

DSR1.2. ¿Con qué frecuencia están autorizadas? 

Semanal. 1 

Quincenal. 2 

Mensual. 3 

Otra frecuencia. 4_ 

Especificar 

DSR1.3. ¿Qué duración autorizada tienen? 


Especificar 

DSR1.4. ¿Utiliza métodos anticonceptivos? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a DSR1.5) 


Especificar (si contestó SI) 


DSR1.4.1. ¿Quién los provee? 


El establecimiento.1 

Por su cuenta.2 

Otros.3 

7 



330 


















































DSR1.5. ¿Utiliza métodos profilácticos? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a DSR2) 


Especificar (si contestó SI) 
DSR1.5.1. ¿Quién los provee? 


El establecimiento. 1 

Por su cuenta.2 

Otros.3 


DSR2. ¿Recibe control para enfermedades de 
transmisión sexual? 


SI. 1 

NO. 2 


DSR3. ¿Mantiene relaciones sexuales en la cárcel? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a EDI) 


DSR3.1. ¿Utiliza preservativo? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a EDI) 


DSR3.2. ¿Quién los provee? 


El establecimiento. 1 

Por su cuenta.2 

Otros.3 



EDUCACIÓN 


EDI. Actualmente, ¿realiza estudios formales? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a ED2) 


EDI.2. ¿Cuál? 

Primaria. 1 

Ciclo Básico.... 2 
Bachillerato.... 3 
UTU.4 

Otros.5_ 

Especificar 


EDI. 3. ¿Con qué frecuencia va a clase? 


Especificar 


EDI .4. ¿Dónde recibe las clases? 


Aula. 1 

Salón multiuso. 2 

Biblioteca. 3 

Comedor..4 

Patio. 5 

Fuera del establecimiento. 6 

EDI. 5. ¿Quién dicta las clases? 

Maestro/a.1 

Profesor/a.2 

Educadores de ONG. 3 

Personal penitenciario. 4 

Otros/as reclusos/as. 5 


EDI.6. ¿Accede a materiales de estudio? 

SI 


1 Útiles escolares 1 

2 Libros 1 

3 Material audiovisual 1 

4 Computadora 1 


EDI. 7. ¿Ha obtenido certificados de suficiencia? 

SI 


1 Primaria 1 

2 Ciclo Básico 1 

3 Bachillerato 1 

4 UTU 1 

5 Universidad 1 


ED2. Actualmente, ¿realiza algún otro tipo de 
estudios? 

SI. 1 

NO. 2(paseaAC1) 

ED2.1. ¿Cuáles? SI 

1 Oficios 1 

2 Manualidades o artesanías 1 

ED2.2. ¿Con qué frecuencia va a clase? 


NO 

2 

2 

2 

2 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 


NO 

2 

2 


Especificar 

ED2.3. ¿Dónde recibe las clases? 


Aula. 1 

Salón multiuso. 2 

Biblioteca. 3 

Comedor.. 4 

Patio. 5 

Fuera del establecimiento. 6 


8 


331 












































ED2.4. ¿Accede a material de estudio? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a ED2.6) 

ED2.5. ¿Quién provee? 


El establecimiento. 1 

Por su cuenta. 2 

Otros. 3 


ED2.6. ¿Ha obtenido certificados? 

SI. 1 

NO. 2 

ACCESO A LA CULTURA 

AC1. ¿Existen actividades organizadas por el 
establecimiento para ocupar el tiempo libre? 

SI. 1 

NO. 2(paseaAC2) 

AC1.1. ¿Participa en algunas de las siguientes 
actividades? SI NO 

1 Deportes y gimnasia 1 2 

2 Música 1 2 

3 Manualidades y/o artesanías 1 2 

4 Teatro, murga 1 2 

5 Cocina 1 2 

6 Taller literario 1 2 

7 Huerta 1 2 

AC1.2. ¿Cuánto tiempo ocupa en estas 
actividades? 


Especificar 

AC2. ¿Qué actividades realiza por su cuenta durante su 
tiempo libre? SI NO 

1 Deportes colectivos 1 2 

2 Gimnasia 1 2 

3 Lectura 1 2 

4 Escucha música 1 2 

5 Juegos de mesa 1 2 

AC2.1. ¿Presentó ante el delegado y/o autoridades, 
alguna propuesta cultural o recreativa? 

SI. 1 

NO. 2 (pase AC3) 

AC2.2. ¿La propuesta fue puesta en funcionamiento? 

SI. 1 

NO. 2 (pase AC3) 


AC2.3. ¿Quiénes participan de la actividad 
propuesta? 

SI NO 

1 Reclusos 1 2 

2 Familiares 1 2 

3 ONG/ Iglesias 1 2 

4 Funcionarios del establecimiento 1 2 

AC3. ¿Practica alguna religión? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a TI) 


Especificar fs/ contestó SI) 

AC3.1 ¿Puede practicar en el establecimiento sus 
ritos 

y celebraciones colectivas? 


SI. 1 

NO. 2 


^ TRABAJO 

TI. ¿Actualmente, está trabajando? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a T2) 


TI. 1. ¿Dónde trabaja? 

En el establecimiento.1 

Fuera del establecimiento.2 


TI .2. ¿Qué tipo de trabajo realiza? 
Especificar_ 

TI .3. ¿Cuántos días a la semana trabaja? _ 

TI.4. ¿Cuántas horas diarias trabaja? _ 

TI .5. ¿Recibe algún tipo de remuneración por 
esa tarea? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaCEl) 

TI .6. ¿De qué origen? 

Salario.1 

Peculio.2 

TI .7. ¿Cuál es el monto mensual? 

$_ (Anotar monto; pase a CE1) 

T2. ¿Por qué no trabaja? 

No le interesa.1 

No tiene cupo.2 



332 


9 

































CONTACTO CON EL EXTERIOR 


CE1. ¿Tiene acceso a medios de comunicación? 


1 TV 

2 Radio 

3 Diarios y/o revistas 

4 Internet 

CE2. ¿Usa celular o chip? 


SI 

1 

1 

1 

1 


SI. 1 

NO. 2 


NO 

2 

2 

2 

2 


CE3.5. ¿Hay un espacio específico para recibir niños? 

SI. 1 

NO. 2 

CE3.6. ¿Ha recibido visitas extraordinarias? 

SI. 1 

NO. 2 

CE4. ¿Accede libremente a un teléfono público que 
funcione? 

SI. 1 

NO. 2 


CE3. ¿Recibe visitas? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a CE4) 


CE3.1. ¿Quiénes lo visitan? 

1 Madre 

2 Padre 

3 Hijos 

4 Pareja 

5 Otros familiares 

6 Amigos/as 

7 Representantes religiosos 

8 Ex reclusos/as 


SI NO 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 


CE3.2. ¿Con qué frecuencia? 

1 Madre 1 2 

2 Padre 1 2 

3 Hijos 1 2 

4 Pareja 1 2 

5 Otros familiares 1 2 

6 Amigos /as 1 2 

7 Representantes religiosos 1 2 

8 Ex reclusos/as 1 2 


3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 


Semanal 2 Quincenal 3 Mensual 4 Semestral^ ) 

CE3.3. ¿Dónde recibe a las visitas? 


Sala de visitas. 1 

Comedor.. 2 

Patio. 3 

Otros. 4 


Especificar 

CE3.4. ¿Está autorizado el ingreso de niños a las 
visitas? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a CE3.6) 


CE5. ¿Puede recibir paquetes? 


NO. 2(paseaGP1) 

CE5.1. ¿Qué tipo de artículos recibe? 

SI 

Alimentos 1 

Yerba 1 

Vestimenta 1 

Artículos de higiene personal 1 

Artículos de limpieza 1 

Cigarrillos o tabaco 1 

Pilas 1 

Electrodomésticos 1 

Libros y revistas 1 

Ropa de cama 1 

Tarjetas telefónicas 1 

Medicamentos 1 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



GARANTÍAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 


GP1. ¿Es ciudadano...? 

uruguayo. 1 (pase a GP3) 

extranjero.2 _ 

Especificar 

GP2. En el último año, ¿cuántas veces lo visitó la delegación 
consular?_ (Nro. de veces) 


GP3. ¿Existen mecanismos de queja? 


SI. 1 

NO. 2 (paseaGP4) 

NO SABE. 3 (pase a GP4) 

GP3.1. ¿Los ha utilizado alguna vez? 

SI. 1 

NO. 2 

10 


333 































GP3.2. La queja, ¿es anónima? 

SI. 1 

NO. 2 

GP3.3. La queja, ¿se investiga? 

SI. 1 

NO. 2 

GP4. ¿Hay delegado de módulo o sector? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a GP5) 

GP4.1. ¿Lo conoce? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaGP5) 

GP4.2. ¿Le ha presentado algún tipo de demandas? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaGPS) 


GP5.4. ¿Cuántas veces lo ha visitado? 

_( Nro . de veces) 

GP5.5 ¿Puede contactarse con él si lo desea? 

SI. 1 

NO. 2 

GP6. ¿Sabe quién es el Juez de la causa? 

SI. 1 

NO. 2 

GP7. ¿Tiene salidas transitorias? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a GP8) 

GP7.1. ¿Desde que la solicitó cuánto demoró la 

autorización?_meses 

GP7.2. ¿Cuál es el motivo de las salidas? 

Trabajo.1 

Estudio.2 

Visita familiar.. 3 

Ocio.4 


GP4.3. ¿Obtuvo solución para la demanda? 


SI. 1 

NO. 2 

GP5.¿Conoce a su abogado? 

SI. 1 

NO. 2 (paseaGPó) 

GP5. 1. ¿Su abogado es...? 

público. 1 

privado. 2 


GP5.2. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su 


abogado? 

Una semana.1 

Un mes.2 

Más de tres meses.3 

No lo recuerda.4 

Nunca.5 

GP5.3. ¿Dónde lo vio? 

En el establecimiento. 1 

En el juzgado. 2 


GP8. ¿Fue sancionado alguna vez? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a GP9) 


GP8.1. ¿Alguna vez fue sancionado con medidas de...? 


Aislamiento 
Privación de visita 
Privación de patio 
Otros _ 


SI NO 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 


Especificar 

GP8.2. ¿Cuánto tiempo duró la última sanción? 


Aislamiento días 

Privación de visita _días 

Privación de patio _días 

Otros días 


GP9. ¿Existe reglamento disciplinario? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a GP10) 

GP9.1. ¿Lo conoce? 

SI. 1 

NO. 2 


GP10. ¿Alguna vez fue víctima de violencia física por 
parte del personal carcelario? 


SI. 1 

NO. 2 (finaliza la encuesta) 

11 


334 
















































GP 10.1. ¿En qué contexto se produjo ese hecho? 

Motín. 1 

Requisa. 2 

Conflictos internos... 3 

Fuga. 4 

Vistas. 5 

Otro. 6_ 

Especificar 

GP10.2. ¿Realizó la denuncia? 

SI.1 

NO.2 (finaliza la encuesta) 


GP10.3. ¿Ante quién la realizó? 

Autoridades del establecimiento. 1 

Abogado Defensor..2 

Comisionado Parlamentario. 3 

Delegado de módulo o sector.. 4 

Otro.5_ 

Especificar 


ATENCIÓN antes de finalizar la encuesta, verificar si 
corresponde aplicar módulos de madres con hijos y partos. 


335 
















d) Encuesta DSR a mujeres privadas de libertad 



serpa] 



No. de formulario asociado 


Nombre de la encuestada 


Encuestador/a 



SALUD REPRODUCTIVA 


SR1. ¿Durante esta reclusión estuvo o está 
embarazada? 


SI. 1 

NO. 2 


SR1. 1 ¿Cómo confirmó el embarazo? 

SI NO 

1 Test de orina (doméstico) 1 2 

2 Análisis clínicos 1 2 

3 Tacto vaginal 1 2 


SR3. Durante el embarazo, ¿le realizaron controles? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a SR4) 

SR3.1 ¿Accedió a controles clínicos y ecográficos? 
SI. 1 

NO. 2 


SR4. ¿El/la niño/a nació...? 

SI NO 

1 A término 1 2 

2 Prematuro 1 2 


SR1.2 ¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando lo 
confirmó? 


1 Un mes 


SI 

1 


NO 

2 


2 Entre uno y 3 meses 


4 Más de tres meses 1 

(pase a SR 3) 

SR1.3 ¿El embarazo llegó a término? 1 

(pase aSR1.3.1) 

SR 1.3.1 ¿Cuál fue el motivo? 

SI 

1 Aborto espontáneo 1 

2 Aborto provocado 1 


NO 

2 

2 


(finaliza el módulo) 


SR5 ¿Dónde fue el parto? 


Especificar 

SR5.1 ¿El parto fue...? 

SI NO 

1 Vaginal 1 2 

2 Cesárea 1 2 (pase a SR5.3) 

SR5.2 ¿A los efectos del parto ...? 

SI NO 

1 La rasuraron 1 2 

2 Le hicieron enema 1 2 

3 Le hicieron episiotomía 1 2 

4 Le aplicaron oxitocina 1 2 

1 


336 












5 Le aplicaron la epidural 

1 

2 




6 Le aplicaron fórceps 

1 

2 


SR6.2 ¿Accedió a tratamiento específico 





complicación? 


SR5.3 ¿Durante el trabajo de parto y el parto 


SI. 1 


estuvo...? 

SI 

NO 


NO. 2 


1 Esposada 

1 

2 


SR7 ¿Amamanta o amamantó? 


2 Acostada en una cama 

1 

2 


SI. 1 


3 Camilla de parto 

1 

2 


NO. 2 






SR7.1 ¿Cuánto tiempo? 


SR5.4 ¿Durante el parto la acompañó. 

..? 


SI 

NO 


SI 

NO 


1 0 a 6 meses 1 

2 

1 Pareja 

1 

2 


2 6 a 12 meses 1 

2 

2 Familiar 

1 

2 


3 Más de 12 meses 1 

2 

3 Otra reclusa 

1 

2 




4 Personal penitenciario 

1 

2 


SR8 ¿El/la bebé toma complemento? 

5 Otro no familiar 

1 

2 


SI. 1 






NO. 2 


SR6 Luego del parto, ¿accedió a controles 
ginecológicos...? 


SR8.1 ¿Quién lo provee? 




SI 

NO 

SI 

NO 

1 Dentro de los 7 días siguientes 

1 

2 

1 El centro 1 

2 

2 Dentro de los 20 días siguientes 

1 

2 

2 Por su cuenta 1 

2 

3 Después de los 20 días siguientes 

1 

2 

3 Otros 1 

2 

4 Por emergencias 


1 

2 

Especificar 


5 Nunca 


1 

2 




SR6.1 ¿Tuvo alguna de las siguientes 
complicaciones post parto? 

SI NO 

1 Mastitis 1 2 

2 Infecciones 1 2 

3 Hemorragias 1 2 

4. Otras_1 2 

Especificar 


2 


337 










e) Encuesta a mujeres que comparten la reclusión con sus hijos 


No. de formulario asociado 


Nombre de la encuestada 


Encuestador/a 


Formulario aplicado sólo a las madres 
reclusas que tienen hijos viviendo con ellas 
en el encierro 



serpaj 



SALUD ANTES DE LA RECLUSIÓN 

SLN1. ¿Su hijo/a tenía cobertura de salud 
vigente en alguna institución antes de ingresar 
con Usted a este establecimiento? 

SI NO 

1 MSP 12 

2 Mu tu alistas 1 2 

3 Seguro Médico 1 2 

4 Hospital Policial/Hospital Militar 1 2 

5 Policlínica del BPS 1 2 

6 Policlínica Municipal 1 2 

SLN 1.1. ¿Tenía cobertura de salud 
odontológica? 

SI. 1 

NO.2 

SLN1.2 ¿Estaba afiliado a algún sistema de 
Emergencia Móvil? 

SI.1 

NO. 2 


CN1.3. ¿La cama de su hijo/a tiene...? 

SI NO 

1 Colchón 1 2 

2 Sábanas 1 2 

3 Frazadas 1 2 

CN2. ¿Con qué frecuencia puede bañar a su 
hijo/a? 


Especificar 

CN3. En la celda, ¿su hijo/a tiene juguetes? 


SI. 1 

NO. 2 


CN4. ¿Cuánto tiempo su hijo/a permanece 
encerrado en la celda habitualmente? 

Desde _ hrs. hasta_ hrs. 


CELDAS 

CN1. ¿Su hijo/a duerme en la misma cama que 


Usted? 

SI. 1 (pase a CN2) 

NO. 2 

CN1.2. ¿Tiene cama propia? 

SI. 1 

NO. 2 


CELDAS DE CASTIGO (sólo si la madre estuvo 
en celda de castigo) 

CCN1. Mientras duró el castigo, ¿su hijo/a 
estaba con usted en la celda? 


SI. 1 (paseaANI) 

NO. 2 


338 






















CCN1.2. ¿Con quién permaneció su hijo/a 
mientras Usted estuvo en celda de castigo? 

SI NO 

1. Con otra reclusa 1 2 

2. Con un familiar fuera del 1 2 

establecimiento 

3. En un hogar del INAU 1 2 

4. Otro_ 1 2 

Especificar 


CCN1.3. ¿Mientras estuvo en la celda de 
castigo, le permitieron ver a su hijo/a? 


SI.1 

NO.2 


ALIMENTACIÓN 

AN1. ¿Qué comidas realiza su hijo/a durante el 
día? 

1 Desayuno 12 3 4 

2 Almuerzo 12 3 4 

3 Merienda 12 3 4 

4 Cena 12 3 4 


1 Diario 2 Semanal 3 Mensual 4 Nunca 


AN1.1. ¿Quién es el principal proveedor de los 
alimentos? 

1 Desayuno 1 2 3 

2 Almuerzo 1 2 3 

3 Merienda 1 2 3 

4 Cena 1 2 3 


1 El establecimiento 2 Por su cuenta 3 Otros 


AN1.4. La dieta de su hijo/a incluye: 

1 Pan 123 

2 Fruta 1 2 3 

3 Verdura 1 2 3 

4 Arroz 1 2 3 

5 Fideos 1 2 3 

6 Polenta 1 2 3 

7 Leche 1 2 3 

8 Huevos 1 2 3 

9 Carne vacuna 1 2 3 

10 Pollo 1 2 3 

11 Pescado 1 2 3 


4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 


1 Diario 2 Semanal 3 Mensual 4 Nunca 


AN1.5. Cuando se alimenta, su hijo/a ¿tiene 
acceso al agua? 


SI.1 

NO.2 


HIGIENE 

HN1. ¿Cuenta con los siguientes productos para 
la higiene personal de su hijo? 

SI NO 

1 Jabón 1 2 

2 Pañales 1 2 


HN2. ¿Quién es el principal proveedor de los 
artículos de higiene personal de su hijo? 


1 El establecimiento.1 

2 Por su cuenta.2 

3 Otros. 3 


AN1.3. A su criterio, ¿la comida que su hijo/a 
ingiere durante el día es...? 

Suficiente. 1 

Insuficiente... 2 


339 














SALUD 


SUN2.2. ¿De qué tipo? 


SUN1. ¿Su hijo/a ha necesitado asistencia 
médica por alguno de los siguientes motivos? 


SI 


1 Dentición 1 

2 Dolor de oídos 1 

3 Diarrea 1 

4 Cólicos/trastornos digestivos 1 

4 Dermatitis / alergias 1 

5 Heridas cortantes 1 

6 Fracturas 1 

7 Enfermedades eruptivas 1 

8 Enfermedades respiratorias 1 

9 Quemaduras 1 

10 Fiebre 1 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


SUN1.1. En esos casos, ¿pudo ver al médico? 


SI. 1 

NO. 2 (pase a presunta SUN2) 


SUN1.2 ¿En cuánto tiempo obtuvo la consulta? 
_días 


SI 


1 Medicamentos 1 

2 Fisioterapia 1 

3 Diálisis 1 

4 Insulina 1 

5 Antirretrovirales 1 

6 Otros_ 1 


Especificar 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


SUN2.3. ¿Dónde lo recibe? 

Establecimiento. 1 

Fuera del establecimiento.2 

SUN2.4. ¿Se cumplen las indicaciones 
prescriptas por el médico? 

SI.1 

NO.2 

SUN2.5. ¿Se le realizan controles periódicos? 

SI.1 

NO.2 


SUN2. ¿Su hijo/a tiene alguna enfermedad que 
requiera tratamiento? (si es NO en todas, pasa 
a SU5) 


SI 


1 Cardíaca 1 

2 Respiratoria 1 

3 Infecto-contagiosas 1 

4 Digestiva/Hepática 1 

5 VIH 1 

6 Psiquiátrica 1 

7 Parasitaria 1 

8 Ósea - muscular 1 

9 Renales 1 


SUN2.1. ¿Recibe tratamiento para su 
enfermedad? 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


SI. 1 

NO. 2(pasaaSUN3) 


SUN3. ¿Tiene algún déficit visual? 


SI.1 

NO.2 

SUN3.1. ¿Tiene controles oftalmológicos? 

SI.1 

NO.2 


SU4. ¿Tiene caries o problemas de salud bucal? 


SI.1 

NO.2 


SU5. ¿Recibe tratamiento odontológico? 


SI.1 

NO.2 


340 






















ACCESO A LA CULTURA 


SU6. ¿Con qué frecuencia el bebé/niño accedió 
a controles pediátricos? (opciones no 


exciuyentes) 

SI NO 

1 Semanal 1 2 

2 Quincenal 1 2 

3 Mensual 1 2 

4 Semestral 1 2 

5 Anual 1 2 


SU7. ¿El niño/a accedió a las vacunas del 
esquema? 

SI 

1 BCG 1 

2 Pentavalente 1 

3 Triple bacteriana 1 

4 Hepatitis B 1 

5 Polio 1 

6 Triple viral 1 

7 Varicela 1 

8 Doble bacteriana 1 

EDUCACIÓN 
EDN1. ¿Actualmente su hijo/a asiste a algún 
centro educativo? 


SI.1 

NO.2 (pase a pregunta ACN1) 


EDI. 1. ¿Cuál? 

SI NO 

1 Escuela Primaria 1 2 

2 CAIF 1 2 

3 Jardín de Infantes 1 3 

EDI .2. ¿Con qué frecuencia va a clase? (Anotar 
la que corresponda) 

_ veces por semana _veces por mes 


ACN1. ¿Existen actividades organizadas por el 
establecimiento para ocupar el tiempo libre de 
los niños/as? 


SI.1 

NO.2 (pase a pregunta AC2) 

ACN1.1. ¿Su hijo/a participa en alguna de 

ellas? 

SI.1 

NO.2 


ACN1.2. ¿Cuál? 


Especificar 

ACN1.3. ¿Cuántas horas semanales ocupa en 
estas actividades?_ 

ACN2. ¿Qué actividades realiza el niño/a por 
su cuenta? 

SI NO 


1 Deportes colectivos 1 2 

2 Gimnasia 1 2 

3 Recreación 1 2 

4 Talleres_ 1 2 


Especificar 

CONTACTO CON EL EXTERIOR 

CENI. ¿Su hijo/a recibe visitas? 

SI.1 

NO.2 (pase a pregunta) 

CEN2. ¿Puede salir a hacer visitas? 

SI.1 

NO.2 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


341 














CEN2.1. ¿Quiénes lo visitan? 

SI NO 

1 Padre 1 2 

2 Abuela/o 1 2 

3 Hermanos 1 2 

4 Otros familiares 1 2 

5 Amigos 1 2 

CEN2.2. ¿Con qué frecuencia? 

1 Padre 12 3 4 

2 Abuela/o 12 3 4 

3 Hermanos 12 3 4 

4 Otros familiares 12 3 4 

5 Amigos 12 3 4 


1 Semanal 2 Quincenal 3 Mensual 4 Semestral 


CEN3. Su hijo, ¿puede recibir paquetes? 

SI.1 

NO.2 (pase al bloque GP) 

CE3.1. ¿Qué tipo de artículos recibe? 

SI NO 


1 Alimentos 1 2 

2 Juguetes 1 2 

3 Vestimenta 1 2 

4 Artículos de higiene personal 1 2 

5 Útiles escolares 1 2 

6 Ropa de cama 1 2 

7 Medicamentos 1 2 


342 





f) Encuesta a adolescentes privados de libertad 



serpaj 



ENCUESTA A ADOLESCENTES PRIVADOS/AS DE LIBERTAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y 

propuestas 


IDENTIFICACIÓN 

1.1 FORMULARIO 

F. 1. Nro. Formulario_ 

F.2. Tiene asociado formulario 
madres Nro._ 

F.3. Fecha_/_/_ (dd/mm/aa) 

F.4. Establecimiento_ 

F.5. Encuestador_ 

1.2 PERSONA A ENTREVISTAR 

P. 1. Nombre_ 

P.2. Cédula de Identidad_ 

P.3. Edad_años 

P.4. Sexo 1 M 2 F 

P.5. Fecha de ingreso / / (dd/mm/aa) 


OBSERVACIONES 


343 













































II CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA 


11.1. SOCIODEMOGRÁFICAS 


SD1. ¿Dónde residías inmediatamente antes de esta 
reclusión? 

Departamento_ 

Localidad_ 

Barrio_ 

SD 1.1. ¿Residías en un asentamiento irregular? 


SI. 1 

NO. 2 


SD2. Antes de esta reclusión, ¿vivías en...? 


Hogar particular. 1 

Hogar de protección. 2 (pase a SD7) 

Situación de calle. 3 ( pase a SD7) 


SD2.1 . ¿Qué personas componían el hogar particular? 
(En persona, anotar la referencia respecto al 
entrevistado; luego anotar edad y sexo; si vivía solo, 
anotar solamente 0 en Persona 1) 

Sexo 

Persona Edad M F 

1 __ 1 2 

2 __ 1 2 

3 1 2 

4 1 2 

5 1 2 

6 __ 1 2 

7 1 2 

8 __ 1 2 

9 1 2 

10 __ 1 2 


1 Cónyuge/Pareja 6 Hijo/a 

2 Padre/Madre 7 Abuelo/a 

3 Padrastro/Madrastra 8 Tío/Tía 

4 Suegro/a 9 Otro pariente 

^5 Hermano/a _ 10 Otro no pariente 


SD3. ¿Tenés hijos? 

SI.1 

NO.2 (pase a El) 

SD4. ¿Cuáles son sus edades y con quién conviven 
actualmente? (En persona, anotar el principal referente 
de convivencia en relación al menor) 

Persona Edad Persona Edad 

1 __4 __ 

2 __5 _ _ 

3 __6 _ _ 


1 Padre/Madre 5 Abuelo/a 

2 Padrastro/Madrastra 6 Otro pariente 

3 Tío/Tía 7 Otro no pariente 

v 4 Hermano/a _ 8 INAU _ 


(En el caso de hombres pasar El) 

SD5. ¿Tenés hijos conviviendo contigo en el centro? 


SI. 1 (agregar formulario madres) 

NO.2 

SD6. ¿Estuviste o estás embarazada durante esta 
reclusión? 

SI. 1 (agregar formulario partos) 

NO.2 

11.2 EDUCACIÓN 

El . ¿Sabés leer y escribir? 

SI.1 

NO.2 (pase a E2) 

E. 1.1. ¿Cómo? 

Bien. 1 

Regular. 2 

Deficiente. 3 

E2. ¿Asististe alguna vez a una institución 
educativa formal? 

SI. 1 

NO.2 (pase aSLI) 

E3. ¿Cuál es el número de años aprobados en el nivel 
más alto alcanzado? (Debe marcar una única opción) 

Primaria común.. 

Primaria especial.. 

Ciclo Básico Liceo o UTU.. 

Bachillerato Secundario (4 o a 6 o ).. 

Bachillerato Tecnológico UTU (4 o a 6 o ).. 

Enseñanza Técnica.. 

Magisterio o profesorado.. 

Universidad o similar.. 


11.3 SALUD 

SL1. ¿Dónde atendías tu salud antes de esta 


reclusión? 

MSP (incluye Hospital de Clínicas).1 

Mu tu a lista. 2 

Seguro Médico. 3 

Hospital Policial o Hospital Militar. 4 

Policlínica del BPS. 5 

Policlínica Municipal. 6 


11.4 TRABAJO 

TI. ¿Trabajabas antes de está reclusión 
SI. 1 


Especificar 
NO. 2 


344 












































11.5 TRAYECTORIA 


TY1. ¿Cuánto tiempo hace que estás recluido? 


Especificar 

TY2. ¿Por qué tipo de delito estás recluido? 


Especificar 

TY3.¿Tenés condena? 

SI.1 

NO.2 

TY4. ¿Anteriormente estuviste en centros del INAU? 

SI.1 

NO.2 (pase aCI) 

TY4.1. ¿De protección? 

SI. 1 

NO.2 (pase a TY5.2) 

TY4.1.1. ¿Cuánto tiempo en total estuviste en el 
centro de protección? 


0 a 6 meses.1 

6 meses a 1 año. 2 

1 año a 3. 3 

3 años o más. 4 


TY4.2. ¿De infracción? 

SI.1 

NO.2 

TY4.2.1. ¿Cuánto tiempo en total estuviste en el 
centro de infracción? 


0 a 6 meses.1 

6 meses a 1 año. 2 

1 año a 3. 3 

3 años o más.4 


III INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 


III. 1 HABITACIONES 

C1. ¿Cuántas personas son en la habitación? 

C2. ¿Cuántas camas hay?_ 

C3. ¿Cuántos colchones hay?_ 


C4. ¿Tenés sábanas? 

SI.1 

NO.2 

C5. ¿Tenés frazadas? 

SI.1 

NO.2 


C6. ¿Tenés electricidad en la celda? 

SI.1 

NO.2 (pase aC9) 

C7. La instalación eléctrica, ¿es propia de la celda? 

SI.1 

NO.2 

C8. ¿Calefaccionás la celda? 

SI.1 

NO.2 (pase aC9) 


C8.1 ¿Cómo? 

SI NO 

1 Aparato casero 1 2 

2 Estufa eléctrica 1 2 

C9. En la habitación, ¿almacenás agua? 

SI.1 

NO.2 (pase a CIO) 

C9.1. ¿Es suficiente? 

SI.1 

NO.2 

CIO. En la habitación, ¿hay water o letrina? 

SI.1 

NO.2 

C11. En la habitación, ¿hay pileta? 

SI. 1 

NO. 2 

C12. En la habitación, ¿hay ducha? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a C13 ) 

C13. ¿Con qué frecuencia podés acceder a una 
ducha fuera de la celda? 


Especificar 

C12. En la habitación, ¿hay ventana? 

SI.1 

NO.2 (pase aC15) 

C12.1 ¿Tiene vidrio? 

SI. 1 

NO.2 

C12.2 ¿Permite la entrada de suficiente luz natural? 

SI.1 

NO.2 


345 

















































C13. En la habitación, ¿disponés de...? 

SI 


1 TV 1 

2 Radio 1 

3 Reproductor de DVD 1 

4 Reproductor de CD/ MP3 / MP4 1 

5 Play Station 1 

1 Sillas 1 

2 Mesa 1 

3 Armario/Ropero 1 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


C14. ¿Cuánto tiempo permanecés encerrado en la 
habitación habitualmente? 


A4. A tu criterio, ¿la comida que ingerís durante el 


día es...? 

Suficiente.1 

Insuficiente.2 


A5. ¿En qué espacio realizás, mayo rita ría mente las 
comidas diarias? 


1 Habitación 

2 Comedor 

3 Sala multiuso 

4 Patio 
1 Sillas 


SI NO 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 


Desde_hrs. hasta_hrs. 


IV.2 HIGIENE 


III.3 BAÑOS 


SI NO 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 


H1. ¿Tenés los siguientes productos para tu 


higiene personal? 

SI NO 

1 Jabón 1 2 

2 PH 12 

3 Pasta de dientes 1 2 

4 Cepillo de dientes 1 2 

5 Toallas higiénicas 1 2 


B1. ¿Los baños tienen...? 

1 Canilla 

2 Water o letrina 

3 Pileta 

4 Ducha con agua fría 

5 Ducha con agua caliente 


IV DERECHOS HUMANOS 


IV. 1 ALIMENTACIÓN 


H1.1. ¿Quién es el principal proveedor de los 
productos de higiene personal? 


El centro. 1 

Por su cuenta. 2 

Otros. 3 


Al. 

. ¿Qué comidas realizás durante el día? 


1 Desayuno. 

. 1 

2 

3 

4 

2 Almuerzo. 

. 1 

2 

3 

4 

3 Merienda. 

. 1 

2 

3 

4 

4 Cena. 

. 1 

2 

3 

4 


1 Diario 

2 Semanal 

3 Mensual 

4 

Nunca 

A2. En tu dieta, 

¿comés...? 




1 Pan. 

1 

2 

3 

4 

2 Fruta. 

1 

2 

3 

4 

3 Verdura.. 

.1 

2 

3 

4 

4 Arroz. 

.1 

2 

3 

4 

5 Fideos. 

.1 

2 

3 

4 

6 Polenta. 

.1 

2 

3 

4 

7 Leche.. 

. 1 

2 

3 

4 

8 Huevos. 

.1 

2 

3 

4 

9 Carne vacuna 

i .1 

2 

3 

4 

10 

Pollo. 

.1 

2 

3 

4 

11 

Pescado. 

.1 

2 

3 

4 


| 1 Diario 

2 Semanal 

3 Mensual 

4 Nunca j 


H2. ¿Tenés productos para la higiene de la 
habitación? 

SI.1 

NO.2 

H2.1. ¿Quién es el principal proveedor de los 
productos para la higiene de la habitación? 

El centro. 1 

Por su cuenta. 2 

Otros.3 

H3. ¿Quién promueve la rutina de higiene de la 
habitación y de los espacios comunes? 

Tú.1 

Funcionarios... 2 
Otros.3 

H3.1 ¿Quién realiza la rutina de higiene de la 
habitación y de los espacios comunes? 

Tú.1 

Funcionarios... 2 
Otros.3 

H4. ¿Podés lavar ropa? 

Diariamente.1 

Ocasionalmente.2 

Nunca.3 


346 








































IV.3 SALUD 

SU1. ¿Te hicieron exámenes de salud al ingresar al 
centro? 

SI.1 

NO.2 (pase a SU2) 

SU 1.1. ¿Cuáles? 

SI NO 

Sangre 1 2 

Orina 1 2 

Presión arterial 1 2 

Saliva 1 2 

Psicológico 1 2 

(En caso de varones, pase a SU3) 

SU2. ¿En qué circunstancias accedés al ginecólogo? 

SI NO 

1 Urgencia 1 2 

2 Controles periódicos 1 2 

3 Controles de embarazo 1 2 

SU3. ¿Has necesitado asistencia médica por algún 
motivo? 


SI.1_ 

Especificar 

NO.2 (pase a SU4) 

SU3.1. En ese/os casos, ¿pudiste ver al médico? 

SI.1 

NO.2 (pase a SU4) 


SU3.1. ¿En cuánto tiempo obtuviste la consulta? 


Especificar 

SU4. ¿Tenés alguna enfermedad que requiera 
tratamiento? 


SI.1 


Especificar 

NO.2 (pase a SU5) 

SU4.1. ¿Recibís tratamiento para tu enfermedad? 

SI.1 

NO.2 (pase a SU5) 

SU4.2. ¿De qué tipo? 

SI NO 

1 Medicamentos 1 2 

2 Otros_1 2 


Especificar 


SU4.3. ¿Dónde lo recibís? 


En el centro. 1 

Fuera del centro. 2 


SU4.4. ¿Se cumplen las indicaciones del médico? 

SI.1 

NO.2 


SU4.5. ¿Te realizan controles? 


SI.1 

NO.2 

SU5. ¿Consumís algún psicofármaco? 

SI.1 

NO.2 


Especificar (si contestó sí) 

SU6. ¿Tenés caries o problemas de salud bucal? 

SI.1 

NO.2 

SU6.1. ¿Tenés controles odontológicos? 

SI.1 

NO.2 

SU7. Desde que estás recluido, ¿quisiste alguna vez 

acceder aun programa para adicciones? 

SI.1 

NO.2 (pase a DSR1) 

SU7.1. ¿Accediste? 

SI. 1 

NO.2 (pase aSU7.3) 

SU7.2. ¿Dónde lo recibiste? 

En el centro.1 

Fuera del centro.2_ 

Especificar 

SU7.3. ¿Porqué motivos? 

No lo solicitó.1 

Fue denegado.2 

No tuvo respuesta.3 

No hay. 4 

IV.4 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

DSR1. ¿Tenías vida sexual activa antes de estar 
recluido? 

SI.1 

NO.2 

DSR1.2. ¿Utilizabas preservativos? 

SI.1 

NO.2 (pase aDSR1.5) 


Especificar 

DSR2. Desde que estás recluido, ¿has recibido 
controles para enfermedades de trasmisión sexual? 

SI.1 

NO.2 

DSR3 ¿Creés que deberían existir visitas conyugales? 

SI.1 

NO.2 


347 

















































IV. 5 EDUCACIÓN 


EDI. Actualmente, ¿estudiás? 

SI. 1 

NO.2 (pase a ED2) 

EDI.2. ¿Cuál? 

Primaria. 1 

Ciclo Básico.... 2 
Bachillerato.... 3 
UTU.4 

Otros.5_ 

Especificar 

EDI.3. ¿Con qué frecuencia vas a clase? 


Especificar 

EDI.4. ¿Dónde recibís las clases? 


Aula. 1 

Salón multiuso. 2 

Biblioteca. 3 

Comedor.4 

Patio. 5 

Fuera del centro. 6 

EDI.5. ¿Quién dicta las clases? 

Maestro/a.1 

Profesor/a.2 

Educadores de ONG.3 

Funcionarios. 4 


EDI. 6 . ¿Accedés a materiales de estudio? 


SI NO 

1 Útiles escolares 1 2 

2 Libros 1 2 

3 Material audiovisual 1 2 

4 Computadora 1 2 

EDI.7. ¿Quién los provee? 

El centro. 1 

Por tu cuenta. 2 

Otros. 3 


EDI.8 . ¿Has obtenido certificados de suficiencia? 


SI NO 

1 Primaria 1 2 

2 Ciclo Básico 1 2 

3 Bachillerato 1 2 

4 UTU 12 


ED2. Actualmente, ¿realizás algún otro tipo de 
estudios? 

SI.1 

NO.2 (pase aACI) 

ED2.1. ¿Cuáles? 

SI NO 

1 Oficios 1 2 

2 Manualidades o artesanías 1 2 

ED2.2. ¿Con qué frecuencia vas a clase? 


ED2.3. ¿Dónde recibís las clases? 


Aula. 1 

Salón multiuso. 2 

Biblioteca. 3 

Comedor. 4 

Patio. 5 

Fuera del centro. 6 


ED2.4. ¿Accedés a material de estudio? 
SI.1 

NO.2 (pase aED2.6) 

ED2.5. ¿Quién lo provee? 


El centro.1 

Por tu cuenta.2 

Otros.3 


ED2.6. ¿Has obtenido certificados? 

SI.1 

NO.2 

IV.6 ACCESO A LA CULTURA 

AC1. ¿Existen actividades organizadas por el centro 
para ocupar el tiempo libre? 

SI.1 

NO.2 (pase aAC2) 

AC1.1. ¿Participás en algunas de las siguientes 
actividades? SI NO 

1 Deportes y gimnasia 1 2 

2 Música 1 2 

3 Manualidades y/o artesanías 1 2 

4 Teatro, murga 1 2 

5 Cocina 1 2 

6 Huerta 1 2 

AC1.2. ¿Cuánto tiempo ocupás en estas actividades? 


Especificar 

AC2. ¿Qué actividades realizás por tu cuenta durante 


tu tiempo libre? 

1 Deportes colectivos 

2 Gimnasia 

3 Lectura 

4 Escucha música 

5 Juegos de mesa 

6 Videojuegos 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


AC3. ¿Practicás alguna religión? 


SI.1 

NO.2 (pase a TI) 


Especificar (si contestó Si) 

AC3.1 ¿Podés practicar en el centro tus ritos 
y celebraciones colectivas? 


SI.1 

NO.2 


Especificar 


348 














































IV. 7 CONTACTO CON EL EXTERIOR 

CE1. ¿Tenés acceso a medios de comunicación? 

SI NO 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 


SI NO 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 


12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 
12 3 4 


1 Semanal 2 Quincenal 3 Mensual 4 Semestral 


CE3.3. ¿Dónde recibís las visitas? 

Sala de visitas.1 

Comedor.2 

Patio.3 

Otros.4_ 

Especificar 

CE3.4. ¿Cuál es el motivo por el que no recibís 


visitas? 

Distancia. 1 

Económicos. 2 

Conflictos familiares. 3 

No tenés quién te visite. 4 

Otros_ 5 


Especificar 

CE3.5. ¿Está autorizado el ingreso de niños a las 
visitas? 

SI. 1 

NO.2 

CE3.6. ¿Hay un espacio específico para recibir niños? 

SI.1 

NO.2 

CE3.7. ¿Has recibido visitas extraordinarias? 

SI.1 

NO.2 


1 TV 

2 Radio 

3 Diarios y/o revistas 

4 Internet 


CE2. ¿Usás celular o chip? 

SI.1 

NO.2 

CE3. ¿Recibís visitas? 

SI.1 

NO.2 (pase a CE3.4) 


CE3.1 ¿Quiénes te visitan? 

1 Madre 

2 Padre 

3 Hijos 

4 Pareja 

5 Otros familiares 

6 Amigos /as 

7 Representantes religiosos 

CE3.2. ¿Con qué frecuencia? 

1 Madre 

2 Padre 

3 Hijos 

4 Pareja 

5 Otros familiares 

6 Amigos /as 

7 Representantes religiosos 


CE4. ¿Accedés libremente a un teléfono que 
funcione? 

SI.1 

NO.2 

CE5. ¿Podés recibir paquetes? 

SI.1 

NO.2 (pase a GP1) 

CE5.1. ¿Qué tipo de artículos recibís? 


SI 

Alimentos 1 

Yerba 1 

Vestimenta 1 

Artículos de higiene personal 1 

Artículos de limpieza 1 

Cigarrillos o tabaco 1 

Pilas 1 

Electrodomésticos 1 

Libros y revistas 1 

Ropa de cama 1 

Medicamentos 1 


NO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


IV.9 GARANTÍAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 


GP1. ¿Existen mecanismos de queja? 

SI. 1 

NO. 2 (pase a GP2) 

NO SABE.3 (pase aCP2) 

GP1.1. ¿Los has utilizado alguna vez? 

SI.1 

NO.2 

GP1.2. La queja, ¿es anónima? 

SI.1 

NO.2 

GP1.3. La queja, ¿se investiga? 

SI.1 

NO.2 

GP2. ¿Conocés a tu abogado? 

SI.1 

NO.2 (pase a GP3) 

GP2. 1. ¿Tu abogado es? 

Público.1 

Privado.2 

GP2.2. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu 
abogado? 

Una semana.1 

Un mes.2 

Más de tres meses.3 

No lo recuerda.4 

Nunca.5 

GP2.3. ¿Dónde lo viste? 

En el centro. 1 

En el juzgado. 2 

GP2.4. ¿Cuántas veces te ha visitado? 

_( Nro. de veces) 

GP2.5 ¿Podés contactarte con él si lo deseás? 

SI.1 

NO.2 


349 


















































GP3. ¿Sabés quién es el Juez de la causa? 

SI.1 

NO.2 

GP4. ¿Tenés salidas transitorias o licencias? 

SI.1 

NO.2 (pase a GP5) 

GP4.1. ¿Desde que la solicitaste cuánto demoró la 
autorización?_meses 

GP4.2. ¿Cuál es el motivo de las salidas? 

Trabajo.1 

Estudio.2 

Visita familiar.3 

Ocio.4 

GP5. ¿Fuiste sancionado alguna vez? 

SI.1 

NO.2 (pase a GP6) 


GP7.2. ¿Realizaste la denuncia? 


SI.1 

NO.2 (pase a Gil) 

GP7.3. ¿Ante quién la realizaste? 

Autoridades del centro. 1 

Abogado. 2 

Autoridades de SEMEJI. 3 

ONGs.4 

Otro.5_ 


Especificar 


GP8. ¿Alguna vez fuiste víctima de violencia física 
por parte de los funcionarios policiales? 


SI.1 

NO.2 (finaliza la encuesta) 

GP8.1. ¿En qué contexto se produjo ese hecho? 

Motín. 1 

Fuga. 2 

Otro. 3 


Al momento de la detención 4 


GP5.1. ¿Alguna vez fuiste sancionado con medidas 


de...? 

SI NO 

Aislamiento 1 2 

Privación de visita 1 2 

Privación de patio 1 2 

Privación de talleres y/o cursos 1 2 

Privación de comunicación telefónica 1 2 

Otros_1 2 

Especificar 

GP5.2. ¿Cuánto tiempo duró la última sanción? 

Aislamiento _días 

Privación de visita _días 

Privación de patio _días 

Privación de talleres o cursos _días 

Otros _días 


GP6. ¿Existe reglamento disciplinario? 

SI.1 

NO.2 (pase a GP7) 

GP6.1. ¿Lo conocés? 

SI.1 

NO.2 (pase a GP7) 

GP7. ¿Alguna vez fuiste víctima de violencia física 
por parte de los funcionarios? 

SI.1 

NO.2 (pase a G8) 


Especificar 


GP9. ¿Realizaste la denuncia? 

SI.1 

NO.2 

GP9.1. ¿Ante quién la realizaste? 

Abogado Defensor. 1 

Autoridades de SEMEJI. 2 

ONGs.3 

Otro.4 


Especificar 

GP 9.2. ¿Obtuviste respuesta a tu denuncia? 

SI.1 

NO.2 


GP 10. ¿En cualquiera de los casos anteriores pudiste 
reconocer visualmente a los funcionarios? 

SI.1 

NO.2 (finaliza la encuesta) 

ATENCIÓN antes de finalizar la encuesta, verificar si 
corresponde aplicar módulos de madres con hijos y 
partos. 


GP7.1. ¿En qué contexto se produjo ese hecho? 


Motín.1 

Requisa.2 

Conflictos internos... 3 

Fuga.4 

Vistas.5 

Otro.6 


Especificar 


350 























































Indice 


Introducción.9 

Un breve contexto de la situación de la privación de libertad en Uruguay.11 

Política pública y sistema carcelario en el Uruguay.30 

Análisis del gasto público destinado al sistema penitenciarlo.43 

La Infraestructura penitenciarla en Uruguay.71 

La población adulta privada de libertad.89 

Relevamlento de las trayectorias de instltuclonallzaclón 

de las personas privadas de libertad.203 

La privación de libertad de adolescentes en Uruguay.252 

A modo de síntesis: propuestas y recomendaciones.279 

Bibliografía.307 

Anexos:.311 

a) Formularlo relevamlento edillclo.312 

b) Formularlo entrevista a autoridades.320 

c) Encuesta a personas adultas privadas de libertad.324 

d) Encuesta DSR a mujeres privadas de libertad.336 

e) Encuesta a mujeres que comparten la reclusión con sus hijos.338 

f) Encuesta a adolescentes privados de libertad.343 


351 



















El Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ), es una organización no gubernamental de 
promoción, educación y defensa de los derechos humanos y la paz. 

Comenzó a trabajar en 1981 durante la dictadura cívico militar (1973-1985). 

Es la primera organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos 
fundamentales que se creó en Uruguay. 

El Secretariado Nacional está integrado a la red continental SERPAJ-América Latina, 
presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y con estatuto 
consultivo ante la ONU en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

SERPAJ colabora y coordina acciones con diversos colectivos, redes, plataformas, 
organizaciones y grupos de derechos humanos en todo el país e integra el Comité 
de Derechos del Niño de Uruguay y el Capítulo Uruguay de la Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 

Este trabajo se desarrolló en el marco de su Programa de Seguridad Ciudadana y 
Sistema Carcelario que durante más de veinte años ha monitoreado las comisarías, 
cárceles y centros para niños/as y adolescentes infractores/as, así como ha dado 
seguimiento a las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. 


El Observatorio del Sistema Judicial (OSJ) trabaja en la investigación, promoción y 
defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia en Uruguay. 

Combina creativamente estrategias de investigación y exigibilidad de derechos 
para plantear soluciones cada vez más efectivas de acuerdo a nuestro objetivo 
transformador. 

El OSJ es una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la 
administración de justicia y las políticas públicas mediante el desarrollo de la 
investigación social y jurídica aplicada a la lucha por los Derechos Humanos. 

En este sentido la evaluación integral del sistema penitenciario nacional es un logro 
importante en nuestra trayectoria de trabajo.